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- Este lunes el Tribunal Supremo español dictó una sentencia de prisión de entre 9 y 13 años contra el ex vicepresidente de gobierno catalán, Oriol Junqueras, y otros ex dirigentes que lideraron el referéndum ilegal del 7 de octubre de 2017
“Tothom a l’aeroport, tothom a l’aeroport” (Todos al aeropuerto), gritaban enfurecidos cientos de manifestantes en la Plaza Catalunya, en el centro de Barcelona, España. El llamado obedecía a la petición del movimiento independentista catalán Tsunami Democràtic a paralizar el aeropuerto del Prat, luego de la sentencia judicial de este lunes a los líderes independentistas por el “procés” (proceso) de separación de España, consumado en las elecciones consideradas como ilegales del 1 de octubre de 2017.
La jornada de protestas inició al mediodía, luego de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo. El organismo judicial dictó penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por sedición. Los 12 políticos y activistas negaron los cargos durante el juicio en su contra.
A principios de 2019 se inició el juicio contra los independentistas por hechos ocurridos en la segunda mitad de 2017. Para esa fecha, el conflicto político culminó con la proclamación de independencia del Parlamento catalán. Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña para ese entonces, legitimó la decisión al considerar que la consulta, -que contó con un 43% de participación y un 90% de votos a favor de la secesión-, era legal.
La sentencia del Supremo
La mayor pena recayó en el ex vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, con una sentencia a 13 años de cárcel. Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, todos ex consejeros durante el gobierno de Puigdemont, fueron sentenciados a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.
Josep Rull y Joaquim Forn, también integrantes del “Govern”, fueron absueltos del delito de malversación y el tribunal les impuso 10 años y medio de prisión. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio por un delito de sedición. Por este mismo delito se ha impuesto una pena de nueve años a los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
De acuerdo con el Supremo, la Generalitat utilizó fondos públicos para la realización del referéndum ilegal. “Los gastos del referéndum relacionados con la publicidad institucional, organización de la Administración, confección del registro de catalanes en el exterior, material electoral, pago de observadores internacionales y aplicaciones informáticas son expresivos de la consciente y voluntaria desviación de destino de los fondos públicos”, según el fallo. El tribunal afirma que este uso de los fondos “supusieron gastos ajenos a cualquier fin público lícito” y “se ordenaron careciendo de cualquier cobertura presupuestaria”.
A pesar de las penas impuestas, el Supremo rechazó la sentencia por rebelión que había solicitado la fiscalía del Estado, la cual hubiese implicado condenas de 25 años de prisión. El delito de rebelión requiere violencia y, en este caso, que esta hubiese sido instigada por los convictos como instrumento para alcanzar la independencia. La Sala aprobó la existencia de violencia en el proceso, pero no constató suficientes episodios para proclamar hechos que integran un delito de rebelión.
“La violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes”, dice la sentencia del Supremo.
La resolución también impacta directamente a Puigdemont y a todos los dirigentes independentistas fugados a otros países de Europa. La Fiscalía ha pedido ya la reactivación de la orden internacional y europea de detención contra el ex presidente de la Generalitat y a los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig (quienes se encuentran en Bélgica), a Marta Rovira, ex secretaria general del partido Esquerra Republicana de Catalunya y Anna Gabriel, ex presidente del partido CUP, ambas en Suiza.
Reacciones
Luego de conocerse la sentencia, Junqueras hizo pública una carta en la que se reafirmaba en sus “convicciones democráticas y republicanas” y acusó al Estado español de “moverse por la venganza”.
“La independencia es hoy más que nunca una necesidad para poder vivir en una sociedad más libre, más justa y más democrática” y consideró que, con la sentencia, “hoy han querido acabar con nosotros, con toda una generación de catalanes que lucha por conseguir la libertad”, expresó Junqueras.
Pedro Sánchez, presidente de gobierno en funciones, garantizó “el absoluto cumplimiento” de la sentencia. “Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento. Nadie es juzgado por sus ideas”, dijo en una declaración institucional.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseveró por su parte que “quien la hace la paga”; mientras que Albert Rivera, de Ciudadanos, aseguró que “se ha hecho justicia”. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que con el fallo no se pone “fin al conflicto en Cataluña”. El presidente catalán, Quim Torra, pidió al jefe del Ejecutivo central una reunión y calificó la sentencia de “injusta y antidemocrática”. Desde Bruselas Puigdemont amenazó: “Tendrá consecuencias”, no solo para “quienes defienden la independencia de Cataluña, sino para todos los ciudadanos”.
Las críticas a la sentencia también llegaron desde instituciones del deporte. El Fútbol Club Barcelona emitió un comunicado en el que sostienen que “si la prisión preventiva no ayudó a resolver el conflicto, tampoco lo hará la prisión dictada hoy, porque la prisión no es la solución”. El club también manifestó su apoyo a los familiares de los políticos presos.
El independentismo toma las calles
Al grito de “Sempre en peu i en pau” (Siempre de pie y en paz), “els carrers seran sempre nostres” (las calles serán siempre nuestras), y con el cántico de Els Segadors, himno de Cataluña, cientos de manifestantes pro independentistas se enfrentaron con los Mossos D’Esquadra (policía catalana) y la Guardia Civil en las afueras del aeropuerto de Barcelona. Para estos ciudadanos, la orden judicial atenta contra la democracia y la libertad de expresión.
Las principales vías del centro de Barcelona, como la Gran Via, el Passeig de Gràcia, la Via Laietana o la calle Aragó fueron cerradas al tránsito, bajo la supervisión de agentes de la Guardia Urbana. La marea generada por el movimiento Tsunami Democràtic también trancó las principales autopistas, puesto que se desplazaron el aeropuerto a pie.
Las calles catalanas siguen sumidas en el conflicto social más importante de esa región. Son los desafíos que genera un proceso de independencia que divide a la sociedad española como nunca antes en su historia, una movilización que seguirá dando sus pasos contra viento, marea, y legalidad.
