• Durante la cuarentena en el país, las violaciones a los derechos civiles se han vuelto comunes. En El Diario conversamos con Rafael Uzcátegui para conocer el panorama de esta situación en los próximos meses.

Desde que inició la cuarentena en el país el 13 de marzo, la censura se ha incrementado y el derecho a la información se ha visto aún más afectada. Durante los primeros 60 días del estado de alarma, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró 85 detenciones arbitrarias de personas de diferentes gremios y sectores de la sociedad civil.

Las constantes fallas en los servicios básicos se convirtieron en el detonante de la población, que dejó el confinamiento y salió a las calles para manifestar por la falta de agua, luz y gas. En estas protestas han sido detenidas 51 personas.

El régimen de Nicolás Maduro ha censurado a los periodistas y trabajadores de la salud. Diferir de los reportes que se ofrece en un balance oficial ha ocasionado que trabajadores de la prensa fueran detenidos y hasta encarcelados.

Foto: Cortesía

El sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, expresó para El Diario que los datos que se han recopilados en Provea sobre las violaciones de derechos civiles en los primeros dos meses del estado de alarma, confirman la advertencia que hacían acerca de la situación actual, la cual estaba siendo usada por Nicolás Maduro para aumentar los mecanismos de control y que estos se conviertan en la nueva normalidad de los venezolanos, independientemente que se supere la situación de la epidemia por Covid-19.

Uzcátegui indicó que si se toma en cuenta la totalidad de ataques por parte de la “furia bolivariana”- 58 viviendas en 19 estados-, se puede decir que esta respuesta represiva tiene una cobertura nacional y tiene el propósito inhibir e intimidar las exigencias por parte de los venezolanos. 

La Furia Bolivariana

El informe emitido por Provea reseñó que en las alocuciones del régimen entre el 26 y el 28 de marzo, Maduro y Diosdado Cabello mencionan en reiteradas ocasiones lo que denominan como Furia Bolivariana, para defender el “movimiento revolucionario”.

Luego de esas declaraciones, el 29 de marzo amanecieron 48 viviendas de personas señaladas como opositoras y enemigas al gobierno, con la frase “Furia Bolivariana” pintadas en las paredes junto con señas de amenazas. A los dos días, se registraron otros 4 casos.

“Existe una imposición de una narrativa única y cualquier expresión diferente a ese discurso está siendo objeto de persecución, de retaliación y de detenciones como el caso de los 22 periodistas, comunicadores y miembros de medios, que forman parte del total de 85 detenciones arbitrarias en estos dos meses”, agregó.

Señaló que los DD HH de los venezolanos fueron puestos en cuarentena con la llegada del coronavirus, siendo una oportunidad para el régimen de aumentar sus mecanismos de control.

“Los venezolanos estamos en el peor momento de la censura, de la imposibilidad para actuar de manera colectiva en el espacio público para la exigencia de derechos y esto hace que la Venezuela posterior al coronavirus va a ser una con muchas menos libertades”, lamentó.

Pandemia por Covid-19 agrava la situación del país

Uzcátegui mencionó que una situación tan difícil como la ocasionada por el coronavirus de Wuhan y que según la Academia de Ciencias se estaría entrando en la fase de mayor cantidad de contagios en el país, coloca en contraste el hecho de que los venezolanos no pueden mantener la cuarentena en lo que sería próximamente el peor momento. 

Precisó que las personas sin percibir ingresos para poder comprar lo que necesitan para su familia, con crisis en los servicios básicos en donde no pueden ni siquiera cumplir con las normas más elementales de prevención como el lavado de manos, sin servicio de luz eléctrica, sin gas doméstico y con una aguda escasez de gasolina, no pueden mantenerse en casa.

«La situación dentro de venezuela va a ser mucho más difícil en los próximos meses, tanto por el aumento de contagios como por las situaciones relativas a la cuarentena, a la escasez de alimentos, al alto costo de la comida, a que las personas no tienen suficientes ingresos y que la viviendas no son seguras para poder mantenerse en cuarentena”, indicó.

