• La decisión de la Corte Suprema de Colombia surge del proceso que se le tiene al expresidente por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Uribe expresó que la privación de su libertad le causa una “profunda tristeza”

Este martes 4 de agosto la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe. La medida se produjo debido a un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

«La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria», indicó Uribe, sobre la decisión de la Corte, a través de cuenta en Twitter.

Demandas

En 2012, el senador Iván Cepeda acusó a Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, de supuestamente promover el paramilitarismo con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Uribe demandó ante la Corte Suprema a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. El expresidente aseguró que el político izquierdista estaba visitando cárceles para montar un “cartel de falsos testigos” que lo implicaran con grupos paramilitares, prometiéndoles «beneficios jurídicos y económicos» para que declararan contra su persona y su hermano Santiago.

La investigación tuvo un giro. José Luis Barceló, magistrado de la Corte Suprema, fue quien recibió el caso, además de archivarlo, inició una investigación al expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos contra Cepeda.

Tras seis años de investigación, de escuchar las llamadas interceptadas legalmente y de evaluar las declaraciones de los cinco testigos de Uribe y de los dos de Cepeda, la Corte estableció que quien estaba manipulando testigos no era Cepeda, sino Uribe y varios de sus allegados, quienes habrían intentado torcer la verdad con falsos declarantes. 

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Abogado de Uribe imputado por soborno

Durante las investigaciones al expresidente, el fiscal Daniel Hernández informó que los abogados de Uribe Diego Cadena y su socio Juan José Salazar enfocaron su trabajo en «desarrollar actividades delictivas, cada uno con un aporte de vital importancia para el trabajo criminal que se acordó y dividió».

El fiscal indicó que el 18 de julio de 2017, Cadena visitó la cárcel de la ciudad de Palmira, para hablar con Carlos Enrique Vélez, condenado por paramilitarismo y le prometió el pago de 200.000.000 de pesos (unos 54.000 dólares) para que «declarara falsamente ante la Corte Suprema”.

Cadena aceptó que dio dinero a esos testigos como «ayuda humanitaria» y que el expresidente Uribe no sabía de esas entregas.

El 28 de julio de 2020, Iván Cepeda advirtió que hay un «peligro real» de que Diego Cadena pueda fugarse y que la misma preocupación existe en el caso de Juan José Salazar, quien habría participado en los sobornos.

«Los abogados Cadena y Salazar han tenido una conducta reiterada de obstruir y defraudar la Justicia. Por lo tanto, advertimos que existe el peligro real de que esa conducta obstaculice la investigación, implique nuevas obstrucciones en la etapa de juicio, e incluso de que se produzca una fuga de los imputados», expresó.

Pese al pedido de cárcel, la Fiscalía colombiana finalmente solicitó para ambos abogados prisión domiciliaria debido a que por la pandemia del coronavirus se limitó el ingreso de nuevos detenidos a las cárceles del país.

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El expresidente Álvaro Uribe es el primer exjefe de Gobierno colombiano en prestar declaración judicial ante la Corte Suprema de Justicia, debido a los cargos de presunto fraude procesal y compra de testigos, que se vieron enmarcados luego de las investigaciones a su abogado Diego Cadena.

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