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- La querella interpuesta por una compañía minera canadiense busca el pago de 1,4 millardos de dólares adeudados por Venezuela. Foto: AFP
La justicia estadounidense, a través de un juez en Delaware, emitió este 22 de mayo un fallo que reanuda el juicio de la demanda interpuesta por la compañía canadiense Crystallex en contra del Estado venezolano. La querella tiene como finalidad el control de las refinerías venezolanas en territorio estadounidense propiedad de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela.
La empresa reclama a Venezuela una indemnización por concepto de pérdidas ocasionadas por la nacionalización en el año 2008 de la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar, de los yacimientos auríferos más grandes del mundo, de la cual tenía los derechos de explotación.
Motivado a esto la empresa introdujo una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de la cual obtuvo un fallo favorable en el año 2014, en el que se ordenó al Estado venezolano el pago de 1,4 millardos de dólares como indemnización.
La decisión judicial fue publicada por la agencia de noticias estadounidense The Associated (AP), la cual informó que la minera canadiense había obtenido la luz verde para proceder con la venta de las refinerías propiedad de Citgo y así hacer efectiva la deuda.
La publicación de AP fue desmentida por funcionarios del gobierno del presidente interino Juan Guaidó los cuales explicaron que la decisión anunciada por el tribunal de Delaware solo contempla la reanudación del juicio y no significa la victoria por parte de la minera canadiense.
Respuesta del gobierno interino
Luego de que este 22 de mayo AP publicara el cable, Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en EE UU designado por Guaidó, señaló que la decisión que tomó el juez de Delaware solo “implica reanudar el juicio” de la empresa canadiense Crytallex –actualmente en quiebra– luego de que fuera expropiada en 2008 durante el gobierno de Hugo Chávez.
“Nadie puede embargar a Citgo sin una autorización (licencia) de la OFAC. Gracias a los esfuerzos del gobierno interino existe una protección de nuestros activos a través de una orden ejecutiva de la administración de los Estados Unidos”, detalló el diplomático venezolano a través de su cuenta en Twitter.
Vecchio, quien señaló que se ejercerán los recursos legales necesarios, especificó que el gobierno interino ya había notificado a la administración de Estados Unidos la posible reanudación del juicio, por lo que le solicitó al Gobierno de ese país “su participación a los efectos de ratificar la medida de protección establecida en la orden ejecutiva y en las directrices de OFAC”.
“Las deudas monstruosas dejadas de pagar por Maduro (más de $150 millardos) han puesto en riesgo todos activos de la nación en el mundo entero. Seguimos haciendo todo para protegerlos. El daño a la nación es incalculable e imperdonable”, agregó.
La Procuraduría Especial de la República de Venezuela coincidió con Vecchio en que “es falso” que la Corte de Delaware haya ordenado la venta de acciones de PDV Holding, Inc. “Solo ordenó reanudar el juicio intentado por Crystallex”.
El gobierno estadounidense, que reconoce a Guaidó como presidente encargado, ordenó en agosto de 2019 la protección de los activos de Venezuela en EE UU, lo que ha impedido que Crystallex pueda avanzar en su demanda sobre los activos de Citgo.
En ese contexto, el 24 de octubre de ese mismo año, el Departamento del Tesoro emitió la licencia general N° 5-4 donde se prohíbe por 90 días que los tenedores del bono Pdvsa 2020 hagan uso de la garantía que les da la mayoría de acciones de Citgo.
El Departamento del Tesoro luego modificó esa normativa para evitar que los tenedores de bonos puedan adquirir los activos de la referida filial de Pdvsa por impago de la deuda.
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