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- El equipo de El Diario conversó con Luis Cano, coordinador de la Intersectorial de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes, para conocer las exigencias. Afirmó que llevan más de cuatro años haciendo las peticiones, pero hasta ahora nadie aporta soluciones, a pesar de algunos intentos lejanos de la Asamblea Nacional
Las imágenes causaron indignación. Poco más de una docena de jubilados y pensionados protestaban el jueves 23 de julio en las inmediaciones de la sede principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en Caracas. Los manifestantes, aferrados a una bandera nacional, forcejeaban contra funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que intentaban desalojarlos del lugar. Los adultos mayores lograron resistir. “¡Estamos cansados!, ¡estamos cansados!”, repetía una de las presentes entre gritos y aspavientos. Estaban allí, otra vez, para exigir sus derechos.
La manifestación fue convocada a través de las redes sociales por la Intersectorial de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes bajo la etiqueta #PensionesDignasYa. El objetivo era consignar un documento ante las autoridades del Seguro Social en el que solicitan al régimen de Nicolás Maduro el cumplimiento de cinco artículos de la Constitución nacional (80, 83, 86, 89 y 91), referentes a los derechos que amparan a los jubilados y pensionados en el país, los cuales –según estos adultos mayores- hoy se vulneran en Venezuela.
A pesar de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado, los adultos mayores lograron entregar el documento. No obstante, antes de retirarse, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a Juan Ovalles, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Metro de Caracas, y al periodista Carlos Rojas. Antes de eso, la comunicadora Esteninf Olivarez, de Impacto Venezuela, también fue agredida por efectivos policiales al intentar que no detuvieran al camarógrafo Lenin Bruzual.
La petición de los jubilados y pensionados no es, sin embargo, una novedad. Cano explicó que ya es entre la quinta o sexta ocasión que entregan el escrito –con algunas variantes lógicas en cuanto a datos– a distintas autoridades del Estado. Entre ellos, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como a la pasada y a la actual Asamblea Nacional. Lejos de ser resueltas, las exigencias se han incrementado con el paso de los años, comenta Cano.
El Diario tuvo acceso al documento de la Intersectorial de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes, en el que la organización hace un desglose detallado de sus reclamos, con base a lo establecido en la carta magna.
Dignidad humana y bienestar
El artículo 80 de la Constitución es el primero al cual hace mención la Intersectorial en el documento. Según el citado texto, “El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida”.
Asimismo, establece que las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguros no podrán ser inferiores al salario mínimo y, que a los ancianos y ancianas, “se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.”.
Todo esto, según expone la asociación, no se cumple en la actualidad. Argumentan que son “vejados y sometidos” a largas colas bajo el sol y la lluvia que deterioran su calidad de vida. De igual forma, exponen que tanto jubilados como pensionados dejan de comer para comprar medicamentos o viceversa. El monto de la pensión en Venezuela es de 400.000 bolívares. Esto, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) es de 1.4 dólares, y si se calcula según el dólar paralelo, se reduce a 1.3 dólares.
Mencionan también los artículos 83 y 86, que establecen que:
Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.nnArtículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. (…)nCano detalló que, de acuerdo con una encuesta que realizó la Intersectorial, 97% de los pensionados y jubilados abandonaron sus tratamientos médicos debido a que no tienen los recursos económicos suficientes para adquirirlos, por lo que han optado por medicinas naturales o artesanales, la mayoría de ellas ineficientes para curar las enfermedades. El sondeo fue realizado en todo el país con una base de 4.300 entrevistados. De acuerdo con el IVSS, en Venezuela hay casi 5.000.000 de jubilados y pensionados.
El dirigente aseguró que al ser tratamientos de por vida, dejar de tomarlos puede suponer la muerte a muchos de ellos. Como consecuencia, dice, han registrado casos de adultos mayores que han caído en estados depresivos, cuyos tratamientos, a su vez, tampoco pueden costear.
