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- La ex congresista colombiana, prófuga de la justicia por el delito de fraude electoral, fue recapturada en Venezuela. El Diario conversó con Carlos Andrés Arias, analista político colombiano, para entender las dificultades de la extradición de Merlano por el fin de las relaciones consulares entre Iván Duque y Nicolás Maduro
Las relaciones entre Colombia y Venezuela se han visto trastocadas en los últimos años. El régimen de Nicolás Maduro ha injuriado al país vecino y a sus dirigentes. Además, la migración venezolana a las ciudades neogranadinas ha provocado opiniones encontrada entre representantes de ambos países. Más 1.600.000 personas, en calidad de refugiados o migrantes, han decidido dejar sus hogares en Venezuela para buscar un mejor futuro.
El 27 de enero de este año las diferencias políticas entre Iván Duque, presidente de Colombia, y Nicolás Maduro volvieron a complicar la relación entre ambas naciones. La excongresista Aida Merlano Rebolledo, prófuga de la justicia colombiana, fue capturada en el municipio Cabimas, ubicado en el Zulia, por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Según Tarek William Saab, fiscal general de Nicolás Maduro, la ciudadana colombiana fue encarcelada por los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir.
Problemas diplomáticos entre Venezuela y Colombia
Un mes después, el 23 de enero de 2019, cuando Juan Guaidó se juramentó ante una multitud de ciudadanos en Caracas como presidente interino de Venezuela, la relación entre Colombia y Venezuela se empezó a resquebrajar. Iván Duque reconoció la presidencia de Guaidó y desconoció el poder del régimen de Nicolás Maduro.
Al mes siguiente, el 23 de febrero, Nicolás Maduro en un mitin público exclamó: “La paciencia se agotó, no puedo seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el Gobierno fascista de Colombia”. Le dio a los diplomáticos neogranadinos 24 horas para dejar el país.
En septiembre de 2019 ocurrió la estocada para complicar las relaciones: El hallazgo de campamentos guerrilleros en territorio venezolano y la relación entre los entes de seguridad del gobierno de Maduro y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue un punto de quiebre para la administración de Duque.
La revista Semana publicó el 9 de septiembre de 2019 una serie de documentos firmados por Remigio Ceballo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en los cuáles se confirmaba la estrecha relación del componente militar con los grupos guerrilleros.
Desde la ciudad de Bogotá, Carlos Arias, experto en relaciones internacionales, explica en exclusiva para El Diario que la extradición de Merlano al territorio colombiano se dificulta por la ausencia de relaciones diplomáticas.
“Las dificultades para la extradición son todas y de carácter político, diplomático y de egos de los gobernantes de los países hermanos”, agrega el analista colombiano.
El Ministerio de Justicia de Colombia realizó el pedido de extradición a Juan Guaidó, reconocido por Iván Duque como el gobierno legítimo de Venezuela. Pero, al mismo tiempo, los entes de seguridad del Estado venezolano están bajo el mandato del gobierno de Nicolás Maduro.
Entonces, el caso de Merlano es una muestra, según Arias, de la debilidad de las relaciones con Juan Guaidó porque su poder, de cierta manera, es pírrico y no puede responder a la solicitud de extradición realizada por Duque. Maduro, por su parte, tildó de “ridículo” la petición realizada a Guaidó y le ofreció al presidente colombiano el restablecimiento de las relaciones consulares para la tramitación de la extradición de Merlano.
Iván Duque, respondió al día siguiente, 30 de enero, con el recuerdo de la expulsión de los empleados diplomáticos del país neogranadino en territorio venezolano y la relación que posee el gobierno de Nicolás Maduro con los grupos disidentes de las FARC y el ELN. Además, comentó que “Hoy en día nosotros vemos que hay muy pocas garantías en Venezuela para la prestación de servicios consulares y otros servicios, sencilla y llanamente por la constante violencia que hay, por parte de la dictadura, frente a muchos países que han marcado una línea de rechazo hacia la dictadura”.
La resolución para la situación de extradición de la excongresista, agrega Carlos Arias, está sustentado en la Interpol (Organización de Policía Criminal) porque las relaciones diplomáticas entre ambas naciones sean, de cierta forma, inexistentes. “Aunque sea inconsecuente con su actual política de relaciones exteriores, el gobierno colombiano debería ser mucho más realista y abrir canales para que Maduro permita la extradición de Merlano”, recomienda el analista colombiano.
Reglamento para la extradición según la Interpol y el Tratado de extradición entre Colombia y Venezuela.
La Organización de Policía Criminal, mayormente conocida como la Interpol, es un ente intergubernamental que cuenta con 194 miembros activos. La relación entre los distintos entes de seguridad del mundo, que tienen a dicha organización como nexo, permite la captura de criminales que cruzan las fronteras internacionales para escapar de sus delitos. nnEn el informe llamado Mecanismos de cooperación penal internacional: La Extradición y las Guías Rápidas sobre Extradición para los Estados de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) este organismo presenta los pasos a seguir para lograr un proceso de extradición. “Desde su uso original como mecanismo de devolución de personas que presuntamente habían cometido Delitos Políticos, hasta su regulación actual que comprende un abanico mucho más amplio de crímenes, excluyendo justamente los políticos”, dice el reglamento. nnLa Secretaria General del organismo se encarga de publicar las notificaciones de extradición a las Oficinas Centrales Nacionales (OCN), que son los estamentos que tiene la Interpol en cada uno de los 194 países. Por ejemplo, la notificación roja tiene como objeto la inmediata detención de personas buscadas con miras a la extradición, como el requerimiento de Colombia por Merlano; la notificación azul sólo tiene como finalidad la localización de una persona que es relevante para una investigación judicial; la notificación verde tiene como objetivo advertir sobre la peligrosidad de una persona que es considerada como amenaza. nnAdemás del nexo de ambas naciones a través de un ente intergubernamental como la Interpol, en 1988 se firmó un Tratado de extradición entre Colombia y Venezuela para “hacer más eficaz la cooperación en la lucha contra la delincuencia, facilitar la acción de la justicia y evitar la impunidad de los delitos que resultaría de la evasión de los delincuentes”.
