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Casi todos los diccionarios, textos generalistas y especializados definen el término “oposición” como el conjunto de agrupaciones que hacen vida fuera del ámbito de gobierno. Tal como la palabra lo indica: que se “oponen” a la gestión administrativa o a las ideas del partido o coalición que detenta el mandato gubernamental.
En Venezuela la expresión de este concepto es particularmente compleja debido a una serie de circunstancias de las cuales me referiré a dos en este artículo.
Oposición real vs. oposición mediática
El ambiente de opinión pública en Venezuela sufre de una paradoja que se origina en la condición precaria del derecho a la información y la libertad de expresión. Por una parte, los medios tradicionales, televisión, radio y prensa, están sometidos a una censura que es a la vez implacable y sofisticada; asimismo, los medios digitales y redes sociales experimentan de forma exacerbada distorsiones producidas por tácticas de desinformación y manipulación tanto de las plataformas como de los contenidos: interdicción electrónica, “guerrilla comunicacional”. Adicionalmente, el aparato oficial de propaganda, que es una de las pocas cosas en las que el régimen es eficiente, domina con bastante destreza la generación de matrices que permean en los ámbitos de opinión pública internacional, tanto a través de las salas de redacción de las agencias de noticias como de costosos lobbies mediáticos; tanto por vía del síndrome de automatismo periodístico como producto de lealtades ideológicas o crematísticas.
Gracias a esos mecanismos, se ha logrado confeccionar la percepción de que en Venezuela existe una fractura de los sectores que adversan al régimen que usurpa el poder y que son coloquialmente denominados como oposición. La realidad objetiva es que la casi absoluta totalidad de estos sectores conforman una unidad casi perfecta en torno al gobierno encargado que preside Juan Guaidó. Esto, como función del apoyo manifiesto de las cuatro fuerzas políticas o partidos que conforman la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional.
No obstante, la estrategia oficialista ha consistido en otorgarle una vocería amplificada a dos actores políticos que han tenido relevancia en el ecosistema político, uno de ellos, Henrique Capriles, como excandidato presidencial y gobernador; y la otra, María Corina Machado, como exdiputada, constante luchadora y organizadora de iniciativas opuestas al régimen. Más allá de esos nobles expedientes, ninguno de estos voceros ostenta una representatividad más allá de la popularidad que les prestan sus dilatadas trayectorias públicas. Ninguna decisión que ellos puedan tomar tiene hoy en día un efecto concreto en la conformación del bloque que representa legítimamente al electorado que adversa al régimen de Maduro y que está representado en el gobierno interino. Las decisiones e iniciativas de política pública, que incluyen por ejemplo la determinación de no cohonestar un nuevo circo electoral el próximo mes de diciembre, no pasan por la aprobación de ninguno de estos voceros, más allá de consultas de cortesía. Sin embargo, la proliferación de titulares y postulados amplificando el peso de estas voces disonantes a la dimensión de “fractura del bloque democrático” es capaz de generar una gran confusión que, a medida que la percepción es más lejana o ingenua, la tesis de la falta de unidad se hace más plausible. Las redes sociales le sirven de caja de resonancia a este síndrome que termina por generar la percepción alienada de que en efecto existe una atomización de la dirección estratégica de las iniciativas que buscan retornar al orden constitucional en Venezuela.
Dicotomía del gobierno encargado
La casi totalidad del discurso conformado por el ámbito noticioso, “opinático”, declarativo y académico, tanto dentro como fuera del país, eso que en su conjunto llamamos “la opinión pública”, define las partes beligerantes del conflicto venezolano en términos de “oposición y oficialismo”; “oposición y régimen”; y así. De este modo, todos, pero especialmente el gobierno encargado caen en una trampa semántica que tiene no pocas implicaciones en la comprensión y procesos de atención a la dinámica y al tipo de soluciones que se plantean.
