• En El Diario consultamos a cuatro expertos que dieron su opinión sobre el informe de las Naciones Unidas que acusa directamente a Nicolás Maduro de ser responsable de crímenes de lesa humanidad. Esperan que la comunidad internacional sea contundente con el régimen venezolano

“Por primera vez se señala a personas, con nombre y apellido, responsables o posibles responsables de crímenes de lesa humanidad”, indica Gonzalo Himiob, abogado y coordinador del Foro Penal, al hablar sobre el informe de la Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU).

La misión, dirigida por Marta Valiñas, Francisco Cox Vial y Paul Seils, trabajó desde septiembre del año 2019 para investigar violaciones de derechos humanos bajo la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Fueron examinados 223 casos individuales y 2.891 violaciones de derechos humanos, todo evaluado, de acuerdo con el documento de la comisión, “a la luz del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho penal internacional”.

En El Diario consultamos a cuatro especialistas para que explicaran las implicaciones que tendrá este informe de cara a la comunidad de naciones y los organismos de justicia internacionales.

Carmen Alguindigue: “Ahora ningún país se puede tapar los ojos”

Carmen Alguindigue Morles, embajadora en Andorra del gobierno interino de Juan Guaidó, aseguró en exclusiva para El Diario que la trascendencia del informe radica en el señalamiento de patrones y sistematicidad en las acciones que se ejecutan para violar derechos humanos.

“Deja en evidencia que el patrón de crímenes de lesa humanidad no responde solo a disidentes, sino que es un actuar generalizado para garantizar el control social absoluto de la población. Se reconoce que hay cadenas de mando claras y directas que desde atrás dan las instrucciones y facilitan los medios materiales de su cumplimiento, a través de lo que se denomina como ‘delincuencia de poder’, donde la gran corrupción es un motor evidente”, detalló la también abogada acreditada ante la Corte Penal Internacional (CPI).

ONU
Normandie pour la Paix : debat n°29 Venezuela, une crise latino-americaine, des interets internationaux

En cuanto a la Fiscalía de la CPI, Alguindigue considera que se debe abrir una investigación “de manera inmediata”. Sobre el establecimiento de responsabilidad individual por delitos de lesa humanidad, aclara la abogada, “la CPI es el organismo encargado”.

Durante 2018, el organismo abrió un proceso de examen preliminar para recabar evidencias sobre lo que ocurría en Venezuela.

“Justamente la fase del examen preliminar que estaba pendiente tenía que ver con evaluar si era posible que se investigaran los crímenes por la jurisdicción interna y evaluar el interés de la justicia venezolana. Ambas situaciones son evidentemente una tarea cumplida y está claro que este informe confirma que es imperativo establecer las responsabilidades por los crímenes, indemnizar a las víctimas y garantizar la no repetición de estas atrocidades”, indicó.

Claves de la Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas

La Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (Fact Finding Mission en inglés) es un procedimiento especial acordado el año 2019 en el marco del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que creó este mecanismo ad-hoc para evaluar el estado de los DDHH en Venezuela.

Es una estructura independiente, integrada por tres expertos internacionales en la materia.

No tiene vinculación con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que preside Michelle Bachelet, que por ser parte de la estructura de Naciones Unidas tiene un cariz más político: debe negociar con los gobiernos donde opera para le permitan operar in loco.

La Misión, por su parte, no tuvo permiso para visitar el país y operó desde Panamá.
Se nutrió fundamentalmente de información proporcionadas por fuentes venezolanas que incluye víctimas, defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, exfuncionarios del poder judicial dispuestos a declarar y hasta fuentes anónimas dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.

El informe es meramente técnico y se diferencia de informes anteriores por dos aportes fundamentales:

-Establece la cadena de mando y responsabilidad en los delitos hasta la figura del Presidente de la República.

-Eleva los delitos a nivel internacional, ya que tipifica a uno de los cuatro delitos internacionales establecidos luego de la Segunda Guerra Mundial, a saber, el delito de lesa humanidad (los otros tres son: crimen de agresión, genocidio y crímenes de guerra).

Fuente: Embajadora Carmen Alguindigue Morles

En el informe de la ONU se señala las violaciones de derechos humanos fueron perpetradas por organismos de seguridad como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Adicionalmente a los señalamientos que recaen sobre Nicolás Maduro y los ministros de Interior y Justicia, Nestor Reverol; y de Defensa, Vladimir Padrino López, la abogada Alguindigue Morles enfatiza que hay un listado de 45 oficiales del Sebin y la Dgcim responsables de los crímenes.

