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- La expropiación y nacionalización de empresas, la designación de militares para altos cargos dentro de las organizaciones del Estado y los mecanismos de control social y empresarial muestran sus dramáticos resultados a dos décadas de la llegada del llamado “Socialismo del Siglo XXI” a Venezuela
Recorrer despreocupadamente los pasillos de los supermercados, observar anaqueles rebosantes con productos de distintas marcas y llenar un carrito con los insumos de preferencia, son algunos de los hábitos que los venezolanos dejaron de experimentar desde hace años. En su lugar, comercios cerrados y falta de recursos para costear lo básico es el panorama que se vive en un país golpeado por las consecuencias de un sistema económico y político que muchos consideran fracasado.
En diciembre del año 1998, el fallecido ex presidente Hugo Chávez aseguró en una entrevista para Univisión que no tenía intención alguna de nacionalizar empresas, sino que estaba dispuesto a “brindar facilidades a los capitales privados para fomentar la inversión en todas las áreas de la economía”. Ese mismo mes, el teniente coronel fue elegido para el período presidencial 1999–2004, un mandato que se extendió hasta 2013.
Casi 10 años después de aquellas elecciones, el gobierno implementó el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007–2013, un proyecto con el que se intentaba “orientar a Venezuela hacia la construcción del Socialismo del Siglo XXI” y en el que se estableció que el Estado conservaría el control total de las actividades productivas que fuesen de valor para el desarrollo del país.
A partir de ese momento comenzó una serie de expropiaciones, nacionalizaciones y ocupaciones de empresas con la promesa de potenciar su capacidad de producción, aunque el resultado no fue el esperado.
Chavismo y militarización
Durante años, la retórica del Ejecutivo contra el capitalismo ha privado en las alocuciones de las autoridades venezolanas. Luis Lauriño, investigador del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), destaca para El Diario de Caracas la inclinación hacia el marxismo de ciertos líderes del régimen venezolano, y señala que este sistema ideológico tiene como principal enemigo al empresariado, pues dentro del denominado “materialismo histórico” este sector representa el capital.
Por ello agrega que desde la llegada de Chávez al poder se han implementado políticas públicas en materia económica que han tenido como objetivo destruir el sistema capitalista y la propiedad privada en Venezuela.
Un año después de ganar los comicios de 2006, Chávez anunció expropiaciones, despidos masivos en la industria petrolera, entre otras acciones drásticas. De esta forma, la palabra “exprópiese” pasó a ser uno de los mayores temores de los empresarios del país, mientras surgían leyes que daban luz verde al gobierno para tomar las medidas legales contra el capital privado. Esto provocó la destrucción paulatina del sector económico en Venezuela: las empresas comenzaron a desaparecer y aquellas que eran tomadas por el Estado experimentaron fuertes caídas de producción.
“Había cerca de 13.000 empresas grandes en 1999, de un total de entre 18.000 y 19.000 empresas en general en el país. En 2019 contamos con menos de 2.400 y operando a menos de 30% de su capacidad instalada”, explica Lauriño.
De igual modo, asegura que cuando se destruye el aparato productivo por razones ideológicas, se empieza a depender de las importaciones, y ese modelo comienza a tener dificultades cuando el precio del petróleo baja.
“Nosotros no tenemos una industria nacional que nos supla necesidades parcial o totalmente, ni tampoco tenemos los recursos suficientes para importar lo que se necesita. Lo que tenemos es una gran debacle económica, pero en buena medida promovida, incentivada y programada. Estos resultados no son inesperados, son totalmente planificados”, destaca el especialista.
En junio de este año, Erika Farías, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, aseguró durante un encuentro oficialista que ellos (el chavismo) no vinieron a hacer un buen gobierno, sino a hacer “una revolución”.
De manera que, de acuerdo con Lauriño, “los indicadores económicos que pueden ser negativos para nosotros, para ellos no necesariamente lo son. Son resultados esperados, son el cumplimiento de un objetivo y, en consecuencia, son exitosos”.
Transparencia Venezuela, una asociación civil sin fines de lucro que promueve la prevención de la corrupción, publicó un informe en el año 2018 titulado “Empresas propiedad del Estado, un modelo de control” en el que evalúa el desempeño de las compañías pertenecientes al gobierno venezolano.
