• Ante la poca celeridad del Congreso para decidir sobre si aprobar o no un préstamo de 109.000.000 de dólares para financiar un plan de seguridad nacional, el presidente Nayib Bukele ingresó a la Asamblea Legislativa con militares y policías. Expertos consultados por El Diario coincidieron en que esa acción es una práctica antidemocrática 

La crisis institucional que atraviesa El Salvador parece haber logrado una ligera tregua luego de que el presidente de esa nación, Nayib Bukele, acatara —pese a su desacuerdo— las medidas cautelares emanadas el 10 de febrero por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que invalidan las aspiraciones del Ejecutivo de disolver el Congreso si este no le aprueba un nuevo préstamo para financiar su plan de seguridad nacional.

La Sala de lo Constitucional, además, instó al mandatario salvadoreño a no hacer uso del Ejército ni de la policía en actividades políticas que puedan poner en riesgo la separación de los poderes públicos del Estado. 

La decisión del supremo surgió debido a que el pasado domingo, 9 de febrero, Bukele irrumpió sorpresivamente en la sede de la Asamblea Legislativa escoltado por militares y policías armados. Una vez en el Salón Azul ocupó la silla del presidente del parlamento, Mario Ponce, y sin contar con el quórum requerido ordenó el inicio de la sesión amparado, según dijo, en un derecho divino. Momentos después, cubrió su rostro con las dos manos, lloró, y aseguró que Dios le había pedido paciencia. 

El presidente Nayib Bukele junto al diputado Guillermo Gallegos del partido GANA durante la sesión del domingo en el Congreso. Foto: EFE

A su salida del Palacio Federal Legislativo, el mandatario salvadoreño arengó a sus miles de seguidores durante un mitin y estos, según dijo, le pedían “insurrección” popular según lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución. 

Por ello pidió calma a sus seguidores y dio un plazo de una semana a los diputados, mayormente opositores a su gestión, para que le aprobaran el crédito por 109.000.000 de dólares para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial que busca seguir disminuyendo la delincuencia en El Salvador.  

Según datos del propio gobierno, Bukele ha logrado disminuir el índice de homicidios en 58,8% durante enero de 2020 en comparación con el mismo mes, pero de 2019, antes de que asumiera como presidente. De hecho, este martes aseguró que no se reportó ningún homicidio en el país gracias a su plan de seguridad.

En 2019 el Estudio Mundial sobre el Homicidio publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) señaló que El Salvador registró 67 muertes por cada 100.000 habitantes, por lo que se considera el país más violento de la región. Luego le siguieron Venezuela y Jamaica con 57 muertes respectivamente, y Honduras con 42. 

Sin embargo, los planes de financiamiento de Bukele se han visto debilitados por el Legislativo debido a que solo cuenta con el tímido apoyo de Alianza por la Unidad Nacional (GANA) — la tolda que lo ayudó a ganar las elecciones presidenciales en febrero de 2019— que solo tiene 10 diputados de los 84 que conforman el Congreso. La mayoría del Parlamento se divide entre la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) con 37 representantes y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con 23. 

Visiones encontradas sobre la aprobación del crédito

El abogado salvadoreño Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, manifestó en exclusiva para El Diario que no existe justificación en que el Congreso dilate el proceso de aprobación del préstamo y refirió que no es la primera vez que el organismo actúa de esa forma.

“Es un comportamiento que tiene la Asamblea Legislativa de responder lento a una serie de aspectos que demanda el país”, añade. 

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana

Igualmente señala que la disputa política que vive actualmente El Salvador se debe, en parte, a las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021, donde los partidos que se encuentran en el Congreso buscan mantener su cuota de poder; mientras que Bukele favorecido por su alta popularidad (entre 78 y 90% según encuestas) puja porque su partido Nuevas Ideas (que no tiene representación parlamentaria) logre obtener 70% de diputados en el Legislativo. 

Estos tiempos políticos muchas veces van totalmente alejados de las realidades sociales”, expresó Escobar, en referencia a las demandas en seguridad que está exigiendo la población.

En contraste, Carlos Dada, periodista salvadoreño y director de El Faro, comentó para El Diario que la Asamblea Legislativa ya ha aprobado la mitad de los préstamos para extra financiamiento solicitados por el presidente Bukele, sin embargo, indicó que los diputados tienen dudas sobre el crédito de 109.000.0000 de dólares porque incluye una gran cantidad de dinero en compra de equipos que deben ser licitados. 

“Curiosamente nos enteramos la semana pasada de que funcionarios de su gobierno hicieron viajes pagados por una empresa de seguridad mexicana que justamente provee estos servicios, entonces los diputados han detenido la aprobación del préstamo porque dicen ellos quieren más explicaciones sobre el proceso de licitación”, señaló. 

