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- Apoyaron al chavismo por trabajo, coincidencia ideológica y política o por haber recibido del Estado, luego de décadas de silencio, el respaldo mediático que tanto buscaban. Pero las contradicciones del oficialismo los llevaron a ser víctimas de organismos de seguridad
La oposición venezolana no ha sido la única susceptible de ser agredida por los organismos de seguridad del chavismo, y ha quedado claro que la afinidad ideológica no es un escudo que proteja a los ciudadanos de ser víctimas de violaciones de los derechos humanos.
“La revolución, como Saturno, devora a sus propios hijos”, dijo Maximilien Robespierre, revolucionario francés del siglo XVII conocido como “El incorruptible”. Esta imagen, que fue inmortalizada por el pintor Francisco de Goya, sirvió para que intelectuales e ideólogos señalaran el destino de los adeptos a la revolución: terminar siendo aniquilados por el poder que apoyaban. La revolución bolivariana, como gran fenómeno venezolano catalizador de cambios en el país, no escapa de dicha aseveración.
No son pocos los críticos de las gestiones del chavismo que se resisten a formar parte activa de la oposición venezolana, y que aún visten ropas estampadas con los ojos de Hugo Chávez pese a tener el estómago pegado al espinazo. Tal es el caso, por ejemplo, de los trabajadores petroleros que, a la entrada del Banco Central de Venezuela y escudados tras cuadros del fallecido ex presidente oriundo de Barinas, piden a las autoridades que honren sus legítimas reivindicaciones económicas, en medio de la miseria, acostados en el suelo desnudo y teniendo que improvisar baños portátiles.
En ocasiones, las contradicciones sobrepasan la fría indiferencia estatal y los organismos de seguridad hacen saber a los ciudadanos que son capaces de utilizar la fuerza bruta de forma arbitraria, sin importar que hayan expresado su apoyo al chavismo.
Lo que ocurrió con José Ramón Rodríguez Rojas, trabajador del periódico Ciudad Valencia, es prueba de ello. Rodríguez era conocido por su militancia de izquierda y su lealtad por el oficialismo no había sido puesta en duda, hasta que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) lo detuvieron por tener, presuntamente, paquetes de explosivos C4 en su poder.
Testigos del arresto afirmaron que los funcionarios que aprehendieron a Rodríguez lo golpearon hasta hacerle perder el sentido, por lo que algunos militantes del chavismo denunciaron a las FAES y aseguraron que la detención del también trabajador de la Misión Sucre se trataba de un “falso positivo”. 48 horas después, Ramón Rodríguez fue liberado y su salida de la prisión estuvo acompañada de una disculpa por parte de Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente.
En El Diario hemos hecho una recopilación de cuatro casos que dejan claro que la ideología no protege a los ciudadanos de los abusos del régimen chavista.
Sangre indígena: la bala que acabó con la vida del cacique Sabino Romero Izarra
En la mayoría de las entrevistas y fotografías que se le hicieron al cacique Sabino Romero Izarra cargaba casi siempre la misma ropa: una franela roja desteñida y vieja, un sombrero de paja entretejido de distintos colores y un collar. Sus facciones eran fuertes y marcadas, de cara cuadrada y bigote negro poco arreglado, y su piel tenía ese tono oscuro típico de la etnia Yukpa. Al dar declaraciones no le interesaba ocultar sus muletillas, y así el “pues” al final de cada frase parecía acentuar lo que quería decir.
“Yo como cacique he luchado por muchos años por las tierras de todos, pues. Los yukpas tienen que ser revolucionarios para luchar por los territorios de la tierra de Perijá, pues”, solía repetir en sus encuentros con la poca prensa que cubría lo que tenía que decir, dejando claro su ávido activismo por la posesión de tierras en el suroeste zuliano, en la calurosa cordillera que divide Colombia y Venezuela. Nunca escondió su afinidad con el fallecido ex presidente Hugo Chávez, quien se ganó el favor de la etnia en el año 2008 al declarar que “se posicionaba a favor de los yukpas” en el conflicto histórico entre ganaderos e indígenas.
