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- Expertos en Leyes y Telecomunicaciones comentaron para El Diario que la junta ad-hoc de Directv, designada por Conatel, no tiene basamento legal. Consideran que la sentencia del 26 de mayo favorece a la empresa estadounidense AT&T que estaba preocupada por aspectos de regulación y derechos de transmisión
El cese de operaciones de Directv en Venezuela el pasado 19 de mayo ha desencadenado una serie de eventos en lo económico, político y social que van desde la pérdida de casi 45% de la cobertura por televisión satelital en el país, hasta el despido de trabajadores y la detención de tres altos funcionarios de la compañía.
Este 8 de junio el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín al régimen de Nicolás Maduro publicó una sentencia -con fecha 26 de mayo- en la que prohíbe la importación y comercialización de equipos tecnológicos “y de cualquier índole” relacionados con Galaxy Entertainment de Venezuela, S.C.A. (Directv Venezuela).
La sentencia advierte, además, que la decisión del supremo, que preside Maikel Moreno, “debe ser” acatada o de lo contrario se incurriría en “desobediencia a la autoridad” y se expondrían a las sanciones previstas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Artículo 31. Quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional dictado por el juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses.Para conocer las implicaciones de la medida del TSJ del régimen, en El Diario consultamos con expertos en el área de las leyes y las telecomunicaciones.
El abogado Rafael Álvarez-Loscher, director de Iuriscorp, indicó que utilizar un decodificador internacional en Venezuela es ilegal de acuerdo con los términos establecidos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte). Agregó que los operadores de cable que operan en Venezuela “deben colocar en su parrilla de programación a los canales nacionales”.
Dijo que la sentencia causa “graves daños patrimoniales” a Directv y arbitrariamente -continúa- se le atribuyen unas potestades a la junta ad-hoc presidida por Jorge Elieser Márquez Monsalve (director de Conatel) que “no tienen ningún tipo de basamento legal”.
Contra los activos
El 22 de mayo el TSJ ordenó a Conatel tomar las instalaciones, bienes muebles e inmuebles, sedes comerciales y demás equipos de Directv en Venezuela y autorizó el apoyo de la Fuerza Armada Nacional (FAN) para llevar a cabo tal propósito.
El sexto punto de la sentencia del TSJ dice que se prohíbe “la importación y comercialización de equipos tecnológicos y de cualquier índole relacionados con Directv, sin previa autorización de la junta administradora ad hoc de la empresa”.
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Álvarez-Loscher considera que esto podría dar pie a que esa junta busque dar “una suerte de concesión” a quien busque traer combos de decodificadores y tarjetas de Colombia, los instale en Venezuela y los pague en divisas.
El abogado no descarta que altos ejecutivos de AT&T y Conatel estén discutiendo temas concernientes a la retransmisión o no de Directv en el país.
Arnaldo Espinoza, periodista especializado en Telecomunicaciones, detalló para El Diario que la sentencia favorece directa o indirectamente a AT&T que estaba preocupada por una migración de decodificadores colombianos a Venezuela que infringe derechos de transmisión y de territorio.
“No es una sentencia ilógica después de todo lo que vimos. Yo creo que es una decisión que lo que busca es que los decos colombianos, peruanos, etc. no violen la ley venezolana” acota.
Espinoza expresó que no ve factible que Conatel dé concesiones a particulares para que puedan traer equipos de Directv desde el exterior para que transmitan desde Venezuela.
En redes sociales ha circulado información de que tras el cese de operaciones de Directv en Venezuela, diversas personas comenzaron a importar, de manera clandestina, equipos desde Colombia, específicamente Cúcuta.
Un experto en Telecomunicaciones, que prefirió resguardar su identidad, dijo para El Diario que, desde el punto de vista técnico, Directv no tiene información “ni siquiera” de cuál es la dirección física en donde el equipo está siendo instalado.
Indicó que hasta donde conoce no existe un dispositivo tecnológico que tenga una autorización relacionada con una posición geolocalizada (GPS) del decodificador.
“No debería haber ninguna limitación (desde el punto de vista técnico) para que una persona desconecte su equipo que compró en Colombia, se lo lleve para Venezuela y lo encienda en Venezuela, no debería de haber ninguna limitación desde el punto de vista físico”, concluyó.
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