• Expertos consultados por El Diario aseguran que lo ocurrido este domingo fue un “golpe en contra del Parlamento” y que la Junta Directiva liderada por el diputado Luis Parra carece de validez constitucional

Un nuevo golpe a la institucionalidad de Venezuela se consolidó este 5 de enero en Caracas. En detrimento del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (AN), la fracción legislativa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), junto con varios diputados que anteriormente integraban la Mesa de la Unidad Democrática, designaron a una nueva junta directiva del Parlamento para iniciar la sesión del nuevo período legislativo, restringiendo el acceso al Hemiciclo del actual presidente del organismo, Juan Guaidó, y demás diputados de la oposición; así como a la prensa nacional e internacional. 

De esta forma Luis Parra, un disidente de la oposición recientemente vinculado a casos de corrupción –de acuerdo con investigaciones de la prensa– y expulsado del partido Primero Justicia, fue designado como nuevo presidente de la AN. 

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Foto: Cortesía

La directiva quedó conformada por Franklyn Duarte, de Copei, como vicepresidente; José Gregorio Noriega, expulsado del partido Voluntad Popular el pasado 18 de diciembre por haber sido presuntamente sobornado por el régimen, como segundo vicepresidente. Negal Morales, quien de acuerdo con fuentes consultadas, presentaba varias diferencias con las autoridades del partido Acción Democrática y había sido excluido de varias instancias políticas, como secretario del Parlamento.

Horas más tarde, Nicolás Maduro reconoció a Parra y demás parlamentarios como nuevas autoridades de la AN. Ni Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) o el Grupo de Lima reconocieron esta directiva. 

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Foto cortesía

Sesión inválida

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Esa sesión en la AN no fue válida”, explica el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, para El Diario.

Esto se debe a tres razones: “No hubo verificación del quórum ni participación de la junta directiva anterior ni votación de todos los parlamentarios que tenían derecho a ingresar al hemiciclo para votar”.

De acuerdo con el Reglamento Interior y de Debates, en su artículo 11:

blank En la reunión inicial de las sesiones ordinarias de cada año, a celebrarse el cinco de enero o en la fecha más próxima a este día, con el objeto de elegir una nueva Junta Directiva, los diputados y diputadas que concurran se constituirán en Comisión bajo la dirección del Presidente o Presidenta de la Junta Directiva en funciones”.

Para Rafalli, la obstrucción por parte de los organismos de seguridad del Estado para evitar el ingreso de los diputados a la AN supuso una violación a la Constitución. 

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Foto cortesía

“Esto no ocurría desde 1848, cuando los hermanos (José Tadeo y José Gregorio) Monagas tomaron fácticamente el Congreso, o al menos no de esta forma tan grotesca. Ese recinto pertenece al Poder Legislativo del país, y todos esos diputados fueron electos válidamente. Incluso la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reconocido que el mandato de la AN es hasta enero del año 2021”, asevera.

Para el momento en que fue votada la nueva directiva de la AN no había el quórum necesario de diputados, de acuerdo con el artículo 221 de la Carta Magna, que indica que:

blank No podrá ser en ningún caso inferior a la mayoría absoluta de los y las integrantes de la Asamblea Nacional”

Lo cual equivale a 84 legisladores. Esto debido a la referida obstrucción por parte de los organismos de seguridad a las instalaciones del Palacio Federal Legislativo.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Jesús María Casal, aseguró que lo ocurrido “fue un golpe en contra del Parlamento”.

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Todo lo que ocurrió allí fue irregular y violatorio de la Constitución. Fue una actuación de facto y un abuso de poder, con la colaboración de la Guardia Nacional y el apoyo de algunos diputados, lamentablemente, tanto del gobierno de Nicolás Maduro como de otros que antes se identificaban con la oposición. Todos los parlamentarios debían contar con el derecho de votar, y el presidente saliente, que era Juan Guaidó, debía dirigir la sesión” Jesús María Casal.

Agregó que, en consecuencia, la Junta Directiva anterior, liderada por Juan Guaidó, seguía ejerciendo sus funciones en horas de la tarde, de acuerdo con el principio de continuidad administrativa.

El abogado indicó que ni siquiera teniendo en cuenta las posiciones jurídicas emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se puede sostener la legitimidad y legalidad de la nueva directiva. 

Inconstitucionalidad. La Sala Constitucional del TSJ, en la sentencia N° 0003-2019 dictada el 11 de enero del año 2016, declaró la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo y había dictaminado que las Juntas Directivas elegidas durante los años 2017, 2018 y 2019 no tenían validez al ser consideradas como “usurpadoras de autoridad”.

