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- Activistas de los derechos humanos coinciden en que el informe presentado por la Alta Comisionada de los DD HH de la ONU tiene “un importante valor político y simbólico”
Había expectativas en torno a la publicación del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. Su conocida militancia política en el Partido Socialista Chileno levantaba suspicacias en la sociedad civil venezolana, que temía por una posible falta de contundencia en la denuncia de la crisis en el país. Su afinidad con regímenes de izquierda en América Latina, derivada de la represión sufrida durante la dictadura de Augusto Pinochet, hizo que muchos se adelantaran a desestimar las observaciones de la ex presidenta chilena.
El informe de la Alta Comisionada fue publicado la mañana del jueves, y las expectativas, al menos para las organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos, fueron rebasadas. El régimen, que agasajó a Bachelet hasta más no poder y que la llevó desde el aeropuerto internacional de Maiquetía directo a la Casa Amarilla, presentó 70 objeciones al informe en cuestión de horas.
Ahora la sociedad se pregunta: ¿Qué puede ocurrir? ¿8.500 carácteres pueden cambiar el destino de un país?
Activistas de los derechos humanos coinciden en que el informe presentado por Bachelet tiene “un importante valor político y simbólico” más que práctico, y agregan que es relevante “ver que en las Naciones Unidas pronuncian palabras explícitas denunciando la violación de derechos políticos y civiles”, pero coinciden en que no hay soluciones a corto plazo.
Sin embargo, señalan que el informe puede suponer el inicio de acciones internacionales de mayor envergadura, como el establecimiento de una comisión de investigación formal que establezca responsabilidades específicas sobre los crímenes de lesa humanidad reseñados en el reporte, y la recepción de mayores insumos de ayuda humanitaria.
Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG Provea, dijo para El Diario, previo a la publicación del informe, que en septiembre de este año, durante la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, podrían establecerse dichas acciones.
“Podemos esperar eso porque las agencias de las Naciones Unidas, con las cuales la doctora Bachelet puede tener influencia, han tenido una respuesta muy tardía sobre la emergencia humanitaria compleja. Ha sido apenas este año cuando los organismos adscritos a la ONU se han reunido con organizaciones de derechos humanos venezolanos para empezar a hacer un abordaje sobre la situación nacional”, recalcó Uzcátegui.
Hasta hace poco, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura negaban la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, de acuerdo con Uzcátegui, por razones de interés político y por falta de información fidedigna.
“Había funcionarios dentro de dicha organización que tenían afinidad con el gobierno venezolano y priorizaban la información que les llegaba de Miraflores por encima de la que les suministramos las instancias civiles no partidistas, pero además había una tercera razón: Para una persona extranjera que llega a un país petrolero no es tan fácil entender por qué ahora la gente come de la basura”, aseveró el coordinador de Provea.
Agregó que: “Las organizaciones internacionales levantan información para luego reunirse con los funcionarios del gobierno para intentar exponer las situaciones y proponer soluciones a las crisis. Un informe de este tipo incide en restar aliados internacionales al gobierno de Nicolás Maduro porque nadie se quiere retratar de manera pública con alguien que ha sido señalado como un violador de derechos humanos. Afortunadamente, es un alto costo político”.
Por su parte, Gonzálo Himiob, coordinador de Foro Penal Venezuela, aseguró que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde fue presentado el informe de Bachelet, puede instar a la Corte Penal Internacional (CPI) a trascender la fase de las investigaciones preliminares e iniciar acciones más “agresivas”.
“Debemos recordar que este Consejo de Derechos Humanos de la ONU puede instar al Tribunal Internacional de la Haya para que termine de trascender de esta fase de investigación preliminar o previa y se pase a una fase más ‘agresiva’ de la solicitud de una investigación sobre los responsables de los crímenes que están ocurriendo de Venezuela”, aseveró Himiob.
El coordinador de Foro Penal también señaló que el Consejo de la ONU puede instar a las demás naciones adscritas al ente multilateral a solicitar el cese de las violaciones de derechos humanos, y recalca que el informe acusa, como responsable de los crímenes realizados, al Estado venezolano.
“Este trabajo que se hace de registrar todo, poco a poco, ha dado resultado. En el momento en que toque hacer justicia, tendremos evidencias y podremos hacer justicia, aunque quizás tengamos que recorrer algunos metros más para ver la verdadera justicia”.
