¿El informe de Bachelet sobre graves violaciones a los derechos humanos justifica una visita de la CPI a Venezuela?
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evidenció la existencia de ejecuciones extrajudiciales en el país, la vulneración de los derechos económicos y sociales
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evidenció la existencia de ejecuciones extrajudiciales en el país, la vulneración de los derechos económicos y sociales
El jueves 4 de julio la alta comisionada de la ONU para los DD HH, Michelle Bachelet, publicó un informe, a través de su despacho, en que se evidencia la sistemática violación de todos los derechos humanos en Venezuela.
El documento −que será presentado mañana en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza− contrasta las versiones presentadas por el régimen de Nicolás Maduro a la propia Bachelet, durante su reciente visita al país del 19 al 21 de junio.
Para la elaboración del texto, que constó de 18 páginas, se tomaron en cuenta 558 entrevistas en Venezuela y ocho países de la región a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos durante el período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019; por tanto, no se incluyen los acontecimientos recientes como el asesinato de capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, en manos del Dgcim o los perdigonazos en el rostro que recibió el joven Rufo Chacón por parte de PoliTáchira que lo dejaron ciego.
Durante una entrevista para El Diario, el magister en DD HH, Jose Antonio Oropeza, señaló que el informe de Bachelet evidencia que en Venezuela existe una ‘’flagrante violación’’ de 25 de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptado en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El experto alertó que este documento puede servir para que todas las organizaciones de DDHH que hacen vida fuera y dentro del país le soliciten, con sobrados argumentos, a la Corte Penal Internacional (CPI), específicamente a la fiscal Fatou Bensouda, una visita a territorio venezolano para evidenciar las graves violaciones de derechos humanos documentadas in situ por integrantes del despacho de la exmandataria chilena, así como los delitos de lesa humanidad.
‘’Para quienes hacemos vida en los derechos humanos, para la colectividad en general, este informe es fundamental para que los gobiernos del mundo entiendan realmente la grave crisis existente en el país’’, expresó el abogado.
Un elemento esencial que mencionó Oropeza, y que cobra suma importancia, es que dicho informe no lo realizó una instancia regional como El Grupo de Lima, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de Estados Americanos (OEA), sino una alta instancia de las Naciones Unidas, organismo conformado por 193 países.
Por ello, el especialista considera que las evaluaciones de la ONU sobre la situación en Venezuela incidirán en la percepción de los pocos países de la región que aún apoyan a Maduro, pero que −según dijo− ahora serán más críticos con el régimen aceptando que existen violaciones de DD HH en Venezuela por organismos del Estado o afines.
Temor a represalias por denuncias
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) revela que el acceso a la información oficial en Venezuela es limitado y señala que los datos gubernamentales en algunos ámbitos son escasos e inexistentes ‘’por lo menos desde 2015’’. Por ello, contrastó diversas informaciones ofrecidas por funcionarios de Nicolás Maduro con las ofrecidas por distintas ONG pro DD HH.
El texto da cuenta de patrones de violación de todos los derechos humanos de forma directa o indirectamente en manos del régimen, esto incluye el ámbito civil, político, económico, social y cultural. Además, pone ‘’de relieve’’ las experiencias específicas de vulneración de los derechos de las mujeres y niñas.
El organismo llevó a cabo 159 reuniones con un amplio espectro de las partes interesadas incluidos actores del régimen y de la oposición, por lo que adoptó las precauciones posibles para proteger la identidad de los denunciantes de violaciones de derechos humanos que, en muchos casos, ‘’manifestaron su temor a represalias’’.
“Son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, refiere el informe.
2. Elevadas ejecuciones extrajudiciales en manos de las FAES
La Acnudh advirtió que, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) han realizado presuntamente 7.523 asesinatos de forma extrajudicial en 2018 y unos 2.124 en 2019.
‘’Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un ‘escuadrón de la muerte’ o un ‘grupo de exterminio’’’, refiere el documento, que exhorta al régimen de Maduro a disolver dicho componente perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Asimismo, revela que el perfil de las víctimas señala que las FAES manipulan la escena del crimen y las pruebas, además que estos funcionarios ‘’habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘resistido a la autoridad’’’.
3. Tortura y uso excesivo de la fuerza contra detenidos
El documento menciona que mujeres y hombres detenidos han sido sometidos ‘’a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas’’.
Igualmente, revela que los organismos de seguridad y servicios de inteligencia como el Sebin y la Dgcim recurrieron a la tortura, de manera habitual, para obtener información y confesiones, además de intimidar y sancionar a los detenidos.
Entre tanto, ‘’los guardias, así como otros reclusos ejercían presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por ‘privilegios’ y/o protección’’’.
