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- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los DD HH, Michelle Bachelet, abogó por la liberación de los presos políticos durante la última sesión del CIDH
Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), anunció que llegó a un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro. Esto permitirá prorrogar, por un año, la cooperación y asistencia técnica que su oficina brinda en Venezuela.
La expresidenta chilena informó la decisión durante la sesión N° 45 del Consejo de Derechos Humanos que tuvo lugar en Ginebra (Suiza), sede del organismo. La prórroga permitiría aumentar de dos a seis el número de funcionarios de la oficina de la Acnudh que se encuentran desplegados en el país.
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Maria Alejandra Aristeguieta, internacionalista y exembajadora de Venezuela en Suiza, explica para El Diario que desde el régimen se pretende hacer ver este acuerdo como una “concesión”. No obstante, el motivo real detrás del convenio estaría vinculado con la intención de que se avalen las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre.
Cree que el nuevo acuerdo puede dar resultados positivos, pero solo si no se encuentra sometidos a presiones por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Viejas ideas
La exembajadora plantea que la idea de establecer una oficina completa en el país no es nueva. Esta formaba parte del Memorándum de Entendimiento suscrito hace casi un año entre Venezuela y la oficina de la Acnudh.
Además, no es la primera oficina en la región, países como México, Honduras, Guatemala y Colombia también cuentan con una sede de la Acnudh.
Dice que el alcance del trabajo que pueda llegar a realizarse en Venezuela dependerá de la disposición del régimen a permitirles investigar.
No descarta que la ampliación del equipo técnico pueda traducirse en informes más detallados, pero considera que es poco probable que llegue a suceder. Esto se debe a que la línea de acción seguida la alta comisionada ha privilegiado la política antes que la defensa a los DD HH.
Presos políticos
Uno de los aspectos abordados por Bachelet durante su presentación oral fue el tema de los presos políticos. Comunicó que espera que sean liberados y se respeten sus derechos.
El comentario de la alta comisionada se produjo en el contexto del “indulto presidencial” otorgado por el régimen a 110 presos políticos y exiliados.
La exembajadora califica como un “gesto para quedar bien parados”, el hecho de que previo a la presentación del informe oral de la expresidenta chilena se le permitiese a los integrantes del equipo técnico entrevistarse con presos políticos detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Es por esto que no cree que se pueda llegar a alcanzar la liberación de dichos detenidos.
“No veo incentivos para que hagan nuevas concesiones”, asegura, al tiempo que agrega que espera estar equivocada.
Aristeguieta lamenta que tuviese que transcurrir un año para que la oficina en Caracas de la Acnudh pueda contar con el personal que desde un principio estaba previsto que tuviese. Pese a esto cree que se han realizado avances gracias al trabajo realizado por los funcionarios, pues se han documentado múltiples violaciones de DD HH por parte del régimen.
Durante 2021 espera que continúen la labor que vienen realizando hasta el momento, visibilizando los atropellos a los DD HH que se registran en el país, así como dictando cursos en materia técnica.
Crímenes de lesa humanidad
Para Aristiguieta, el informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU) posee “diferencias sustanciales” con respecto a los publicados anteriormente por la Acnudh.
Dice que la primera de ellas es el lapso que fue objeto de evaluación. Explica que en el caso de los informes elaborados por la oficina de la expresidenta Bachelet los tiempos evaluados son “relativamente cortos”. Debido a esto, no se puede profundizar en sus resultados ni establecer un patrón sistemático y generalizado de violaciones de DD HH.
Este es uno de los requisitos fundamentales para poder determinar si hay lugar a crímenes de lesa humanidad.
“En el caso de la Misión de Determinación hablamos de un ente independiente específicamente creado por los Estados miembros para hacer una investigación durante un período y una envergadura más amplia, que busca establecer los hechos con miras a identificar si se han cometido crímenes de lesa humanidad”, asevera.
Explica que este tipo de misiones son excepcionales y solo son creadas en situaciones donde el deterioro de los Derechos Humanos es tan agudo y generalizado que las condiciones son insostenibles.
La exembajadora dice que otras naciones donde también se han nombrado misiones independientes de determinación de hechos son: Burundi, Congo, Iraq, Libia, Myanmar, Sudán del Sur, Siria y Yemen.
Señala que en algunos de estos países se han cometido genocidios, mientras que en otros se han registrado guerras civiles o bien conflictos armados prolongados.
Determinando responsables
En el informe se detalla que del total de muertes documentadas, 59% de ellas ocurrieron a manos de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
Este último organismo ha estado recientemente en el foco de atención luego de que el presidente interino de la República, Juan Guaidó, informara que se encontraba impulsando un acuerdo con Estados Unidos para que fuese designada como una organización terrorista.
Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, explicó para El Diario que el objetivo de la medida es visibilizar las violaciones de DD HH que han cometido durante los últimos años.
Con respecto a esto, la exembajadora señala que el informe “abre muchas vías” para que la comunidad internacional pueda actuar. Una de ellas es su designación como organización terrorista por parte de la administración estadounidense.
Afirma que el Consejo de Seguridad de la ONU podría concluir que la actuación de las FAES afecta la seguridad hemisférica y proceder en concordancia.
Aristeguieta espera que el mandato que llevó a la creación de esta misión de determinación se extienda al menos por un año más. Sin embargo, asegura que ello no está garantizado, pues para ello se requiere un número determinado de votos dentro del Consejo de Derechos Humanos.
Recuerda que en ese momento se contaba con un mayor apoyo regional debido a que el Grupo de Lima era más sólido, además de que en ese entonces el gobierno argentino apoyaba la causa democrática venezolana. Ante esta situación cree que es pertinente el trabajar para consolidar la cantidad de votos necesaria que permita garantizar la extensión del mandato de la misión.
“Si en Venezuela hubiese un sistema judicial independiente, el fiscal Tarek William Saab debería actuar y abrir una investigación de inmediato. Pero como no lo hay, se requiere que se lleve a la Justicia Penal Internacional”, sentencia.