El documento señala que la llegada de Hugo Chávez al poder también supuso un cambio en el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), debido a que tanto funcionarios activos como retirados han sido designados a importantes cargos dentro de las empresas estatales, una práctica que se mantiene durante la gestión de Nicolás Maduro.
“En el actual gobierno de Nicolás Maduro, miembros de la FANB han estado encargados del manejo del sistema de control de cambio y la asignación de divisas preferenciales, de la importación de alimentos y otros insumos, y han sido cabeza de importantes empresas propiedad del Estado”, agrega el informe.
De la misma forma, se refiere que el índice de corrupción en las 576 empresas propiedad del Estado que fueron estudiadas por la ONG es “directamente proporcional a la cantidad de recursos que maneja y a la participación de miembros de las FANB”, siendo los sectores de hidrocarburos, electricidad y agroalimentación los que han tenido una mayor inversión durante los últimos años.
Pdvsa, Corpoelec, Hidrocapital, Abastos Bicentenario, Cantv y el Metro de Caracas son empresas que se suman a las entidades públicas afectadas y fueron estudiadas en la investigación realizada por la ONG venezolana.
Petróleos de Venezuela
De ser una de las empresas más fructíferas e importantes del país, hoy destaca por sus múltiples problemas y déficit de productividad, eso sin mencionar la corrupción presente desde sus inicios.
Hugo Chávez llegó al poder en 1998 y el precio del petróleo se situaba en 11 dólares, 10 años más tarde el costo era de 88 dólares. Para el año 2009 la crisis financiera internacional hizo que cayera el valor del crudo, muy a pesar de las estimaciones del Ejecutivo nacional para ese momento, que aseguró que el panorama extranjero no afectaría a Venezuela en lo absoluto.
Hugo Chávez afirmó que el país podría aguantar el desplome del precio del barril. “¡Póngame el precio del petróleo a cero y Venezuela no entra en crisis, pónganlo a cero! La crisis es del capitalismo, no del socialismo”, dijo entonces.
El mes de diciembre del año 2002 significó un giro en la historia de la estatal petrolera. El paro general que decidieron acatar los trabajadores para exigir la renuncia de Chávez trajo como consecuencia que la producción petrolera y las actividades de refinación y comercialización cayeran aproximadamente 90%, lo que se tradujo en importantes pérdidas monetarias.
Cerca de 20.000 personas fueron despedidas por sumarse a la huelga general y la empresa demoró al menos un año y medio para volver al ritmo habitual de sus operaciones.
No fue sino hasta después del año 2010 que el precio de la cesta petrolera repuntó y se situó en 84 dólares por barril, manteniendo para los años 2011 y 2014 un promedio de 103 dólares por barril.
Por otro lado, se estima que en 1998 se producían más de 3.000.000 barriles diarios de petróleo, una cifra tuvo una reducción considerable los siguientes años. Desde 2013 hasta la actualidad la producción petrolera de Pdvsa ha ido en caída. Entre enero y abril de 2019 reportó un declive de 1.100.000 de barriles diarios a 768.000, una disminución histórica para la producción de crudo en el país, según el Reporte Mensual de Mercado Petrolero de la OPEP. Actualmente, la tendencia a la baja continúa con una media de 644.000 barriles de crudo diarios para el mes de septiembre.
En una reunión del Consejo de Ministros realizada en octubre de 2014, Maduro volvió a desestimar la posibilidad de que la caída de los precios del crudo influyera en Venezuela. “Un gobierno revolucionario con poder económico como el que yo presido tiene planes para pasar cualquier situación, así tiren los precios de petróleo a donde los tiren”, comentó.
En 2015 Maduro decidió decretar la emergencia económica para intentar afrontar la crisis. Ese año el país registró una inflación de 180%, la más alta del mundo. En la actualidad el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una inflación para Venezuela de 200.000%, una cifra que estiman podría subir a 500.000% para el año 2020.
El informe “El petróleo será insuficiente: El colapso de la industria petrolera y la crisis venezolana” señala que el sector desempeña un papel protagónico en el “Socialismo del Siglo XXI”, en principio como financista de un modelo estatista de la producción de bienes privados y centralista en la provisión de bienes y servicios públicos.
También explica la inviabilidad del modelo porque propicia una mayor dependencia del ingreso petrolero y debilita la industria en aspectos fundamentales del negocio, como la productividad y la inversión.