Ciertamente el favor por parte del gobernante hacia los indígenas era, hasta entonces, inédito, lo cual generó simpatía y expectativa en los yukpas hacia el oficialismo. Pero eso no evitó el sangriento destino de Romero.
La mañana del 4 de marzo de 2013, Romero estaba en su comunidad, en Chaktapa, de la que no salía desde hacía varios días. Se le había advertido, con razón, que no debía asistir a unas votaciones en El Tokuko para elegir al cacique mayor de la cuenca del río Tokuko, pues su vida corría peligro. Pero el yukpa hizo caso omiso a los avisos y fue en una moto que acababa de comprar hacia el lugar de los comicios electorales indígenas.
A las 6:00 pm, junto a su mujer e hijo, Romero fue interceptado por funcionarios de Polimachiques en la carretera. Junto a los policías estaba Ángel Bracho, alias “Manguera”, conocido guardaespaldas de un terrateniente de la Sierra, famoso por su particular inclinación a la violencia, de acuerdo con el testimonio de activistas de los derechos de los indígenas. Frente a su familia, Bracho le disparó a Romero y acabó con su vida en el acto. No hubo tiempo siquiera de que fuese trasladado a un centro de salud.
La bala que asesinó al cacique Sabino Romero fue el corolario de un largo y convulso conflicto entre ganaderos, indígenas y el Estado venezolano, una pugna que ha durado décadas y que está lejos de terminar.
Algo queda claro para Germán Pirela, antropólogo de la Universidad del Zulia que ha investigado a los yukpas, y quien fue entrevistado por El Diario: “En el momento en que Sabino Romero decidió iniciar su lucha por recuperar las tierras de los yukpas se convirtió en enemigo del Estado”.
El conflicto entre los yukpas y los ganaderos en la Sierra ocurre desde hace más de un siglo. Desde la fundación de la Villa del Rosario en Perijá, en el año 1772, la “pacificación” de los indígenas fue, por supuesto, violenta, a través de numerosas matanzas. “En 1920, Juan Vicente Gómez inició un proceso de repartición de tierras a españoles y varias familias de empresarios pudientes de Maracaibo. Esta repartición hace que los yukpas se vayan relegando hacia las partes más altas de la Sierra”, explica Pirela.
Cada vez más arrinconados en las alturas de la cordillera, los yukpas resuelven, en la década de los noventa, empezar a luchar para recuperar sus tierras. Ya Sabino Romero, en ese momento, llevaba su mensaje indigenista por las intrincadas y cálidas tierras zulianas.
El cacique yukpa participó en varios intentos de tomas de haciendas en la zona, algunos de ellos infructuosos. Un asalto en particular terminó trágicamente con la muerte del padre de Sabino, José Manuel Romero, quien fue brutalmente golpeado y mortalmente herido por miembros de la Sociedad Civil Ganaderos de Machiques (Gadema).
“El padre de Sabino era un ‘atancha’, como se le conoce a los ancianos sabios entre los yukpas. A partir de la muerte de José Manuel Romero, en el año 2008, se agudiza el conflicto”, relata Pirela.
En el año 2009, Sabino, junto a los yukpas Olegario Romero y Alexander Fernández Fernández, fueron encarcelados por el presunto asesinato de Ever Romero y Mireña Romero.
Según Pirela nunca se presentaron pruebas fehacientes de la culpabilidad de Sabino. “Solo fue criminalizado por su lucha como yukpa, y la prueba de ello es que, luego de la presión de organizaciones sociales y activistas de derechos humanos, salió libre 17 meses después. Durante ese tiempo fue sometido a los tratos más crueles. Su comida, si la tenía, venía en platos con excrementos y orina”.
Varias organizaciones de derechos humanos, como Sociedad Homo et Natura y Provea, denunciaron por años el maltrato a los indígenas yukpas y advirtieron que Sabino podría ser asesinado.
