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- Con la toma de posesión del centrista Francisco Sagasti, terminó una semana de crisis que dejó tres mandatarios y que tienen sus orígenes en el control del Congreso por parte de fuerzas extremistas de la oposición
El lunes 9 de noviembre las riendas de Perú las dirigía Martín Vizcarra. El país, aunque sumido en una crisis sin precedentes a causa de la pandemia por covid-19, se dirigía hacia una transición ordenada para las presidenciales de 2021. Pero entonces la débil institucionalidad peruana colapsó y devolvió a la nación a la inestabilidad política: el Congreso, en un gesto que muchos catalogaron como un golpe de Estado, aprobó la vacancia de Vizcarra por “incapacidad moral permanente” y lo destituyó del cargo. Asumió, en su lugar, Manuel Merino, quien al cabo de cinco días renunció al interinato gracias a la presión de la sociedad civil y fue reemplazado este martes 17 de noviembre por el centrista Francisco Sagasti. Tres presidentes en ocho días; cuatro en tres años.
Aunque el nombramiento de Sagasti parece haber calmado la agitación social, el nuevo Jefe del Estado deberá gobernar en medio de las mismas condiciones que llevaron a sus predecesores a salir del poder. La clave pasa, pues, por la constante tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, un poder altamente cuestionado por los peruanos (72% lo desaprueba, de acuerdo con el Barómetro de las Américas 2019), y que históricamente ha sido el epicentro de las mayores crisis políticas de Perú.
Las más emblemáticas, en la disolución del Congreso por parte del presidente Alberto Fujimori en el año 1992 y la posterior declaración de vacancia de éste en el año 2000. Y, más recientemente, las dos mociones de destitución a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que lo llevaron a su renuncia en marzo de 2018. Todo eso denuncias de corrupción mediante, con el escándalo del Lava Jato que salpicó a todos los presidentes del país desde 2001.
Con la herramienta de la “incapacidad moral permanente” en poder del Congreso y con una dirigencia política en extremo polarizada, el presidente queda a merced de su fuerza parlamentaria. En un regla no escrita, básicamente el que tenga mayoría en la Cámara Baja, puede cumplir con su mandato. Algo que, al menos hasta en épocas recientes , funcionó con un progreso no solo en la consolidación de la democracia, sino también en materia económica.
Fue desde la asunción de Kuczynski en 2016 cuando la cuerda entre el Ejecutivo y la oposición, representada principalmente por el fujimorismo o partidos de derecha y extrema derecha, se tensó a niveles que todavía hoy deja consecuencias en la política peruana. En las elecciones de ese año, el partido fujimorista liderado por Keiko Fujimori, hija del exdictador y a quien la justicia investiga actualmente por supuestos casos de lavado de dinero, obtuvo la mayoría absoluta al conseguir 73 de 130 congresistas. El centroderechista, a pesar de que ganó la presidencia por un margen de poco menos de un punto (50.12% contra 49.88%) solo logró 18 escaños en el Congreso.
Sin una correlación parlamentaria que le permitiera gobernar, PPK entró en una presidencia que, de entrada, sabía que dependía de la oposición. La gobernabilidad fue imposible.
Clientelismo y corrupción
En diciembre de 2017 la Fiscalía de Perú pidió a la justicia una orden de prohibición a Kuczynski para salir del país. El presidente fue acusado por supuestamente participar en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Era la excusa perfecta para que el fujimorismo pusiera en marcha la figura de la vacancia y tumbar al gobierno electo en 2016. Pero la trama política peruana dio un vuelco inesperado para muchos, pero que tiempo después explicaría el reclamo de la ciudadanía de “que se vayan todos”.
Kuczynski sobrevivió a la vacancia. Sin embargo, poco tiempo después de salvarse de la destitución, Fuerza Popular, el partido del fujimorismo, divulgó unos videos que supuestamente revelarían la existencia de intentos de comprar votos en el Congreso para evitar la destitución de Kuczynski. Los videos tenían como protagonista a Kenji Fujimori, hermano de Keiko, quien supuestamente aparecía haciendo gestiones para salvar la cabeza del mandatario.
Haber superado la vacancia no habría sido cuestión de azar ni por la honorabilidad del presidente. En realidad, obedecía a un acuerdo político. Tres días después de aquella votación, Kuczynski anunció el indulto “por razones humanitarias” a Alberto Fujimori. De acuerdo con un comunicado oficial, el presidente había otorgado la gracia presidencial tras conocer la evaluación de una junta médica aconsejara su puesta en libertad por sufrir “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”. El expresidente cumplía una condena de 25 años de cárcel (hasta 2032) por corrupción y violación de derechos humanos.
En la sesión del Congreso en la que PPK retuvo la presidencia, fueron vitales las abstenciones de Kenji, quien buscaba la liberación de su padre, y otros nueve legisladores de su círculo.
El gesto fue visto por los partidos contrarios al fujimorismo como una “traición” y un grupo de izquierda, que se había abstenido de votar la vacancia, comenzó a promover un segundo proceso de destitución del presidente. Pero el procedimiento nunca llegó a ejecutarse. “Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie”, anunció Kuczynski.
En medio de la creciente pérdida de la confianza de la sociedad por el poder Legislativo y Ejecutivo, Martín Vizcarra, entonces vicepresidente de PPK, asumió la presidencia de Perú. Lo hizo, además, con la misma desventaja parlamentaria que afrontó Kuczynski desde 2016.
