• María Teresa Belandria, embajadora del gobierno interino de Venezuela en Brasil, analizó en exclusiva para El Diario la audiencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el territorio en disputa entre Venezuela y Guyana. Foto principal: Ueslei Marcelino / Reuters

Pocas son las personas que conocen el conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo como María Teresa Belandria. Son 25 años de estudio los que la abogada especializada en Derecho Internacional y ahora embajadora del gobierno interino en Brasil lleva dedicándole al tema. Por ello, luego de que Guyana presentara sus argumentos este martes 30 de junio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), dice sentirse preocupada: frente al “dream team” guyanés, el régimen de Nicolás Maduro, reconocido ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no acudió al juicio. “Fue un error”, dice. Y aunque critica la decisión, asegura que las cuestiones de Estado como estas ameritan una postura única. En este caso, el punto de coincidencia es que la CIJ no es una instancia competente para resolver el conflicto.

“A mí me resulta incomprensible que la cancillería del régimen no haya acudido a la audiencia. Fue un error. Si tú querías demostrar que la Corte no es competente, tenías que decírselo. Decirle ‘estamos aquí por un tema procedimental, pero nosotros consideramos que usted no es competente’. Allí hay una coincidencia entre los alegatos del régimen y los alegatos del gobierno interino. Tiene que haberla. No puede haber dos posiciones en esto. Para los guyaneses es un tema de políticas de Estado, no de gobierno. ¿Hay coincidencias? Obviamente que las hay. Es una lástima que ellos hayan decidido no ir a la Corte, porque no se escucharon los argumentos en defensa de nuestra posición”, dijo en entrevista exclusiva para El Diario.

Para entender la razón de la posición venezolana, explica Belandria, es necesario retroceder en el tiempo. Nos lleva, en principio, a 1777, y va hilando hechos hasta llegar a la actualidad. Son décadas de acuerdos, tratados e intereses que salieron a flote en la audiencia de este martes 30 de junio en la CIJ. Muchos de ellos, incluso, ponen de manifiesto algunas contradicciones de la delegación guyanesa durante la audiencia.

Foto: Cortesía

Laudo de París

La demanda de Guyana ante la CIJ tiene que ver con el Laudo de París de 1899. En él, un tribunal bajo el arbitraje de Estados Unidos –a petición de Venezuela-, y que se conformó en la capital francesa, despojó a Venezuela de los casi 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo. Aquel tribunal estaba compuesto por cinco personas: dos británicos, dos estadounidenses como representantes de Venezuela y un ruso que debía actuar a modo de voto de desempate.

Venezuela, desde entonces, rechazó el dictamen. Las razones vienen desde la época colonial, y se irán sumando otras con el paso de los años. Para entender mejor, pues, Belandria escrudiña el conflicto desde el origen de los territorios.

En 1777, cuando se declara la Capitanía General de Venezuela, la Provincia de Guayana, hoy República Cooperativa de Guyana, se extendía hasta los límites de la salida del Atlántico. Luego, cuando España pierde la guerra en Europa, le entrega lo que habían sido sus territorios a Gran Bretaña. En ese momento, explica la embajadora venezolana en Brasil, era una costumbre que quien perdiera una guerra, pagara con territorio. Así, en 1814 el Imperio Británico tomó posesión de diferentes asentamientos, entre ellas las provincias de Demerara y Berbice, que estaban en la costa oriental de la entonces Guayana. En 1831 fue consolidada cuando ya Venezuela era una república independiente.

Por ello, Venezuela sustentaba su reclamación en el hecho de que la provincia española de Guayana formaba parte de la Capitanía General de Venezuela.

Además, comenta la embajadora que, una vez con el territorio, el gobierno británico decide empezar a explorarlo y comienza a trazar las líneas divisorias hacia el occidente. El encargado británico de trazar las líneas fue el naturista Robert Hermann Schomburgk. La primera de esas líneas se traza en el año 1824, y las siguientes fueron en 1835, 1840, 1886 y 1898. Es en esta última cuando las trazas de Schomburgk terminan en el Tumeremo de hoy, en el estado Bolívar venezolano, más allá del río Esequibo. Las dos partes habían acordado en 1850 no adentrarse en un territorio que consideraban en disputa.

