• El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se ha posicionado como el organismo policial, solo por detrás de las FAES, responsable de más ejecuciones extrajudiciales en el país, según un estudio presentado por la ONG Proiuris. Foto principal de AFP

La actuación policial de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ha sido una de las más condenadas, incluso ante instancias internacionales, por ser un organismo “de exterminio”, como lo calificó la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachellet, en su informe (presentado en junio de 2019) sobre derechos humanos en Venezuela.

Sin embargo, existe un organismo policial que también ha sido calificado como grupo de exterminio en Venezuela: el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La ONG Proiuris presentó un informe, el 29 de mayo, sobre la participación de la policía científica en presuntas ejecuciones extrajudiciales desde diciembre de 2019 hasta el 15 de mayo de 2020. En el seminario «Cicpc, de policía científica a grupo de exterminio» determinó que este organismo de seguridad es el segundo ente policial acusado de más ejecuciones extrajudiciales en el país, solo superado por las FAES.

Barriada de Petare. Foto: Cortesía

Proiuris desglosó en su informe las cifras de ejecuciones arbitrarias, patrones y características del proceso penal que involucra un asesinato de este tipo. Una de las características que registró el informe en la recolección de datos es la “estigmatización” de las víctimas.

El asesor editorial de la ONG, Edgar López, explicó en el seminario que la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en zonas populares, cuyas víctimas son hombres de tez morena y de bajos ingresos económicos. Además, precisa que muchas de las personas asesinadas tienen antecedentes penales.

El informe monitoreó los casos de víctimas a manos del Cicpc a través de medios de comunicación digitales. El estudio arrojó un total de 1.020 ejecuciones extrajudiciales desde diciembre de 2019 hasta el 15 de mayo de 2020.

Es muy perverso que esta política de mano dura, que es sistémica, entienda la revictimización sobre la base de prejuicios. Se trata de hombres morenos, jóvenes, con bajo nivel educativo. Otro de los aspectos que puede abrir paso a la controversia es la utilización de antecedentes penales (de estas personas) como excusa”, dijo Edgar López durante su participación en el seminario.

López explicó que realizaron una investigación, liderada por Erick González, en la que analizaron 100 minutas policiales con la intención de revelar la retórica implícita en esos partes policiales. “Descubrimos que el 85% de esos reportes no eran investigados debidamente por el Ministerio Público”.

Destaca que estos informes se realizan sobre la base de estigmatizar a las víctimas como “personas que deberían morir y por las cuales la sociedad no debería lamentarse”.

Por ello, López explicó que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no actúan según lo establecen sus funciones. “Hay una discrecionalidad de parte de funcionarios del Cicpc y esa discrecionalidad puede llegar a ser arbitrariedad porque no hay organismos contralores”,  comentó.

Por su parte, Alejandro Romero, el investigador de Proiuris que realizó el estudio, señaló que desde diciembre de 2019 hasta el 15 de mayo de 2020 los cuerpos de seguridad del Estado han cometido «una masacre diaria». Explicó que las medidas de confinamiento para prevenir la propagación del Covid-19 no han sido un impedimento para que los cuerpos de seguridad cometan estos hechos arbitrarios.

Sin descanso. Cada día mueren 20 personas a manos de funcionarios del Estado

De los 1.020 casos de ejecuciones extrajudiciales registradas por la ONG en todo el país, 508 ocurrieron durante la cuarentena obligatoria. Romero destaca en el estudio la participación en aumento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en estas ejecuciones extrajudiciales. 205 muertes son atribuidas a la policía científica.

Las FAES son responsables de 245 ejecuciones extrajudiciales, lo que convierte al Cicpc en el segundo organismo que más mata en Venezuela. El cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana actúa con mayor incidencia en los siguientes estados:

  • Miranda: 62 ejecuciones
  • Zulia 43 ejecuciones
  • Lara: 28 ejecuciones
  • Distrito Capital: 15 ejecuciones
  • Sucre: 11 ejecuciones

“Todas estas masacres han sido realizadas en barrios y zonas populares alejadas de la ciudad. Comienzan en razia y terminan en masacre”, explica Romero, para luego calificar estas acciones como “un sistema hecho para matar”

Razia Término utilizado para referirse a una incursión policial o ataque sorpresa

La policía científica actúa con más frecuencia en los estados Miranda, Zulia, Bolívar, Carabobo, Aragua. El estudio registró un total de seis masacres en las que estuvo involucrado el Cicpc, mientras que las FAES registraron ocho masacres.

Las cifras indican que el Cicpc se ha convertido en el nuevo verdugo de los venezolanos y estamos presenciando el nacimiento de un nuevo cuerpo de exterminio”, explica Romero.

El investigador Erick González resaltó en el seminario que, luego de un estudio realizado directamente en la sede nacional de medicatura forense, pudieron identificar 50 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Área Metropolitana de Caracas a manos del FAES y Cicpc durante diciembre de 2019 y el 15 de mayo de 2020. De los 50 casos, 26 son atribuidos a las FAES, mientras que 24 de esas muertes corresponden a la policía científica lo que convierte a este organismo en el segundo con más ejecuciones extrajudiciales.  

González señaló que 62% de las ejecuciones arbitrarias en Caracas ocurrieron en el municipio Libertador y el 28% restante ocurrió en el municipio Sucre, en zonas como Petare, La Dolorita, entre otras. La parroquia con mayor casos es Petare con 14 casos de ejecuciones extrajudiciales  y le sigue la parroquia Coche con 10 casos.

Con saña

Proiuris identificó 16 patrones de actuación policial en Caracas. Uno de los principales patrones es el ensañamiento en zonas populares. 86% de las ejecuciones extrajudiciales ocurrió en barriadas. 

La investigación de la ONG determinó también otro patrón que es la irrupción violenta de los funcionarios policiales en los hogares y con el rostros cubierto y sin identificación, lo que dificulta la atribución de responsabilidades individuales en las ejecuciones extrajudiciales, explica González. 

Otro de los patrones estudiados por Proiuris es que en los presuntos enfrentamientos las víctimas tienen disparos en zonas vitales como el tórax, lo que disminuye las posibilidades de sobrevivir. “La policía mata en 20 segundos”, comenta el investigador González.

Del total de 50 casos registrados en Caracas, 32% fueron ejecutados por funcionarios de Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas. “El Cicpc pareciera que estuviera escalando en este tipo de actuación policial”, opina González

El estudio determinó que, debido a las ejecuciones extrajudiciales, 65 niños, niñas o adolescentes quedaron huérfanos de un padre, lo que revela una fracturación importante de la familia, que la coloca en una situación de vulnerabilidad. 

La fracturación de la familia genera una situación de duelo bastante fuerte sobre todo para los niños”, dijo.

Si bien las Fuerzas de Acciones Especiales han sido las más denunciadas, tanto en Venezuela, como por organismos internacionales, el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas ha elevado sus cifras de actuaciones arbitrarias, lo que lo convierte en el segundo cuerpo policial que más ejecuta extrajudicialmente en Venezuela.

Este artículo de El Diario fue editado por: José Silva

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