Carlos Dada, periodista y fundador de El Faro. Foto: Knight Center / Flickr

El periodista se refiere concretamente al mexicano Grupo SeguriTech, una compañía multimillonaria especializada en la videovigilancia, que le confirmó a El Faro que pagó los gastos de un viaje en avión privado al viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales de El Salvador, Osiris Luna, realizados en octubre de 2019. 

“El viaje del señor Osiris Luna está ligado con la videovigilancia, ¿sí o no?, porque si la empresa que le pagó el viaje es la que está licitando la video vigilancia no habría transparencia”, cuestionó el diputado Mauricio Vargas de Arena. 

Mientras tanto, Bukele, al ser consultado sobre esa información señaló “qué bien que se confirma que el hombre trabajando estaba y no en otras cosas que la gente pudo haber pensado que andaba”.

La diputada Yanci Urbina, del FMLN ha expresado que durante los últimos ocho meses el parlamento le ha aprobado al gobierno 795.000.000 de dólares. 

El préstamo millonario en cifras

El crédito de 109.000.000 de dólares solicitado por Bukele fue aprobado en octubre de 2019 por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y presentado en noviembre de ese mismo mes al Parlamento, que aún no lo ha aprobado. 

Parte del dinero destinado se descompone de la siguiente forma, según datos de la Presidencia salvadoreña:

25.900.000 de dólares para equipos de infraestructura y videovigilancia. El gobierno busca instalar 4.075 cámaras de vigilancia y un sofisticado sistema de reconocimiento facial, así como la instalación de 750 kilómetros de fibra óptica, la compra de 89 dólares para la Policía Nacional Civil (PNC) y 28 para la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). Además, para la instalación de 13 centros de monitoreo policial y uno del Ejército.

17.700.000 de dólares para la compra de equipos tácticos operativos. De ese monto, se estima la compra de 23.000 uniformes, 10.000 pares de botas  y 6.808 chalecos antibalas para la PNC, así como 5.000 uniformes y 5.000 pares de botas y 2.985 chalecos antibalas para los militares. Igualmente, la adquisición de material para resguardo especial y la mejora de equipos de comunicación. 

15.500.000 de dólares estiman ser destinados para equipos, infraestructura y mobiliario médico. Esto se desprende en la mejora de 24 clínicas, la adquisición de 25 ambulancias, 18 equipos automatizados de laboratorio, 4 equipos de rayos X, entre otros. De igual forma, el presidente salvadoreño prevé incluir en el Ejército un equipo médico de cirugía y uno de resonancia magnética nuclear. 

3.300.000 de dólares serán destinados para capacitaciones, escalamientos e imprevistos. Con eso, el gobierno estima el pago de comisiones al BCIE, así como a gastos de administración, supervisión, auditoría o imprevistos. 

Rechazo a la militarización del Congreso

El ingreso repentino de Bukele a la Asamblea Legislativa con militares supuso un rechazo contundente por la comunidad internacional. Organismos que vigilan los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Right Watch repudiaron el hecho. A esto se le sumaron las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e integrantes de la Unión Europea en ese país centroamericano.

El abogado Escobar condenó señaló que “luego de la firma de los acuerdos de paz (en 1992) eso significa un grave retroceso para la democracia salvadoreña, porque esos acuerdos tenían como propósito sacar al Ejército (del parlamento) y desmilitarizar a la sociedad salvadoreña para que fueran las autoridades civiles las que decidieran sobre el destino del país”. 

Señaló, asimismo, que el comportamiento del presidente para solicitar la aprobación de fondos “no ha sido adecuado”. En cambio, sostuvo que lo que ha demandado la sociedad civil al Congreso es que sea responsable y realice un estudio completo y sincero para los gastos para los que se utilizará el empréstito.

“También hemos hecho el llamado al Ejecutivo en que esté presto a explicar, con el detalle que sea necesario, el destino de los fondos”, añadió.

Recordó que “a las Fuerzas Armadas se les encomendó la labor exclusiva de velar por la soberanía nacional y el respeto del territorio nacional. Esta utilización de las Fuerzas Armadas ingresando a la Asamblea Legislativa sin duda se convierte en un duro golpe para la democracia salvadoreña”.

Foto: AP

Carlos Dada, por su parte, refiere que la acción de Bukele le hizo entender a “todos los salvadoreños es que, al contrario de lo que creíamos, no somos inmunes a las aventuras caudillistas antidemocráticas”.

El periodista indicó que la sociedad civil organizada, que comprende gremios, empresarios, colectivos feministas, defensores de derechos humanos, universidades, tanques de pensamiento, fundaciones de análisis políticos, organizaciones de víctimas del conflicto armado y de defensa ambientalista han condenado, de forma unánime, la militarización de la Asamblea Legislativa. 

