Email
A comienzos de septiembre fuimos testigos de un hecho que sin duda, muy a pesar de la pandemia por covid-19, de la emergencia humanitaria compleja y de la caída de la producción petrolera y la falta de abastecimiento de gasolina en el país, nos llena de esperanza y de optimismo. Ese hecho fue la firma del Pacto Unitario por la libertad y elecciones libres, donde 27 partidos políticos y 110 organizaciones de la Sociedad Civil organizada, junto a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional legítima, se comprometieron a “luchar para lograr la liberación de Venezuela y devolver a los ciudadanos la soberanía con la salida de Nicolás Maduro del poder para avanzar en las soluciones de los problemas que aquejan la vida política, social e institucional del país”.
El espectro político nacional ha puesto sobre la mesa muchas alternativas de acción frente a la crisis que nos aqueja: desde la participación en lo que para mí no es un proceso electoral genuinamente democrático, competitivo, justo y libre, convocado para el 6 de diciembre de 2020; la invocación al artículo 187-11 de la Constitución de la República y ahora lo contenido en el Pacto Unitario, que viene a retomar y a darle sentido y coherencia al mantra del cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Trataré brevemente de pasearme por cada una de ellas para razonarle a los lectores por qué considero la tercera como la más conveniente y ajustada a una propuesta no solo coyuntural, sino que se proyecta hacia el futuro.
Sobre los que promueven la participación el 6 de diciembre de 2020
Este grupo de la sociedad no debe ser estigmatizado, ni mucho menos rechazado, por cuanto, y partiendo de la buena fe, su planteamiento es válido y propio de unos ciudadanos formados y acostumbrados a la democracia, donde la mejor forma de dirimir las controversias y procurar cambios en la sociedad es a través del ejercicio del voto universal, directo y secreto como herramienta para la transformación nacional y el cambio en paz.
Empero, hoy la realidad dista mucho de ser esa, al contrario, ese proceso electoral, que insisto, no es tal, siguiendo lo dicho por mis colegas de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV), busca revestir de legalidad a la pretensión de salir del único poder genuinamente legítimo existente en Venezuela como es la Asamblea Nacional y así devolverle el control al oficialismo de ese espacio para seguir profundizando –sin oposición a sus designios- la revolución bolivariana; al tiempo de darle oxígeno y algo de legitimidad, sobre todo frente a la sociedad internacional, al establishment.
Del mismo modo con ello se violenta lo contenido en la Constitución de 1999 y demás leyes en lo que a elecciones respecta, ya que no se cumplió lo previsto en la carta magna para la selección de los rectores del CNE, lo cual está contenido en los artículos 295 y 296 de la CRBV, así como se altera el principio de representación con el incremento del número de diputados a escogerse y el cambio de normas para la determinación de la representación indígena, por ejemplo.
Para aquellos que dicen que hay que participar, ya que si no, se caerá en el mismo error de la oposición en el año 2005 por el llamado a abstención, a ellos les digo: abstenerse es un acto de escogencia racional, es una decisión del ciudadano de votar o no votar, pero ¿Acaso lo planteado hoy es abstención o es la cercenación a la fuerza de la capacidad de escoger la opción que mejor prefiero de manera libre? Ello tomando en cuenta que el TSJ (afín al régimen) vía sentencia, secuestró las tarjetas y símbolos de partidos políticos –ojo, no solo de la alternativa democrática, sino también del llamado Gran Polo Patriótico- y retiró de sus juntas directivas sus liderazgos naturales. Es el caso de Acción Democrática, Voluntad Popular, Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Revolucionario Tupamaro, Patria Para Todos, Nuvipa, etc. Ello sin contar la existencia de presos políticos, exiliados e inhabilitados, con lo cual se altera el principio de “Elegir y ser elegido”, propio de cualquier democracia.
Por consiguiente, participar en el proceso del 6 de diciembre de 2020 simplemente es un ejercicio acomodaticio de interpretación a conveniencia de la Constitución y no estar sometido plenamente al Imperio de la Ley, sino más bien relativizarlo. Si bien la política es “el arte de lo posible, no es menos cierto que los actos dentro de una sociedad, deben estar sometidos a algún tipo de norma, canon o principio ético, ya que de lo contrario, nos espera solo la anomia y el caos”.
Sobre aquellos que apuestan al 187-11 y a “una solución externa”
Respecto a este punto he de decir que si bien comparto el hecho de que se necesita de un apoyo decidido e irrestricto de la sociedad internacional para una transición y un cambio político en Venezuela, tampoco hay que escurrir el bulto y esperar que las soluciones vengan desde fuera sin que se creen internamente, tal como se diría en términos de la teoría marxista, las “Condiciones tanto objetivas como subjetivas” para esos procesos. En la política internacional, los Estados no se mueven por elementos ético-morales, sino más bien por intereses definidos en la priorización de las necesidades de sus ciudadanos por encima del resto y para conseguir, mantener y expandir su poder; es por ello que esta alternativa no depende de los venezolanos, dependería de los actores foráneos. De allí a que esto no sea como “Pedir una pizza a domicilio y esperar que en menos de 50 minutos vayas a tenerla calientita en tu mesa”. Es algo más complejo que eso.