Ángel Bracho fue sentenciado a 31 años de prisión por la muerte del cacique yukpa. Sin embargo, para Pirela no hubo justicia realmente. “Una vez que se le dio sentencia a los cinco polimachiques y a ‘Manguera’, la decisión fue cerrar el caso de Sabino porque ‘ya habían sido juzgados sus asesinos y respectivamente sentenciados’. De ahí en adelante el movimiento social indigenista y ecologista ha venido exigiendo que se juzgue a los autores intelectuales del suceso, que en todo caso serían personeros ligados a Gadema y a órganos de seguridad del Estado”, asevera.
Sangre por denuncias: ¿dónde está Alcedo Mora?
Sus compañeros de militancia política lo llamaban “Batería”. Alcedo Mora era un activista social afín al chavismo que despreciaba la corrupción, de acuerdo con el testimonio de sus familiares a la prensa. Quizá por eso decidió investigar la corrupción enquistada en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Específicamente el contrabando de combustible de Mérida a Colombia, que se realizaba presuntamente con la aprobación de las autoridades regionales.
La investigación de los hechos ilícitos llevó a Mora a confrontar a la gobernación presidida por Alexis Ramírez, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Poco después de una reunión con Luis Martínez, secretario general de la gobernación andina, desapareció junto a los hermanos Jesús y Esneider Vergel.
La última vez que sus familiares lo vieron con vida fue el 27 de febrero del año 2015. En el último mensaje de texto que envió Mora, el dirigente político advirtió que iba a ser detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Sus familiares formalizaron la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el 5 de marzo de este año, y el 8 de marzo acudieron al Ministerio Público.
Los hijos de Mora aún buscan a su padre, más de cuatro años después. Los familiares del activista político presentaron el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con la colaboración de Provea, debido a que no conseguían respuestas de las autoridades.
El caso fue reseñado también por la organización Amnistía Internacional, que exigió la aparición de Mora.
“Ya son cuatro años… No pensé jamás que pasaría tanto tiempo sin ver a mi padre y menos sin saber nada concreto. Es muy desagradable que los autores intelectuales estén en la calle como si nada hubiese pasado. Todos sabemos que el ex gobernador Alexis Ramírez, primo de Rafael Ramírez, antiguo ministro, señor de Pdvsa, y Luis Martínez Rico, conocido como Luis ‘Petróleo’, deben responder a la justicia al ser los más sospechosos de haber generado un problema por mi padre haber denunciado la corrupción en Pdvsa; mientras, todos están protegidos por el corporativismo militar que dirige Nicolás Maduro”, dijo uno de los hijos de Mora en una carta pública desde el exilio.
Ahora está en Ecuador, pues sus denuncias lo llevaron a ser víctima de persecuciones por parte de los organismos de seguridad del Estado.
Sangre por tierra: la muerte de Luis Fajardo
Uno de los momentos más significativos para Luis Fajardo, militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y productor agropecuario, tuvo lugar el año 2001, cuando el fallecido ex presidente Hugo Chávez promulgó la Ley de Tierras y declaró su “guerra en contra del latifundismo”. Junto a cientos de campesinos, Fajardo asumió el compromiso de participar en el reparto de las tierras venezolanas, que para la izquierda nacional ha estado siempre concentrada en manos de oligarcas codiciosos.
Aunque la Constitución venezolana de 1961 ya declaraba al latifundio como práctica contraria al interés social nacional, la nueva Carta Magna impulsada por Chávez era más tajante sobre el tema, razón por la que Fajardo y cientos de campesinos sin tierras apoyaron al caudillo de Sabaneta con los ojos cerrados. 17 años después, las contradicciones entre lo anunciado y lo hecho por el Estado en torno a la tierra eran evidentes para Fajardo.
“El comandante Chávez nos juramentó en la guerra contra el latifundio. Pero hoy por hoy hay personeros que están infiltrados en el proceso revolucionario, que van en contra de eso. Le pedimos al presidente Nicolás Maduro que le ponga la lupa a eso, porque están dañando el proceso revolucionario”, dijo el comunista en una de sus últimas entrevistas.