Ante las críticas por su accionar, el mandatario salvadoreño manifestó, durante una entrevista a El País que “si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo. Según las encuestas, 90% del pueblo nos apoya. También lo hacen las Fuerzas Armadas y la policía”.

Bukele aseguró que los diputados han retirado el apoyo a los soldados y policías que están en las calles y a quienes la delincuencia los está matando, porque “El Salvador es un pueblo violento, no hay una sola familia en el país a la que no le hayan matado un familiar. (…). En El Salvador se dan todas las condiciones para el estallido social, pero si no sucede es porque yo pedí al pueblo que tuviera calma”.

Comunicado de la Presidencia de El Salvador

El presidente salvadoreño ha manifestado que no puede esperar a que se realicen las elecciones legislativas de 2021 para contar con la aprobación del crédito del BCIE por parte del Parlamento en vista de que con ese dinero se podrían adquirir los equipos para reducir los homicidios 50% este mismo año. 

Entre 1980 y 1992 el país centroamericano vivió una guerra civil que dejó unos 75.000 muertes y cuyos actores principales fueron la Fuerza Armada y los insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El conflicto finalizó con los Acuerdos de Paz de Chapultepec (México) en 1992, que le permitieron a los insurgentes formar parte de la vida política en el país.

Sin embargo este conflicto armado facilitó el proceso de expansión y migración de las maras salvatruchas, unas peligrosas pandillas que han resistido planes de seguridad, encarcelamiento, confrontación o cualquier diálogo, y a las que Bukele ha vinculado con diputados del Congreso. 

Las maras son las pandillas más peligrosas de El Salvador a las que se le atribuyen la mayoría de los homicidios en el país. Foto: AFP

Vínculos de diputados con pandillas

En octubre de 2019 diputados de la subcomisión del Parlamento, que investigaban el incremento de homicidios, recibieron al director general de Centros Penales, Osiris Luna, quien constató que existen investigaciones en las cuales se trabaja un informe que vincula a políticos con las pandillas.

“Hay indicios que se están autenticando de participación de políticos en el financiamiento en alza de homicidios”, dijo en ese entonces el también viceministro de Seguridad. Sin embargo, los diputados suspendieron esa reunión y cortaron el audio a la prensa al asegurar que había una “falta de condiciones” para poder continuar con el encuentro.

Complicidad. En octubre de 2019 un testigo de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el juicio más grande que se ha llevado en ese país contra la Mara Salvatrucha (MS-13) reveló los vínculos entre diversos políticos y las pandillas.

El informante bajo el seudónimo de “Noé”, un miembro de las maras, quien aceptó declarar contra 426 de sus mismos integrantes para lograr beneficios judiciales, aseguró que el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt (del partido Arena), entregó 69 mil dólares a cambio de votos en las elecciones municipales y legislativas de 2015. 

Igualmente Noé mencionó que la ex guerrilla FMLN entregó a las maras 156.500 dólares durante las elecciones en las que ganó el anterior presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

En enero de 2020 la Fiscalía General de El Salvador aseguró que el diputado de Arena, Norman Quijano, tuvo vínculos con pandillas para cometer fraude electoral cuando fue candidato a la presidencia en 2014. El parlamentario niega los hechos. Sin embargo, las acusaciones en su contra se sustentan en videos y conversaciones telefónicas con supuestos cabecillas de la MS-13.

Diputado Norman Quijano. Foto: ÚltimaHora.sv

El abogado Escobar señaló que las reuniones de los partidos políticos con las pandillas es cierto. “Hay videos, audios, fotografías, procesos judiciales ya en curso contra miembros de partidos políticos de las dirigencias que han participado en este tipo de encuentros, reuniones o negociaciones con las pandillas. Esto obviamente ha sido muy cuestionado con toda la ciudadanía, esta relación políticos pandillas”. 

Sin embargo, expresó que es un argumento que el presidente Bukele “ha tergiversado y está mezclándolo con lo que pasó obviamente con la intención de tirar una cortina de humo para que no se siga hablando sobre su error” de ingresar por la fuerza al Congreso.

Artículo 87 de la Constitución de El Salvador

Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución.

El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación n ni la reforma de esta Constitución, y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta constitución.

Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución.
Artículo 167 de la Constitución de El Salvador

Corresponde al Concejo de Ministros:

1º Decretar el reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y su propio Reglamento;

2º Elaborar el plan general del Gobierno;

3º Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y presentarlo a la Asamblea Legislativa, por lo menos tres meses antes de que se inicie el nuevo ejercicio fiscal;

También conocerá de las reformas a dicho presupuesto cuando se trate de transferencias entre partidas de distintos Ramos de la Administración Pública;

4º Autorizar la erogación de sumas que no hayan sido incluidas en los presupuestos, a fin de satisfacer necesidades provenientes de guerra, de calamidad pública o de grave perturbación del orden, si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida, informando inmediatamente a la Junta Directiva de la misma, de las causas que motivaron tal medida, a efecto de quere unida que fuere ésta, apruebe o no los créditos correspondientes.