Por otro lado, creo que hay una interpretación errónea del contenido del art. 187-11. Ese artículo nunca plantea la posibilidad de cooperación internacional para una intervención internacional, al contrario, plantea la posibilidad de cooperación e intercambio técnico para el mejoramiento de las labores de Seguridad y Defensa de la Nación, eso gracias a que el legislador, o mejor dicho, el constituyente jamás podría contemplar la pérdida de la soberanía nacional, o lo que es lo mismo, la capacidad efectiva del ejercicio del monopolio legítimo de la violencia, o peor aún, que el gobierno en funciones vuelva sus armas en contra de sus ciudadanos, porque se parte del supuesto, originado del deber ser, que señala que el gobierno siempre procurará el bienestar de sus ciudadanos y trabajará en el mantenimiento y fortalecimiento del contrato social.
Sobre el Pacto Unitario y su pertinencia en la Venezuela de hoy
Esta es la alternativa que considero más racional y además más “apropiada a nuestras capacidades”, por cuanto es una propuesta unitaria, nacional pero que requiere de apoyo internacional y que atiende a hacer política de forma “innovadora, creativa y no violenta”. Repito que surge producto de un diálogo nacional de donde 27 partidos políticos y 110 organizaciones de la Sociedad Civil organizada, junto a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional legítima, se comprometieron a “luchar para lograr la liberación de Venezuela y devolver a los ciudadanos la soberanía con la salida de Nicolás Maduro del poder para avanzar en las soluciones de los problemas que aquejan la vida política, social e institucional del país”.
Importante es decir que este pacto le da contenido al famoso “mantra” de 2019 del “cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres”, ya que se comprometen los que allí firman a:
a. “Luchar por la libertad, la democracia y el progreso para derrotar al régimen de Maduro”. Esto tiene como foco y sentido recuperar la soberanía entendida como la recuperación del Imperio de la Ley y la primacía de las Instituciones para la refundación del Contrato Social y la República en Venezuela.
b. “Asumir como prioridad la reversión de la crisis humanitaria”, lo cual solo es posible, no mediante variables económicas; sino haciendo posible la transición en Venezuela y por ende, haciendo posible una transformación política en el país a través de un Gobierno de Emergencia Nacional.
c. “Ese mismo Gobierno de Emergencia Nacional es el que debe generar las condiciones institucionales para realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres”, justas, verdaderamente competitivas en igualdad de condiciones y verificables; que sirva de instrumento para la transformación de Venezuela en paz y libertad.
d. “Recuperar el monopolio legítimo de la fuerza pública”, para hacer que las Fuerzas Armadas Nacionales y los Cuerpos de Seguridad trabajen en la protección de los más altos intereses de la Defensa y la Seguridad de la Nación y de los ciudadanos venezolanos.
Ese mismo pacto plantea la realización de una Consulta Popular con base en lo previsto en el artículo 70 de la Constitución. Para muchos no hay nada que consultar, ya que ello se hizo el 16 de julio de 2017; no obstante ya han pasado tres años de eso, y la política, así como la vida es cambiante; y la consulta no debe ser vista como un fin en si mismo, sino una herramienta y una oportunidad para la unidad de propósitos, para la movilización y organización, y para ir ganando espacios de poder para el rescate de la República, de la libertad y la democracia, acumulando y aumentando capacidades a través de una mayor legitimidad democrática en acción por medio de la Asamblea Nacional.
Acá debo insistir en lo que tanto he repetido como ejercicio de “pedagogía política”, y es que una de las cosas que debiéramos aprender de las experiencias recientes de la política latinoamericana, es la existencia de unos “caramelos de cianuro”, mortales para cualquier democracia en la actualidad en su lucha contra los autoritarismos populistas de izquierda que campean por el continente, y que nos llaman a elaborar una agenda política basada en lo siguiente:
1. La necesidad de conectar con las grandes mayorías, sobre todo con los más necesitados;
2. La necesidad de dejar atrás los cálculos racionalistas-individualistas de ganancias particulares, para así pensar en la política como el vehículo para la construcción del bienestar nacional;
3. La puesta en práctica de aquel dicho que reza que “El candidato es aquel que piensa en las próximas elecciones, mientras que el Estadista es aquel que piensa y se enfoca en las próximas generaciones, siendo paciente y coherente en su accionar”. Así se necesitan más y mejores estadistas en nuestras sociedades, sabedores de su rol frente a la historia;
4. Que la política no se limita al internet y a las redes sociales (aunque esto adquiere una importancia sustantiva en tiempos de pandemia por covid-19) y,
5. Lo más importante, que es ser conscientes de que solo unidos es que pueden salvaguardarse de los encantadores de serpientes del socialismo populista, la República, la libertad, los derechos humanos, la institucionalidad del Estado y el imperio de la Constitución y las leyes. De lo contrario, lo que queda es el abismo.
De igual forma, la unidad no solo es ni debe ser para ganar elecciones, sino que debe mantenerse más allá, en el devenir del ejercicio del gobierno, en aras de elevar los estándares de gobernanza democrática que consiste en mejorar la eficacia y la eficiencia de los gobiernos en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, al tiempo que se elevan los niveles de confianza, de inclusión y de equidad que vienen a reforzar el tejido y la paz social en nuestro país. No perdamos la esperanza, la fe y la convicción Trabajemos juntos por el rescate de la República.
