- Fuentes indicaron para El Diario que cerca de 30 personas participaron en un alzamiento militar en el fuerte Luepa y en el Escuadrón de Caballería Motorizada, ubicados en el municipio Gran Sabana
Durante la madrugada de este domingo, funcionarios del batallón de infantería de Selva 513°, conocido como Luepa, ubicado en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, se sublevaron ante sus oficiales superiores e intentaron tomar el referido centro de seguridad para iniciar un movimiento destinado a lograr el cese de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro. La información fue dada a conocer por el dirigente indígena pemón Ricardo Delgado, quien difundió lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter.
Al mismo tiempo que ocurrió la incursión en Luepa, otro levantamiento militar ocurrió simultáneamente en el Fuerte Escamoto (Escuadrón de Caballería Motorizada), que está ubicada en el referido municipio. Así lo informó el periodista venezolano Germán Dam.
Los militares sublevados lograron extraer aproximadamente 122 fusiles del centro militar de Luepa, según refieren informes policiales y reportes de la prensa. Se conoció también que tomaron como rehén al comandante de la unidad.
Romel Guzamana, diputado a la Asamblea Nacional, indicó en exclusiva para El Diario que 30 personas participaron en el intento de toma del fuerte de Luepa.
El parlamentario señaló que, luego de que el grupo que incursionó en Luepa se llevara los fusiles en un camión 3-50 hacia el sector de San Francisco de Yuruaní, fueron repelidos por funcionarios militares que hirieron a dos indígenas durante el tiroteo. Los sujetos lesionados fueron identificados por Guzamana como Fiacencio Meya Fernández, de 31 años de edad, y Frank José Fernández Fernández, de 23 años de edad. Ambos pertenecen a la etnia pemón y fueron atendidos en la comunidad indígena de Kumarakapay.
Informes policiales refieren que los sujetos se movilizaban en dos vehículos: una Toyota Hilux y el referido camión 3-50.
“Luego el grupo de alzados, que iba vestido de militar, desarmó a cuatro policías en la comunidad Kumarakapay. Ellos iban a tomar todas las alcabalas desde Luepa hasta Escamoto, pero todo fracasó”, explicó Guzamana. Reportes de los organismos de seguridad en la zona informaron que los oficiales que se encontraban de servicio en la estación policial fueron asaltados y despojados de sus armas.
De acuerdo con información del periodista Germán Dam, uno de los militares que participó en el asalto al Fuerte Luepa era el sargento Darwin Malaguera Ruiz, funcionario de la GNB que en febrero de este año decidió no reconocer al régimen de Nicolás Maduro e irse a Colombia. Malaguera fue herido luego de participar en la sublevación.
Por su parte, el intento de toma del Fuerte Escamoto fue repelido por los organismos de seguridad
“Contra la injusticia”
El diputado Guzamana indicó que en el grupo insurreccional había policías y militares retirados que decidieron organizarse debido “las injusticias de los pueblos indígenas en el territorio”.
“Se organizaron y decidieron tomar por asalto los comandos porque ellos veían las injusticias que eran cometidas en contra de los pueblos indígenas en ese territorio. Lo más reciente fue la masacre de pemones que ocurrió en Ikabarú –una población mixta en la que conviven indígenas y personas de varias nacionalidades–, pero ya muchos estaban hartos, por ejemplo, del asedio de personas irregulares que van por los recursos en las minas”, indicó Guzamana.
El legislador advirtió que el régimen de Nicolás Maduro «querrá responsabilizar a la comunidad de Kumarakapay de tener armas y de ser parte en dicha operación”.
“Rechazo esa satanización contundentemente. Esa comunidad es la más golpeada de todas, y ahora será tildada por Justo Noguera Pietri –gobernador del estado Bolívar–, el esbirro de Rangel Gómez (ex mandatario regional), de rebelde para dañar la imagen de los hermanos indígenas pemones. Todo es por el tema de las minas”, advierte.
Historial de lucha
Este no es el primer episodio de violencia en el que participan tanto indígenas de la etnia pemón como funcionarios militares.
El pasado 23 de febrero, día en que el gobierno interino de Juan Guaidó intentó introducir cargamentos de ayuda humanitaria al país, los pemones sufrieron agresiones por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Los enfrentamientos ocurrieron mientras se intentaba que los insumos, que estaban en Brasil, ingresaran al territorio nacional.
La represión en ese momento dejó como resultado la muerte de cinco víctimas, de acuerdo con el reporte de la organización no gubernamental Provea, que denunció además la detención de 16 indígenas pemones.
Los días siguientes a la referida fecha, un grupo de pemones emboscó a un pelotón de la GNB. Con arcos y flechas en mano, los indígenas sometieron a los funcionarios de seguridad y les golpearon.
Otro de los momentos de mayor tensión entre los pemones y las fuerzas estatales ocurrió en diciembre del año 2018, cuando un miembro de la etnia indígena resultó asesinado por un policía.
A partir de ese caso, el Consejo de Caciques Generales declaró como “persona non grata” a Luis Motta Domínguez, ex ministro de Energía Eléctrica, quien fue acusado por los pemones de haber facilitado la logística a la GNB para una incursión armada en Canaima, estado Bolívar.
En el año 2011, los pemones retuvieron a 19 funcionarios de la GNB que estaban practicando la minería ilegal en La Paragua. Los miembros del cuerpo castrense nacional estuvieron cuatro días en cautiverio.
ítalo Pizarro, defensor de derechos humanos de los indígenas y miembro del Observatorio De Los Derechos Humanos sobre la Violación de DD HH de los Indígenas de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, explicó para El Diario que el conflicto central de los pemones deviene por la invasión de las áreas delimitadas de los indígenas.
“Suele ocurrir que Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional llegan, recurrentemente, a los territorios de los indígenas pemones y violentan sus comunidades. Pero ellos no son sumisos, y toman acciones de envergadura a la hora de luchar por sus derechos”, explica Pizarro.
Agregó que: “A través del Arco Minero se violan los territorios indígenas. Dicho decreto ha formalizado, en la práctica, la presencia de ‘sindicatos’ o grupos armados, que dominan e imponen ‘orden’ en las comunidades y ha generado muchos conflictos culturales con los pueblos indígenas. También ha surgido, a partir del Arco Minero, el aumento de la prostitución y el reimpulso de la compra y venta la droga. Todo ha desmejorado la vida de los indígenas”.