Traza de Shomburgk

“Allí, Venezuela dice que eso es inaceptable, se rompen las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña y se decide llevar la controversia a conocimiento de un tribunal arbitral. ¿Qué pasa en 1899 hasta que sale el Laudo? Que los británicos, que eran los que poseían el territorio, no consideraban que Venezuela era un país civilizado. Por eso es que el juez ruso dice -eso está en los papeles de la discusión del Laudo-, que no iban a conversar con los salvajes, con los indígenas. Venezuela no se puede acreditar en el Laudo. Venezuela tiene que contratar un bufete americano, que es el que defiende a Venezuela en el Laudo arbitral, y el abogado de Venezuela era el doctor (Federico De) Martens”, explica Belandria.

Con un tribunal que se constituyó sin representación de Venezuela, y en un mundo configurado internacionalmente con arreglo a la lógica del imperialismo imperante, explica Belandria, el Laudo no fue más que un acuerdo entre rusos y estadounidenses. “Al final el juez ruso se iba a poner de acuerdo con el juez británico porque estaban hablando de representantes de dos imperios, y nosotros éramos un pequeño país de América del Sur que nadie sabía dónde quedaba”, dice Belandria.

Además, explica, Martens dejó un memorando para ser abierto después de su muerte. En él, deja cuenta de cómo fueron las manipulaciones que hizo Gran Bretaña en contra de Venezuela para que se hiciera el Laudo que fijó los límites al oeste del río Esequibo. Martens tenía que apoyar siempre a Inglaterra contra Venezuela.

Conflicto en la isla de Anacoco

Durante la audiencia ante la Corte Internacional de Justicia, Guyana acusó a Venezuela de invadir la isla de Anacoco y de anexarla por la fuerza durante el gobierno de Raúl Leoni. Sin embargo, el argumento de Venezuela, explicado por Belandria, es que la Isla de Anacoco es territorio venezolano.

“Fue un momento como de mucha confusión, todo ocurrido a finales del año 1966. Allí, un grupo de militares venezolanos llegaron a la isla de Anacoco. Quedó como en la mitad de la controversia, y los guyaneses la habían ocupado. Aquí llegaron los militares nuestros y les dijeron que esa isla era nuestra. Menos mal la recuperamos, porque eso está antes de San Martín de Turumbán, que es el último poblado de Venezuela antes de comenzar la zona en reclamación. Los guyaneses argumentaban que la isla estaba totalmente del lado de ellos, y resulta que no. La mitad está en el cayo Venamo, que es del lado occidental venezolano, y la otra mitad de la isla, un pedacito, está en la zona en reclamación. Pero el control de la isla lo tenemos nosotros”, explica.

La ONU, protagonista

Aunque Venezuela rechazó el Laudo, no tuvo otra opción que aceptar la sentencia ante el poderoso ejército británico. Aunque con la llegada del siglo XX Venezuela seguiría sin reconocer el fallo de París, se abrió paso a un nuevo método para la resolución del conflicto, hoy pieza clave para la defensa venezolana de no aceptar a la CIJ como mediador, en contradicción a los alegatos de Guyana.

Cuando Venezuela formó parte de la creación de la ONU en el año 1948, el canciller venezolano declara que el país tiene una controversia pendiente con la que en aquel momento de llamaba la Guayana Esequiba. Caracas retomó entonces un conflicto que llevó, en el año 1966, a que Gran Bretaña y Venezuela firmaran el Acuerdo de Ginebra para resolver la controversia fronteriza. La República de Guyana se independizó meses después y heredó ese acuerdo. Venezuela, consecuente con lo que era su política exterior de abogar por la independencia y la soberanía de los pueblos –afirma Belandira-, reconoció la soberanía de Guyana, que cambia su nombre a República Cooperativa de Guyana.

