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- Dos edificaciones fueron invadidas recientemente por colectivos. Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señala que el problema radica en que la Sunavi respalda estas acciones
Durante los casi siete meses de confinamiento en Venezuela debido a la pandemia por covid-19, han sido múltiples las denuncias sobre la violación a la propiedad privada en Caracas.
El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, indicó en exclusiva para El Diario que se registraron dos invasiones a edificaciones en las avenidas Universidad y Fuerzas Armadas recientemente.
Precisó que han denunciado todas los casos de violaciones a la propiedad privada, como lo fue el tema del edificio Padrón, la Mansión Forever, y varias edificaciones en distintas parroquias de la capital.
Rojas indicó que el edificio Sociedad en la avenida Universidad, el cual se encuentra a una cuadra de la sede de la Asamblea Nacional (AN), es una torre de oficinas donde funciona el Centro Contable de Caracas y bufetes de abogados.
Detalló que el domingo 27 de septiembre colectivos armados llegaron al edificio, amenazaron al conserje y entraron al lugar al menos 40 personas, que reventaron puertas y destrozaron mobiliarios.
“Debido a la denuncia oportuna de los vecinos y propietarios, llegaron al sitio funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes en horas de la madrugada desalojaron a los invasores”, aseguró Rojas.
Sin embargo, el defensor sostuvo que el problema radica en que ahora la PNB está impidiendo a los propietarios legítimos del edificio ingresar a la propiedad, la cual se encuentra clausurada con un candado y vigilada por funcionarios.
“La información que les dieron los funcionarios es que los dueños se reúnan con la Síndico Procuradora Municipal, para llegar a algún tipo de acuerdo”, agregó Rojas.
Derecho a la propiedad privada
El artículo 115 de la Constitución venezolana señala que el derecho a la propiedad es garantizado.nn“Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.
Desamparados
En un comunicado emitido por la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, coordinada por Carlos Julio Rojas, se muestran las opiniones de los propietarios de las últimas dos edificaciones invadidas.
Arturo Lovera, propietario de una oficina en el edificio Sociedad, considera inadmisible que la Policía de Caracas tenga tomado el inmueble, impidiendo a los legítimos dueños ingresar a sus oficinas, dejando cerrada la entrada con cadenas sin ninguna razón jurídica.
“Existe incertidumbre sobre cuál es el propósito de no permitirnos ingresar a nuestro lugar de trabajo, tampoco se nos informa el procedimiento a seguir para recuperar el control de nuestra propiedad. Igualmente el consejo comunal quiere asumir atribuciones directas hablando de un posible resguardo de la edificación”, precisó Lovera.
Agregó que se encuentran desamparados, sin protección del gobierno para hacer respetar su derecho a la propiedad.
Sunavi respalda invasiones
El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, detalló que en el caso del edificio Cori en la avenida Fuerzas Armadas, basados en el tema de la ley de arrendamientos, en los últimos años han ido invadiendo varios apartamentos.
“Los inquilinos dejan de pagar y se adueñan del inmueble”, indicó.
Puntualizó que uno de los pocos apartamentos que quedaban vacíos fue invadido hace unos 12 días. El propietario había sellado previamente el inmueble para que no pudieran ingresar.
Sin embargo, detalló que llegaron colectivos junto a trabajadores de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) y la PNB, quienes reventaron la puerta e ingresaron al apartamento.
Las personas que se encontraban en el sitio agredieron a propietario. El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad del edificio.
Suspensión de alquileres
El régimen de Nicolás Maduro, a través del decreto 4.279 publicado en la Gaceta Oficial, extendió por seis meses más la suspensión del cobro de alquileres comerciales y de viviendas principales.nnEste es el segundo decreto de suspensión de pagos y cobros de alquileres. El primero se anunció el 22 de marzo como medida económica para el país luego de que Maduro decretó el Estado de Alarma nacional debido a la pandemia de covid-19.nnCon el decreto queda suspendido por un lapso de seis meses la aplicación del artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos. Asimismo, se suspende la aplicación de la causal de desalojo.