La solicitud de una Comisión Internacional de Investigación fue ratificada por Feliciano Reyna, representante de la organización no gubernamental Acción Solidaria que fungió como vocero de movimientos civiles en la presentación del informe de Bachelet en Ginebra.
“Solicitamos designar, para la sesión 42 del Consejo de Derechos Humanos, una comisión sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en su sentido más amplio, que establezca responsabilidades e impida la impunidad”, señaló Reyna ante el Consejo de la ONU este viernes.
Para constatar y monitorear la situación, dos oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se quedaron en el país. La Alta Comisionada también aseguró en su discurso, antes de abandonar el territorio nacional, que existe la posibilidad de que en un plazo de seis meses se instale una oficina para hacer seguimiento de los acuerdos “establecidos con el mandatario Maduro”.
“La idea es que vengan relatores internacionales en compañía de otros funcionarios de organizaciones por los derechos humanos como la OEA y la CIDH. Es decir, dentro de los acuerdos se encuentra la posibilidad de que relatores internacionales de otros organismos tengan acceso a cárceles y hospitales venezolanos”, asegura Uzcategui.
El sociólogo explica que la presencia en territorio venezolano de estos mecanismos multilaterales deben ser vistos como una señal de lo grave que está la situación en el país. “A nosotros nos puede parecer una cuestión burocrática, pero internacionalmente esto tiene serias repercusiones. Comisiones de investigación se han instaurado solo en casos extremos como Irak o Siria, donde han ocurrido violaciones severas de derechos humanos y se han activado estos instrumentos internacionales para determinar responsabilidades punibles”, acotó.
Pese a que Maduro permitió que miembros de la oficina de la Alta Comisionada permanecieran en el país y acordó con ellos el acceso a las cárceles para constatar el estado físico de los presos políticos, organizaciones civiles han asegurado que Nicolás Maduro ha empezado con el pie izquierdo, incumpliendo los pactos establecidos con Bachelet.
Durante la estadía de la ex presidenta chilena, una detención ocurrió cuando se trasladaba por las calles de Caracas, vía hacia el aeropuerto. El asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo conmocionó a todo el país, pues se evidenció de manera tajante las prácticas de tortura efectuadas por los organismos de seguridad del régimen.
Acosta llegó a los tribunales en silla de ruedas. Apenas podía levantarse. Pidió auxilio a su abogado, y antes de que se le pudiera imputar algún cargo, se desmayó. El juez inmediatamente ordenó que se le llevara al hospital para recibir atención médica, pero ya era demasiado tarde. Murió en la madrugada en Fuerte Tiuna. Nueve días después, aún no se entrega su cuerpo a Walewska Pérez, su viuda.
La CIDH compartió la misiva dirigida a la presidenta del organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en la que se le invita formalmente a Venezuela para establecer un mecanismo especial de investigación a fin de ayudar a aclarar la muerte del oficial a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (Dgcim) el pasado 29 de junio.
Presos políticos como monedas de cambio
El oficialismo parece buscar un nuevo “lavado de imagen” ante la mirada internacional. Un día después de la publicación del informe de la ONU, la justicia venezolana excarceló a 22 presos políticos entre los que se encuentran la jueza María Lourdes Afiuni, presa desde el año 2009 por órdenes del fallecido presidente Hugo Chávez por haber “ayudado” en la “fuga” del banquero Eligio Cedeño, y el periodista Braulio Jatar, que estaba bajo arresto domiciliario en el estado Nueva Esparta.
A estas dos liberaciones se suman las de un grupo de líderes estudiantiles. De acuerdo con afirmaciones de Bachelet, las liberaciones “forman parte de un primer paso”.
“Las bienvenidas liberaciones de 62 detenidos (que se produjeron el mes pasado) junto con 22 más, incluidos el periodista Braulio Jatar y la juez Lourdes Afiuni, y la aceptación de las autoridades de dos de mis oficiales de Derechos Humanos en el país significan el inicio de un compromiso positivo”, manifestó la ex presidenta de Chile.
Entre el 17 y 18 de junio, Nicolás Maduro ordenó la liberación de algunos presos políticos, que incluyó a Gilber Caro, diputado de la Asamblea Nacional desaparecido durante 53 días tras ser detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Sin embargo todavía se mantienen encarcelados 693 personas, de acuerdo con cifras de Foro Penal.
