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- Durante el confinamiento por covid-19 se ha registrado una disminución del índice de secuestros en las principales ciudades del país. El criminólogo Fermín Mármol detalló las diferencias con las tasas delictivas que se cometen en las fronteras | Foto: Matías Delacroix / AFP
La delincuencia organizada ha aterrorizado a las comunidades de Venezuela. Las bandas criminales se valen de diferentes modus operandi para ejercer control territorial y lucrarse. Durante muchos años el secuestro fue un delito rentable para estos grupos criminales, dado que el dinero obtenido por concepto de rescate cubría la logística que implicaba realizar una operación de esta magnitud. Sin embargo, durante los meses de confinamiento por la pandemia de covid-19, aumentaron otros delitos que resultan de mejor provecho para las bandas del crimen organizado.
El secuestro ha presentado una disminución considerable solo en las principales ciudades del país, según asegura el criminólogo Fermín Mármol para El Diario, pero se ha incrementado en zonas fronterizas dominadas por grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Boliches, irregulares en zonas mineras, entre otros.
El especialista destaca que en estas zonas limítrofes o rurales existe un aumento de delitos como el reclutamiento forzoso de adolescentes, tráfico de personas, secuestros individualizados a comerciantes y empresarios de la zona y esclavitud moderna, sobre todo en la zonas mineras del estado Bolívar.
En las ciudades de la región central de Venezuela el secuestro ha presentado una disminución considerable durante este año, precisa Mármol al hacer referencia sobre los datos obtenidos por distintas ONG y medios de comunicación, debido a que no existen cifras oficiales por parte del Estado con respecto a los índices delictivos en el país.
83%
Secuestros y desapariciones28%
Homicidios22%
EnfrentamientosAsegura que la disminución del índice de secuestros en las principales ciudades supera el 15%, aunque aclara que se trata de una estimación conservadora debido a la falta de cifras oficiales.
Política de Estado inexistente
La disminución de la tasa de secuestros no se debe a una actuación eficaz de los cuerpos de seguridad del Estado para enfrentar estos crímenes, sino a factores de índole socioeconómica, explica Mármol.
“No se trata de una política de Estado y políticas públicas efectivas y coherentes que han hecho todo cuanto ha sido posible para disminuir este flagelo en Venezuela. No hay motivos de política criminal que haya generado esa disminución. La disminución del secuestro se debe a otros factores”, comenta el especialista.
El criminólogo explica que existen tres factores importantes:
• Escasez de combustible: La crisis de gasolina que se ha registrado en las principales ciudades durante los últimos meses dificultan la logística que involucra el uso de varios vehículos para la comisión del delito.
• Poco dinero: La disminución del poder adquisitivo del venezolano hace “prácticamente imposible” que las víctimas puedan cumplir con la suma de dinero que exigen las bandas criminales. Los secuestradores, a su vez, consideran poco rentable realizar un despliegue costoso sin poder obtener lo que exigen.
• Otros delitos: Migración hacia otros tipos de delitos que no requieren la planificación detallada de un secuestro y que pueden resultar más beneficiosos para estos, como, por ejemplo, el control territorial de diferentes zonas del país usando la extorsión y tráfico de drogas principalmente.
Confianza nula en las instituciones
El especialista recomienda introducir la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en caso de ser víctima de secuestro o cualquier otro delito. Sin embargo, destaca que la ciudadanía no tiene confianza en las instituciones policiales y judiciales del país.
Mármol califica de lamentable que entre las políticas de Estado no se haya incentivado la denuncia y tampoco se haya impulsado la realización de una encuesta de victimización nacional, con cargo al presupuesto de la nación, como lo hacen Colombia y México. Explica que con una encuesta de este tipo se puede estudiar el índice delictivo del país.
El nulo acceso a las cifras delictivas oficiales complica el estudio de las actividades criminales del país. El criminólogo destacó que las difusión oficial de esta data fue vetada, una situación que se presenta en el país desde hace más de una década.
“Es muy lamentable que no haya accesos públicos a los cómputos de denuncias formales, que la denuncia ciudadana no sea una práctica habitual y es muy lamentable que tampoco hagamos una encuesta de victimización nacional”, explica.
Funcionarios involucrados
Se han conocido casos de funcionarios policiales vinculados con el secuestro, lo que merma cada vez más la confianza de la población en las instituciones de seguridad.
El excomisario de la Policía de Chacao y especialista en Ciencias Policiales, Luis Godoy, explicó para El Diario que los organismos de seguridad no realizan acciones de contrainteligencia para aprehender a los funcionarios policiales presuntamente involucrados en delitos como el secuestro.
Destaca que hace 20 años se realizaban autodepuraciones en los cuerpos de seguridad del Estado y también era más frecuente el desmantelamiento de bandas, una práctica que casi no se hace en la actualidad.
Godoy explica que la Oficina de Actuaciones Policiales de cada organismo de seguridad debería recibir las denuncias de la ciudadanía o realizar trabajos de contrainteligencia de funcionarios que están presuntamente involucrados en hechos delictivos, armar expedientes que deben ser enviados al Ministerio de Interior y Justicia donde se debería llevar a cabo un proceso sancionatorio o de destitución.
Sin embargo, comenta que los organismos de seguridad del Estado no cumplen con sus funciones a cabalidad porque la ciudadanía no ejerce la presión necesaria mediante denuncias en las instituciones policiales, judiciales y medios de comunicación.
Si bien el secuestro ha disminuido en las principales ciudades del país, las actividades ilícitas del crimen organizado son una realidad que atemoriza a la población venezolana. Ya sea en las zonas rurales de la frontera o en las urbes las organizaciones criminales cada vez tienen más alcance en el país, mermando la calidad de vida de los venezolanos.