Todos los señalados poseen responsabilidad individual por sus actuaciones. Con este informe se pone fin a lo que, hasta ahora, había sido la cortina de atribución de responsabilidad objetiva del Estado, sin que se discriminara la responsabilidad individual de quienes detentan el poder, los cuales, para perpetuarse en el mismo, incurren de manera sistemática en violaciones de derechos humanos”, aseveró.

La diplomática acota, además, que muchos de estos funcionarios acusados en el informe se encuentran fuera del territorio venezolano. “No debería haber ningún país que se tape los ojos. Las cadenas de mando están establecidas y hay funcionarios de rango medio que podrían estar fuera del país. Por principio de jurisdicción universal, cualquier país puede y debe juzgar a estas personas. Eso garantizaría la fluidez y la celeridad de los procesos. Esas personas deberían ser juzgadas en el territorio en que se encuentren independientemente de los procesos de la Corte Penal Internacional”.

Agrega Alguindigue que fue bajo este principio jurídico que Adolfo Eichman -criminal de guerra del régimen nazi- pudo ser juzgado en Israel en el año 1961. “Por este principio, Augusto Pinochet fue detenido en Londres y Henry Kissinger no pudo ir a Suiza a dictar una conferencia porque un juez había emitido una orden de captura. Canadá y prácticamente todos los países europeos han adoptado el principio de jurisdicción universal, por lo que la movilidad internacional de los implicados se reduce considerablemente, sobre todo en el mundo occidental”.

ONU, Dgcim
Foto cortesía

Desde el año 2014, la abogada Alguindigue se ha dedicado a recabar información sobre la violación sistemática de derechos humanos. Su vida profesional se ha enfocado en el área penal desde el ámbito institucional como fiscal del Ministerio Público, la actividad docente y la investigación del sistema de justicia venezolano.

“Desde el gobierno interino, el trabajo es intenso y comprometido por lograr recuperar los valores democráticos y el Estado de derecho en el país, lo cual pasa necesariamente por hacer todo lo necesario para impulsar las investigaciones y atender a las víctimas, garantizando que nunca más en Venezuela se repitan estas violaciones de derechos humanos”.

¿Por qué la comisión insta al Estado venezolano a investigarse, digamos, a sí mismo? Si entre los acusados está el encargado del Poder Ejecutivo

—Es una comisión técnica que siempre va a instar al Estado a adelantar investigaciones. Pero de allí a que el Estado tenga esa posibilidad hay una brecha muy grande. En la CPI, a diferencia de lo que ocurre en otros organismos internacionales, no aplica el tema de que se agoten los recursos internos. Claramente queda demostrado que es imposible que se cumpla la justicia porque el Estado venezolano no tiene la capacidad de investigación. Con la destrucción absoluta de los organismos de investigación, es decir, el estado actual de los órganos de investigación, no posee los recursos que permitan que se hagan investigaciones confiables.

Concluye la diplomática añadiendo que la situación ambiental en Venezuela «es de prioritaria investigación, de acuerdo con los parámetros de la CPI». Adelanta que ese aspecto puede hacer que la investigación del organismo internacional avance.

Gonzalo Himiob: “Este tipo de informes son fundamentales para lograr la justicia”

Como parte del Foro Penal, Gonzálo Himiob ha representado a muchas víctimas de violación de derechos humanos. “Ellas ven esto como algo positivo”, indicó para El Diario. Sin embargo, señaló que pese a la trascendencia del informe de la misión, se deben “manejar las expectativas”.

“Si alguien piensa en resultados jurídicos inmediatos, pues está equivocado. Aún hay un trecho por recorrer, superar obstáculos propios de la burocracia de la justicia internacional. La Fiscalía del Tribunal Internacional de Justicia puede basarse perfectamente en este informe, pero eso no significa que no vayan a revisar o requerir otro tipo de evidencias para corroborar lo que allí se dice”, aseveró.

ONU, Foro Penal
Foto cortesía

Explicó el abogado que la jurisdicción penal internacional es complementaria, lo cual quiere decir que solo actuará “si se ha agotado todo el esfuerzo posible para que los crímenes se juzguen en los países en donde fueron cometidos. Solo si es absolutamente imposible, se abre la posibilidad de que se active la jurisdicción penal internacional”. 

