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- En su informe de coyuntura “Una mirada a futuro para Venezuela”, técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) diseñan lo que debería hacerse en el país para recuperar la calidad de vida de la población más vulnerable y mejorar los servicios públicos
La crisis política, económica y social que sacude a Venezuela es objeto de estudio en los principales centros de pensamiento del mundo, además de gobiernos, universidades, organismos multilaterales, entre otros.
Este fin de semana, dos economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Emmanuel Abuelafia y José Luis Saboin, publicaron un extenso informe titulado “Una mirada a futuro para Venezuela”, en donde hacen una cruda radiografía de los principales indicadores macroeconómicos del país y proponen qué hacer para que en una eventual transición haya asistencia social a los más necesitados como prioridad y se sienten las bases para el cambio del modelo de gestión de los servicios públicos y del modelo económico general.
Los economistas explicaron en el documento que el colapso en que se encuentra la economía venezolana no tiene precedentes. “El Producto Interno Bruto se contrajo un 70% entre 2013 y 2019, a lo que se suma una reducción esperada del 30% en 2020, lo que la ubica dentro de las mayores crisis del mundo”.
La radiografía de los analistas señala que las expectativas de crecimiento para 2020 son desalentadoras. “Si se incluye el impacto esperado de las nuevas sanciones económicas al comercio de petróleo venezolano, el continuo declive de la infraestructura y el impacto de la pandemia de la covid-19, la contracción podría ubicarse entre el 15% y el 30%, si no se observan cambios sustantivos en el contexto actual”.
Para el BID “un proceso de transición ordenada en Venezuela posibilitaría tomar las medidas necesarias para atacar de manera contundente los retos que enfrenta el país. Esto permitirá la mejora de la calidad de vida de la población y la recuperación de la economía luego de años de mal manejo e inacción. Dada la magnitud de los retos, es necesario enfocarse en planificar la secuencia de intervenciones que permitan, en un primer momento, centrarse en la emergencia y lograr reinstaurar el andamiaje institucional necesario para, luego de estabilizado el país, poder avanzar con el proceso de reformas y consolidar el proceso de mejora de la calidad de vida de la población”.
En el documento se destaca que el Grupo BID ha venido trabajando con las contrapartes del gobierno interino de Venezuela y la comunidad internacional “en delinear y diseñar las principales intervenciones enfocadas tanto en atender la crisis como en reencauzar al país por la senda de un crecimiento económico”.
Las intervenciones no son más que el diseño y ejecución de una política de subsidios directos a la población y a los segmentos de la economía más deteriorados. “La idea es de lograr cubrir a la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible”.
Pero para que haya inversión social es preciso que las propuestas formen parte de por un programa macroeconómico de estabilización de amplio alcance.
La meta es detener el deterioro, recuperar a Venezuela en un lapso de entre dos y cinco años, luego de que se concrete una solución pacífica a la crisis política. La entidad regional y otras fuentes de financiamiento aportarían los fondos, que serán administrados por los ejecutores de políticas públicas venezolanos, bajo estrictos parámetros de auditoría.
Los retos para la implementación en esta primera etapa se vinculan con el acceso a la base de datos bancarios y la inclusión de personas no bancarizadas y hogares no elegibles. Un segundo reto es la inclusión de personas no bancarizadas y de hogares vulnerables.
Cifras concretas
Los economistas Abuelafia y Saboín consideran, en su informe, que en el mediano plazo se espera transitar hacia un programa focalizado para aliviar la pobreza y apoyar el consumo de la población más pobre por medio de transferencias directas.
El costo estimado para el programa de transferencias casi universales y de transferencias en especie para el primer año alcanza los 2,8 millardos de dólares.
Para el segundo año, el monto total es de USD 2,954 millardos, en cuyo caso las transferencias focalizadas representan más del 50% del total del gasto. Para el tercer año, el costo se ha estimado en USD 2,250 millardos.
Sobre el sector salud, el papel de trabajo señala que la infraestructura hospitalaria está colapsada y el impacto de la pandemia del covid-19 pone aún más de relieve la situación del sector. “La presión sobre el sistema de salud público durante este periodo es sustantiva y el mismo no cuenta con insumos básicos para la protección de los profesionales de la salud y tiene un limitado número de plazas para la atención de los enfermos”, dice el informe.
Los analistas plantean que las políticas públicas durante la emergencia deberían enfocarse en restablecer la provisión de operaciones prioritarias y el tratamiento de enfermedades agudas, reinstaurar los servicios críticos en hospitales y mitigar el impacto de la pandemia del covid-19, incluyendo la compra y distribución de medicamentos e implementos básicos.
