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- Dos reclusos del centro de detención ubicado en el estado Táchira murieron en junio. Uno de ellos, de acuerdo con familiares, presentaba desnutrición severa. El Diario contactó a Raiza Ramírez, coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones, para conocer lo ocurrido
Agua caliente y sucia con unos pocos granos de sal, imperceptibles al paladar. Huesos carentes de cartílago en el fondo del plato que invitan a buscar en ellos cualquier rastro ínfimo de proteína con desesperación y ahínco. Y si hay suerte, un pequeño trozo de papa o auyama que flota entre los miserables despojos de animal y el líquido sin sabor. Los reclusos del Centro Penitenciario de Occidente (CPO), en Táchira, le dicen “aguarote” a semejante plato de “comida”, y es lo único que han consumido en los últimos cinco días.
Se trata de una dieta extrema, a todas luces insuficiente para satisfacer las necesidades calóricas de los reos. Raiza Ramírez, abogado y miembro del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su sección de Táchira, asegura para El Diario que, debido a la carencia de alimentación regular y de ingesta de “aguarote” en el centro penitenciario en el estado andino, hay aproximadamente 300 personas que tienen desnutrición severa, diarrea y fiebre.
“Muchos llegan a pesar hasta 50 kilos”, dice Ramírez. Los privados de libertad les hacen saber a sus familiares de esta realidad a través de llamadas hechas por celulares clandestinos. Desde hace tres meses no se permite el ingreso de familiares a los recintos debido a las medidas sanitarias para evitar la propagación del covid-19.
Previo a los días del “aguarote”, la comida repartida en el CPO no era mucho mejor. Unas dos o tres cucharadas de arroz insípido y arvejas una vez al día. Los días de mayor “fortuna” incluían dos porciones como las mencionadas.
Iris Varela, titular de Asuntos Penitenciarios del régimen de Nicolás Maduro, no pudo evitar admitir que había “dificultades” en el CPO. Pero corrió un tupido velo sobre el asunto apenas fue interpelada por la prensa. Aprovechó para responsabilizar a Estados Unidos de la situación e insultó a los periodistas y organizaciones no gubernamentales presentes. A los primeros, llamándolos brutos e ignorantes. A los segundos, tarifados, capaces de pagarles a los familiares de los detenidos desde cinco a cien dólares para que digan “barbaridades” en contra del sistema penitenciario presidido por ella.
Pero Varela no pudo ocultar la muerte de Andrés Uribe, recluso de aproximadamente 70 años de edad; y Néstor Aguilar, de 54 años de edad. Ambos estaban detenidos en el CPO.
La prensa tachirense registru00f3 las palabras de un familiar de Aguilar. u201cCuando llegamos, estaba en los puros huesitosu201d, dijo lamentu00e1ndose el hijo del fallecido. La causa de muerte, pues, era de desnutriciu00f3n severa.
Aguilar, de acuerdo con Raiza Ramírez, fue trasladado a un centro de salud tardíamente. Es uno de los pocos reclusos que ha logrado salir de la prisión para recibir ayuda médica. Desde el inicio de la cuarentena no ha habido traslados médicos ni a tribunales. En los centros de detención alegan que no tienen vehículos o que no tienen gasolina.
“Vehículos sí tienen”, acota Ramírez, “pero puede ser que no cuenten con gasolina. Nadie aquí tiene combustible. Y en este estado, al ser fronterizo, no hay paso entre municipios”.
Irregularidades
La muerte de Andrés Uribe, quien estaba preso por violencia contra la mujer, de acuerdo al OVP, forma parte de la lista de irregularidades del sistema venezolano de prisiones. De acuerdo con Ramírez, el hombre ya había cumplido su condena a finales del año pasado, y con 70 años de edad no podía estar preso, pues eso contraviene el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
El artículo 231 del COPP indica, textualmente, que:
No se podru00e1 decretar la privaciu00f3n judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta au00f1os, de las mujeres en los tres u00faltimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o de las personas afectadas por una enfermedad en fase terminal, debidamente comprobada. En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de caru00e1cter personal, se decretaru00e1 la detenciu00f3n domiciliaria o la reclusiu00f3n en un centro especializadou201d.
Para Ramírez, la responsabilidad de la salud de Andrés Uribe era tanto del régimen penitenciario como de los jueces. “Desconozco si se trató de una situación de retardo procesal penal, pues no he podido tener acceso a su expediente. Los tribunales han estado cerrados por la pandemia”.
No solo las cortes están clausuradas. La Defensoría del Pueblo, institución a la que se dirigen los familiares de los presos para abogar por su salud, también permanece cerrada. Refiere Ramírez que en la puerta de esa institución solo hay un candado y un papel con un número de teléfono al que nadie atiende. En ocasiones emite el mensaje de que el número ha sido desconectado.
Así como no ha salido nadie del CPO en cuatro meses, nada ha ingresado al centro penitenciario. Ni visitas, ni nada que fermente —para que no preparen bebidas alcohólicas—, ni jabón, ni papel tualé, ni medicamentos. Aislados, los 1.150 reclusos carecen de la posibilidad de sobreponerse a las duras condiciones de encierro. A la falta de comida se suma, además, la tuberculosis, que recorre los recovecos oscuros del recinto.
De acuerdo con el OVP, de 104 privados de libertad que perdieron la vida en el año 2019, 66 murieron por condiciones de salud. 63,46% de los presos fallecieron por desnutrición y tuberculosis.
Hambre recurrente
La falta de alimentos, la desnutrición, la enfermedad y la carencia no son ajenas a la comunidad de reclusos en el CPO. En noviembre del año 2019 un grupo de presos tomó como rehenes a ocho custodios como forma de protesta por la falta de alimentos, gas y agua. Habían pasado algunos hasta 24 horas sin ingerir alimentos. Para su sorpresa, el motín reveló varios kilos de pollo, paquetes de pasta y aceite escondidos.
u201cHay pollo en banda, mira como hay comida, nos estaban matando de hambre. Nos decu00edan que la ministra no habu00eda mandado comida y mira todo estou201d, decu00eda uno de los presos durante la situaciu00f3n irregular. Pese a ello, los amotinados les dieron de la misma comida que les ocultaban a los rehenes.
“Curiosamente, el director del CPO fue ratificado por Iris Varela, pese a que se descubrió que había una situación de acaparamiento de alimentos”, relata Ramírez.
Datos del OVP indican que 1.934 privados de libertad participaron en huelgas de hambre en los 87 centros penitenciarios del país.
Ramírez indica que debido a la visita de Varela, quien ordenó la liberación de 150 presos del CPO bajo régimen de confianza tutelada, es posible que los reclusos coman “decentemente” durante unos días. “Arroz con arvejas, y en alguna oportunidad, una vez por semana, pudieran darles proteínas, pollo o carne. Pero eso será solo por unos días, y luego volverán a su rutina”.
Lo de siempre. Ante el hambre incesante, los detenidos se ven a sí mismos perecer lentamente. Habrá días en los que incluso deseen un poco de “aguarote”, un poco de caldo con huesos menudos, para probar que se sienten unas moléculas de sal en la lengua, para buscar trozos viejos de carne entre los restos, para saciar aunque sea la sed.
Este artículo de El Diario fue editado por: Génesis Herrera.
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