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- Expertos consultados por El Diario aseguran que es necesaria la implementación de incentivos que ayuden a sobrellevar el impacto económico de la pandemia en el país.
Negocios cerrados, trabajadores en sus casas y la incertidumbre acerca de cuándo podrán reiniciar sus actividades laborales, son algunos de los elementos que conforman el dramático cuadro al que se enfrentan actualmente las empresas privadas en el país luego de la cuarentena decretada el pasado 15 de marzo debido a la pandemia de Covid-19.
Ante esta realidad, los empresarios aseguran que como consecuencia de la falta de ingresos ocasionada por la paralización de actividades, resulta insostenible el pago de las nóminas durante un lapso indeterminado. Señalan, que al no tener ingresos, están en riesgo de verse obligados a despedir empleados y, en último término, a tener que cerrar sus puertas de forma permanente.
La respuesta por parte de Nicolás Maduro ante tal situación fue el anuncio, este domingo 22 de marzo, de la creación de un plan que permitirá que las nóminas del sector privado, sean asumidas por el Estado a partir de este mes y durante un lapso de seis meses, con el objetivo de brindar alivio al sector privado. Explicó que el pago sería realizado a través del carnet de la patria, sin precisar cuáles serán los requisitos.
Como parte de las medidas asumidas por el Ejecutivo Nacional, el pago de los alquileres comerciales fue suprimido por un tiempo no menor a seis meses.
“Aún no es posible cuantificar la afectación de la industria, ya que apenas estamos evaluando cómo vamos a manejar nuestros procesos productivos para tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de seguir ofreciendo los productos necesarios para que la colectividad venezolana disponga de los mismos”, comenta en exclusiva para El Diario Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
Expertos y agrupaciones empresariales han solicitado al Estado la aplicación de medidas —similares a las implementadas en países como España, Alemania o Francia— que estimulen la economía y faciliten a las empresas poder honrar sus compromisos.
Pese a esto, la respuesta del gobierno fue aumentar el valor de la Unidad Tributaria (UT) de Bs. 50 a Bs. 1.500. Hecho que según el economista Manuel Sutherland no tiene justificación alguna. Pues aplicar este tipo de medidas en el contexto actual carece de sentido, cuando lo que se requiere son políticas diametralmente opuestas.
“El Estado tendría que estar aplicando estímulos focalizados para que los millones de personas, que viven de lo que producen diariamente, tengan con qué comer”, indicó en exclusiva para El Diario.
Considera imperativo que el pago de tributos como el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), además de los créditos bancarios, sean pospuestos por al menos dos meses mientras se supera la contingencia del Covid-19.
La visión de Sutherland referente a la postergación del pago de los impuestos es compartida por el diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina quien considera que esta medida permitiría aliviar la balanza de pagos de las empresas privadas.
“Exigimos el diferimiento del pago de los impuestos nacionales y municipales debido a la cuarentena para que las empresas puedan lograr pagar la nómina de empleados con ese dinero”, expresó el parlamentario durante una rueda de prensa ofrecida este domingo 22 de marzo.
Por su parte desde Fedecámaras también han formulado un conjunto de propuestas al gobierno —las cuales se encuentran contenidas en lo que denominan como el “Plan de Propuestas Transversales y Sectoriales para Venezuela ante el Covid-19”— a fin de que sean implementadas durante el lapso que dure la pandemia.
El documento, que consta de siete propuestas, incluye la suspensión temporal de la cotización a la Seguridad Social, tanto del patrono como del trabajador; la flexibilización del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el aplazamiento de nuevas regulaciones que impliquen una carga económica adicional a las pequeñas y medianas empresas.
“Consideramos imperativo el trabajo mancomunado del Estado, el sector privado y los trabajadores, así como de todos los actores sociales, políticos y económicos, por encima de cualquier diferencia, intereses particulares o limitaciones financieras que puedan estar presentes”, se lee al inicio de la propuesta presentada por Fedecámaras.
Otro aspecto que desde el Parlamento consideran fundamental para disminuir el impacto ocasionado por el Covid-19 en el bolsillo de los venezolanos, es lo que denominan como transferencias masivas de recursos directamente a los ciudadanos, permitiendo de esta manera que puedan adquirir alimentos durante el tiempo que dure la contingencia.
La respuesta por parte de Maduro a la solicitud de ayudas directas a la población, realizada desde diversos sectores, ha sido el otorgamiento, a través del carnet de la patria, de un bono de 350.000 bolívares. Dicho bono a juicio de Sutherland representa un monto irrisorio, pues tan solo permite adquirir poco más que un cartón de huevos.
A diferencia de otras naciones que han anunciado paquetes de ayuda por montos que en algunos casos superan los 200.000 millones de dólares, en el contexto de los bajos precios del barril de petróleo y la exigua cantidad de reservas internacionales, la respuesta del Estado venezolano ha sido casi nula.
Muestra de ello es la solicitud de un crédito por un monto de 5.000 millones de dólares realizada por Maduro al Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual fue negada debido a la falta de reconocimiento internacional a su gobierno.
Será necesario esperar el desenvolvimiento de los acontecimientos para poder apreciar si las medidas aplicadas por Maduro fueron implementadas a tiempo y si estas resultaron suficientes para que el sector privado lograse superar los retos que le supondrá la pandemia de Covid-19.