El costo fiscal de las intervenciones propuestas para el primer año alcanza los USD 1,925 millardos, excluyendo acciones específicas para la pandemia del covid-19, lo que representa aproximadamente USD 170.000.000. Los montos son similares para los años siguientes.
Educación
La asistencia escolar ha empeorado sustancialmente durante los últimos años, especialmente en los primeros y últimos años de escolaridad, teniendo un impacto sobre el potencial de crecimiento del país en el mediano plazo.
“El sistema escolar era una herramienta de protección social, dado que también brindaba cobertura de planes de alimentación. La crisis que trajo la pandemia del covid-19 y el cierre prolongado de las escuelas tendrán como consecuencia un agravamiento de los bajos niveles de aprendizaje, e incidirán en la deserción y la promoción, así como en la nutrición, al limitar la distribución de alimentos en los centros escolares”, sostienen Abuelafia y Saboín en su informe.
El diagnóstico del BID apunta a mantener la asistencia escolar durante la pandemia.
“Es un reto, especialmente en el ambiente reinante, donde los problemas de acceso a medios digitales y la falta generalizada de recursos hace muy complicada la posibilidad de educación a distancia, especialmente para los alumnos de escuelas públicas”, advierten.
Se propone en una primera instancia la focalización de las acciones en 80 municipios de atención prioritaria; en las escuelas públicas situadas en zonas con los mayores índices de pobreza de forma de cubrir el 30% de los estudiantes de las escuelas públicas u otro criterio definido por el gobierno.
Restablecer el acceso a servicios básicos
Además de estas medidas puntuales para atender la crisis social, el BID propone que se revise minuciosamente el sector servicios públicos, los cuales presentan niveles de deterioros nunca vistos en el país.
“Las fallas del sector eléctrico impactan directamente sobre la calidad de vida de las personas, pero así también sobre la competitividad y el crecimiento del país. Las empresas venezolanas reportan que los cortes de energía les representan el 6% de sus ventas y alrededor del 50% de las firmas han tenido que comprar generadores propios para lograr solventar los problemas del sistema eléctrico nacional”, dice el documento del ente multilateral.
Las intervenciones para el primer año se enfocarían en el restablecimiento de la capacidad de generación térmica con especial atención a la región de Zulia, donde la provisión se ha deteriorado en mayor medida, además de intervenciones para rehabilitar la red de distribución y transmisión y recuperar el Centro Nacional de Despacho (CND).
El costo estimado para el periodo de 5 años es de aproximadamente USD 7,1 millardos, incluyendo actividades de mejoramiento de la generación, transmisión y distribución. Los recursos mínimos requeridos para el primer año representan USD 217.000.000.
Agua y transporte
El informe dice que el servicio de provisión de agua se ha deteriorado en los últimos años. Solo el 25% de los hogares de Venezuela recibe agua de manera continua todos los días y la calidad del agua provista es muy pobre.
A esto se suman los problemas de infraestructura, la falta de químicos necesarios para el tratamiento y la falta de tratamiento de las aguas residuales.
Las intervenciones de emergencia en el sector de agua buscan garantizar la provisión a hospitales y otras instalaciones estratégicas, procurando garantizar la provisión de agua de 50 litros por día por persona y apoyar la reconversión de las empresas de agua en el país.
El objetivo de esta segunda etapa es asegurar una provisión de 200 litros por persona por día para una población estimada de 30.000.000 de personas.
El costo mínimo de las intervenciones en el sector se estimó en USD 675.000.000 para el primer año, mientras que para los siguientes cuatro años se estima un costo total de USD 3,8 millardos.
Este valor refleja el monto mínimo que debería invertirse en el primer año, con la posibilidad de expandirlo hasta un millardo de dólares, si se disponen recursos para ello.
Abuelafia y Saboín consideran que el deterioro de la infraestructura de transporte en Venezuela afecta la competitividad y las posibilidades de recuperación, así como la calidad de vida de la población.
Venezuela se encuentra en los últimos lugares en los índices de calidad de la infraestructura de transporte, así como en los últimos lugares de los índices de desempeño logístico.
Las políticas públicas por desarrollar se centrarán en la recuperación de su operatividad y de su rol dentro de la estructura productiva del país.
Los montos de los planes de ejecución de las políticas de recuperación del transporte y el fortalecimiento del sistema educativo están por precisarse.
El reto de los factores políticos en disputa es sentar las bases de cambios institucionales en la nación, los cuales son requisitos fundamentales para que un plan como el que implica “Una mirada a futuro para Venezuela”, sea ejecutable. El diagnóstico está hecho. Falta la voluntad de acción.
