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- El cierre de los medios venezolanos y la opacidad en las cifras por parte de las instituciones públicas han sido una estrategia del régimen venezolano para evitar las publicaciones independientes en su contra
En abril del año 2017 Nicolás Maduro fue recibido con piedras por una multitud en San Félix, estado Bolívar. En el video publicado por el diputado Angel Medina Devis, la molestia de la gente explotó cuando Maduro asomó su rostro por la ventana de una las camionetas. Sin embargo, este hecho no fue reseñado por los medios venezolanos.
Desde el gobierno del fallecido ex presidente Hugo Chávez los medios de comunicación han sufrido los peligros de informar cabalmente este tipo de sucesos por miedo a ser cerrados o la posibilidad de padecer juicios por parte del aparato judicial del régimen.
En los primeros meses de este año al menos 32 periodistas, internacionales y nacionales, fueron detenidos en el territorio venezolano mientras cubrían los sucesos de la crisis política. Los organismos de seguridad, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), fueron los protagonistas principales de estas detenciones. Además, en los días previos al 23 de febrero, cuando la oposición venezolana intentó ingresar la ayuda humanitaria desde las fronteras con Colombia y Brasil, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) registró el maltrato a la integridad física de los periodistas que cubrían los hechos y el destrozo de los equipos necesarios para cumplir su labor.
La censura, en primera instancia, se entiende como un control realizado por el Estado para reducir las opiniones contrarias. Para Norberto Álvarez González, profesor en Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá de España, la censura “no es más que el control ideológico — en lo artístico, lo moral y lo doctrinal — de quien se expresa, para evitar así las desviaciones sociales inconvenientes para el statu quo”.
Aunque en todo el mundo se presentan procesos de censura, en Venezuela existe una tensión latente entre la información y los intereses del régimen. En los últimos años el país ha sufrido el cierre de diversos medios, lo que ha incrementado la desinformación de los ciudadanos.
En el año 2007 Hugo Chávez ordenó el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), uno de los canales informativos más importantes de la segunda mitad del siglo XX venezolano. Esta medida sembró el inicio de una política censora por parte del Estado.
Las emisoras de radio y los medios impresos han padecido las calamidades de un presente periodístico muy golpeado. En los últimos seis años, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), se han cerrado 115 medios, entre los que se cuentan 65 emisoras de radio, 41 medios impresos y 8 canales de televisión en todo el territorio nacional.
Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales, explicó en entrevista para El Diario de Caracas que “el régimen intenta controlar los medios de información para desestructurar la realidad y hacerla potable para el discurso del gobierno”.
La creación de la “Guerrilla Comunicacional”, una propuesta creada por Chávez en el año 2010 y que buscaba contrarrestar las noticias contra su gobierno, y el surgimiento de “Misión Verdad”, un proyecto que nació en 2012 y que busca “estudiar y narrar el proceso de guerra contra Venezuela”, son planes que buscan poder establecer una verdad “objetiva” que presentarle a los ciudadanos.
Esta situación — aunada al cierre indiscriminado de medios televisivos, radiales e impresos — puede funcionar como una estrategia para matizar la realidad de acuerdo con el proceso discursivo del régimen.
“Los artículos aparentan, en ocasiones, incluir elementos neutrales e información objetiva. Sin embargo, excluyen cualquier interpretación o enriquecimiento de los hechos que no provenga de versiones oficiales. Así, suelen usarse hechos y datos de fuentes alineadas al discurso gubernamental, o hechos y datos sin fuente. No se acude a cita de terceros”, explica Jorge Ruiz Dueñas, poeta y narrador mexicano, ganador del Premio Nacional de Periodismo Cultural en 1992, para caracterizar la naturaleza de “Misión Verdad”.
Autocensura venezolana
Actualmente, pareciera ser más complicado para los Estados totalitarios dominar los medios de comunicación debido a la existencia de Internet y las redes sociales, donde los hechos son comunicados de forma inmediata y la población tiene la posibilidad de reconocer la noticia.
Para Márquez, esta situación supone “una tensión permanente entre el desarrollo de la tecnología y los gobiernos totalitarios y su necesidad de manejar el discurso de la realidad”.