De acuerdo con el TSJ, todos sus actos “eran nulos de nulidad absoluta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 constitucional”.

A partir de 2016, el bloque parlamentario del Psuv dejó de asistir a las sesiones ordinarias de la AN, y se reincorporó el 23 de septiembre del año 2019 luego del diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y una fracción que no representa a la mayoría de la oposición.

“De acuerdo con los criterios arbitrarios del TSJ”, indica Casal, “la AN está en desacato. Y ellos han establecido que para superar ese desacato, el que tiene que iniciar la sesión para elegir una nueva Junta Directiva sería Henry Ramos Allup –diputado y dirigente del partido Acción Democrática, quien, junto a Enrique Márquez y José Simón Calzadilla, conformaban en ese momento (2016) la Junta Directiva en la AN–. Eso quiere decir que, según ellos, esta nueva directiva tampoco sería válida. No pueden justificarlo ahora».

Proclamación fuera del hemiciclo

Ante la toma del Palacio Federal Legislativo por parte de los funcionarios de seguridad y la directiva írrita proclamada por el régimen chavista, Guaidó y las fracciones de la oposición que lo respaldan se dirigieron a las instalaciones del diario El Nacional –un medio local independiente–, donde instalaron de manera improvisada una tarima para realizar la sesión del nuevo período de la AN. 

Para las 5:00 pm, la convocatoria contó con la presencia de 100 diputados, suficientes, de acuerdo al artículo 221 de la Constitución, para dar inicio a la sesión. Rafalli y Casal coincidieron en que el Reglamento de Interior y de Debates no descarta la posibilidad de que la investidura de la Junta Directiva se realice fuera de las instalaciones del Poder Legislativo.

Artículo 221:

blank El Poder Legislativo Nacional se ejerce por órgano de la Asamblea Nacional, vocera del pueblo venezolano. Su sede es la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, y se reunirá en el salón de sesiones del Palacio Federal Legislativo, pudiendo sesionar en lugar diferente o en otra ciudad, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes o por decisión de la Junta Directiva”.

“El Parlamento no es el edificio del hemiciclo, sino el cuerpo de legisladores en actividad. El grupo de parlamentarios puede válidamente sesionar fuera del hemiciclo, y ellos pueden sesionar fuera de las instalaciones, conforme a lo establecido en el artículo 1 del reglamento”, refirió Rafalli. 

Los opositores propusieron entonces a Juan Guaidó para ser reelegido como presidente de la AN y como mandatario interino de Venezuela. La propuesta, que también incluía a Juan Pablo Guanipa –quien estaba en el exilio al ser perseguido por el régimen de Maduro– como primer vicepresidente y a Carlos Berrizbeitia como segundo vicepresidente, fue aprobada por la totalidad de los parlamentarios presentes.

El artículo 233 de la Constitución fue esgrimido por los parlamentarios para justificar el nombramiento de Guaidó como presidente interino, pues indica que:  

blank Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”

La falta absoluta es declarada por la oposición venezolana debido a las irregularidades denunciadas por la AN y la comunidad internacional en las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Nicolás Maduro en el año 2018.

La votación para reelegir en el cargo a Guaidó y aprobar a los nuevos miembros de la directiva se realizó de forma uninominal. Es decir, los diputados fueron llamados por su nombre y apellido para que ratificaran a cada uno de los miembros propuestos. Incluso la “fracción 16 de Julio”, integrada por dirigentes opositores más radicales a Maduro y críticos con la gestión de Guaidó, decidieron dar su apoyo favorable luego de la estrategia del PSUV para imponer a Parra en la directiva paralela. Horas antes, dicha fracción había develado su intención de abstenerse en la votación.

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Hoy volvimos a derrotar a la dictadura”, celebró Guaidó tras ser investido presidente encargado.
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Foto: Prensa Presidencial

Un domingo de represión

El hostigamiento contra los dirigentes opositores inició en la madrugada del domingo, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tomaron el Hotel Paseo Las Mercedes donde se hospedaban 40 parlamentarios. Además, los opositores denunciaron que una maleta con explosivos se encontraba en las afueras del hotel. 

Más temprano de la hora pautada para la sesión, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) –cuerpos de seguridad a la orden del chavismo– intentaron impedir el acceso a los diputados a las adyacencias del Parlamento, ubicado en el centro de Caracas. Antes de ingresar a las cercanías del Legislativo, los parlamentarios opositores debieron superar dos piquetes de la GNB que, en un proceso más lento de lo habitual, certificaron las credenciales necesarias. 