En el documento, Gran Bretaña, Guyana, y Venezuela, reconocen que hay una controversia. Es decir, sin que se diga que el Laudo es nulo, cuando tú decides firmar un acuerdo para firmar una controversia, es porque estás aceptando que existe. Entonces se firma el acuerdo y allí se establece que Venezuela y Guyana buscarán una solución práctica y satisfactoria y allí se establece que en el caso de que no se pudiera lograr, que es el artículo IV, que estuvieron tratando de interpretar todos los abogados de Guyana en la audiencia, dicen que podrá escogerse otro método, remitiéndolo al Secretario General (de la ONU)”, dice la embajadora.

Para la defensa guyanesa, en cambio, el acuerdo es una vía para llegar a otro acuerdo, por lo que debe tomarse en consideración el Laudo de París.

Desde entonces, comenta Belandria, se exploraron dos tipos de mecanismos. El primero fue el protocolo de Puerto España, que suspendió la vigencia del acuerdo por 12 años, entre 1970 y 1982. El segundo fue buscar un mecanismo inédito, que hasta el momento no se había aplicado, que fue un buen oficiante designado por las Naciones Unidas y aceptado por los dos países. Así, entre 1990 y 2010, hubo tres buenos oficiantes: Aliston McIntyre (Granada), de 1990 a 2007; Oliver Jackman (Barbados), de 2007 a 2017; y Norman Girvan (Jamaica), de 2010 a 2018. Ninguno de los tres consiguió una resolución de la controversia.

Sin que el Acuerdo de Ginebra diera resultados, en 1987 las dos partes deciden acudir a la ONU que en 1989 acepta intermediar. El 30 de enero de 2018, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, consideró agotada su gestión y propuso llevar el caso a la CIJ, donde se encuentra ahora. Y es esta una de las principales quejas de la postura venezolana. Explica Belandria que ni Guayana ni Venezuela suscribieron el pacto de Bogotá, que es para adherirse a la jurisdicción de la Corte. Además, el artículo IV del Acuerdo de Ginebra establece que:

Si dentro de un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de este Acuerdo, la Comisión Mixta no hubiere llegado a un acuerdo completo para la solución de la controversia, referirá al Gobierno de Venezuela y al Gobierno de Guayana en su Informe final cualesquiera cuestiones pendientes. Dichos Gobiernos escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

(2) Si dentro de los tres meses siguientes a la recepción del Informe final el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana no hubieren llegado a un acuerdo con respecto a la elección de uno de los medios de solución previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, referirán la decisión sobre los medios de solución a un órgano internacional apropiado que ambos Gobiernos acuerden, o de no llegar a un acuerdo sobre este punto, al Secretario General de las Naciones Unidas. Si los medios así escogidos no conducen a una solución de la controversia, dicho órgano, o como puede ser el caso, el Secretario General de las Naciones Unidas, escogerán otro de los medios estipulados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así sucesivamente, hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica contemplados en dicho Artículo hayan sido agotados».

Comenta la embajadora del gobierno interino en Brasil que los mecanismos que propone el artículo 33 de la carta de las Naciones Unidas son la mediación, la conciliación, la negociación, el arbitraje, la remisión a un órgano regional, y el arreglo judicial. Además, amparado en el mismo artículo, considera que el secretario Guterres debió buscar otras vías para solucionar el conflicto.

“Aquí hay una contradicción, porque la escogencia del método de solución de controversia tenía que hacerse entre las dos partes y el secretario general decidió de manera unilateral, sin contar con la aprobación de otra parte en el acuerdo, que es Venezuela. Ellos trataron de interpretar o de explicar el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, y en la explicación terminan por contradecirse porque dicen que tiene que ser un consenso entre las partes, pero dónde está el consenso entonces”, cuestiona Belandria.

— ¿Cómo interpretar entonces esa decisión de la ONU?