Pese a ello, no dejó de apoyar al chavismo. Junto a cientos de campesinos de todo el país, Fajardo fue parte de la caminata conocida como la Marcha Campesina Admirable. Cientos de personas caminaron, durante 21 días, desde Portuguesa hacia Caracas por dos razones: repudiar el asesinato de dos trabajadores agrícolas en el estado Barinas, que presuntamente fueron ultimados por grupos irregulares armados y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, y exigir el apoyo estatal para poder producir alimentos en medio de una crisis sin precedentes.
Portuguesa, origen de la marcha reivindicativa, es la tierra natal del campesino Luis Fajardo, pero su labor política lo hizo movilizarse al municipio Tulio Febres Cordero, en el estado Mérida. Allí se convirtió en un activista y encabezó, de acuerdo con el obituario difundido por la prensa del PCV, el rescate de tierras ubicadas al sur del Lago de Maracaibo.
La noche del 31 de octubre de 2018, Fajardo se dirigía hacia su hogar en moto junto a su cuñado Javier Aldana, también militante del PCV. Pero no llegaron, porque un vehículo en movimiento les disparó sendas ráfagas de tiros. Murieron al instante.
La dirigencia del PCV fue enfática al denunciar la muerte de Fajardo y Aldana al día siguiente, y tituló la noticia, publicada en la plataforma de opinión Aporrea, de la siguiente forma: “Con la anuencia de la GNB fue asesinado el miembro del Comité Central del PCV Luis Fajardo”.
En la versión web de la prensa de los comunistas, Tribuna Popular — pues el periódico, que resistió los embates de la dictadura perezjimenista y 40 años de bipartidismo político socialdemócrata y socialcristiano, fue desalojado de las calles del país por la crisis económica y la escasez de papel en 2018 — , el secretario general del PCV, Oscar Figuera, denunció que la muerte de Fajardo era responsabilidad de “los terratenientes del Sur del Lago, miembros de la Guardia Nacional y políticos corruptos que públicamente le amenazaron”.
Meses antes del homicidio, en junio, los comunistas habían advertido que efectivos militares y policiales habían realizado “actos de persecución, hostigamiento y agresión en contra de dirigentes campesinos”.
“En las páginas del periódico Tribuna Popular (Nº 2.996, del 14 de junio de 2018), el Buró Político del PCV ‘expresó su más contundente condena a los recientes actos de persecución, hostigamiento y agresión que han realizado efectivos militares y policiales contra dirigentes campesinos, quienes intentan desalojarlos de las tierras que han labrado con mucho esfuerzo desde varios años; y exigió al gobierno nacional medidas urgentes que garanticen la seguridad e integridad de estos líderes populares y de sus familias’; pero el reciente crimen corrobora que las instancias competentes del Estado venezolano hicieron caso omiso de este llamado”, señala el comunicado del partido del gallo rojo.
El PCV incluso nombra al capitán José Villasmil Toro, a quien identifican como comandante del Puesto de Frontera Nº 32 de El Batey, y al sargento Freddy Ojeda — ambos funcionarios de la GNB — como responsables de haber amenazado de muerte a Fajardo. En las denuncias mencionan también a Guly Bert Antúnez, legislador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Por eso”, señala Figuera, es de “cabal justificación” que el PCV asegure que en la muerte de Fajardo y Aldana estuviesen involucrados funcionarios del Estado.
De ser cierta la denuncia, el homicidio de Fajardo pasaría a ser otra estadística de las más de cinco mil ejecuciones extrajudiciales efectuadas por organismos de seguridad en contra de la población venezolana, cifra que ha sido denunciada por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La dirigencia del PCV, por cierto, desestimó el informe emitido por la ONU sobre Venezuela y aseguró que está “lleno de falsedades”.
Pero la muerte de Fajardo, en tanto campesino, es cuanto menos irónica. Pocos meses después de su asesinato, Jorge Arreaza ratificó que el régimen apoyaría la Declaración de Derechos del Campesino dictada por las Naciones Unidas.
Fajardo, confeso seguidor de Chávez, no sobrevivió a la revolución bolivariana. Sus compañeros de partido difunden fotografías en las que aparece con una gorra del PCV y camisa roja, con el puño izquierdo alzado. Y en sus actos, los comunistas lo recuerdan con el lema “Camarada Luis Fajardo Presente”.
