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- Las FAES sin disolver, torturas, falta de medicamentos y la imposibilidad de comprar alimentos, son algunos de los puntos a resaltar en la misiva que leyó este 9 de septiembre la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU
Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, realizó una “actualización oral” del informe emitido el pasado 5 de julio, con la información que recibió de los representantes que dejó a cargo de su oficina en Venezuela. La principal conclusión: existe un incumplimiento de las recomendaciones por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Bachelet inició esta actualización resaltando que “ha habido avances” en la situación penitenciaria. Informó que se le autorizó a su equipo para una visita al Centro de Procesados Militares en Ramo Verde — sería la sexta visita a prisiones venezolanas desde marzo — . De igual forma, aseguró que el grupo de Maduro ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Sin embargo, aclaró que queda pendiente la liberación plena de la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar, quienes solo tienen medidas parciales.
Bachelet reseñó en el documento que la situación económica y social continúa deteriorándose rápidamente. “Venezuela está experimentando el proceso hiperinflacionario más agudo de la región”, refiere. Puntualizó además, las constantes fallas en los servicios públicos, especialmente en el estado Zulia y el desabastecimiento de combustible que ayudó a agravar la situación.
Otro punto que destacó fue la imposibilidad de acceder a los medicamentos y tratamientos de los pacientes crónicos y el reporte de la ONG Cáritas de Venezuela, sobre el registro de 35% de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años. En este aspecto, Bachelet aseguró que persisten serios obstáculos para que estas personas puedan obtener sus medicamentos y expresó su preocupación ante la dificultad de las familias para poder adquirir alimentos con un salario mínimo de tan solo 2 dólares diarios.
El director del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, señaló que en este ámbito el informe podría cambiar “un poco” la situación de los pacientes crónicos, pero lo que no se modificará con la actualización de las recomendaciones es la situación de los derechos humanos en Venezuela.
“Lo que sí lo cambiaría sería que el gobierno cumpliera sus compromisos con la agenda de trabajo y que asumiera alguna de las recomendaciones que se han recordado en este escrito y que derivan del primer informe”, aseguró Uzcátegui para El Diario.
Para el politólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Pablo Quintero, la actualización de este documento es un avance dentro de las presiones internacionales que busca evidenciar, nuevamente, que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos.
Quintero aseguró para El Diario que el informe de la alta comisionada no maquilla la realidad sino que ilustra de manera clara y específica la situación en el país en cuanto a la censura en los medios de comunicación, al tiempo que afirmó que la misiva cuenta con el respaldo de los más de 50 países que apoyan el gobierno interino de Juan Guaidó.
Las FAES y las torturas
El régimen de Nicolás Maduro no ha mostrado señales de querer atender las peticiones de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en especial la de disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Por ello, la alta comisionada especificó en el documento que su oficina continuó documentando los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunos barrios del país.
Michelle Bachelet también aseguró en la misiva que las FAES más bien “ha recibido apoyo al más alto nivel del gobierno”. Asimismo, Bachelet dijo que es preocupante el aumento de la presencia militar en el territorio del pueblo indígena pemón (estado Bolívar fronterizo con Guyana Esequiba y Brasil), además la violencia que han sufrido otros pueblos indígenas asentados en el territorio de Venezuela, presuntamente asesinados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y las FAES.
Sobre las torturas, la Oficina de la alta comisionada en Ginebra recibió por parte del Ministerio Público venezolano, información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019,104 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado fueron condenados por violaciones de derechos humanos.
La oficina todavía aguarda por los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían, los responsables y el perfil de las víctimas. Señaló que las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a la atención médica necesaria. Por ello, Bachelet solicitó tomar acciones para permitir acceso médico e investigar las violaciones a los derechos humanos.
El director de Provea, Rafael Uzcátegui, advirtió que el régimen de Nicolás Maduro seguirá haciendo caso omiso a esta petición.
“La experiencia que tenemos las organizaciones de derechos humanos venezolanas, nos hace tener duda razonable sobre la voluntad política del gobierno para cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos e implementar medidas para beneficiar a los ciudadanos” dijo Uzcátegui, al tiempo que aclaró le dan un voto de confianza a toda la incidencia que pueda hacer la oficina del alto comisionado para obtener resultados.
El politólogo cree que a pesar del informe, solo se puede esperar que la cúpula de Maduro “siga trabajando a través de la violencia e incluso podría condecorar a los funcionarios delegando más funciones de inteligencia y persecución” ya que, según asegura Quintero, Maduro y su grupo solo buscan mantener el control del poder por la vía que sea necesaria.
En la actualización del informe, Bachelet también comentó la situación de los diputados a los cuales se les allanó la inmunidad parlamentaria. Dijo que confía en que su equipo pueda visitarlos pronto ya que la cifra de parlamentarios despojados de su inmunidad, subió a 25.
“Desde la presentación de mi informe, la asamblea nacional constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatros diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios, incluido su presidente”, refiere el texto.
Además Bachelet reiteró el llamado al grupo de Nicolás Maduro y a los representantes del gobierno interino para que den prioridad a la negociación que consideró es la única alternativa para poder superar la situación de crisis en Venezuela. También expresó preocupación por el impacto, a juicio de Bachelet, potencialmente severo en los derechos humanos de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos.
Uzcátegui coincidió con la alta comisionada en cuanto a las sanciones y el diálogo, aseguró que como organización siempre van insistir en la necesidad de una negociación política y pacífica para resolver el conflicto venezolano. Dijo también que cualquier mecanismo de diálogo debe estar acompañado de la presión de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional.
El politólogo Pablo Quintero aseguró que aunque la opinión pública afecta a Nicolás Maduro, su cúpula va a tratar de asociar la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela con las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos.
“Eso es totalmente falso. Porque los problemas que ya viene padeciendo la ciudadanía se han estado gestando desde hace muchísimo tiempo. Entonces para el gobierno es mucho más fácil enlazar una cosa con la otra y darle justificación”, dijo.
Venezuela se sume cada día más en miles de problemas que parecen no tener solución. Mientras los venezolanos claman por una intervención militar o por la renuncia de Nicolás Maduro, quien se mantiene aferrado y sin demostrar, en lo más mínimo, que está dispuesto a ceder para dejar un camino libre a los ciudadanos.