Cano, como jubilado del sector salud, asegura que no pueden recurrir al sistema de salud público debido a que el régimen de Nicolás Maduro “se encargó de destrozarlo”, por lo que muchos de los hospitales, al igual que con los pacientes regulares, no tienen la capacidad de atención necesaria.
La misma encuesta reveló que 52% de ellos no consume vegetales ni frutas; 40% no consume carnes rojas, pescado o pollo.
El sondeo también evaluó otros aspectos relacionados con los servicios públicos, los cuales, según Cano, son más graves en el interior del país, especialmente los estados Zulia y Bolívar. Así, según la encuesta, 40% tiene problemas con las libretas o tarjetas de débito y 88% no tiene acceso a dinero en efectivo. Y aunque la tecnología pudiera ofrecerse como una solución, la realidad dista de ello: solo 30% tiene acceso a Internet, 33% lo tiene pero intermitente y 26% no tiene acceso al servicio. 33% dijo tener problemas de la electricidad.
Ante esto, mediante el documento entregado al IVSS exigen una “inversión prioritaria en el sistema de seguridad social, para garantizarle a los jubilados y pensionados un sistema de salud, medicinas, y atención médico-hospitalaria acorde a los principios que garantizan el derecho a la salud, y muy especialmente en este momento donde somos las personas más vulnerables en riesgo de contagio por covid-19”.
En el escrito también exigen el pago a 15.000 jubilados y pensionados que viven en el exterior y a los cuales no les pagan desde hace más de tres años.
Incremento en el pago
Uno de los principales reclamos pasa, entonces, por el aumento del pago de las pensiones y jubilaciones. Los adultos mayores se basan en los artículos 89 y 91 de la Constitución, los cuales establecen que las condiciones para los trabajadores en el país. El segundo de ellos dice, específicamente, que “(…) El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.”
Un estudio del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) reveló que para el mes de mayo de 2020, el costo de la canasta básica familiar en Venezuela es de 100.185.353,82 bolívares o 513,77 dólares.
Si bien el régimen de Maduro ha optado por repartir bonos sociales, el monto de los mismos es de aproximadamente 200.000 bolívares. Una cantidad que, de acuerdo con Cano, los convierte en un “bono del hambre”, por lo que proponen que el pago sea también dolarizado.
“Nosotros no queremos más bono de hambre, el nombre que le pongan, eso es un bono de hambre, el cual solo recibe el 10% de los jubilados y pensionados. Es una lotería. Eso no lo reciben todos”, dijo el representante de la asociación firmante, y agregó: “¿Qué le decimos nosotros a Maduro? Que cumpla con el artículo 91, que tome como referencia la canasta básica familiar. Nosotros hicimos la propuesta de que dolarizara la pensión, porque aquí todo es en dólares. La gasolina la cobran en dólares, entonces que nos paguen también la pensión en dólares”.
Las exigencias también llegan a la Asamblea Nacional (AN) y al gobierno interino de Juan Guaidó. Aunque en el documento entregado este jueves a las autoridades del IVSS afirman que lograron –luego de “infinidades de marchas, huelgas y protestas en las calles”– que la AN aprobara la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados en el año 2016, la cual fue paralizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese momento, aseguran que desde el parlamento legítimo tampoco han dado soluciones a estos reclamos.
Por lo tanto, pide que desde el parlamento surjan iniciativas para ayudar a jubilados y pensionados tal como se ha hecho con otros sectores. Como respuesta a la crisis económica y a la situación de los médicos en el país, el gobierno interino de Juan Guaidó, estableció el plan José María Vargas, que permitirá la transferencia de 100 dólares mensuales, durante tres meses, a los trabajadores de la salud en el país. Esta medida, propone Cano, debería extenderse a los adultos mayores.
Entretanto, la espera continúa. Sin salarios, medicamentos ni vida digna, las personas que alguna vez fueron el motor económico y social de Venezuela, en la actualidad sufren las carencias de una crisis prolongada.