El asesinato de Luis Fajardo es una más de las varias controversias que rodean las relaciones entre el Partido Comunista de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. El comité central del PCV aseguró en unas declaraciones recientes que el PSUV había violentado “casi la totalidad del acuerdo unitario” propuesto entre ambas asociaciones políticas para garantizar la participación conjunta en las elecciones presidenciales del año 2013 y los controvertidos y cuestionados sufragios efectuados en 2018.
Coinciden los comunistas con el chavismo en la necesidad de mantener “a raya a la derecha entreguista y sumisa a los intereses del imperialismo estadounidense”, pero todo lo demás ha sido incumplido unilateralmente por Nicolás Maduro y sus funcionarios, dijo el secretario general Oscar Figuera en una rueda de prensa desde la sede del partido.
Sin embargo, esto no significa que el PCV se haya constituido, aún, como un partido abiertamente opositor a Maduro.
Sangre en la prensa: Alí Domínguez, ¿golpeado hasta morir?
Para conocer a alguien que ha muerto, no basta con fijarse en los testimonios de sus seres queridos. Acaso es igual de importante escuchar qué dicen sus detractores para tener una visión completa y equilibrada del fallecido. Y algo debe haber hecho Alí Domínguez, egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y fundador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), para recibir el favor de los afectos a Nicolás Maduro pese a haberse declarado “chavista disidente”.
Manuel Vargas, estudiante de la UBV y amigo de Domínguez, lo describe, en una entrevista ofrecida a El Diario, como “un líder excepcional”.
“Había tenido intercambios con él a través de Facebook, lo conocí en 2017, cuando yo era dirigente de la Organización Bolivariana Estudiantil. Era un joven aguerrido y excelente periodista, una persona que admiré mucho. Mi trato con Alí fue excepcional, empezando por el trato político, pues él fue quien me abrió los ojos y me llamó para unirme al chavismo disidente cuando se enteró de mi renuncia a la Jpsuv. Fue como mi hermano. Un joven con un liderazgo fuerte. Aquí voy a decir algo que a muchos no les va a gustar: era un segundo Eliécer Otaiza. Era un periodista excepcional y uno de los mejores estudiantes de su promoción”, expresa Vargas.
Domínguez desapareció el pasado 28 de febrero en Los Cortijos. Su última conexión a Whatsapp fue en la tarde de ese mismo día. Luego, el 3 de marzo, movimientos sociales y usuarios en Twitter exigieron que reapareciera el joven periodista.
Pronto se sabría la verdad. Alí Domínguez apareció en el Hospital Domingo Luciani, en El Llanito, estado Miranda. Murió el 6 de marzo. La organización Provea informó que su estado de salud era grave. “Se encontraba en coma debido a traumatismos graves en el cráneo. Presentaba pérdida del tallo cerebral, fractura de tabique y desprendimiento de dientes”, señaló la organización.
La versión del régimen, dada por el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, es que se trató de un arrollamiento, lo cual fue ampliamente cuestionado por Provea y por los familiares de Domínguez, que aseguraron que al momento de ser internado en el centro de salud mirandino, el periodista no tenía lesiones en el resto del cuerpo.
Luego de que se supo de la muerte de Alí Domínguez, el dirigente Nicmer Evans aseguró que se trataba de un hecho de “retaliación política”.
“Es una consecuencia lamentable de la dictadura este tipo de incidencias como las que tuvo Alí en la UBV por las denuncias que presentaba. Compartíamos con él un espacio de debate y discusión. Hay que advertir que son prácticas consecutivas y reiteradas por parte de esta gente que tiene percepción de las consecuencias y las aplica”, dijo Evans en declaraciones recogidas por la prensa nacional.
De acuerdo con Manuel Vargas, Domínguez fue perseguido por afectos al oficialismo en la UBV debido a las denuncias que hizo acerca del turbio manejo del presupuesto universitario.
“Al realizar la denuncia, un grupo de estudiantes y profesores afectos a la cúpula elitista madurista le propinó una golpiza, y no lo dejaron entrar a clases a partir de entonces. Se le negó el derecho a graduarse por haber denunciado e informado sobre las cuentas de la gerencia universitaria”, explicó Vargas.
