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El día viernes 14 de agosto de 2020 comenzó una secuencia de hechos muy importantes para la lucha por la causa democrática en Venezuela. En primer lugar, los países que componen el Grupo de Lima, Estados Unidos, países de la Unión Europea y del Grupo Internacional de Contacto firmaron “una Declaración Conjunta” en la que se comienza a construir una alineación de esfuerzos y de capacidades para elevar la presión frente al régimen de Nicolás Maduro.
Este documento también tiene una trascendencia a nivel interno del contexto venezolano, ya que hace un llamado para que los partidos políticos; organizaciones de la sociedad civil y demás actores –tanto civiles como militares- pongan los intereses de Venezuela por encima de la política y se comprometan de manera urgente a apoyar un proceso definido e impulsado por los venezolanos para establecer un gobierno de transición inclusivo que lleve al país a unas elecciones presidenciales libres y justas, lo más pronto posible.
Esto deja claro que, para el mundo, la convivencia con el régimen de Maduro es cada vez menos posible y tolerable; y que una elección parlamentaria no resuelve el problema político estructural del país, habida cuenta que esta solo satisface el interés de Maduro por desmantelar la Asamblea Nacional mayoritariamente dominada por la alternativa democrática. La solución venezolana es una elección verdaderamente competitiva, justa y democrática que legitime tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo para que el venezolano de a pie sea quien decida y, por ende, se sienta plenamente representado.
Maduro busca llevar adelante la elección de la Asamblea Nacional para cambiar la mayoría opositora que domina el legislativo desde diciembre de 2015, cosa que ha sido su gran piedra en el zapato y, por ende, objetivo de ataque (de allí a que en 2017 instalara la Asamblea Nacional Constituyente y ahora se plantee su disolución en diciembre de este año, sin haber redactado y aprobado una nueva Carta Magna, que es su única razón de existir legal).
La Declaración Conjunta entre otros elementos busca ayudar en el proceso de reinstitucionalización del país y el fortalecimiento del Estado y la democracia, centrando los esfuerzos en la recuperación del principio de oro de cualquier democracia moderna como lo es “la división, el equilibrio y la autonomía de los poderes públicos”, y así evitar la concentración y el ejercicio hegemónico del mismo en manos de Maduro, cuyo único objetivo estratégico es mantenerse y perpetuarse en el poder a todo costo.
Además, el mundo es consciente de que en Venezuela la situación de crisis sistémica general empeora cada vez más, -usando terminología médica- primero con una enfermedad de base como es la existencia de una emergencia humanitaria compleja donde la vida de cada ciudadano de nuestra nación se encuentra en peligro, bien por la delincuencia, por la insuficiencia de alimentos, medicinas, debilidad en la infraestructura de salud y servicios públicos; la grave crisis económica que genera una hiperinflación constante desde 2018, desempleo y falta de oportunidades; factores que han provocado que hayan emigrado forzadamente de nuestro país más de 5.5 millones de compatriotas y que ahora alcanza estado de gravedad crítico con la pandemia de la covid-19, cosa que es percibida por muchos de nuestros vecinos como una amenaza a la estabilidad y seguridad multidimensional del continente.
Por estas razones, que se hallan en la agenda política y no en elementos económicos, es que se considera que una transición rápida y pacífica a la democracia es el camino más efectivo y sostenible para la estabilidad, la recuperación y la prosperidad en Venezuela, de la mano de un Gobierno de Emergencia Nacional como lo ha propuesto el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaido.
Conscientes de ello, en el seno de la Asamblea Nacional, el día martes 18 de agosto se aprobó un acuerdo de agradecimiento a la comunidad internacional por seguir con su atención puesta sobre Venezuela y apoyando su gesta por la libertad y la democracia. Allí también dejó nuevamente claro el decálogo de condiciones que expuso en el mecanismo de negociación de Oslo; que reiteró al momento de comunicarle a la opinión pública el por qué no participaría el 6 de diciembre en la ficción de elecciones parlamentarias convocadas por Maduro y que dejó patente en señal de coherencia de propósito en dicho acuerdo parlamentario, que haría factible su concurrencia a un evento electoral.
Pero lo más importante, al menos en nuestro concepto, fue el llamado del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, a los principales líderes políticos del país y de los factores y fuerzas de la sociedad civil a discutir una nueva hoja de ruta unitaria que permita una transición política en el país, ya que solo la presión internacional no es suficiente para abrirle las puertas a un cambio pacífico, democrático y constitucional en Venezuela, sino que hace falta organización, movilización y acción interna sin fisuras para consolidar las condiciones objetivas y subjetivas para una transformación política en el país.
No obstante, aun cuando el proceso lleva un buen rumbo, los acuerdos políticos derivados de esas discusiones deberían ser unos acuerdos mínimos de gobernabilidad sin buscar la perfección ni la armonía total y absoluta de intereses –tomando en cuenta la heterogeneidad de intereses, de percepción de problemas y sus posibles soluciones y, sobre todo, generando una plataforma inclusiva, donde el aporte de todos sin excepción, sea importante-. Solo así la transición política será factible, sembrando objetivos realistas para no permitir expectativas sobredimensionadas, que solo dejarían decepción y desmovilización popular colectiva.
Guardando las distancias y sin querer comparar momentos históricos; la experiencia venezolana nos deja enseñanzas dignas de tomar en consideración. En el año 1957, gobernaba de manera férrea la última dictadura militar tradicional de la que nuestro país tiene registro. En dicho año, ese régimen en algún momento se percibía sumamente fuerte, al tiempo que los factores democráticos no estaban articulados debidamente, por lo que no lograban materializar sus objetivos. Sin embargo, se fueron propiciando hechos que generaron el resquebrajamiento de la tiranía a nivel interno y, también, la convergencia de intereses de factores políticos. Así se dan, entre otros hechos, la conformación de la junta patriótica, la organización de manifestaciones estudiantiles, huelgas de trabajadores que confluyeron y que crearon las fuerzas profundas para la firma del pacto de Nueva York, en primera instancia, y luego el Pacto de Punto Fijo, -que en palabras del Dr. Juan Carlos Rey, no era otra cosa que “un pacto populista de conciliación de élites políticas”, que hacían sustentable, a través de su compromiso, la gobernabilidad democrática.
Fueron conscientes de su rol político Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, quienes le dieron la posibilidad a Venezuela de entrar a una era de sesenta años de paz, libertad, bienestar y progreso –no exenta de errores, pero estable- hoy toca el turno, no solo a Juan Guaidó, a los diputados de la Asamblea Nacional, a Andrés Velásquez, Antonio Ledezma, Henrique Capriles y Henry Ramos Allup, igualmente, a Manuel Rosales, María Corina Machado, Delsa Solórzano, Julio Borges, Roberto Enríquez y Leopoldo López; sino a todos los ciudadanos venezolanos, de unirnos y echar el resto por el rescate urgente de nuestro gentilicio y de nuestro honor nacional…
Es el momento de recordar las palabras de Sir Winston Churchill y hacerlas nuestras, cuando Gran Bretaña luchaba en el marco de la Segunda Guerra Mundial contra el totalitarismo de Adolfo Hitler y el nacionalsocialismo alemán: Toca dejar “Sangre sudor y lágrimas por nuestra democracia y la libertad nuestra y la de las próximas generaciones de venezolanos”.