5º Proponer a la Asamblea Legislativa la suspensión de garantías constitucionales a que se refiere el Art. 29 de esta Constitución;

6º Suspender y restablecer las garantías constitucionales a que se refiere el Art. 29 de esta Constitución, si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida, En el primer caso, dará cuenta inmediatamente a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, de las causas que motivaron tal medida y de los actos que haya ejecutado en relación con ésta;

7º Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden;

8º Conocer y decidir sobre todos los asuntos que someta a su consideración el Presidente de la República.

La disputa por la interpretación de los artículos 87 y 167 de la Constitución

Como parte de su actuación el domingo, Bukele señala que según el artículo 167 de la Constitución salvadoreña el Consejo de Ministros, que forma parte del Ejecutivo, puede convocar una sesión extraordinaria. 

El abogado Eduardo Escobar refiere que aunque el presidente de la República tiene la atribución de convocar, de manera extraordinaria, a la Asamblea Legislativa para tratar temas de interés nacional, es necesario primero entender y contextualizar esa facultad. 

“En primer lugar, esto se ha señalado por expertos constitucionalistas, responde a un ‘resabio en la Constitución’, debido a que el Congreso salvadoreño tenía antes períodos de sesiones y períodos de receso, lo cual implicaba que ante una emergencia nacional que ocurriera dentro del período de receso no había Asamblea Legislativa conformada y si demandaba alguna acción legislativa pues no se podía concretar, entonces para eso se le habilitó esta función y esta competencia al presidente para convocar a la Asamblea en casos extraordinario”, explica.

Bukele luego de salir del Congreso. Foto AFP

Sin embargo, menciona que en el contexto en el que el presidente señaló el artículo, no ocurre el requisito de que exista una situación excepcional que demande que el presidente convocó a una Asamblea Legislativa. 

Dada, por su parte, señaló que “para una interpretación extensa de ese artículo constitucional se requiere entenderlo dentro de su contexto, dentro del espíritu de los constituyentes y eso no le compete ni al presidente de la República ni a mí, le compete a la Sala de lo Constitucional”. 

En cuanto al artículo 87 que invocó Bukele, el periodista señaló que “es un derecho del pueblo, no del presidente de la República, y es el presidente el que ha estado convocando a sus seguidores para manipularlos y llamarlos a una insurrección y de una manera irresponsable lavarse las manos y decir: no soy yo, yo no me puedo interponer entre el pueblo y su derecho a la insurrección”.

A propósito de ese artículo, Escobar refiere que es un derecho que se puede utilizar siempre y cuando concurran al menos dos requisitos: “el primero, que se estén dando graves violaciones a los derechos fundamentales por agentes estatales; el segundo, es que se dé una grave alteración e inobservancia en la forma y sistema de gobierno que la Constitución establece”.

Añade que “si eso se alterara, ya sea por tratar de suprimir o abolir una de estas instituciones, o por poner la reelección y por métodos violentos, eso habilita que el pueblo (y no las Fuerzas Armadas), puede insurreccionarse, pero solo para el efecto de deponer y separar a aquellas personas, aquellos funcionarios que están violentando la Constitución”.

No obstante, menciona que no se está en presencia de graves violaciones a los derechos fundamentales por agentes estatales y tampoco se está en presencia de una ruptura del orden constitucional en cuanto a su sistema de gobierno. 

“No está pasando eso, no se está sustituyendo, por ejemplo, las elecciones democráticas y libres por cualquier otro mecanismo de elección. Entonces, en esa medida no se configura los elementos y eso lo que muestra es una gran irresponsabilidad del presidente de la República al invocar este derecho que el día domingo al final tuvo que recular de no proceder”, sostuvo Escoba. 

Lo que se espera 

Escobar espera que Bukele “cumpla con el juramento de defender y cumplir la Constitución, y esto implica que se abstenga de seguir realizando hechos como los del día domingo. Esto implica, además, cumplir con la resolución de la Sala en lo Constitucional”. 

Señaló, asimismo, que la resolución de la crisis política en El Salvador va a depender de las acciones que el mandatario salvadoreño haga con respecto a las medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia persiste en realizar el acto el día domingo o deponer a los diputados de la Asamblea “aquí corresponde que el fiscal general proceda interponiendo la petición de antejuicio en la Asamblea Legislativa para que se inicie el proceso para determinar si hay que desaforar al presidente”. 

Desde el gobierno de Bukele han advertido que si los diputados no sesionan durante esta semana habrá una nueva convocatoria a la Asamblea Legislativa el próximo domingo. 

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