La era Vizcarra
A pesar de que Vizcarra asumió el rol en sustitución de PPK, su presidencia había sido vista hasta ahora como una transición a la reinstitucionalización y el orden democrático en Perú. De hecho, impulsó una serie de medidas anticorrupción que fueron frenadas, en su mayoría, por el Legislativo en manos del fujimorismo.
En septiembre de 2019, el Congreso de Perú planteó la primera moción de vacancia. El Ejecutivo respondió con una “demanda de competencia” ante el Tribunal Constitucional para que los magistrados indicaran cómo debe interpretarse la causal de “incapacidad moral permanente”. El Constitucional admitió la demanda, solicitó al Congreso su versión sobre la cuestión, pero este no respondió. Posteriormente, Vizcarra anunció la disolución del parlamento.
“Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución”, dijo el presidente en medio de un mensaje televisado a todo el país. También anunció que llamaría a elecciones anticipadas el 16 de enero de 2020 para resolver la crisis de poder.
Luego del anuncio de Vizcarra de disolver el Congreso, el Legislativo inició un proceso para suspender al mandatario peruano por “incapacidad temporal”. Con 86 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones se aprobó la suspensión de Martín Vizcarra por 12 meses. Posteriormente, la vicepresidenta Mercedes Aráoz juramentó como presidenta en funciones. Sin embargo, tanto la sociedad civil como las Fuerzas Armadas manifestaron su apoyo a Vizcarra. En un comunicado en Twitter, los militares lo reconocieron como su “jefe supremo”.
Con el fujimorismo controlando el Legislativo con mayoría y puño de acero, el presidente decidió disolver el Congreso en una decisión que, si bien recordó a lo hecho por Fujimori en 1992, también contó con el respaldo popular.
Pero, en aquella regla no escrita de quien no cuente con apoyos parlamentarios difícilmente gobierne, Vizcarra acudió a las nuevas elecciones parlamentarias sin su propia lista de diputados. Y, si bien las urnas asestaron un duro golpe al fujimorismo reduciendo sus escaños de 73 a 12 congresistas, el presidente quedó a merced de un al menos 10 partidos, en su mayoría de centroderecha.
Con el nuevo parlamento instalado en marzo de 2020, la pandemia del covid-19 fue un paño frío en la tensa relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Perú, de acuerdo con las cifras oficiales, es uno de los países con más contagios (casi 1.000.000) y muertes (más de 40.000) por coronavirus de América y el mundo. A pesar de aprobar una sería de medidas populistas —mayores porcentajes de retiro de fondos del sistema privado de pensiones o la modificación de las normas para que quienes aportan a la seguridad social estatal— 64% de los ciudadanos consideraban que había intereses políticos y personales en esos proyectos de ley, de acuerdo con la firma Datum.
Ocho días, tres presidentes
Sin una motivación clara para la destitución de Vizcarra, el nuevo Parlamento se excusó en una investigación al presidente por la supuesta recepción de sobornos a cambio de contratos de obras públicas entre 2013 y 2014, cuando desempeñaba el cargo de gobernador de Moquegua, en el sur del país.
De acuerdo con la Constitución, se requerían 87 votos para destituir al jefe del Estado —dos tercios de la Cámara— y la moción superó con creces ese umbral al alcanzar los 105 votos a favor, frente a 19 en contra y cuatro abstenciones. El presidente negó las imputaciones. “Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido. Hasta otra oportunidad”, escribió en Twitter. Muchos de los parlamentarios que apoyaron la moción están investigados por lavado de activos, corrupción y otros delitos.
Luego de la decisión, el martes 10 de noviembre Manuel Merino, presidente del Congreso de Perú, asumió como mandatario en sustitución de Vizcarra. Merino tuvo un rol crucial en la primera moción para destituirlo en septiembre.
Minutos después de la vacancia de Vizcarra, cientos de peruanos organizaron caceroladas y el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, cuya bancada votó en contra de la destitución del presidente, llamó a manifestarse en la plaza San Martín, una de las principales de la capital. Según una encuesta de finales de octubre de Ipsos Perú, el 78% de los ciudadanos estaba a favor de que Vizcarra continuara en el cargo y que las investigaciones siguieran su curso.
Luego de dos horas de votación, el jefe del Estado, en compañía de sus ministros, declaró que no tomaría ninguna acción legal contra la destitución, pese a no estar de acuerdo con ella. “La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. En el hemiciclo se ha impuesto no la razón, sino el número de votos: los representantes del pueblo aparentemente se olvidaron de a quién representan. No me escucharon, o si me escucharon, no me entendieron. Salgo del Palacio de Gobierno con la frente en alto como cuando ingresé hace 18 meses”, añadió.
Inconformes por la decisión, cientos de peruanos salieron a las calles para pedir la renuncia de Merino. Con dos manifestantes muertos, 68 heridos y las renuncias de dos tercios del gabinete presidencial, el mandatario interino anunció su dimisión. “En este momento en que el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, presento mi renuncia al cargo de presidente de la república”, dijo.
Los ciudadanos siguieron en vigilia en las calles a espera de quién asumiría la presidencia, una situación que quedó zanjada este lunes con la elección de Francisco Sagasti, un centrista de buena reputación y sin una investigación en su contra, para liderar la nueva mesa del Congreso y, en consecuencia, asumir la presidencia de Perú hasta las elecciones generales en junio de 2021. Salvo que, como a sus antecesores más recientes, también le declaren la vacancia. A su favor juega la determinación de los peruanos.
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