En la nota de prensa que emitió la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria se expone la opinión del dueño del edificio Cori, Omar Pérez, quien acusó a la PNB y la Sunavi de ser cómplice en el robo de su propiedad, ya que estas mismas instituciones en conjunto con los invasores forzaron las cerraduras del apartamento tomándolo por la fuerza.
“En Venezuela los propietarios somos considerados criminales, ya que cuando llegamos a reclamar nuestros derechos fuimos desalojados por la policía y agredidos por los invasores. Este edificio lo logró mi familia con el esfuerzo y trabajo y ahora vemos como nos los roban y ninguna institución del Estado se pronuncia, más bien apoyan descaradamente a los delincuentes”, puntualizó.
Algunos inquilinos toman ventaja de la Ley de Arrendamiento
Carlos Julio Rojas aclara que no están en contra de los inquilinos, el tema es que deben pagar su alquiler. “Lo que ocurre en este caso es que el Sunavi respaldó la invasión a ese apartamento (edificio Cori)”, agregó.
Precisó que el tema de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda trajo como consecuencia que los inquilinos la usen para aprovecharse de la propiedad.
En el caso del edificio Cori, Rojas señaló que los inquilinos aunque tienen su contrato de arrendamiento, decidieron no seguir pagando porque “les habían aumentado mucho”, y los pocos que sí realizan pagos es por un monto mínimo, según le indicó el propietario.
“No estamos de acuerdo con que se coloquen tarifas enormes, pero tampoco estas personas se pueden adueñar de propiedades que no son de ellos”, señaló Rojas.
El defensor sostuvo que para ellos la propiedad privada es un derecho humano y que solo durante la cuarentena se han registrado 32 intentos de invasiones en el municipio libertador, y en el caso de todo el norte de Caracas van más de 160 edificaciones invadidas.
Alcaldía de Caracas participa en invasiones
Rojas señala que se vuelve a demostrar con la prohibición que tiene la Alcaldía de Caracas y la PNB de dejar entrar a los propietarios al edificio Sociedad, que Erika Farías está involucrada nuevamente en la violación a la propiedad privada.
Recordó el caso de la Mansión Forever donde funcionarios de la Alcaldía participaron en la invasión, así como en el hotel Center Sala en el centro de Caracas, el cual fue tomado por un concejal del municipio Libertador, Natanael Bello.
El defensor mencionó que tuvo una reunión con el asistente del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para hablar sobre las invasiones y la respuesta que dio fue que “por orden de arriba” no se puede tocar ese tema porque “están metidos los colectivos”.
No hay pacientes en la Mansión Forever
Dirigentes comunales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tomaron la edificación conocida como Mansión Forever, ubicada en la Alta Florida este 24 de agosto. Esto bajo el objeto de acondicionarla para atender a pacientes asintomáticos de covid-19.
Sin embargo, Carlos Julio Rojas precisó que actualmente no existe ni un solo paciente por covid-19 dentro de la mansión.
Se conoció que están talando los árboles de la propiedad y que sigue tomada por colectivos y miembros de las comunas.
Rojas indicó que la empresa norteamericana que es dueña de la mansión están asignando un abogado en Venezuela y lo que parece que quiere jugar la Alcaldía es aplicar el tipo de expropiación por utilidad pública.
“Es una situación muy grave, donde lo único que nos queda es denunciar y protestar para dejar en evidencias estas violaciones”, agregó.
El defensor mencionó que están en el proceso de recaudación de pruebas y testimonios para el documento que desean enviar ante el programa de las Naciones Unidas (ONU) respecto al derecho humano de la propiedad privada.
Subrayó que tiene buenas relaciones con otras organizaciones que aportan a la elaboración del documento, como lo son: la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresario (Atraem), Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar y Cedice.
Actualmente, Venezuela vive una fuerte crisis política, económica y social, por lo que cualquier procedimiento para ayudar a las diferentes situaciones que afectan a los venezolanos pueden tardar bastante tiempo.