‘’El Acnudh documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del Sebin y de la Dgcim así como por oficiales de la GNB’’, agrega el texto.
4. Militarización de las instituciones del Estado
La alta comisionada registra la gradual militarización de las instituciones del Estado en los últimos 10 años, por lo que le atribuye a fuerzas civiles y militares, afines al régimen, la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno de Maduro.
El abogado José Antonio Oropeza señala, en este punto, que desde el año 2016 el ‘’régimen usurpador’’ ha dirigido una estrategia orientada -desde la estructura del Estado- a criminalizar a la oposición política, al desmontar el control institucional y alterar el sistema de justicia en Venezuela.
‘’Se ha generalizado la violencia del Estado, el desvío de recursos, la corrupción, la falta de mantenimiento de la infraestructura política, también la infraestructura pública, el deterioro de los servicios básicos y el derecho a la alimentación’’, sostiene.
5. Incumplimiento de la Fiscalía y de la Defensoría en su rol
El informe de Bachelet resalta que el Ministerio Público (MP) ‘’ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos’’.
Según el organismo, ninguna de esas instituciones, pertenecientes al Poder Moral y Ciudadano, así como tampoco el régimen o la policía, dan protección a las víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Igualmente, advierte que ninguna de dichas protegen a las víctimas o testigos de violaciones a los DD HH.
De acuerdo con la alta comisionada, el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, ‘’ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia’’.
6. Hegemonía comunicacional del régimen y restricción de medios de comunicación independientes
El texto firmado por Bachelet señala que existe un deterioro de la libertad de expresión en el país, especialmente por parte del régimen al imponer su ‘’propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.
‘’Los medios de comunicación progubernamentales difunden ampliamente esta retórica, por ejemplo, a través del programa televisivo semanal ‘Con el mazo dando’, presentado por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)’’ Diosdado Cabello, según refiere la Acnudh.
Bachelet instó a revocar las clausuras de los diferentes medios de comunicación en el país y a terminar con medidas de censura contra los que quedan, así como garantizar a la población el acceso a internet, redes sociales, sitios de noticias online. Además, exhortó a mantener la imparcialidad de los organismos que manejan el espectro radioeléctrico y autorizar el “el libre acceso a la información de interés público”.
‘’Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a internet’’, confirma el informe.
7. Sin garantías a la alimentación y la salud
La exmandataria chilena manifestó que las cajas CLAP no cubren las necesidades nutricionales ‘’elementales’’ de la población y que el régimen de Maduro “no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiere buscado, sin éxito, asistencia internacional para abordar dichas deficiencias’’.
Asimismo, reafirmó que, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, existen 3,7 millones de personas en Venezuela que se encuentran en estado de desnutrición.
“(…) las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria”, acota el documento.
En materia de la salud, la Acnudh menciona que la situación es grave. ‘’Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos”.
Incluso refiere que existe escasez de todo tipo de anticonceptivos ‘’con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100 por ciento”. Por ello, responsabiliza al régimen de Maduro por las violaciones al derecho a la salud debido al incumplimiento ‘’de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.
8. Presos políticos y detenciones arbitrarias
El informe detalló que existen al menos unas 793 personas detenidas arbitrariamente de las cuales 58 son mujeres.
Contrastando con la versión de Maduro de que en Venezuela no existen presos políticos, la Acnudh solicitó la liberación de los mismos, estimados en más de 790, de acuerdo con el último informe de la ONG Foro Penal.
El organismo documentó también casos de detenciones arbitrarias en contra de 55 personas por expresar opiniones a través de redes sociales, 24 de ellos en el año 2018, esto basado en las cifras de la ONG Espacio Público.
El texto indica que pese a que el régimen ha decretado varios aumentos salariales, el poder adquisitivo del venezolano ‘’ha disminuido hasta el punto de que no se le puede considerar como un salario de subsistencia’’. Aunado a lo anterior, señala que para abril de 2019 el salario mínimo, equivalente a unos siete dólares, solo alcanzaba para cubrir el 4,7% de la canasta básica alimentaria y cuatro días de comida por mes.
‘’La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales’’, refiere el informe.
10. Grupos paramilitares conocidos como ‘’colectivos’’ ayudan a reprimir
Bachelet, en el documento, menciona a los grupos paramilitares conocidos como ‘’colectivos’’ y advierte unas 66 muertes durante las protestas antigubernamentales entre enero y mayo de este año, en las que atribuyó 52 de estas a fuerzas de seguridad del Estado o bandas afines al régimen.
En ese sentido, exhortó a desarmar y desmantelar a los colectivos y garantizar la investigación de los delitos que estos han cometido.