“A la larga se traduce en menos ingreso petrolero para atender las necesidades de la sociedad y de la misma industria. Parte del drama venezolano es que el modelo centralista y estatista impide el surgimiento de nuevos sectores económicos que complementen la actividad petrolera, lo cual hace que las condiciones de vida de la población sean cada vez más precarias. El modelo posee mecanismos directos, indirectos y de realimentación que fomentan y reproducen la dependencia del ingreso petrolero”, señala el informe publicado en la página web del IESA.
Siderúrgica del Orinoco o Sidor C.A.
Siderúrgica del Orinoco (Sidor C.A.), la principal fábrica de acero nacional, tiene dos años sin funcionar. En 2007 la empresa, que aún pertenecía a la compañía argentina Ternium, con la que logró su pico máximo de producción con 4.200.000 toneladas de acero líquido.
Una década después, la historia fue diferente para la siderúrgica, que había sido nacionalizada por Hugo Chávez en mayo de 2008. Su producción cayó a -92,64% con 309.106 toneladas de acero por año.
En febrero de 2019 el coordinador sindical José Luis Alcocer denunció, a través de Noticias24 Radio, la caída de la producción de la empresa y aseguró que “se dice que se van a producir 3.000.000 o 4.000.0000 de toneladas, cuando en 2012 apenas llegó a un 1.700.000, debido a que difícilmente se pueden lograr las metas que se plantean cuando los problemas son de toda índole”.
En junio de este año Maduro prometió reactivar “en su totalidad” la empresa mediante un acuerdo firmado con China por más de 2.000.000 de euros “en un proceso de cooperación tecnológica, productiva y organizacional que va a asombrar a Venezuela”.
José Giménez, trabajador de la estatal siderúrgica que habló con Crónica Uno, narró las condiciones actuales de la empresa.
“Hay un saqueo total en todas las plantas, están robadas, cuesta mucho poder recuperarlas, se han llevado motores, cables. Sidor consume mucha energía, esta es una razón fundamental por la que el Estado no le interesa ponerla a funcionar. No solamente Sidor, también Alcasa, Venalum, el resto de las empresas básicas. He ido por momentos y está desolada. De noche se meten los garimpeiros, hay poca vigilancia. Era un patrimonio de la ciudad (…) Es muy triste”, aseguró el empleado de la compañía, quien tenía 40 años de antigüedad en la empresa.
Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv)
La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) nació como una empresa privada que se encargaría de las telecomunicaciones en el país con la aprobación del Estado venezolano. En 1953 pasó a manos del gobierno y en 1991 fue conducida por el Consorcio VenWorld. 16 años después, durante el gobierno de Chávez, fue renacionalizada, hecho que produjo una caída en la Bolsa de Valores de Caracas.
En el año 2014 el medio estadounidense El Nuevo Herald publicó una entrevista a un ex funcionario del Sebin, quien aseguró que el gobierno de Venezuela gastaba millones en el espionaje electrónico de sus ciudadanos, empleando tecnología rusa e italiana, así como de las empresas cubanas Datys y Albet, vinculadas con la Universidad de Ciencias Informáticas. Se determinó que las comunicaciones más vulnerables eran las que se establecían por teléfono y correo electrónico a través de la plataforma estatal.
William Peña, periodista experto en telecomunicaciones, aseguró en una entrevista realizada por El Diario que desde hace una década la empresa estatal no invierte en el mantenimiento y mejoras de su infraestructura y equipos de telecomunicaciones, tanto de empresas públicas como privadas.
Actualmente, la empresa estatal, que cuenta con 90% de los suscriptores de internet del país, presenta graves problemas de conectividad. La mejor conexión que puede ofrecer, según explica el especialista, es entre dos y cuatro megas, mientras que en el mundo existen decenas y hasta 200 megas, hecho que calificó como “una tragedia”.
Abastos Bicentenario
En 1995 la Cadena de Tiendas Venezolanas (Cativen) adquirió la Compañía Anónima Distribuidora de Alimentos (CADA). Cinco años más tarde, el Grupo Casino, consorcio de distribución francés, adquirió 80% de las acciones de Cativen, con lo que se dio paso al Grupo Éxito de Venezuela.
Una década más tarde, en enero de 2010, Chávez anunció la expropiación de Almacenes Éxito por presuntamente haber aumentado los precios de sus productos de forma ilegal.