Es por esta razón que, entre las recomendaciones finales del informe de la ONU, la Misión inste al Estado venezolano a cesar e investigar los crímenes recopilados.

ONU, Sede de la CPI
Foto cortesía

Como parte de las repercusiones inmediatas, Himiob considera que la comunidad de naciones podría cohibir su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. “Van a tener que ser mucho más cuidadosos en sus vínculos con el régimen de ahora en adelante. Pone a decidir a varias naciones si van a seguir retratándose con alguien que está señalado de haber cometido crímenes de lesa humanidad”.

Lo que puede pasar, a juicio de Himiob, es que el Consejo de Derechos Humanos solicite a la CPI la apertura de una investigación directa en contra de las personas señaladas. “Especulo que se podría instar a la Fiscalía a que adelante los pasos que se tienen que dar. Pero hay que recordar que se trata de organismos independientes. Hay muchos pasos que se tienen que cumplir para que se determinen responsabilidades”, dijo.

Sin embargo, Himiob considera que la opinión pública no debería desestimar el informe, pese a que no revista de de consecuencias jurídicas inmediatas.

Siempre decimos, y particularmente yo lo recalco mucho, que este tipo de informes, aunque la gente no vea la utilidad inmediata, sirve para llevar un registro histórico de lo que ha pasado en Venezuela. Lo peor que nos puede pasar es que nos llegue el momento de hacer justicia y no tengamos a la mano elementos como este. Este informe sirve para eso. Por primera vez se señala claramente a personas, con nombre y apellido, esto no había ocurrido antes, por eso señalaba que esto marca un antes y un después en la historia de los derechos humanos en Venezuela”.

Mariano de Alba: “Consecución de la justicia depende en gran medida de que se concrete un cambio Venezuela”

Para el abogado internacionalista Mariano de Alba, hay tres actores que pueden responder al informe de la Misión de la ONU.

Primero: “El propio Estado venezolano, investigando y sancionando a los responsables. Por razones obvias, esto es altamente improbable”.

Segundo: “Otros Estados, bien sea ajustando su política exterior con respecto a Venezuela o en algunos casos, adelantando ellos mismos investigaciones y eventualmente juicios contra los presuntos responsables. Así lo recomienda el informe”.

Mariano de Alba
Foto: Mariano De Alba

Tercero: “Organismos internacionales como la Corte Penal Internacional. El informe es un insumo muy importante para su Fiscalía, la cual adelanta un examen preliminar sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el año 2014”.

Sin embargo, aclara que la CPI no tiene facultad para arrestar forzosamente a los presuntos responsables y someterlos a juicio.

El inicio de los juicios, y la consecución de la justicia, depende en gran medida de que efectivamente se concrete un cambio de gobierno en Venezuela”, indica para El Diario.

Como precedente entre otros organismos multilaterales, De Alba señala que la conclusión de la Misión concuerda con la del panel de expertos designados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la cual fue presentada el pasado 24 de mayo del año 2018.

ONU, OEA
Foto cortesía

“Las conclusiones a las cuales llega el informe podrían generar un impulso adicional para que países u organismos internacionales investiguen con mayor ahínco lo que ha sucedido y está ocurriendo en Venezuela. Específicamente, tendrán mucho peso en las investigaciones preliminares que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que es el organismo que podría eventualmente juzgar la responsabilidad penal individual de Maduro u otros altos funcionarios”, especificó.

Al respecto de si la Asamblea General de las Naciones Unidas podría debatir el informe, en opinión de Mariano de Alba “es muy poco probable”.

“Es un órgano político donde además el régimen de Maduro cuenta con un apoyo significativo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue quien le dio el mandato a la misión de determinación de hechos para que realizara el informe. Sus países miembros -donde por cierto está Venezuela- tendrán que decidir cómo responder al informe, idealmente redoblando los esfuerzos por investigar y vigilar la situación en Venezuela”.

Reacción del régimen

Jorge Arreaza, canciller del régimen de Nicolás Maduro, condenó en su cuenta de Twitter la publicación del informe.

Dijo que se trataba de “un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los derechos humanos y no política de derechos humanos”.

Orlando Viera Blanco: “Queremos que haya justicia en La Haya”

El embajador del gobierno interino ante Canadá, Orlando Viera Blanco, aseguró para El Diario que la publicación del informe “cambia las reglas del tablero”.