A ver, si nos conducimos con acuerdo al postulado inicial de este artículo, según el cual la oposición es una agrupación o conjunto de ellas que se opone al gobierno en funciones, en su ideología, en su ejecución, entonces la premisa de que la administración, Guaidó es un gobierno encargado, y de paso, el único de talante, naturaleza y condición de legitimidad en el país, quedaría negada. Aunque parece una nimiedad, un detalle que solo debería merecer la atención de filólogos y semiólogos, la reiteración de la identificación de las instancias que conforman al gobierno encargado como oposición, les define con implicaciones profundas en la percepción y comprensión de los interlocutores que devienen en problemas reales de beligerancia e incluso a la postre, de legitimidad.
Prácticamente toda la información que se ventila tanto en la vapuleada y sometida prensa nacional como en las plataformas internacionales, agencias de noticias, cadenas de medios, portales, diarios, se refieren a Juan Guaidó más como líder de la oposición que como presidente encargado, quedando esta última acepción para comentarios accesorios o para aquellos ocasionales casos en los que se atiende directamente la problemática de la existencia de dos gobiernos en Venezuela, uno legítimo y otro que usurpa funciones.
Podemos ver incluso como muchos voceros y documentos emitidos desde las instancias que reconocen a Guaidó como el jefe de Estado legítimo en Venezuela, se expresan confundiendo la condición de plataforma gubernamental con oposición.
Ahora bien, ¿qué hacer con respecto a esta situación? Pues las instancias que manejan la política comunicacional en el gobierno encargado pueden enfatizar en utilizar los códigos adecuados, primero que nada, haciendo un mayor énfasis en definirse como lo requiere su naturaleza, más aún cuando los conductores del aparato de propaganda del régimen madurista conocen perfectamente esta situación de acepción errada del término “oposición” y desarrollan acciones, guiones y contenidos orientados a exacerbar esa confusión para su propio beneficio. Pero mayor responsabilidad tienen quienes ostentan el privilegio y la responsabilidad de tener audiencias de escala. ¿Pero cómo referirse al conglomerado que detenta el mandato gubernamental legítimo? Para el caso que ocupa a Venezuela, este problema es relativamente fácil de atender; en un país en el que reinasen la institucionalidad, la separación de poderes y los mecanismos de expresión electoral no se estaría dando esta discusión, pero en Venezuela es posible delinear muy claramente la diferencia entre los sectores que han violentado el imperio de la ley rompiendo de forma flagrante el orden constitucional y los que defienden el retorno a este estado jurídico y luchan (y son perseguidos) por el rescate de esa institucionalidad. A esos sectores, agrupaciones, dirigencia, se les puede claramente identificar como sectores democráticos enfrentados a las agrupaciones, instancias e individuos que conforman la usurpación de los poderes públicos y que incluso operan sobre estructuras completamente ilegítimas como es el caso de la Asamblea Constituyente.
Los dos ejemplos descritos son en realidad dos caras de una misma moneda que es utilizada como divisa destinada a desinformar como mecanismo de ablandamiento psicológico; la técnica más eficaz utilizada por los regímenes neoautoritarios del mundo, los cuales heredaron y perfeccionaron tácticas de propaganda cuyo origen se remonta a tiempos inmemoriales pero que fueron perfeccionadas por bolcheviques y fascistas en las revoluciones de principios del siglo XX junto al advenimiento de los medios masivos de comunicación. No existe más fértil estado de la mente que el de la confusión para instalar ideas y creencias dirigidas. Esto, junto con técnicas de repetición y reafirmación, el uso de la yuxtaposición de conceptos reconocidos como verdaderos con los elementos que se desean implantar conforma la receta infalible para acuñar una “verdad mediática”. En este caso matizada entre que el gobierno encargado es en realidad la oposición y que esta oposición está fracturada, por lo tanto, no tiene legitimidad ni beligerancia.
Sin duda el esfuerzo de comunicación de los sectores democráticos es dinámico y cuenta con algunas de las mentes y voluntades más calificadas para la tarea, pero siempre hay espacio para detenerse en el plano estratégico para lograr separar mejor el polvo de la paja cuidando los aspectos semánticos del discurso en estos detalles que por ser aparentemente nimios tienen el potencial de producir tanto daño.
Alberto Scharffenorth es consultor especializado en plataformas tecnológicas y medios digitales. Twitter @alscharff.
