Email
- El halo de corrupción en los organismos del Estado se extiende hasta los registros y notarías, donde los funcionarios cobran sumas en divisas bajo el argumento de que son montos que fija “el sistema”
Son más de las 2:00 pm y Miguel, un ingeniero venezolano, se encuentra confundido frente a documentos que se pierden en la habitación de su vivienda. Más temprano, una desagradable noticia lo dejó atónito.
El profesional, previendo el viacrucis de realizar cualquier trámite en el país, se dispuso a efectuar el registro de venta de su apartamento de 74 metros cuadrados ubicado en la urbanización de La Tahona, municipio Baruta. Sin embargo, cuando se dirigió a las oficinas del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), los funcionarios le dijeron que el costo del trámite era de 10.000 dólares.
El testimonio de Miguel se refleja en el de miles de venezolanos que día a día hacen peripecias para la venta legal de sus bienes inmuebles, pero que se enfrentan con el cobro elevado por parte de empleados públicos de organismos como el Saren a cambio de la promesa de que le agilizarán el tedioso papeleo.
Estas prácticas de corrupción se han exacerbado durante los últimos años y han permeado varias esferas de la administración pública, sobre todo en un contexto donde millones de personas se encuentran agilizando su documentación para emigrar del país.
En exclusiva para El Diario, una corredora inmobiliaria, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias, comentó que “mafias” en los registros de los municipios Baruta y El Hatillo es donde más abunda la práctica ilegal del cobro en dólares por el registro de venta de apartamentos, cuyos montos varían entre 7.000, 15.000 y hasta 20.000 dólares.
Acotó que gracias a esa modalidad extorsiva las ventas de bienes inmuebles han caído drásticamente y señaló que ella misma no ha podido vender un apartamento desde mediados de 2018.
Aunque las cifras suelen disminuir hacia el oeste de Caracas, no dejan de ser altas. A través de la red social Twitter, un usuario identificado como Orlando Vera comentó el 16 de julio de este año que por el registro de venta de un apartamento en la parroquia La Candelaria le estaban cobrando 17 millones de bolívares, el equivalente a unos 1.530 dólares en el mercado negro.
Con una hiperinflación anualizada de 445.482,2% -según datos de la Asamblea Nacional- y la constante devaluación del bolívar, comerciantes y particulares se han abocado a usar el dólar estadounidense como moneda de referencia para efectuar operaciones de compra-venta de productos o servicios en todo el territorio nacional.
Este fenómeno, considerado por diversos economistas como una “dolarización de facto”, ha servido como caldo de cultivo para que diversos funcionarios de la administración pública se aprovechen de la situación y cobren altas sumas de dinero en divisa para agilizar la tramitación de documentos.
Los afectados coinciden en que, si se es “amigo” o conocido de algún funcionario del Saren, se puede pagar un menor porcentaje en dólares, pero en efectivo (normalmente entre 200 o 500 dólares) para que no les dejen “engavetadas” las operaciones. Intuyen igualmente que el pago en efectivo busca que no quede ningún registro de los montos fuera del marco legal.
Esta situación ha sido comentada, en múltiples ocasiones, por Roberto Hung, abogado especializado en Derecho Constitucional, quien considera que existe una perversión en los registros y notarías. El jurista explica que si una persona desea vender un bien inmueble le solicitan una cifra que alcanza hasta 60% del valor total de la operación.
Además, menciona que los funcionarios no explican de dónde provienen las cifras, sino que se limitan a decir que es un sistema el que determina los montos. Esto, según el experto, ha provocado que exista una disminución considerable en este tipo de transacciones.
Una denuncia recurrente en el estado Táchira es que la página web del Saren mantiene bloqueadas las citas para la tramitación de documentos y que los funcionarios piden 10 dólares para que los usuarios puedan acceder a ellas. Esa práctica se ha registrado también en Carabobo y Monagas.
Antecedentes de corrupción en el Saren
En mayo de 2018 salió a la luz pública un caso de corrupción dentro del Saren en el estado Mérida, cuando el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a tres funcionarios de ese organismo por estar incursos en una estafa que superaba más de 2.000 millones de bolívares del anterior cono monetario.
Según Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, los involucrados falsificaban Planillas Únicas Bancarias (PUB) –que se emplean para efectuar pago de tasas, impuestos y procesamiento de documentos– y desviaban los recursos obtenidos a sus cuentas personales.
En agosto de ese mismo año se destapó otro foco de corrupción, pero en las oficinas del Saren en Tucacas, estado Falcón, donde los funcionarios aplicaban la “Operación Morrocoy”, un método de extorsión que consiste en ralentizar los trámites para obligar a los usuarios a pagar altas sumas de dinero no correspondientes a impuestos si querían la agilización de sus documentos.
La misma modalidad se detectó meses después en el Registro Mercantil de Coro ante las múltiples quejas de los usuarios, quienes señalaban que les decían que no había sistema o equipos de trabajar.
En el Saren del municipio Sucre, en Miranda, fue desarticulada una banda dentro del ente denominada “los registradores” que se encargaba del “cobro ilegal de tramitación de documentos y estafa a los usuarios exigiendo depósitos en cuentas bancarias personales”, según declaraciones de Reverol.
Otro golpe para el comercio
El pasado 3 de julio entraron en vigencia los nuevos montos mínimos estipulados por el Saren para el registro y la conformación de pequeñas, medianas y grandes empresas. El organismo sorprendió a más de uno con estas cifras que, según dijo, sirven para “lograr la simplificación, optimización y racionalización de los trámites (…)”.
El ente estableció que para registrar una empresa dedicada a las actividades de construcción e ingeniería se requieren de 410,4 millones de bolívares, 62 millones para panaderías, 80 millones de bolívares para peluquerías y barberías y 22,8 millones de bolívares para quioscos. Para la Cámara de Comercio de Maracaibo esta medida dificultará la inversión en el país dado los altos montos que se necesitan para formalizar un negocio.
El abogado Fritz Slusnys, por su parte, considera que estas nuevas tarifas son una traba para el emprendimiento privado, además considera que quienes deben determinar el monto mínimo para la constitución de una empresa son los promotores, según lo establecido en el artículo 248 del Código de Comercio.
Para el también tesorero del Colegio de Abogados del estado Lara, la medida incentiva, de forma indirecta, la informalidad de negocios, además de la huida de los consumidores, al indicar que los que no puedan registrar sus empresas continuarán con sus actividades sin poder emitir documentos donde se constate que se dedican a actividades legales.
El tema del cobro excesivo para el registro de apartamentos es una de tantas aristas que componen la lista infinita de casos de corrupción dentro de la administración pública y que vulnera el derecho de los ciudadanos a realizar trámites dentro del marco legal.
