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- Expertos consultados por El Diario coinciden en que este proceso de veeduría carece de los estándares internacionales
El régimen de Nicolás Maduro solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) que participen como acompañantes internacionales en las elecciones parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 6 de diciembre.
Esta figura de veeduría electoral tiene su origen en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), promulgada en 2013. En esta normativa, pese a que no se contempla la idea de la observación internacional a diferencia de otros países, sí se especifican cuáles son los límites en los que pueden operar mientras permanezcan en el país los acompañantes internacionales.
Reglamento General LOPRE by El Diario
Jesús Castellanos, profesor de la Especialización de Procesos y Sistemas Electorales de la UCV, comenta para El Diario que existen marcadas diferencias entre cada uno de estos procesos de veeduría electoral.
Aclara que en el caso del acompañamiento electoral este tiene como principal función el compartir experiencias en materia comicial y su duración es significativamente inferior a la prevista para un proceso de observación.
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Esto, según su valoración, se traduce en un análisis del proceso electoral que no necesariamente es imparcial, es poco exhaustivo y carece de rigurosidad.
Explica que en el caso de la observación internacional, esta prevé un monitoreo pormenorizado de todas las fases necesarias para poder llevar a cabo los comicios. Añade que dicho monitoreo queda documentado para su posterior análisis y tanto su elaboración como el comportamiento de los observadores se encuentra apegado a estándares internacionales.
Plantea que, de acuerdo a la duración de esta última, puede llegar a abarcar desde la fecha de la convocatoria de las elecciones hasta semanas posteriores a la realización de los comicios. Mientras que en el caso del acompañamiento, su acreditación suele ocurrir a pocos días de la celebración de las elecciones.
Eugenio Martínez, periodista especializado en procesos electorales, señala que existen otras diferencias entre ambos tipos de veeduría. La más significativa de ellas es la referente a la movilidad, tanto de los observadores como de los acompañantes.
Explica que en el caso de estos últimos no cuentan con libertad para desplazarse a lo largo y ancho del país, pues se encuentran a expensas de los lugares a los que el CNE decida llevarlos. Situación que difiere con las prerrogativas que requiere una misión de observación, las cuales deberían poder desplegarse en cualquier región a voluntad y sin que se requiera una autorización previa.
Afirma que debido a esto las misiones de acompañamiento tampoco están en capacidad de verificar la transparencia del proceso electoral.
Martínez sostiene que la decisión de no incluir en la Lopre la figura de la observación internacional no fue un hecho fortuito. Al contrario, se trató de una actuación premeditada cuya intención era eliminar el monitoreo profesional de las elecciones que venían realizando instituciones como el Centro Carter, la OEA y la propia UE.
Atados de manos
La escasa capacidad de maniobra de los acompañantes electorales debido a la Lopre ha sido considerada por el Centro Carter como un acto político meramente simbólico.
Leandro Querido, director ejecutivo de ONG Transparencia Electoral, considera que la actuación de dichos “acompañantes” tiene un impacto negativo en la noción de lo que representa la observación internacional.
Argumenta que esto es debido a que las observaciones que realizan acerca del proceso comicial son de carácter “personal” y no permiten realizar ningún tipo de análisis posterior.
Sostiene que en muchos casos dichas misiones de acompañamiento internacional están integradas por personalidades, afines al régimen, que nada tienen que ver con el mundo electoral y sí con el político. Ello implica que carecen de la experticia para poder realizar cualquier tipo de recomendación que resulte provechosa.
Caso contrario ocurre con la labor que realizan los organismos e instituciones internacionales que se encuentran calificados para poder operar como observadores internacionales.
Visto bueno
Tanto Castellanos como Martínez coinciden en que es muy poco factible que tanto la ONU como la UE acepten la invitación de Nicolás Maduro y envíen misiones de acompañamiento electoral. Explican que debido a las restricciones que tendrían para realizar su trabajo no tendría sentido que vengan a Venezuela.
No obstante, esta postura podría cambiar de producirse una modificación en la Lopre que incluya la figura de la observación internacional.
Sin embargo, Eugenio Martínez precisa que el tiempo es un factor que podría impedir que, aunque se concretara el cambio en la legislación, los organismos internacionales acepten enviar delegaciones.
Explica que para coordinar y desplegar una misión de observación electoral se requiere de un lapso de al menos seis meses.
Apunta que otro factor que también dificulta el arribo al país de una misión de observación internacional es la pandemia causada por el coronavirus. Cuenta que en Bolivia, donde también está planteado que se lleve a cabo un proceso comicial, la mayor parte de las misiones que estaban confirmadas no se desplegarán.
Involución institucional
Leandro Querido sostiene que durante las dos últimas décadas el deterioro institucional en Venezuela ha sido sostenido. Ese deterioro asegura que se ha trasladado a la institucionalidad democrática que existía en el país.
“Desde 1998 hasta la fecha, se ha pasado por diversas instancias. En un principio, las medidas tenían que ver con propiciar un ventajismo electoral”, describe el director de Transparencia Electoral.
Cuenta que posteriormente los eventos electorales comenzaron a evidenciar un fenómeno que denomina como “cancha inclinada”. En este se daba una marcada diferencia a favor del oficialismo con respecto a la oposición. Esto ocasionó que las condiciones para que los factores adversos al poder pudiesen ganar los comicios fuesen cada vez más difíciles.
Un ejemplo de este fenómeno es el uso, desde el poder, de recursos públicos durante los procesos electorales para obtener una ventaja con respecto al contrincante. Esta situación ocasionó una pérdida de la competitividad electoral.
“Hoy ya no estamos en un escenario de “cancha inclinada”. Un escenario de no competitividad electoral en el que el régimen ha llevado adelante un giro autoritario muy marcado. Obviamente, indica, la oposición ya no puede competir en este contexto.
Dice que si bien Venezuela no se encuentra en las mismas condiciones que Cuba, donde existe un régimen totalitario de partido único, esa es la pretensión de Nicolás Maduro. Cree que este escenario no se ha podido llevar a cabo porque los factores democráticos en el país han luchado para evitarlo.
Concluye que la persecusión a la disidencia, la detención de políticos opositores y la violación de Derechos Humanos que se producen desde hace años en Venezuela son factores que impiden que puedan producirse una elecciones competitivas.
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