“Se ordena la adquisición forzosa de activos, bienes de consumo, bienes muebles e inmuebles, depósitos, transportes y bienhechurías que conforman la cadena de automercados Éxito a nivel nacional”, refería el decreto publicado en la Gaceta Oficial N° 39.351.
Un mes después, el mandatario anunció la compra de las acciones que el Grupo Casino había adquirido de Cativen y autorizó el fin de las negociaciones con el grupo francés, por lo que el control de los Supermercados CADA y Éxito pasó a manos del Estado. Esto dio paso a la aparición de los supermercados de la Red de Abastos Bicentenario, una sociedad anónima que fue adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación a principios de 2011.
Los Abastos Bicentenario abrieron sus puertas con la promesa de garantizar la disponibilidad y el acceso a alimentos, servicios y productos a un “precio justo”, premisa que se desvaneció con el tiempo.
En febrero de 2016 inició el “Ataque al Gorgojo”, una operación en la que funcionarios del Sebin inspeccionaron 53 establecimientos de la red de alimentación para detener la especulación, el acaparamiento y las irregularidades administrativas por actos de corrupción.
El operativo dejó al menos 49 personas detenidas, entre los que se encontraban varios gerentes, subgerentes, supervisores, la ex presidente de la Red de Abastos Bicentenario Bárbara González, y el ex presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) Heber Aguilar.
Ese mismo año, Nicolás Maduro ordenó “una reestructuración total y absoluta” de la empresa, asegurando que “Abastos Bicentenario se pudrió”. En su lugar, se convertirían en “los centros de distribución directa de los mercados comunales y las comunidades en mano de las comunas y los consejos comunales”.
La cadena, que de acuerdo con su página web contaba con 34 sucursales en el Distrito Capital y 13 estados del país, en junio del año cursante anunció el cierre definitivo de sus dos últimas sucursales.
Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)
La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) es la empresa del Estado responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en Venezuela.
Surge en el año 2007 con la nacionalización del sector eléctrico venezolano por decreto de Hugo Chávez, por lo que fue adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, junto a todas las empresas de electricidad, tanto las estatales como aquellas que fueron adquiridas y expropiadas.
Al igual que otras empresas propiedad del Estado, Corpoelec es uno de los principales focos de atención de organismos nacionales e internacionales ante las numerosas denuncias de corrupción en las que ha sido involucrada.
Transparencia Venezuela hizo un reporte en el que explica esta situación y señala que la corrupción que se ha generado en la estatal eléctrica involucra a, presuntamente, los generales venezolanos Luis Motta Domínguez, ex ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec; y Eustiquio Lugo Gómez, viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas para el Ministerio de Energía Eléctrica.
Ambos funcionarios fueron sancionados en junio de 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, organismo que aseguró que los generales incurren en actos ilícitos. Además, señalaron que las constantes fallas eléctricas en el país son producto de “años de corrupción masiva, negligencia y mala gestión de la infraestructura eléctrica de Venezuela por el régimen ilegítimo de Maduro”.
“La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y la División Criminal del Departamento de Justicia acusaron a Motta y Lugo por sus supuestos roles en el lavado del producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la ley antisoborno venezolana, en conexión con su presunto recibo de sobornos para otorgar negocios de Corpoelec a empresas con sede en Estados Unidos”, según el informe.
La calidad del sistema eléctrico nacional ha ido en picada y los apagones son cada vez más frecuentes, una situación que alcanzó su punto más crítico en marzo de 2019 cuando el mayor apagón registrado en la historia de Venezuela dejó sin suministro eléctrico a 22 de los 23 estados del país, incluyendo la capital, por más de tres días.
Compañía Anónima Metro de Caracas
Fundada el 8 de agosto de 1977, la Compañía Anónima Metro de Caracas es una empresa estatal responsable de los principales servicios de transporte público de la capital: Metro de Caracas, Metrobús, el sistema de teleférico Metrocable y el Cabletren Bolivariano.
El Metro de Caracas abrió sus puertas al público el 2 de enero de 1983, cuando se inauguró el primer tramo de la Línea 1 Propatria — La Hoyada, una infraestructura que se amplió con el paso de los años hasta ofrecer 48 estaciones a los usuarios.
Ricardo Sansone, presidente de la ONG Familia Metro, aseguró que de 48 trenes que conformaban la flota del Metro de Caracas, en la actualidad no funcionan más de 15.