— Ahí te das cuenta de que hubo un manejo político de lobby muy grande de Guyana en la ONU, porque ellos llevaron eso al conocimiento desde el año 2011. Pero el secretario general anterior, Ban Ki-moon, había preferido mantenerlo como había sido hasta ahora, una discusión bilateral. Es Guterres, quien por una enorme influencia –ellos (los guyaneses) son unos diplomáticos muy serios, con una formación británica- lograron su objetivo. ¿Por qué lo hacen en ese momento? Porque la corte ha reabierto varias controversias, que se entendían que estaban cerradas desde el siglo XIX. Te pongo el ejemplo, el juicio entre Nicaragua y Colombia, que le arrebató a Colombia casi 55 mil kilómetros cuadrados de áreas marinas y submarinas. También controversia entre Chile y Bolivia. Entonces la Corte está tomando decisiones que podrían ser favorables a Guyana. Ellos hicieron su trabajo, en perjuicio de nosotros.

Responsabilidad del chavismo y futuro

Si bien Belandria considera que el conflicto del Esequibo es un asunto de Estado, no duda tampoco en mencionar a los responsables de que el tema haya llegado hasta la CIJ. Ella lo tiene claro: la culpa es del chavismo, y apela a la hemeroteca para sostener su posición, que es la misma que desde la Asamblea Nacional y del gobierno interino han manifestado.

En el año 2004, por ejemplo, el entonces presidente Hugo Chávez visitó Georgetown, la capital guyanesa, y dijo: “El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”. No obstante, poco después dijo una frase aún más reveladora sobre su política en el conflicto: “el asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países”.

Chávez junto a Bharrat Jaddeo, ex presidente de Guyana

Para Belandria, esas declaraciones de Chávez “hicieron que Guyana sintiera que no iba a haber ninguna consecuencia si ellos avanzaban en su pretensión de declarar el laudo válido, y de declarar el Acuerdo de Ginebra nulo. Pero bueno, llegamos aquí por culpa de 21 años de mal manejo diplomático y jurídico de la controversia, que echa por tierra los 180 años anteriores. Eso hay que decirlo. La culpa de esto la tiene el chavismo”. Además de eso, dice que hoy confluyen otros dos factores que pueden perjudicar a Venezuela: Guyana tiene dinero para su defensa, y porque ven una oportunidad en ese momento de conflicto interno en Venezuela.

— ¿Y qué hizo el gobierno interino?

— Nuestro gobierno no podía acreditarse ante la Corte, porque requiere el reconocimiento de la ONU. Pero sí hay un mecanismo, dentro del propio reglamento del estatuto de la Corte, que te permite que los terceros interesados puedan remitir documentos de interés, entonces ese fue el mecanismo que se utilizó, se envió a la corte, y se notificó al secretario general de la ONU, que es el depositario del Acuerdo de Ginebra.  No es que se escuchó públicamente, pero sí están los argumentos de defensa de nuestros intereses.

Dicho esto, a Belandria se le dificulta ver un desenlace claro. El panorama, sin embargo, ahora no parece ser muy alentador. Al no tener Venezuela presencia ante la Corte, Guyana podrá apelar, al artículo 53 de la CIJ que afirma que “cuando una de las partes no comparezca ante la corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la corte que decida a su favor”.

Jorge Arreaza, canciller del régimen de Maduro, solo remitió un memorando a la CIJ, sin embargo, no publicaron los anexos que consignaron junto al documento que hicieron público, por lo que el argumento oficial venezolano se desconoce.

Ante esto, y aunque la embajadora insiste en que la CIJ no es competente, admite sentir temor habida cuenta de lo que ha sido el comportamiento de la Corte en los últimos 10 años, en reabrir controversias que ya estaban cerradas desde el siglo XIX.

“La Corte debería declararse no competente para conocer de la controversia si asumen que el acuerdo de Ginebra es el mecanismo válido para hacerlo. Ahora, si la Corte se declara competente, vamos a tener que entrar al juicio, entrar al fondo, que es probar que el Laudo es nulo. Si Guayana logra que la CIJ se aboque a conocer la controversia, y en consecuencia declare el Laudo arbitral de 1899 como válido, quedan fijados los límites territoriales y perdemos los 159.000 kilómetros cuadrados”, concluyó la embajadora. 

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