Ya en febrero de este año la ONU había condenado el uso excesivo de la fuerza por parte de organismos de seguridad venezolana y grupos progubernamentales armados, identificados como colectivos, que dejaron un saldo de cuatro muertos y más de 300 personas heridas en el marco del ingreso frustrado de la ayuda humanitaria al país.
“Estas son escenas deplorables. El gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes”, señaló en ese entonces la exmandataria chilena a través de Noticias ONU en Twitter.
El pasado 2 de abril la Asamblea Nacional (AN) elaboró un informe en el que declaraba como “terrorismo de Estado” la figura de los colectivos y pidió remitir una copia de la decisión a la Corte Penal Internacional (CPI).
11. Represión selectiva contra miembros de oposición y activistas
La expresidenta chilena refiere que en 2019 existen 22 diputados de la Asamblea Nacional (AN), incluido el propio presidente encargado, Juan Guaidó, que han sido despojados de su inmunidad parlamentaria por órdenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ambos organismos simpatizantes del oficialismo.
Bachelet, a través del texto, aseveró que ‘’la GNB, la PNB, las FAES y algunas policías estatales y municipales presuntamente hicieron un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones’’, por ello instó a detener y prevenir toda intimidación contra las marchas opositoras.
‘’Los ataques contra familiares de opositores/as políticos/as son parte de la represión selectiva’’, acota la comisión de DD HH de la ONU, que además documentó ‘’información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019’’.
Además, informó que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el Sebin y la Dgcim ‘’recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas’’.
12. Éxodo sin precedentes por la situación del país
El informe recuerda que el número de venezolanos que se han visto obligados a abandonar el país se ha incrementado desde 2018, con una cifra en la actualidad de cuatro millones según la Acnur. Con 1,3 millones de migrantes Colombia acoge el mayor número de venezolanos, seguido de Perú, Chile, Argentina, Ecuador y Brasil.
La alta comisionada para los DD HH instó al régimen de Maduro a poner fin a las graves vulneraciones de derechos humanos en Venezuela, pues indicó que si la situación no mejora ‘’continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país’’.
13. La crisis económica se produjo antes del bloqueo de EE UU
Aunque el organismo de la ONU señala que las sanciones económicas de EE UU agravan ‘’aún más’’ los efectos de la crisis económica en el país, principalmente por el impacto que tienen sobre los ingresos petroleros, aclara que ‘’’la economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial’’.
Igualmente, comenta que las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales se empezaron a degradar ‘’drásticamente mucho antes de agosto de 2017’’.
Luego de cuatro años de silencio sobre los indicadores oficiales, el BCV reveló que la economía venezolana se desplomó en 47,7% entre 2013 y 2018.
14. Vulneración de derechos a la población indígena
El documento instó al régimen de Maduro a realizar investigaciones que determinen las violaciones de DD HH y muertes de indígenas, sobre todo del pueblo pemón, para que estos casos sean llevados a la justicia.
Determinó, igualmente, que los sucesos violentos de febrero de este año en territorio pemón, estado Bolívar, “no se produjeron de forma aislada, sino en medio de la tensión entre el gobierno y la comunidad pemón, la cual denuncia una creciente inseguridad, de la que son muestra las muertes causadas el año pasado”.
Relató que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Santa Elena de Uairén hicieron ‘’uso excesivo de fuerza contra personas, tanto indígenas como no indígenas”, quienes se dirigían a la frontera a recibir la ayuda humanitaria.
El informe de Bachelet también menciona que la población indígena se ve vulnerada, al igual que la población en general, pero de manera desproporcionada en vista de la militarización de tierras, territorios y recursos tradicionales que hacen que grupos autóctonos pierdan el control de su tierra.
“Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados”, puntualiza el documento.
La comisión revela que la minería, especialmente en la zona del Arco Minero del Orinoco, ha producido graves daños ambientales y en la salud de quienes se encuentran en esos territorios, con un incremento de paludismo. Además, asegura que se vulneran los derechos a mantener costumbres y modos de vida tradicional de las poblaciones autóctonas.
Expresa, también, que las mujeres y niñas indígenas corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas.
15. Reacción del régimen de Maduro al informe
Reacio a reconocer la magnitud de la crisis venezolana, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, presentó un documento en el que menciona 70 ‘’observaciones’’ que, a su juicio, son errores del texto presentado por el despacho de la alta comisionada para los DD HH.
Pese a la evidencia documentada de las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, Arreaza le exige a Bachelet “adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe”.
Además, asegura que en el informe se distorsiona la realidad venezolana y se ‘’privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial”.
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