Manifestó que la única respuesta que hay de las autoridades es la represión y que existe voluntad para canalizar de manera institucional las demandas de la población. Sostuvo que lo que hay son intentos de reprimir a la gente para que no ejerzan su derecho a la protesta. “Ya tenemos dos personas asesinadas en este contexto”, lamentó.

Provea: Detenidos y asesinados por protestar.

Las detenciones han sido al menos contra 41 hombres y 10 mujeres, entre ellos 3 adolescentes: joven 17 años detenido en Miranda, adolescente 15 años en Anzoátegui y un adolescente 16 años en Barinas. 2 hombres y una mujer. Las mismas han ocurridos en 11 estados del país: Táchira 3; Monagas 4; Miranda 2, Sucre 1, Anzoátegui 15, Barinas 5, Aragua 6 , Lara 1; Zulia 1, Carabobo 5, y 8 en Falcón.

Estas protestas llevadas a cabo por demandas de servicios públicos y derechos económicos y sociales ha dejado un saldo de 2 personas asesinadas. Charlis Antonino Nuñez, asesinado el 23 de abril en Upata, estado Bolívar fue la primera víctima cuando participaba en una protesta por alimentos y el 4 de mayo fue asesinado en Mérida, Rafael Hernández de 21 años, cuando participaba en un cacerolazo por los constantes cortes eléctricos en la región.

“Creemos que lo que pudiera ocurrir puede tratarse de una catástrofe humanitaria por todas las situaciones relativas a esta circunstancias del Covid-19”, agregó.

Organizaciones de DD HH piden unificación para enfrentar el virus

Uzcategui reiteró que la situación va a empeorar, que los venezolanos seguirán protestando porque están en una situación límite y ninguna represión, sino soluciona los problemas de fondo, va a hacer que la gente se mantenga callada en sus casas sufriendo el deterioro de su condición de vida.

Como organización de DD HH lamentamos que las autoridades de la Asamblea Nacional (AN) , tampoco hayan puesto el bienestar de la población como prioridad en estas circunstancias y continúen aprovechando este difícil momento de Venezuela para promover un cambio político”, puntualizó.

Hizo mención que desde las organizaciones han exigido que se haga una tregua de carácter humanitario para que las autoridades se pongan de acuerdo y diseñen la mejor propuesta posible como la sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se deben hacer todos los esfuerzos de coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad para dar una respuesta a la epidemia.

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Defensores de derechos humanos también son víctimas

En el documento de Provea se menciona que el estado de alarma, también ha significado una reducción en el espacio de acción y acompañamiento para defensores de DD HH a las víctimas. 

“No solo por las limitaciones de movilidad sino también por la negación de permisos para tránsito que permita seguir acompañando peticiones, denuncias e incluso para los actores humanitarios en su labor de apoyo a terceros en situación de vulnerabilidad’, señaló la organización. 

En el contexto del Covid-19, Provea indicó que al menos 4 defensores de derechos humanos fueron víctimas de detenciones arbitrarias mientras realizaban labores de acompañamiento o de asistencia. 

“Exigimos el cese de la represión, la persecución y el hostigamiento frente a la crítica y un abordaje, diferenciado, participativo, universal y con transparencia en los datos y las cifras de casos, que permitan disminuir las violaciones a derechos humanos en tiempos donde la concertación, la promoción y garantía de derechos es la forma adecuada de enfrentar la Pandemia que aqueja al planeta y a nuestro país”, manifestó Provea.

Los venezolanos están viviendo unos de los momentos más difíciles. Al país que está siendo golpeado por una fuerte crisis económica y las reiteradas violaciones de los derechos humanos, se le suma la pandemia por el Covid-19 que ha afectado a muchos países y que ahora representa una amenaza más en la ya mermada calidad de vida de los ciudadanos quienes ya no ven como una posibilidad permanecer en sus viviendas ante la mirada indolente del Estado ante sus reclamos.

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