La ampliación del sistema subterráneo ha sido una de las tantas promesas inclumplidas por el gobierno. En 2006 el fallecido presidente Hugo Chávez dio inicio a la construcción de la Línea 5 del sistema, una obra que luego de cinco años cubriría las rutas de Bello Monte, Las Mercedes, Chuao y Parque del Este.
Asimismo, Chávez aprobó la extensión del proyecto de la Línea 5 con un tramo que iría desde la estación Miranda II hasta la estación Warairarepano, donde se uniría el Metro de Caracas con el de Guarenas y Guatire.
Odebrecht, constructora brasileña que protagonizó una serie de entramados de corrupción en varios países del continente, estuvo vinculada al proyecto de ampliación desde sus inicios. Casi 13 años después de iniciar la construcción, solo la estación Bello Monte logró abrir sus puertas de las 10 que contemplaba el proyecto.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) abrió una investigación en la que reveló que los pagos realizados por Odebrecht a cambio de contratos involucraban importantes obras públicas de la región, como proyectos de los sistemas subterráneos de Ecuador y Panamá.
Presuntamente, el sistema ferroviario de la capital de Venezuela también estuvo involucrado en dicha trama de corrupción, debido a que el ICIJ señaló “más de 34 millones de dólares en pagos ocultos del año 2014, vinculados con la Línea 5 del Metro de Caracas”.
Aquel innovador sistema de transporte que llegó a cautivar a sus visitantes con su practicidad y comodidad, hoy muestra una cara muy diferente: usuarios obligados a caminar por los túneles por las constantes fallas eléctricas, vagones sin ventilación alguna y reiterados retrasos que convirtieron a este medio en un ejemplo del colapso del país.
Un mecanismo de control
Luis Lauriño, investigador del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), destaca la necesidad del Estado venezolano de ejercer un control hegemónico sobre la sociedad y la actividad productiva del país para mantenerse en el poder. Ejemplo de ello, detalla, es el aumento de la participación de los militares en negocios gubernamentales y la corrupción de dicho sector para obtener su lealtad con el gobierno.
“La corrupción del mundo militar es abismal y pública. Ahí se obtienen dos cosas: una solidaridad automática porque tengo unos ingresos que en la vida habría soñado poder tener y tengo acceso a unos recursos que no tienen comparación, y por el otro lado el Estado tiene la garantía de que quien incurre en niveles de corrupción es una persona que tiene la soga al cuello constantemente, por lo que tiene que ser solidario de forma obligatoria”, comenta.
También explica que la importante disminución del número de empresas en Venezuela permite controlar a la sociedad mediante el trabajo, debido a que el Estado pasa a ser el mayor empleador, así como a través de la comida, ya que es el único que la produce, importa y distribuye.
Ejemplifica dicha situación con el aumento de la distribución de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una iniciativa anunciada en 2016 por Nicolás Maduro con la que se buscaba distribuir alimentos de primera necesidad a precios subsidiados para paliar la grave escasez de comida y la crisis económica imperante en Venezuela.
“Tienes cerca de 2.500.000–3.000.000 de empleados públicos dependiendo del Estado. Es un chantaje importante porque incluso las cifras que ofrece el Estado corresponden al número de empleados que dependen directamente de él, pero de un empleado público puede depender una familia”, dice.
A pesar de la magnitud de este programa de alimentación en Venezuela, la gestión de los CLAP no escapa de los focos de atención de distintos organismos nacionales e internacionales. La disminución del número de alimentos que contienen las cajas, la dudosa calidad de los mismos y la exclusión de ciertos sectores por razones políticas son solo una parte de las denuncias que se han hecho en torno a la iniciativa.
El uso de los alimentos como mecanismo de control social también ha sido estudiado por organismos del extranjero. En julio de 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un reporte en el que se aseguraba la existencia de una red de corrupción vinculada al programa CLAP.
“La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido que Maduro y sus familiares le roben al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como una forma de control social para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los oponentes, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de esquemas fraudulentos”, se lee en el informe.
Asimismo, explican que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a Alex Nain Saab Morán por su participación en esta red de corrupción. Detallan que dicho sujeto se habría involucrado con expertos cercanos a Nicolás Maduro para administrar la red de corrupción y señalaron la existencia de una “red global de compañías fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos”.
“Bajo la supervisión de Maduro, Saab obtuvo ganancias sustanciales e importó solo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP”, agrega el documento.