El camino hacia su arresto
En Colombia, Merlano fue investigada por la Fiscalía por los delitos de fraude electoral por lo que no pudo asumir el cargo de senadora. El Consejo Nacional Electoral de Colombia la acusó de pagar 1,7 millones de dólares para la compra de votos en todo el territorio de la costa Caribe.
La investigación descubrió a Aida Merlano haciendo entrega de grandes cantidades de dinero, que equivalía a 1.700.000 dólares según el Consejo Nacional Electoral de Colombia, a varios líderes comunitarios que se encargaban de realizar el pago correspondiente a cada uno de los votantes. El 17 de abril de 2018 fue recluida en la cárcel El Buen Pastor, ubicada en Bogotá, y en septiembre de 2019 La Corte Suprema de Justicia la condenó a 15 años de prisión.
La Corte de Colombia aclaró en el momento de la sentencia que los métodos de Merlano para ascender en el ámbito político “no fueron transparentes sino el resultado de una estructura delictiva ideada por ella, coordinada, dirigida y organizada, que venía funcionando de tiempo atrás en la consecución de escaños de elección popular a través de la vulneración de los diferentes mecanismos de participación democrática, entre ellos, la compra del voto”.
El modus operandi de la representante de la Cámara Baja del Senado entre 2014 y 2018, junto a 21 personas más, según el fallo de la Corte era: primero le pagaban a los posibles votantes 15.000 pesos colombianos, equivalente a 5 dólares. Luego, cuando el equipo de Merlano confirmaba el voto pagaba un restante de 35.000 pesos, unos 11 dólares.
Los participantes del equipo de Merlano, que se encargaban de encontrar a los votantes, les pagaban 10.000 pesos por cada voto que lograban conseguir. Las investigaciones de la Fiscalía demostraron que la red de fraude electoral dirigida por la ex-senadora estaba en funcionamiento desde 2014 y ejercía un control de los votantes a través de una base de datos de identificación ciudadana.
El sistema electrónico del equipo de la colombiana contaba con talonarios, con el nombre del líder comunitario que se encargada de comprar el voto, la inscripción del votante con un código QR y, además, tenía elementos electrónicos que permitían leer el código de barras de cada cédula de identidad para saber donde estaba registrado el votante. Por otra parte, cuando desconfiaban de la veracidad de un votante le retenían la cédula para asegurarse que no iba a votar por otro candidato.
La sentencia de Merlano fue importante para esclarecer la historia de corrupción electoral en la zona Caribe de Colombia. En palabras de Jorge Iván Cuervo, investigar en Relaciones Internacionales de la Universidad Externado del país vecino, comentó que el caso de Aida Merlano se “convirtió en un caso emblemático de corrupción electoral porque, aunque siempre se había sabido que en Colombia, especialmente en la costa Caribe, se compraban votos, con ella fue la primera vez que llegó a probarseu0022.
Pero, aunque su encarcelación fue importante en el ámbito político colombiano, su nombre empezó a resonar en la opinión pública al protagonizar una fuga de película.
¿Cómo fue la fuga de Merlano?
El 1° de octubre del año pasado la excongresista aprovechó una cita odontológica para escaparse de la justicia colombiana. En una clínica de Bogotá, mientras los custodios resguardaban la puerta del consultorio, Merlano aprovechó un momento de soledad para cambiar su ropa, buscar una soga roja que estaba guardada en una gaveta y lanzarse por la ventana. En la parte de abajo la esperaba un motorizado. En menos de dos minutos Aida Merlano se escapó.
El camino de Merlano, según varias fuentes de NTN24, fue bastante largo antes de llegar al calor inclemente del estado Zulia. Partió de la planicie de la capital colombiana rumbo a la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca, para cruzar la frontera hasta Ecuador. Pero la estadía de la exfuncionaria no fue favorable, según el relato de las fuentes, y retomó el rumbo para Cali.
El primer lugar de residencia de Merlano en Venezuela fue Lecherías, en el estado Anzoátegui, pero las dificultades para encontrar efectivo y la lejanía entre la costa venezolana y la frontera colombiana, obligó a la ex congresista a trasladarse a una ciudad más cercana de la Guajira. Al llegar a Cabimas, en una zona residencial del municipio, las dificultades de logística de la fuga se fueron apaciguando. Jacob Vargas, su compañero sentimental, tenía la posibilidad de cruzar la frontera con regularidad para abastecerse de víveres y dinero.
Después de casi cuatro meses prófuga de la justicia, Aida Merlano fue capturada en territorio venezolano por las FAES.
Aunque existen varios nexos consulares entre ambas naciones para tratar casos como el de Aida Merlano, como el Tratado de Extradición de 1988 y el procedimiento de la Interpol, la reanudación de las relaciones entre los gobiernos de Iván Duque y Nicolás Maduro se encuentra paralizada. Por ende, la ex congresista colombiana se mantendrá en El Helicoide, que es el centro de operaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde fue recluida luego de su recaptura.