Alí Domínguez murió sin haber recibido su título, y estudiantes como Vargas piden que se le entregue post mortem. Las denuncias que hizo lo llevaron a ser marginado por su casa de estudio, y su caso es uno más de los registrados por la comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que advirtió que el régimen ha efectuado “ataques” en contra de disidentes del chavismo en su más reciente informe.
Sangre en detención: la muerte prevenible de Nelson Martínez
El último mensaje que publicó Nelson Martínez en su cuenta de Twitter, luego de haber sido removido de su cargo como presidente de Pdvsa, fue: “Presidente Nicolás Maduro, agradezco su confianza y su respaldo en estos meses que me asignó la responsabilidad de asumir las riendas de Pdvsa. ¡Cuente siempre con mi compromiso revolucionario!”. Días después, fue arrestado por órdenes del fiscal nombrado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab.
El crimen aducido para efectuar la aprehensión de Martínez fue su presunta vinculación con la firma del contrato de refinanciamiento de deuda de la empresa Citgo. “Obviamente esa firma se hizo sin contar con el beneplácito del Ejecutivo nacional. Lo más grave es que ofrecía como garantía la propia filial, comprometiendo de manera severa el patrimonio de la República”, indicó Saab.
Se trataba de un hombre que había estado en los momentos álgidos de la revolución. En el paro petrolero del año 2002 fue uno de los responsables, junto con el ahora exiliado, perseguido por la justicia chavista y estadounidense y denostado Rafael Ramírez, de levantar la menguada producción de crudo.
Confianza se le tenía, pues era uno de los tantos funcionarios que se paseaba entre altos cargos de las empresas más importantes del país, como la referida Pdvsa o Citgo. Y de acuerdo con Ramírez y sus familiares, su cuadro de salud era conocido por las altas autoridades del Estado.
“Nelson presentaba condiciones de salud delicadas ya que había sufrido varias situaciones graves: ablación con catéter por fibrilación auricular en 2004, endocarditis infecciosa en 2005, insuficiencia aórtica severa y arritmia auricular en 2010, reemplazo de válvula aórtica en 2012, accidente cerebrovascular de tipo embólico en 2015. Todas sin complicaciones ni secuelas posteriores, pero suficientemente graves para otorgarle una medida cautelar de al menos casa por cárcel. En varias ocasiones se solicitó al tribunal otorgamiento de medida cautelar por razones de salud que nunca fueron contestadas”, indicaron sus familiares en una carta abierta.
El 12 de diciembre de 2018 se conoció la noticia: Nelson Martínez murió en el Hospital Militar, en Caracas. Tuvo una audiencia de presentación, pero la audiencia preliminar fue diferida numerosas veces, por lo que no tuvo oportunidad de defenderse de los cargos que le imputaron.
Una revolución llena de contradicciones
La turbulenta coyuntura política y la arremetida en contra de la oposición venezolana a veces ofusca la verdad sobre las víctimas de la izquierda en la nación. Provea documentó, en relación con esto, más de 40 casos de agresiones en contra del llamado chavismo disidente.
Porque este es un país en el que concejales opositores “se suicidan” lanzándose de las ventanas de sus prisiones, y capitanes aprehendidos se desmayan del dolor en sus audiencias y mueren cuando van a ser atendidos en los hospitales. Pero también es el país en el que las críticas provenientes del lado izquierdo de la escena política son silenciadas.
La única voz que el chavismo parece querer oír es la suya propia. Una voz que solo contenga elogios y que sea lisonjera con las gestiones gubernamentales. Las críticas — aunque no vayan destinadas a ayudar a la oposición a lograr un cambio de gobierno, sino a corregir los fallos dentro del propio régimen — no interesan.
Y los disidentes, por haber manifestado su respaldo a la revolución bolivariana, no cuentan con el apoyo de la opinión pública. Son criminalizados en redes, donde se les propinan, al escuchar sus denuncias, un hiriente “se lo tiene merecido por chavista”. O un irónico “así paga el Diablo”. Están solos.