Lauriño considera que la corrupción en Venezuela responde a una intención política que incluye la destrucción del sistema capitalista y la propiedad privada, lo que ha generado consecuencias negativas en cada sector productivo del país.
“Ahora no tenemos una industria nacional que nos supla necesidades parcial o totalmente, ni tampoco tenemos los recursos suficientes para importar lo que se necesita. Lo que tenemos es una gran debacle económica en buena medida promovida, incentivada y programada”, dice.
Posibles soluciones
En El Diario de Caracas conversamos con varios especialistas que explicaron las posibles soluciones a la problemática de la nacionalización de las empresas estatales.
El economista venezolano Aaron Olmos señaló que cuando el Estado asume el control de empresas relacionadas con la producción de alimentos, los servicios básicos y la elaboración de materiales para la construcción, no lo hace con la misma visión del empresario privado, sino que lo hace por “una vía monopólica entendiendo que él es el único que provee el producto o servicio”.
“El empresario privado sabe que tiene que organizar factores productivos de la mejor manera, potenciarlos y generarle la mayor cantidad de bienes y servicios posibles con la mejor calidad para cubrir las necesidades de un mercado que ha estudiado, que comprende y al que se debe”, comenta.
Indica que la economía es un sistema de conexiones entre sectores institucionales públicos y privados, por lo que las acciones que se tomen en esta materia afectan a la sociedad.
“Estas empresas en manos del Ejecutivo declinan en su producción y se genera entonces una pérdida total en la economía venezolana de bienes y servicios. Eso redunda en la disminución del bienestar social, la ausencia de los productos en los anaqueles y la calidad de vida del venezolano, inclusive desde el punto de vista de ingesta de alimentos y una total e increíble pérdida de confianza en las instituciones en manos del Ejecutivo”, explica.
Resalta que Venezuela es uno de los Estados que presenta mayor riesgo país en el mundo, lo que reduce en importante medida la confianza que pueda tener un empresario del extranjero para invertir en la nación.
Olmos considera que la solución a esta situación es desmontar el modelo económico que ha imperado en el país en los últimos 20 años, al que considera “vetusto, anacrónico, centralizador y monopólico”.
“Si están interesados aún, hay que devolverles a personas, empresas e instituciones sus empresas, sus actividades, sus rubros (…). En las economías desarrolladas, el sector privado es la palanca de cambio y de desarrollo del sector público”, comenta el economìsta sin dejar de destacar la situación económica que atraviesa Venezuela en este momento.
Asimismo, considera que es necesaria la presencia de personas formadas que puedan diseñar un plan para recuperar la confianza de las instituciones, lo que permitiría reconstruir el aparato económico y productivo; un proceso cuyos cambios, a su juicio, podrían percibirse en un lapso de seis meses, mientras que los cambios estructurales importantes podrían obtenerse en un periodo aproximado de cinco años.
Adán Celis Michelena, presidente de Conindustria, comenta que es necesario que los recursos del país sean destinados a crear valor en la sociedad, lo que se podría lograr por medio de inversiones que fomenten la competencia y la producción de nuevas fuentes de empleo.
También destaca la importancia de la creación de nuevas empresas y de incentivar el emprendimiento. “Eso es lo que hay que hacer: que esa transferencia de capitales y recursos vayan y se destinen a donde esos recursos logren multiplicarse, a donde se le de un préstamo a un empresario y ese empresario monte su negocio, sea exitoso y pague su préstamo”, dice.
Celis señaló la necesidad de que exista un proceso de privatización que cuente con licitaciones y en el que participen las mejores empresas del mundo “para que adquieran todas las empresas que están en manos del Estado y están produciendo pérdidas y corrupción. Que empiecen a hacerse empresas eficientes, que den empleo a los venezolanos y que estos sean bien remunerados (…). Esa es la multiplicación de la riqueza, una riqueza que no esté en manos de pocos, sino en manos de muchos, de aquellos que trabajen en esas empresas”.
Partiendo de las opiniones de los especialistas, es crucial para la economía venezolana reactivar la privatización de las empresas y recuperar la confianza en sectores extranjeros; sin embargo, estiman que mientras el régimen de Maduro se encuentre en el poder, difícilmente el panorama de Venezuela se inclinará hacia una economía fructífera que ofrezca resultados positivos para la nación.
