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- El Congreso peruano juramentó a Mercedes Aráoz como presidente interina de ese país. Sin embargo, el presidente en funciones Martín Vizcarra había disuelto el parlamento antes de dicha medida debido al nombramiento de jueces del Tribunal Constitucional cercanos al fujimorismo
“Mantengo mis principios. Estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la república”. En medio de aplausos de congresistas, protestas de calle y uno de los conflictos políticos más importantes de los últimos años, Mercedes Aráoz fue nombrada como presidente interina de Perú por el Congreso de ese país. Horas antes, el presidente Martín Vizcarra había disuelto el parlamento.
Es desobediencia a la orden de Vizcarra, el Congreso sesionó en pleno y lo suspendió de sus funciones durante 12 meses por “incapacidad temporal”. En su lugar, nombraron a la vicepresidente Aráoz. “Vizcarra ha amenazado hacer por la fuerza lo que la razón y el derecho no le han permitido lograr”, señala la moción de suspensión aprobada por el pleno. No obstante, la constitución peruana contempla la medida de Vizcarra y grupos militares le manifestaron su respaldo.
¿Por qué disolvieron el Congreso?
Vizcarra hizo pública la disolución del parlamento este lunes al considerar que la Cámara rechazó la cuestión de confianza planteada días antes por el gobierno, con la cual pretendía realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional (TC). La alianza opositora pretendía hacerse con una mayor cuota de jueces afines, denunciaron desde el Ejecutivo.
La formación fujimorista Fuerza Popular y el Partido Aprista habían presentado una lista de 11 candidatos para reemplazar a seis magistrados cuyo período en la corte venció el pasado junio. Al menos diez de los juristas eran cercanos a sus organizaciones.
El presidente Vizcarra lanzó un ultimátum el domingo al Congreso al anunciar que aplicaría el artículo 134 de la constitución, el cual prevé la disolución del mismo, si le negaba la confianza para que pudiera reformar el método de designación de los miembros del TC. La oposición hizo caso omiso y en la sesión de este lunes ni siquiera se debatió dicha propuesta. En consecuencia, Vizcarra anunció la disolución.
De acuerdo con la Constitución de 1993, el presidente puede tomar la medida si el Congreso rechaza considerar la confianza a dos proyectos de ley del mismo gobierno. El parlamento ya había rechazado una propuesta en septiembre de 2017.
“He decidido disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas”, dijo el presidente, y pidió “que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón: si a la mayoría parlamentaria que hoy disuelvo y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría”.
Conforme con el mismo artículo, la elección debe efectuarse cuatro meses después de la disolución. En caso de no realizarse en ese plazo, “el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye el Consejo de ministros”.
Fuerzas opositoras ajenas al fujimorismo y sus aliados, como la izquierdista Verónika Mendoza, aplaudieron la decisión de Vizcarra al considerar que la Cámara Baja no se encontraba en el marco de la legalidad.
La última vez que sucedió algo similar fue en 1992, cuando el ex presidente Alberto Fujimori alegó obstrucción del Legislativo en temas de seguridad y economía. Los críticos afirmaron que la medida pretendía cubrir las investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder.
¿Es legal la juramentación de Aráoz?
La decisión de Vizcarra fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. Dicho documento señala que “carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado”.
Los responsables del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron este lunes en la noche con el presidente Vizcarra para reafirmar “su pleno respaldo a la orden constitucional y al presidente”, informó la presidencia de Perú en Twitter.
La abogada y periodista peruana Rosa María Palacios tuiteó: “Quien asesora a Mercedes Aráoz le ha hecho un grave daño. Está cometiendo un delito en flagrancia: usurpación de funciones. Puede terminar presa mañana”.
Conflicto de intereses
Aráoz es la única vicepresidente de Perú desde que Vizcarra asumió la presidencia en 2018, luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por las acusaciones en su contra de corrupción. A pesar de pertenecer al mismo partido, la también economista nunca guardó la misma cercanía con Vizcarra que con PPK.
El pasado mes de agosto, Aráoz renunció a su cargo como congresista de la alianza. El argumento que esgrimió la diputada es que tenía diferencias políticas con el presidente, como la decisión de adelantar las elecciones generales. Pese a las discrepancias, aseguró que seguiría defendiendo las posiciones del gobierno que considerara “democráticas, responsables y de beneficio de las mayorías”.
“Con esa misma libertad, también criticaremos de manera democrática y responsable cada vez que consideremos que el Ejecutivo se aleje del plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski”, advirtió en ese momento.
En una entrevista publicada en marzo de 2018 por el diario local El Comercio, Aráoz descartó asumir el cargo de presidente en caso de una hipotética vacancia de Kuczynski antes de que este renunciara.
“Continuar en el gobierno si vacan al presidente sería volverme títere de un modelo de gestión que a mí no me gustaría. Porque, después de la vacancia, olvídate de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, de la libertad de prensa y de todas las demás cosas”, expresó en ese entonces. Hoy esas palabras se han viralizado nuevamente tras su decisión de este lunes.
Hasta el momento, la comunidad internacional no ha manifestado su posición respecto al conflicto político peruano. Entretanto, Vizcarra parece hacerse con el apoyo de las fuerzas militares, de grupos opositores antifujimoristas y de importantes sectores de la sociedad civil.
