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- El abogado criminalista, penalista y experto consultor en riesgos especiales Mario Mármol explicó en exclusiva para El Diario cómo la ausencia del Estado ha generado la proliferación de “microestados”, que albergan bandas criminales, colectivos armados y delincuentes
Con la llegada de la denominada “revolución bolivariana” a Venezuela en 1999, se incrementaron los problemas económicos, políticos y sociales; ahora, 20 años más tarde, existe una preocupación mucho mayor que se le ha sumado a los distintos problemas que enfrentan diariamente los venezolanos: el incremento exacerbado de la delincuencia en el país.
En diversos estados del territorio nacional como Miranda, Distrito Capital, Aragua, Zulia, Lara y Bolívar, es común observar grupos irregulares organizados con autonomía en diversos sectores. Desde el pranato carcelario, los colectivos armados, los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta las tradicionales bandas de delincuentes, operan sin que parezca haber una respuesta contundente por parte del sistema de justicia nacional.
El abogado criminalista, penalista y experto consultor en riesgos especiales, Mario Mármol, contó en exclusiva para El Diario que en el país se han establecido “microestados” controlados por sujetos que operan desde recintos penitenciarios donde coordinan y manejan los secuestros, robos, hurtos y “se dan el tupé de organizar bandas y megabandas fuera de donde se encuentran recluidos”.
Menciona que estos grupos criminales son “intocables” por el Estado venezolano, pese a que las opciones para hacer frente a este tipo de situaciones están contempladas en la Constitución venezolana. Detalla que “la privatización y la descentralización” del sistema carcelario es una posibilidad legal que podría ayudar a controlar las bandas delincuenciales y el pranato que maneja buena parte del crimen organizado en el país.
De acuerdo con Mármol, los “microestados” están conformados por bandas, pranes y colectivos violentos que dominan territorios, se exponen en las redes sociales con su arsenal armamentístico, establecen “toques de queda” –como el impuesto en Petare el 4 de mayo por la banda del “Wilexis”– cubren o no sus caras y amedrentan en vista de la falta de presencia estatal “por negligencia u omisión”.
Las megabandas en Venezuela
A pesar de que desde 2013 existe la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, es común observar a sujetos armados en los denominados “colectivos” quienes, según el experto, ven su espacio de trabajo dentro de la dinámica del llamado “gobierno bolivariano”. También están grupos reducidos del ELN o disidentes de la FARC que hacen vida en Venezuela y son organizaciones terroristas y se manejan por una ideología marxista.
De igual forma se encuentran organizaciones criminales sin ideología política, sino con la idea de “cometer delitos” en las llamadas “zonas de paz”. De esos lugares, según el experto, aparecen megabandas como las de “El Coqui” en la Cota 905, “El Loco Leo” en El Valle, o la del “Wilexis” en Petare.
Maduro acusó a esa última banda de mantener supuestos nexos con la DEA por lo que el 8 de mayo envió a comisiones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestros (Conas) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a dar búsqueda y captura a su cabecilla Wuileisys Alexander Acevedo Monasterios. El operativo terminó con 12 presuntos antisociales ultimados, pero ninguno de ellos fue el líder.
Para Mármol, los procedimientos policiales en la zona de Petare no pueden tacharse de operaciones por ser afines o no a las líneas políticas de quienes detentan el poder político, sino que este tipo de bandas “no deberían existir. El Estado no puede permitir que estas bandas se creen y existan”.
El experto en criminalística critica el tiempo que se tardó tomar la determinación de irrumpir en una zona liderada por una megabanda, por lo cual insiste que el “Estado no se puede permitir acciones tardías” que además ponen en riesgo a la población que allí habita, y que en su mayoría suelen ciudadanos de bien que quedan expuestos a estos grupos y su imperio de la ley.
La aberración de la sociedad
Según el abogado criminalista, un elemento que causa preocupación es que en los sectores populares donde operan las bandas, sus habitantes poco a poco se identifican con el pran y comienzan a aborrecer a la autoridad y al Estado. A este fenómeno lo califica como una “aberración de la sociedad”.
