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- Analistas políticos consultados por El Diario aseguran que la participación en los comicios del 6 de diciembre no resolverá la crisis del país, pero que la abstención por sí misma tampoco generará un cambio
El debate en torno a las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre continúa causando controversia en el seno de la oposición venezolana.
Mientras que Henrique Capriles, excandidato presidencial y exgobernador del estado Miranda, insiste en acudir a los comicios, los cuales ve como una “rendijita” para luchar por la democracia, el gobierno interino presidido por Juan Guaidó reafirma su posición de no participar y de establecer una ruta que deponga al régimen de Nicolás Maduro.
“Es urgente para el gobierno salir de la Asamblea Nacional”
Benigno Alarcón, politólogo y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), dijo para El Diario que una AN controlada por el régimen no arreglaría los problemas del país.
“No creo que el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro tenga el control de la Asamblea Nacional haga que se resuelvan los problemas del país. Hasta ahora, el gobierno ha tenido pleno poder y no los ha podido resolver, pero sí creo que es muy útil para el gobierno el poder desplazar a esta oposición del parlamento, pues le ha dado muchos dolores de cabeza”, aseveró.
Las diatribas entre la Asamblea Nacional, mayoritariamente controlada por la oposición desde las elecciones parlamentarias de diciembre del año 2015, y el régimen de Nicolás Maduro no han cesado.
Entre las medidas llevadas a cabo por la oposición a través de la AN encuentran la presión internacional —que ha llegado a su punto de auge con el establecimiento del gobierno interino presidido por Juan Guaidó y que es reconocido por más de 60 países—, la imposición de sanciones directas a funcionarios del gobierno y generales que abarcan la economía venezolana, la obstaculización de inversiones extranjeras directas en territorio nacional y la recuperación de activos nacionales en el exterior.
Refiriéndose al régimen, Alarcón aseguró que “es urgente para el gobierno salir de la Asamblea Nacional”, y ratifica que “ni siquiera la asamblea nacional constituyente sirvió para sustituir el Poder Legislativo. Por ejemplo, cuando un país quiere hacer inversiones serias en Venezuela, en la industria petrolera o minera o de cualquier tipo, lo primero que pedirá es una aprobación legislativa que le reconozca sus inversiones”.
Escenarios
Entre los escenarios que maneja el politólogo a través de una mesa de análisis plural para el próximo 6 de diciembre, se encuentra el de la posibilidad de que dos tercios de los curules de la AN queden en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Un tercio quedaría en manos de los candidatos contrarios al régimen de Nicolás Maduro.
“La abstención más grande se ubica del lado de la oposición, siendo que prácticamente la mitad de los opositores no irán a votar. Pero la obtención de los curules por parte del gobierno también responde a otros factores. Ahora vas a tener los candidatos separados de la mesa nacional de diálogo, de partidos regionales, municipales, del partido de Claudio Fermín que se separó del consenso de la ‘mesita’, de Acción Democrática y Primero Justicia que están intervenidos, del partido de Capriles. Eso va a generar una enorme dispersión que terminará diluyendo los votos opositores. Y esa dispersión hará que terminen siendo minoría, incluso aunque consigan más votos que el PSUV”, explicó.
Una abstención del 60% del registro electoral ubicaría estos comicios parlamentarios como el segundo con menos participación en los últimos 20 años. Las elecciones parlamentarias del año 2005 tuvieron una abstención de 74.74% de los votantes, mientras que las del año 2010 tuvieron un 33.55% de abstención y finalmente, las últimas elecciones legislativas en las que resultó ganadora la oposición venezolana tuvieron una abstención de 25.83%.
Para Alarcón, pese a su preferencia por la participación en procesos políticos, la decisión de abstenerse por parte del denominado G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) es la correcta.
Ante la propuesta de abstención, el gobierno interino de Juan Guaidó plantea la realización de una consulta popular para establecer una nueva ruta política. A la sociedad venezolana, al escuchar esta opción, le vinieron ecos pretéritos, los de la consulta popular del año 2017.
“Esta nueva consulta deberá superar varias barreras, como la memoria negativa donde la gente puso sus esperanzas en tres respuestas que no podrían haber sido concretadas por la oposición, lo cual fue un error. De ahí se derivó lo que ocurrió en las elecciones regionales y municipales”, acota Alarcón.
Más de 7.000.000 de personas votaron en esa consulta, de acuerdo con registros de la AN. Pero ahora, de acuerdo con Alarcón, muchos van a tener resistencia debido a la pandemia por covid-19. “Y es esperable también que se produzcan intentos represivos por parte del gobierno. Si estimamos que la participación en las elecciones podría ser de 8.000.000 de electores, es posible que la consulta no supere esas cifras”, añadió.
“El problema de Venezuela trasciende lo electoral”
Para la politóloga Ana Milagros Parra, jefa de análisis político en Iuriscorp, la situación venezolana no se solventará a través de un proceso electoral. “No se trata de garantías electorales, sino que es un problema estructural, de instituciones, de Estado. Tener garantías mínimas no significa una salida a la crisis del país”, señaló.
Entre las garantías electorales que ha ofrecido el régimen se encuentran las indicadas en una carta enviada por el canciller Jorge Arreaza a las Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Europea (UE), a quienes se invitó formalmente como observadores y acompañantes internacionales de los comicios.
De acuerdo con la organización civil Transparencia Venezuela, desde el año 2015 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha emitido más de 60 sentencias en contra de la Asamblea Nacional, siendo una de las más importantes la de declarar en desacato al Parlamento en el año 2016. La sentencia se emitió en un momento de pugna política, cuando a la oposición le impidieron juramentar a tres diputados del estado Amazonas.
