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- El integrante del equipo que constató las violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde 2014 hasta 2019, reiteró que la delegación trabaja de manera imparcial y desestimó los señalamientos de Jorge Arreaza, quien dijo que el documento “está plagado de falsedades”
El informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó las denuncias elevadas por defensores y víctimas de vulneraciones por parte de organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, quien en la voz de su canciller Jorge Arreaza respondió que el texto está “plagado de falsedades”.
Ante esta aseveración, Francisco Cox, miembro del equipo que elaboró la resolución A/HCR/4533 del pasado 15 de septiembre, respondió a los señalamientos y precisó en entrevista exclusiva para El Diario que toda la información es veraz. Fue producto de entrevistas a familiares, testigos, exfuncionarios y personal activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Detallaron cuáles son las prácticas empleadas desde el aparato de poder para agredir a los ciudadanos sobre la base de cuatro prácticas. Tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
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La redacción del documento tardó siete meses. Se fundamenta en la revisión de 223 casos individuales y 2.891 casos de violaciones a los derechos humanos entre 2014 y 2019. En el informe se establecen las responsabilidades no solo de Maduro, sino de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, y Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia.
Levantamiento de la información
—Conocieron de viva voz el testimonio de víctimas por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué le dejó esta experiencia? ¿Imaginaron que en pleno siglo XXI se reportarían en América Latina prácticas similares a las denunciadas en las dictaduras de la región en la década de los 70 y 80?
—Para nosotros (el equipo liderado por él, Marta Valiñas y Paul Seils) fue muy duro recopilar esos testimonios. Nos produjo un profundo sentimiento de dolor y eso es lo que generan los crímenes de lesa humanidad, que conmueven profundamente a la ciudadanía. Nosotros estudiamos los patrones de cuatro aspectos: tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Pero no hemos revisado cómo está la situación de derechos humanos en la región. No puedo pronunciarme ni establecer comparaciones con lo ocurrido en otras naciones. Nuestro motivo de investigación fue Venezuela.
—¿Qué le responde al canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, quien afirmó que el informe “está plagado de falsedades y orquestado en Estados Unidos”?
—A mí me interesaría mucho que el señor canciller Jorge Arreaza dijera cuáles son las falsedades contenidas en el informe. Nosotros le indicamos a la delegación de Venezuela en Ginebra que haríamos llegar el documento y no obtuvimos respuesta. Todo nuestro informe contiene información sustentada y fiable, por lo cual defendemos y mantenemos cada una de las observaciones. Nosotros somos una misión independiente y todo lo recopilamos y procesamos sobre la base de lo previsto en el Derecho Penal Internacional.
—¿Qué viene luego de la presentación de este informe? ¿Qué alternativas tienen las víctimas para obtener justicia? El propio informe evidencia la no independencia de poderes en Venezuela y la politización del aparato judicial.
—Nosotros queremos que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial venezolano investiguen y determinen las responsabilidades a que haya lugar. Sabemos de jueces y fiscales que quieren hacer su trabajo e investigar, por ejemplo, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y han sido amenazados por eso. Si a lo interno no hay voluntad para investigar, entonces queda la vía de la justicia internacional para procesar estas denuncias.
Detalles sobre el informe
—Puede detallar cuál fue el método utilizado para la recopilación y procesamiento de la información que se transformó en el informe.
—Nos comunicamos con las víctimas a través de videollamadas, las más seguras posibles para evitar intervenciones y así darle seguridad a los testigos. Conversamos con víctimas, abogados, testigos, exfuncionarios y también funcionarios militares activos. Nos ratificaron los patrones usados contra las víctimas por parte de los organismos de seguridad.
—Qué fue lo más complicado e impactante que evidenciaron al redactar este informe.
—En la misión, además del dolor vivido por los testigos, tuvimos un ritmo de trabajo muy agotador. Trabajamos un total de 13 personas, redactamos borradores, aplicamos metodología para poder garantizar un producto serio.
—En Venezuela, los defensores de derechos humanos son perseguidos y criminalizados. ¿Cuál es su llamado a los organismos internacionales?
–Nosotros pedimos entre las recomendaciones que se ponga fin a los ataques y las investigaciones judiciales sin sustento contra defensores de derechos humanos. También pedimos la derogatoria de ese instrumento llamado Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Consideramos que es usado para criminalizar el trabajo de los defensores.
—Una precisión, ¿pudiera la Corte Internacional de Justicia conocer este caso?
—Son dos organismos independientes. Las oficinas de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) revisan los casos “más arriba”.
No hay coordinación entre las dos oficinas, pero nuestro informe, por ser público, puede ser usado para contribuir en el proceso que se sigue ante esa instancia.
—¿Creen que luego de este informe revelador el Estado venezolano acoja las recomendaciones de la Misión?
—Nosotros esperamos que las recomendaciones contenidas en el informe sean acogidas por el Estado. Nuestras sugerencias van en línea con la garantía y respeto a los derechos humanos de todos los venezolanos.
La próxima semana se celebrará una sesión de diálogo interactivo con la participación de los Estados miembros de la ONU. Además de delegaciones de la sociedad civil venezolana. Luego de esto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, validará la información contenida en el documento.
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