El 4 de mayo a las 8:00 pm se registró un cacerolazo en Petare que duró dos horas. Los habitantes de esa popular barriada no estaban protestando por la precariedad de los servicios básicos, sino que –con el estruendo de las ollas– manifestaban su apoyo a alias “Wilexis”.
Horas antes de aquel suceso, había cesado un enfrentamiento armado que llevaba seis días sin tregua entre las bandas de “El Gusano” y la de Wuileisys Acevedo, quien gobierna el sector desde 2014. A través de cadenas de WhatsApp rodó un mensaje que decía “esta noche, desde tu ventana, en tu platabanda, a las 8:00 pm, gritemos ‘Wuileysis, amigo, Petare está contigo’”.
De acuerdo con Mármol, la ausencia de instituciones primarias como las escuelas, las iglesias de cualquier culto y la falta también de seguridad es lo que genera que los menores de edad crezcan en un ambiente de idolatrar, venerar, imitar o rendir culto a la figura del delincuente, quien tristemente se convierte en una especie de benefactor al llevar una ayuda económica “a la abuela o cualquier persona” del sector en el que opera.
En ese sentido, señala que la población que termina apoyando al pran lo hace por el elevado liderazgo del antisocial en la zona y en vista de que muchos se terminan beneficiando de la actividad criminal y, sin quererlo, forman parte de ella.
De hecho, en Petare es común que parte de sus pobladores vean a “Wilexis” como aquel benefactor que reparte ayudas sociales, da regalos a los niños y que, irónicamente, acabó con la “inseguridad” en la zona.
Se está hablando –dice Mármol– de una “sociedad enferma por la ausencia de las instituciones del Estado”. Es un problema que se extrapola no solo a las capitales, sino al interior y regiones del país.
La “insurgencia criminal”
Mario Mármol hace incluso la advertencia de que si no existe una respuesta contundente por parte de las autoridades, las megabandas pueden llegar a un nivel de “insurgencia criminal” como en Centroamérica, donde países como El Salvador, por ejemplo, aún luchan y tratan de erradicar a las maras salvatruchas, cuyos tentáculos han llegado incluso a Europa.
El abogado explica, además, sobre la estructura de este tipo de insurgencia y especifica áreas precisas de acción que hacen que las megabandas tengan poder: dominio del territorio, dominio de la población e influencia.
Cuando estos tres factores se unen, las organizaciones criminales cobran fuerza y viven del delito para mantenerse. Como ejemplos, cita los casos en Caracas de los colectivos armados en la parroquia 23 de Enero, los pranes de la Cota 905 y los 70 y así en muchas otras zonas del interior del país.
Una vez controlado el sector, continúa Mármol, estos sujetos se basan en la extorsión y el secuestro para poder mantenerse operando e incluso llegan a establecer su propio “sistema financiero”, como el caso de la moneda el “Panal” que surgió en el 23 de Enero. Ante la ausencia de las autoridades, dice el experto, se hace más fácil el reclutamiento de menores de edad.
¿Qué hace el ciudadano común ante la indefensión?
Los elevados niveles de impunidad en Venezuela alcanzan 98%, según Mármol. Esto quiere decir que de cada 100 delitos que se cometen 98 quedan sin proceso o sentencia. Con este indicador el mensaje al antisocial es que cometer delito no acarrea consecuencias penales.
La recomendación que da el abogado y criminalista es activar y elevar la “sana malicia”, lo que se traduce en que el ciudadano se haga responsable de su seguridad, que desconfíe del entorno para no convertirse en presa fácil. De acuerdo con Mármol la seguridad depende 80% de sí mismo.
La sensación de que los índices de criminalidad han disminuido en Venezuela no es del todo cierta, acota el experto, quien señala que el delincuente simplemente ha cambiado sus técnicas y modos de delinquir, pero el crimen sigue presente ante la ausencia de un Estado capaz de hacer cumplir la justicia.
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