En 2017 el TSJ resolvió, mediante la sentencia 156, que las competencias parlamentarias serían ejercidas por el Poder Judicial, lo cual generó una ola de protestas masivas que dejaron un saldo de más de 150 fallecidos.
Pese a que Parra considera que las elecciones parlamentarias no darán una salida en el país, afirma que la abstención tampoco generará un cambio si no va acompañada de una estrategia integral.
“Lo importante es qué se hace con la estrategia antes y después para aprovechar el evento ‘electoral’ impulsado por el régimen de Maduro. No creo que el gobierno interino haya trazado de verdad una ruta. Está en etapas de consulta. La ruta debe estar enmarcada en un plan estratégico que no se ha planteado formalmente a la población. Es un evento que se puede aprovechar como un punto de quiebre, pero no es lo único que se puede hacer. Con la sola participación solo se va a legitimar al régimen”, aseveró.
“No es suficiente argumentar que participar en las elecciones es legitimar al régimen”
“La pregunta es qué se va a hacer en esa fecha”, indica Maryhen Jiménez, doctora en ciencias políticas por la Universidad de Oxford. “Una elección no va a resolver los profundos problemas que existen en el país, los índices de pobreza, la crisis migratoria. Estamos hablando de la presencia de grupos paramilitares, de países como China, Rusia, Cuba, la asesoría de Irán, todo hace de Venezuela un escenario mucho más complejo que por ejemplo en el año 2005, cuando la oposición decidió abstenerse. Pero no se puede renunciar a la movilización, organización y participación”.
Desde la academia, Jiménez aseguró que se debe innovar y ejercer presión doméstica.
“Se debe entender las parlamentarias como un paso más en la historia del país. Las entiendo como una posibilidad para la movilización y la organización, para reconstruir capacidades internas”, aseveró.
El caso de Gambia, en el que Yahya Jammeh perdió las elecciones en contra del candidato opositor Adama Barrow en el año 2016 luego de haberse mantenido 22 años en el poder; los comicios en Filipinas en el año 1986, que depusieron a Ferdinand Marcos tras más de 25 años en el poder, o el caso de Polonia, con la participación de Lech Wałęsa en las elecciones de 1990, son algunos de los escenarios en los que Jiménez sustenta su tesis.
Para Jiménez, en Venezuela la oposición se priva de espacios de movilización y organización.
“Un régimen autoritario no te va a dar elecciones competitivas si no luchas por ellas, y debes hacerlo con la gente. Si tu causa no tiene apoyo popular, es irrelevante porque no representa un desafío a la estructura de poder. La pregunta es cómo lo vas a hacer, quién te va a apoyar y cómo esa lucha va a ser visible para presionar a un régimen que no quiere dar lo que se pide”.
En 2019, se retomaron los diálogos por parte de la oposición y el régimen de Maduro. Los mismos eran mediados por funcionarios del Reino de Noruega. Sin embargo, el 9 de agosto de ese año, Jorge Rodríguez, funcionario oficialista, anunció que el régimen no participaría en las negociaciones luego de que la Casa Blanca impusiera sanciones financieras.
Posterior a dicho escenario, el gobierno interino de Juan Guaidó anunció el fin del diálogo en septiembre de 2019. Es en ese momento en que se establece la mesa nacional de diálogo, que no contaba con factores del denominado G4.
Mitos sobre la negociación
A propósito de ello, Jiménez consideró un error presentar peticiones maximalistas en diálogos políticos.
“En Venezuela hay diferentes mitos sobre cómo funcionan las transiciones y negociaciones”, aclara Jiménez. “Se trata de procesos largos, no lineales. La preferencia del chavismo o madurismo es mantenerse en el poder, pero si llegaron a una mesa de negociación es porque se sienten debilitados. ¿Es correcto pensar que hemos hecho todo bien? La pregunta es cómo se puede construir una mejor negociación, entendiendo que se va a negociar, no a obtener la rendición del otro, que todavía cuenta con el control del país y con un porcentaje importante de apoyo popular. Ha sido, pues, un error presentar listas maximalistas un régimen autoritario. Considero que aún hay elementos por explorar para el futuro en ese camino”, dijo.
La más reciente encuesta de Datanálisis indica que 80% de la población no cree que se pueda lograr un cambio político este año 2020, y que la desaprobación al gobierno de Juan Guaidó crece día a día, ubicándose, para junio de este año, en 61.6%.
“Ha sido un error entender los porcentajes de la población que quiere un cambio en el país como favorables a la oposición”, acota Jiménez.
“No se puede ser solamente la identificación negativa de decirse antichavista. Aún hay mucho camino por recorrer en cuanto a representar una alternativa viable, con un mensaje realmente atractivo”.
Ante la tesis de que con participar en las elecciones parlamentarias la oposición podría legitimar a Nicolás Maduro, Jiménez es tajante: “No es suficiente argumentar de esa forma. Un régimen autoritario contemporáneo siempre va a buscar maneras de legitimarse, sobretodo en Venezuela, donde hay una cultura electoral amplia. No se puede admitir que no se participa por evitar la legitimación y ya. Hay que decir qué es lo que sí se va a hacer. Todo régimen autoritario busca despolitizar, desmovilizar. Es el gran reto de los partidos políticos opositores lograr precisamente lo contrario”.
Señala la doctora en ciencias políticas que la oposición debe frenar su lucha interna para generar unión y coordinación. “Esto ocurre en escenarios polarizados, y Venezuela es un país hiperpolarizado. Las intrigas en los distintos sectores forman parte de la estrategia autoritaria, pues así se empieza a desmembrar la sociedad”.
