• Expertos consultados por El Diario coinciden en que la negativa del FMI de otorgar financiamiento a Venezuela tiene su origen en la crisis política que vive el país.

La retórica del régimen de Nicolás Maduro sufrió este martes 17 de marzo un giro de 180 grados con respecto al Fondo Monetario Internacional (FMI), que hasta hace poco era señalado como un emblema del criticado“capitalismo imperial”. El origen de este cambio se vincula con la reciente solicitud de un préstamo de 5.000 millones de dólares a través del Instrumento de Rápido Financiamiento (IFR) del organismo para hacer frente a la pandemia de Covid-19, de la cual según cifras oficiales en Venezuela hay 70 casos confirmados hasta este 20 de marzo.

La solicitud, realizada a través de una carta dirigida a la directora del FMI Kristalina Georgieva, ocurrió luego de que el FMI informó que está en capacidad de otorgar 50.000 millones de dólares en préstamos a sus miembros para poder hacer frente a la pandemia. 

El cambio de la postura gubernamental venezolana es visible al observar cómo luego de referirse al ente multilateral de forma despectiva durante años, en la carta enviada a Georgieva, Maduro se refiere al FMI como “su honorable organismo”.

Pese a esto, la respuesta del ente multilateral fue contundente ante el requerimiento, indicando que no aprobará el desembolso de los recursos solicitados debido a que el gobierno de Maduro carece de reconocimiento internacional, factor que consideran clave para otorgar cualquier tipo de financiamiento.

A juicio de José Uzcátegui, economista y profesor universitario, la solicitud de Maduro es una clara muestra de cómo la crisis que afronta el país — producto de las erradas políticas económicas— ha ocasionado que el Estado no cuente con los recursos mínimos para poder hacer frente a situaciones imprevistas como el Covid-19.  

“Los países normalmente solo recurren al FMI cuando atraviesan profundas crisis financieras, de las cuales no pueden salir sin ayuda”, indicó Uzcátegui en exclusiva para El Diario.

Esta es la primera ocasión en la cual el FMI se pronuncia sobre la legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro, luego de que decenas de países reconocieran al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó como el legítimo presidente de la República posterior a su juramentación en enero de 2019.

El economista Aarón Olmos señala, que ante retos económicos derivados de  acontecimientos como la pandemia Covid-19, lo usual es hacer uso de fondos de reserva para estabilizar la economía. Muestra de ello, a su juicio, es que los países más afectados por el virus como lo son China, España e Italia no han tenido que recurrir a ningún mecanismo de financiación para poder controlar la propagación de la enfermedad y tratar a sus ciudadanos, como sí lo ha tenido que hacer Venezuela.

“La razón es que ellos tienen bancos centrales que funcionan lo que les permite acudir sus ahorros para no tener que endeudarse con organismos internacionales”, comenta.

El IFR, al cual se hace referencia en la solicitud realizada por Maduro, es un mecanismo que proporciona asistencia rápida a aquellos países que debido a una urgencia requieren fondos para atender necesidades como “shocks de precios de las materias primas, catástrofes naturales, además de situaciones de conflicto y posconflicto”.

Pago. Los países que solicitan un IFR deben cancelarlos de manera trimestral durante un lapso de entre 3¼ y 5 años.

Una característica particular de este tipo de financiamiento otorgado por el FMI es que no requiere de la aplicación de un programa de reestructuración macroeconómica tal y como ocurre con otros tipos de préstamos otorgados por el organismo.

“La asistencia financiera del IFR se brinda en forma de compras directas sin necesidad de un programa propiamente dicho ni de exámenes”, indica el FMI en su portal web.

Una cifra calculada

El monto que fue solicitado al FMI, no se escogió al azar tal y como lo explica el economista Jesús Casique, pues la cifra representa el monto máximo de financiamiento al cual Venezuela puede acceder gracias a los Derechos Especiales de Giro (DEG) que posee. 

Dichos derechos son un activo, a disposición de los países miembros del FMI, cuyo valor es calculado diariamente en función de una cesta compuesta por el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés, la libra esterlina y el renminbi chino. Según los últimos datos publicados por el FMI, Venezuela posee actualmente 3.722,70 millones de DEG, equivalentes a poco más de 5.021 millones de dólares.

Ahorro. El DEG es un activo de reserva internacional creado, en 1969, por el FMI para complementar las reservas internacionales de los países miembros.

Casique asegura que la necesidad de financiación que evidencia la solicitud de un préstamo al FMI es inadmisible, luego de que Venezuela recibiera ingresos superiores a 630.000 millones de dólares durante los dos últimos booms petroleros registrados. El primero, ocurrido en el lapso comprendido entre los años 2004 y 2008; y, el segundo, acontecido entre 2011 y 2014.

“El gobierno, a pesar de haber percibido un monto global por concepto de exportaciones petroleras cercano a los 984.913 millones de dólares, no ahorró en tiempo de ‘vacas gordas’ y aquí están las consecuencias”, afirma Casique.

Tanto Uzcategui como Casique coinciden que, en condiciones normales, Maduro podría intentar recurrir a los dos principales aliados comerciales de Venezuela, China y Rusia. Sin embargo, debido a los estragos causados en las economías de ambos país producto del Covid-19 y a los exorbitantes montos que se les adeudan, esta posibilidad se torna inviable.

Otro aspecto que afecta la capacidad de maniobra de Maduro es la dramática caída de los precios del crudo —ocasionada por la desaceleración de la economía mundial— y que la producción se encuentra en mínimos históricos, pues la industria petrolera es la única que suministra un flujo constante de divisas al país.

La negativa del préstamo solicitado por Maduro al FMI representa un gran revés en sus intenciones de lograr financiamiento internacional. Olmos expresa que resulta poco factible que Venezuela pueda conseguir dinero fresco proveniente de un ente multilateral luego de la postura asumida por el FMI.

“Resulta muy difícil que algún otro organismo multilateral decida asumir el riesgo de otorgar financiamiento a Venezuela, más aún luego de la negativa del FMI”, asegura.

Uzcategui considera que Venezuela podrá recibir financiamiento internacional solamente cuando se produzca un consenso tanto político como institucional en el país; de no ocurrir esto ve poco factible que algún organismo multilateral como el FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo presten dinero al Estado venezolano.

“La ‘solidaridad’ está condicionada por factores políticos y nada parece indicar que el consenso que se requiere vaya a ser posible conseguirlo en el corto plazo”, lamenta.

Un elemento a considerar en caso de que se consiga alguna fuente de financiamiento internacional es que para que este pueda concretarse primero debe contar con el aval de la Asamblea Nacional tal y como lo establece el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A saber:

“No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional”.

Todos estos elementos parecen indicar que el tan ansiado préstamo, que requiere el país para poder hacer frente a la pandemia de Covid-19, es un sueño inalcanzable en las actuales condiciones políticas que tiene Venezuela.

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