Desde El Diario explicamos sobre el polémico proyecto de ley que ha dividido a la oposición venezolana en el Parlamento
¿En qué consiste el proyecto y cómo surge?
El plan de atención de la emergencia eléctrica consiste en un crédito de 350 millones de dólares que serían presuntamente administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para atender las fallas energéticas en el estado Zulia; en Los Andes; en la región Capital y en el estado de Nueva Esparta. También se contempla la destinación de fondos para atender la infraestructura de hospitales en el país.
El proyecto fue planteado inicialmente por miembros de la sociedad civil que exigían soluciones a las fallas eléctricas en varios estados del país. La idea fue debatida en el Grupo de Boston, una organización en la que participan diputados de la oposición, del régimen de Nicolás Maduro y ex parlamentarios, quienes hicieron la intermediación con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) el pasado mes de abril de este año para obtener el financiamiento necesario para dar marcha al proyecto.
La CAF ha propuesto, como requisito para la aprobación de dichos fondos, que el financiamiento sea aprobado por el Poder Legislativo y que el solicitante del endeudamiento fuese el régimen de Nicolás Maduro. El PNUD sería el organismo multilateral ejecutor de los recursos, y haría las licitaciones respectivas en Panamá. Se prevé, de acuerdo con el parlamentario Oscar Ronderos, que el ente de las Naciones Unidas cobre entre 3% y 6% del total del proyecto.
La junta técnica encargada de elaborar el proyecto fue integrada por funcionarios de la estatal Corpoelec, representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela y el ingeniero Winston Cabas, quien actualmente está exiliado por razones políticas.
¿Quiénes están a favor y en contra del proyecto?
A favor: Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y el Partido Socialista Unido de Venezuela.
En contra: Primero Justicia y Voluntad Popular, Copei, la Fracción 16 de Julio, y otros grupos minoritarios de la Asamblea Nacional.
Por parte de AD, el parlamentario Oscar Ronderos ha opinado que “no se puede esperar a que Nicolás Maduro se vaya para solucionar ”, y ha solicitado en varias ocasiones que se discuta el proyecto en la Asamblea Nacional.
El legislador Enrique Márquez, del partido Un Nuevo Tiempo, señaló para El Diario que “desde el Plan País se ha estimado que habría que recuperar unos 5.000 MW (megavatios) aproximadamente para equilibrar el sistema. Con este proyecto estaríamos aportando cerca de 1.000 MW. Por eso un paso importante, pero no sería la solución definitiva. Habría que continuar con inversiones para continuar con el trabajo”, afirmó Márquez, quien agregó que el proyecto sería trabajado con el apoyo “de Corpoelec, quienes son los administradores actuales del sistema eléctrico nacional”.
Francisco Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional afín al régimen de Nicolás Maduro, asegura que el proyecto cuenta con el beneplácito del oficialismo.
Desde Voluntad Popular, se ha indicado que las cifras monetarias para el proyecto serían “excesivo”. “En líneas generales los precios, expresados en dólares por megavatios generados, son muy altos. Para la comparación, un ciclo combinado de algo más de 1.200 MW de última tecnología y de mayor eficiencia tendría un costo 40% inferior al que indica el proyecto. Además, el plan contempla una cantidad inflada de familias beneficiadas”, indican fuentes del partido político consultadas por El Diario.
Otra de las críticas que han surgido desde VP hacia el proyecto es que “no se respetan los límites máximos de gasto y endeudamiento contemplados en el presupuesto nacional, como lo prevé el artículo 311 de la Constitución, y que no se tiene en cuenta el endeudamiento público en relación con el tamaño de la economía, como lo indica el artículo 312”.
Dichos planteamientos son compartidos por parlamentarios de Primero Justicia consultados por El Diario, quienes han asegurado también que dicho financiamiento sería un reconocimiento al régimen de Nicolás Maduro.
El ingeniero eléctrico José Aguilar afirmó que “por esa cantidad de dinero (350 millones de dólares) se pueden hacer muchísimas otras cosas para Venezuela. El proyecto, a mi juicio, carece de suficientes méritos técnicos como para decir que es una solución sabia”.
Henry Tovar —quien pertenece al Equipo Nacional de Ingenieros, Arquitectos y Afines para solucionar la crisis de los servicios públicos designado por Voluntad Popular—, ha señalado que el proyecto “ayudaría a estabilizar parcialmente el sistema”, pero que debe hacerse una auditoría del personal involucrado en las obras, y que los militares deben ser retirados de sus puestos.
¿Qué va a ocurrir ahora?
La Asamblea Nacional exhortó a que se conformara una Comisión Mixta para la discusión del proyecto de Ley. Se desconoce cuándo será discutido nuevamente el financiamiento ante el Parlamento.
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