• Expertos consultados por El Diario califican como un error la decisión anunciada por el régimen de Nicolás Maduro pues solo contribuirá a crear desabastecimiento.

El régimen de Nicolás Maduro dio este viernes un viraje a la política de liberación del precio de los alimentos que venía aplicando en el país. Durante una aparición pública realizada por la dirigente oficialista Delcy Rodríguez se dio a conocer un conjunto de medidas de fiscalización que buscan la aplicación de los denominados precios justos.

Entre las decisiones anunciadas por Rodríguez destacan la toma de las instalaciones del Consorcio de Oleaginosas de Portuguesa (Coposa), además de la venta supervisada de productos de las empresas Alimentos Polar y Plumrose.

Esta decisión a juicio de expertos como la economista Alicia Sepúlveda tendrá como consecuencia la creación de mafias que se beneficiarán con la venta de los alimentos regulados, tal y como sucedió en el pasado con los denominados “bachaqueros”. 

Afirma que la aplicación de la venta supervisada de productos también traerá el desabastecimiento de los alimentos que sean objeto de la regulación, situación que afectará de forma directa a la ciudadanía.

Este tipo de medidas lo que hacen es eliminar cualquier tipo de incentivo que pueda existir a la producción nacional”, señala Sepúlveda en exclusiva para El Diario.

La visión de Sepúlveda es compartida por el economista José Acosta quien comenta que suponiendo que la retórica del régimen fuese cierta y que los comerciantes estén especulando con el precio de sus productos, la solución sería incentivar la producción. Explica que de esta manera el mercado se podría regular sin que para ello el Estado deba tener injerencia de forma directa.

Foto: Cortesía

“La especulación, en los términos que lo plantean, solo se combate con mayor competencia y producción. Si desde el Ejecutivo se cree que ese es el origen del problema, deberían estimular la creación de empresas que puedan competir entre sí”, opina Acosta.

Ambos son tajantes al afirmar que ninguna solución a los problemas que afronta el país puede tener como respuesta el fijar precios de venta al público de forma unilateral por parte del Estado.

Alimentos Polar

Luego de conocerse la medida Alimentos Polar afirmó que dicha decisión atenta en contra de la seguridad alimentaria de los venezolanos. Argumentan que en estas condiciones la empresa no está en capacidad de garantizar el abastecimiento de sus productos en todos los rincones del país, tal y como venían haciéndolo pese a la pandemia de Covid-19.
En un comunicado publicado en el portal web de la compañía, Lorenzo Mendoza aseguró que los precios de sus productos están se encuentran ajustados a la realidad económica que se vive en Venezuela.
“No hay ninguna razón ni justificación para esta medida arbitraria. A pesar de toda la situación económica que enfrentamos, sumada a los problemas en el suministro de combustible y energía eléctrica, entre otros, seguimos produciendo y distribuyendo alimentos de calidad a precios ajustados a la realidad económica y cumpliendo con el país, conforme a las leyes venezolanas”, señaló el empresario en el comunicado.

¿Por qué sube el precio de los alimentos?

Sepulveda apunta que una de las causas que han devenido en el aumento de los precios de los alimentos está relacionada con los bajos niveles de producción que existen en el país producto de las expropiaciones masivas realizadas por parte del gobierno.

“La política gubernamental debe ser la de fijar las condiciones propicias para que las empresas privadas estén en capacidad de realizar su labor y puedan producir sin temor a que sus instalaciones puedan ser tomadas de la noche a la mañana”, indica.

Los anuncios realizados por Rodríguez se producen luego de que pese a la cuarentena y distanciamiento social que existe en el país, se registraron focos de protestas en diversos estados. El foco de gran parte de las manifestaciones ha sido el alto costo de los alimentos.

Esta situación según Acosta es uno de los motivos del viraje gubernamental respecto al control de precios —denominado por Rodríguez como venta supervisada de alimentos—.Cree que desde el régimen se intenta proyectar que estas medidas son la respuesta a las exigencias de la ciudadanía.

Como se han producido saqueos en algunos estados el gobierno está aplicando el control de precios para dar la impresión de que al menos está haciendo algo para atacar el problema”, comenta.

Este tipo de medidas según Acosta lo único que logrará es exacerbar los problemas por los cuales los ciudadanos están saliendo a protestar, es decir mayor dificultad para acceder a los productos y un mayor precio.

El experto apunta que el abastecimiento que se viene registrando en el país durante los últimos meses tiene su origen en la flexibilización de los controles que había realizado el régimen de Maduro. Es por ello que las importaciones tanto de insumos como de productos terminados han estado a cargo de la empresa privada con la consecuente adecuación de los precios para que resulte rentable.

Acosta asegura que el retroceso en esa política de flexibilizaciones conducirá a que las importaciones registren una contracción al no existir las garantías de que el precio al cual se vendan los productos permita garantizar un margen de ganancia.

“Nadie va a importar productos poniendo en riesgo sus divisas si no le garantizan que las va a poder recuperar vendiendo su mercancía al precio que determine necesario. Ese aumento del riesgo se traducirá en un incremento del precio de los productos”, señala.

Mientras que Sepúlveda señala que la flexibilización del control de precios que se había producido en el país era únicamente de facto por la no fiscalización de los precios, pues en ningún momento fue derogada la Ley Orgánica de Precios Justos.

“Nunca hubo un cambio en el marco legal, lo que ocurrió fue una omisión premeditada de la aplicación de la ley por parte del Estado”, precisa.

Esta no es la primera vez que desde el gobierno se hace uso de la figura de la ocupación temporal pues en el año 2014 ocurrió lo propio con la empresa Clorox. En esa oportunidad la justificación para la toma de las instalaciones de la compañía fue que sus propietarios cerraran la misma de forma arbitraria.

Situaciones similares han ocurrido en otras empresas tales como Duncan, Smurfit Kappa, Agroisleña, entre otras, las cuales permanecen hasta la fecha en manos del gobierno. 

Añade que las ocupaciones temporales son una práctica gubernamental que solamente ha ocasionado pérdidas tanto de empleos como de producción de alimentos, pues no existe a la fecha una sola empresa que luego de pasar a estar en manos del Estado no haya terminado en la quiebra.

Parece inminente la desaparición de los anaqueles de los productos, cuyo precio está siendo fiscalizado por el régimen. Las largas colas para comprar alimentos que habían quedado en el pasado pueden convertirse nuevamente en el día a día de muchos venezolanos. 

Noticias relacionadas