La organización no gubernamental señaló que el régimen aún mantiene el “efecto puerta giratoria”, debido a que mientras libera a algunos detenidos realiza nuevas capturas. Pese a las excarcelaciones realizadas luego de la visita de Bachelet y la presentación del informe, otras 30 han sido encarceladas también por protestar.
Sin embargo, solo 40 de los casos corresponden a presos políticos de una lista conformada por los nombres de 237 civiles y 79 militares. De ellos, solo dos jóvenes han obtenido libertad plena: Dylan Canache, un adolescente de 16 años de edad que fue recluido en el Helicoide desde enero bajo la acusación de “instigación a protestar”.
La inmediatez de las liberaciones, hechas con prisa y sin tener en cuenta los procedimientos judiciales necesarios, demuestra, para Rafael Uzcátegui, que “los presos políticos son monedas de cambio”.
“Para el gobierno los presos políticos son monedas de cambio, no es un sentido de justicia. Un lista con los presos que deben ser puestos en libertad fue enviado a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos”, asevera el defensor de derechos humanos.
El criterio de liberación, según Uzcátegui, es evaluar el costo y el beneficio político. “Los familiares entienden que no existe una justicia inmediata. Sin embargo, es muy difícil explicarle a un familiar por qué su ser querido no salió en libertad e intentar hablar sobre la razón por la que otros son excarcelados. Muchos familiares tienen la esperanza de que tras la visita de Michelle Bachelet se produzcan más liberaciones”, asegura el director de Provea.
Desde el año 2014, cuando se agudizó el conflicto político en Venezuela, han ingresado a prisión 12.341 personas por motivos políticos. Foro Penal mantiene cifras que reflejan que más de la mitad, 7.285 personas, permanecen con restricciones y medidas cautelares de presentación ante tribunales.
Registro de violaciones de DD HH
La contundencia del informe de Bachelet no se comprende sin la labor llevada a cabo por organizaciones no gubernamentales que, desde hace años, han recopilado pacientemente datos sobre la situación venezolana.
La primera señal de alerta de la ONU, luego de años de denuncia por parte de las instancias civiles del país a la comunidad internacional, provino del secretario general Ban Ki Moon, quien aseveró que en Venezuela había una crisis humanitaria en el año 2016.
Para el año 2017, Alfred de Zayas, experto independiente de la ONU, llegó a Venezuela para evaluar la situación de los derechos humanos en el país. La organización no gubernamental Transparencia internacional solicitó al experto que garantizara la independencia de su investigación.
La investigación de De Zayas, presentada en el año 2018, señaló que “no había crisis humanitaria en Venezuela, sino que se trataba de una ‘guerra económica`”, lo cual hizo sonar las alarmas de la sociedad civil venezolana, quien cuestionó seriamente la investigación.
“Estas agencias internacionales han tenido una respuesta tardía y solamente Cáritas y la Cruz Roja son las que están suministrando ayuda humanitaria, así que Naciones Unidas puede tener un rol más protagónico coordinando con estas otras instituciones para paliar el drama de los venezolanos”, considera Uzcátegui.
Amnistía Internacional, organización internacional por los DDHH, considera que los acuerdos para monitorear la situación del país son un paso importante para la resolución de la crisis.
La organización llevó a cabo una misión de investigación en febrero de este año, en la que se entrevistó a decenas de víctimas de crímenes de derecho internacional. Un informe expuso que desde el 21 al 25 de enero, en 12 de los 23 estados del país, aproximadamente 47 personas murieron en el marco de las protestas, todas por arma de fuego.
A lo largo de esos cinco días, más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria en prácticamente todos los estados del país. De estas detenciones arbitrarias, que incluyeron a niños, niñas y adolescentes, se calcula que aproximadamente 770 ocurrieron en un solo día, el 23 de enero, fecha en la que se convocaron manifestaciones en toda Venezuela.
8.500 caracteres reflejan todo lo que ha perdido un país. Quizás lo más devastador del informe de Bachelet es saber que aún queda un largo camino por recorrer, que la justicia aguarda, pero que no está cerca. Que los tiempos diplomáticos son amargos, divorciados de la necesidad apremiante de una solución a la crisis humanitaria. Se trata de un paso más que da la sociedad venezolana y el mundo en torno a una solución, pero no es el final.