El control del discurso se transforma en un bastión de la política del Estado. Manejar la verdad tiene como principio inamovible que lo que pasa no se dice o se modifica y, por ende, pareciera que nunca ocurrió. Esto se aplica en los medios venezolanos, lo que ocasiona que terminen por incurrir en un proceso de autocensura para evitar un posible cierre.
“Venezuela vive un proceso represivo que produce el temor de los medios a ser cerrados”, comenta Márquez.
El informe presentado por el SNTP en el año 2018 refiere que el cierre de medios de comunicación “restringe los espacios de debate público sobre la actuación de las autoridades venezolanas, lo que debilita el proceso de contraloría social”.
Aunque el cierre de los medios es el elemento más notable de la censura gubernamental, la opacidad en las cifras oficiales y el hermetismo por parte de los organismos del Estado son estrategias para reducir el conocimiento de los ciudadanos sobre lo que ocurre.
En el año 2010 se creó el Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna) para recopilar, procesar y analizar la información proveniente de todas las salas situacionales del Estado sobre los casos de mayor relevancia en el país. El presidente de ese organismo tiene la potestad de etiquetar la información recibida como reservada, clasificada o de divulgación limitada, violando los artículos 57, 58, 143 y 337 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Estos apartados de la Ley establecen que los datos recogidos por los organismos del Estado, referentes a cualquier hecho o problemática que padece la nación, deben ser públicos y no estar sujetos a la decisión de un solo funcionario, quien podría tener una perspectiva viciada para decidir sobre la información que se da a conocer.
Como ejemplo basta reseñar que las cifras de muertes violentas ocurridas en Venezuela son clasificadas como información reservada por el Cesna desde el año 2013.
Según Trino Márquez, la opacidad de las cifras necesarias para determinar el alcance de la situación venezolana tiene una finalidad: resguardar la información que puede dañar la situación actual del régimen.
Para el filósofo argentino José Pablo Feinmann, “los pueblos, además de no ver ni saber cómo sucedió, ahora tampoco saben que hay alguien que sabe todo, alguien que los vigila constantemente y sabe lo que ellos no saben, sabe lo que ellos hacen con ese no saber. Aunque los pueblos solo sepan lo que el poder les hace saber, el poder también quiere saber qué hacen los pueblos con su ignorancia”.
El control de la información o de la verdad es una necesidad que tienen los gobiernos totalitarios para reconocer el pensamiento de los habitantes y clasificar, con organismos como el Cesna, la información que se va a divulgar.
Trino Márquez advierte que cuando toda la información está dominada por una serie de organismos el individuo “debe reclamarle a los medios el ajustamiento a la realidad de los hechos”. Y es que, según el especialista en Ciencias Sociales, los medios deben tener una curaduría para tratar la realidad y brindar todos los hechos para que el lector pueda generar su propia verdad.
Democratización de la opinión
En el siglo XX los medios de comunicación estaban delimitados: eran la televisión, la radio y los medios impresos. En cambio, la información en el siglo XXI tiene la posibilidad de circular a través de multiplicidad de medios disponibles como las redes sociales, los blogs, los podcasts, entre otras plataformas que permiten la difusión total de la opinión.
“Antes del Internet y las redes sociales era más difícil democratizar la opinión, pero siempre existió la necesidad de comunicarse”, asevera Márquez. Esto introduce una responsabilidad mayor para aquel que opina y para los medios que tienen el deber de procesar las noticias diarias.
El profesor de la UCV explica que “ahora una información que ocurre en la mañana, en la tarde ya es vieja”.
La globalización del mundo permite que cualquier individuo tenga la capacidad de generar una información y difundirla a través de las redes, dificultando el control que puede tener el Estado sobre lo que conoce la población, pero al mismo tiempo se cae en el peligroso juego de las informaciones falsas o fake news.
Ante el miedo por las posibles consecuencias, muchos medios han preferido dejar pasar informaciones que pudieran causar reacciones adversas, pues el régimen ha permeado con el cierre y el encarcelamiento de periodistas un presente muy oscuro para el periodismo en el país. La autocensura, en muchos casos, funciona entonces como una medida de seguridad para evitar la clausura.