A los diputados por el estado Amazonas no se les permitió el paso. Al menos una treintena de medios de comunicación, entre los cuales se encontraba El Diario, también debió esperar en las calles desde las 8:00 am, ante la negativa del Ministerio de Comunicación de aceptar la lista de acreditados de la AN para dar cobertura a la sesión.

A pesar de los impedimentos, la mayoría de los diputados opositores atravesaron el cerco policial. Según confirmó luego Stalin González, diputado de Un Nuevo Tiempo (UNT), en la AN ingresaron 127 parlamentarios, pero no dejaron acceder a presidente Guaidó. Ángel Medina, diputado de Primero Justicia (PJ), fue uno de los primeros en llegar al Palacio Federal Legislativo, a las 9:30 am. “Es inadmisible que se impida la entrada a los cuerpos diplomáticos”, denunció Medina. 

Una hora después, el también diputado de PJ, Juan Pablo Guanipa, llegó al lugar. “A partir de hoy, independientemente de lo que pase en esta sesión, nosotros tomamos la decisión de seguir en la calle”. Guanipa se encontraba en la clandestinidad desde el pasado mes de octubre, luego de que la asamblea nacional constituyente (ANC) le retirara la inmunidad parlamentaria. Freddy Superlano, diputado de Voluntad Popular que residía en Estados Unidos luego de que la ANC retirara su inmunidad, también estuvo presente. 

A las 12:30 pm la tensión aumentó con la llegada al Parlamento del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Encargados de medios de la televisión pública venezolana, con el apoyo de la GNB, agredieron y amenazaron a los periodistas que cubrieron la llegada del parlamentario.

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Foto cortesía

Guaidó y los diputados de la AN no pudieron ingresar al Palacio Federal Legislativo durante el resto del día. Mientras que el presidente interino intentaba cruzar la reja metálica para ingresar al Parlamento, en medio de empujones y agresiones de la GNB, en el hemiciclo los diputados del chavismo votaron a una “nueva directiva”.

Diputados traidores

Desde el gobierno interino de Juan Guaidó insisten en que los parlamentarios que votaron en alianza con el chavismo «traicionaron» la hoja de ruta de lo que desde la oposición al régimen llaman el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Entre los diputados que anteriormente se identificaban con el bloque opositor en la Asamblea Nacional y que votaron por la Junta Directiva liderada por Parra se encuentran:

Conrado Pérez, miembro de la Comisión de Contraloría que admitió haber cerrado investigaciones al empresario Alex Saab, quien está siendo investigado por las autoridades colombianas debido a sus lazos con el régimen de Maduro. Fue expulsado de Primero Justicia.

Freddy Paz, miembro de la Comisión de Cultura y del partido Un Nuevo Tiempo.

Adolfo Superlano, miembro de la Comisión de Contraloría. También acusado de presunta corrupción.

Leandro Domínguez, diputado independiente del estado Carabobo que dijo que no votaría por Juan Guaidó para el período legislativo vigente hasta el año 2021.

Guillermo Luces, parlamentario expulsado del partido Voluntad Popular por su presunta relación con el empresario Saab.

José Antonio España, legislador expulsado del partido Cambiemos por haber incurrido presuntamente en actos de corrupción.

José Gregorio Aparicio, diputado expulsado del partido Cambiemos.

José Gregorio Noriega, diputado expulsado del partido Voluntad Popular por haber aceptado, presuntamente, sobornos por parte del régimen de Maduro.

Kerrins Mavarez, suplente del diputado Luis Stefanelli –quien está exiliado y le recriminó el haber votado por la Junta Directiva de Parra–.

Lucila Pacheco, diputada que obtuvo su escaño como dirigente del chavismo por el partido Patria Para Todos (PPT) y que después se incorporó a las filas de la oposición.

Luis Loaiza, del partido Encuentro Ciudadano y acusado de haber recibido presuntamente sobornos por parte del régimen.

Manuel González, diputado suplente del parlamentario Américo de Grazia, quien está exiliado y aseguró que González “no representa la voz de los ciudadanos del estado Bolívar”.

Richard Arteaga, miembro de la Comisión de Contraloría investigado por el partido Voluntad Popular debido a que presuntamente recibió prebendas por parte del régimen.

Williams (Golo) Gil, parlamentario expulsado del partido Cuentas Claras, de acuerdo con la organización, por “no haber acatado el lineamiento político para la elección de la Junta Directiva de la AN para el período 2020”.

Tanto Juan Guaidó como Luis Parra convocaron para el próximo martes una sesión en el Palacio Legislativo.

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