“Sin duda alguna la tipificación de delitos de esta magnitud, como detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas, ajusticiamiento sistémico, así como las muertes en situación de custodia, genera un precedente formal sumamente relevante a los fines de la justicia penal internacional. Demuestra ante la comunidad internacional que el hombre que preside el régimen de Caracas es un hombre a las puertas de ser un reo de la justicia universal”.

Orlando Viera
Embajador Orlando Viera Blanco

Para el diplomático, el informe tiene un carácter vinculante en cuanto a veracidad. “Producto de una exhaustiva investigación de que en Venezuela se cometieron delitos de lesa humanidad”.

El informe impulsará, a juicio de Viera Blanco, la admisibilidad para que se solicite la investigación formal de Nicolás Maduro y la cadena de mando. “Ese es el procedimiento”.

“Recordemos que la misión de determinación de hechos no es la encargada de procesar a los perpetradores de estos delitos. Existe una justicia, llamemosla natural, que indica que debes ser juzgado por tus jueces naturales. Los que se encuentran en el territorio de la jurisdicción. Ellos invocan que esto sea investigado de manera genuina. No les toca a ellos especular si existe en Venezuela una vocación a hacer justicia, a investigar o no, sobre estos hechos. Ellos como órganos de determinación de hechos van a lo estrictamente convencional, que es exigir justicia a quien ciertamente corresponde impartir justicia”.

¿Considera que hay condiciones en Venezuela para que se imparta justicia?

—Que jurídicamente, políticamente, humanitariamente, sepamos que no existe tal vocación en Venezuela, eso es precisamente lo que en otra instancia, que es la CPI, tenemos que determinar. Como en Venezuela no hay justicia, y no se han investigado estos crímenes, se señala a proceder, en virtud de esta situación, a hacer justicia. La justicia que imparte la CPI es complementaria o suplementaria a la justicia venezolana. Existe el deber de la complementariedad.

Aunque la CPI no puede efectuar “arrestos forzosos” a las personas señaladas en el informe, Viera Blanco aclara que sí puede ordenarlos a comparecer, en tanto necesite emplazar testimonios de los imputados. “Pero estamos en etapa de consideraciones preliminares, no existe esa posibilidad”.

El drama venezolano no se reduce a una temporalidad. Y es lamentable porque el contador de delitos no se detiene. Cuando se habla de 30.000 ajusticiados en los últimos años por parte de autoridades o comandos especiales, torturas y presos políticos que aún están en las mazmorras, se constata de que existen situaciones de persecución política, todo da cuenta de que los delitos de lesa humanidad siguen en marcha».

Desde el año 2001, cuando Hugo Chávez estaba en el poder, se conocen denuncias de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el embajador del gobierno interino.

«Queremos que haya justicia en La Haya en el órgano que, en el marco del estatuto de Roma, determina la responsabilidad de comisión de delitos”.

¿Y la Fiscalía ha desestimado casos de Venezuela?

—Estos procesos obedecen a unas técnicas y valoraciones con sustentabilidad probatoria. En la medida del cumplimiento del derecho a la defensa, y de la duda a favor del imputado, y teniendo en cuenta que esta Corte revisa crímenes muy serios, no de poca monta, exige una serie de parámetros, de protocolos que no pueden ser declinados.

La Corte ha venido acumulando, seleccionando, cuáles son aquellos reportes que se sustentan en una relatoría probatoria suficiente. El examen preliminar de la fiscal ha dicho que de cientos de denuncias y reportes, ha tomado más de 100. No es un número despreciable en términos cuantitativos. Tiene que valorar no solamente la prueba, sino verificar que se ha cumplido con el requisito de la complementariedad y de admisibilidad.

Aclaró que se están evaluando, desde el gobierno interino, “las aproximaciones diplomáticas necesarias para mantener atenta a la comunidad internacional de que el régimen de Caracas está siendo señalado. Y se seguirán los protocolos diplomáticos necesarios”.

El camino a la justicia tras informe de la ONU

Coinciden las visiones en que se trata, pues, de un informe de gran trascendencia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Pero el largo camino a la justicia no ha terminado. Queda camino por recorrer entre burocracias, procedimientos. Los lentos pasos de los procesos internacionales contrastan con la necesidad urgente y apremiante de reivindicación.

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