Email
- En El Diario consultamos a Nelson Chitty La Roche, abogado y jefe de cátedra de la escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, y Eglée González Lobato, doctora en Derecho y exconsultora jurídica del CNE, para evaluar los alcances de la alternativa opositora a las elecciones parlamentarias planteadas para el próximo 6 de diciembre
Ante las cuestionadas elecciones parlamentarias propuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 6 de diciembre, la Asamblea Nacional y el gobierno interino de Juan Guaidó propusieron una consulta ciudadana. La misma, de acuerdo con la información emitida desde el Parlamento, permitiría “obtener una manifestación de voluntad popular inequívoca en temas de interés nacional”.
La consulta consta de dos preguntas:
La propuesta no llegó sin obstáculos. Fuentes habían indicado para El Diario que la consulta como mecanismo de movilización era rechazada en los círculos del G4 -denominación de los cuatro grandes partidos de la oposición venezolana: Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular-.
¿Una consulta avalada por la Constitución?
Para Nelson Chitty La Roche, abogado y jefe de cátedra de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, la consulta que establecerá el Legislativo podría haberse basado en el artículo 71 de la Constitución.
Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del 10% de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral”.“Sin embargo, quien organiza esas consultas es el Consejo Nacional Electoral, que es el ente encargado de planificar eventos relacionados con la opinión del soberano sobre distintas materias. En este caso, no hay tal CNE, porque no fue electo conforme a la Constitución y a la ley”, recalca Chitty.
La actual directiva del CNE fue designada por el Tribunal Supremo de Justicia. En un reportaje previo de El Diario, se indicó que no se cumplieron los procesos previstos en la ley para renovar el poder electoral, entre los que se encuentran:
- La conformación de un comité de postulaciones.
- La postulación de los ciudadanos interesados a desempeñar los diversos cargos.
- La presentación de omisiones ante el comité de postulaciones.
- La presentación de los nombres seleccionados ante la plenaria de la Asamblea Nacional.
“Sin un órgano para poder hacer una consulta, tenemos que establecer la naturaleza de la Asamblea Nacional para ver si puede organizar una consulta de esa naturaleza. Se trata de una consulta política”, indica Chitty.
El mecanismo propuesto por la Asamblea Nacional, explica el abogado, está basado en los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 62, 131, 132, 187, 211, 333 y 350 de la Constitución.
“Estamos en una situación excepcional en la que el órgano de la representación nacional legítimo y legal, acude al soberano en procura de sostén político y además lo hace dada la naturaleza participativa, protagónica y democrática que es del Estado Constitucional. Esos son los elementos que se conocen doctrinariamente como las bases intangibles de la Constitución”, acota.
En el artículo 187, señala Chitty, se encuentra fundamentada la facultad de la AN para hacer consultas sobre los asuntos de importancia nacional.
“Vox Populi, Vox Dei”
“La voz del pueblo es la voz de Dios”, señala Chitty al responder por el carácter vinculante de la consulta. Arguye que el artículo 70 también provee de sustento a la consulta.
Dicho artículo señala que: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”.
A juicio de Chitty, entonces, la consulta puede tener un carácter vinculante.
Dificultades
La consulta popular de la Asamblea Nacional se enfrenta no solo a un país sumido en una pandemia, sino a los malos recuerdos de los ciudadanos que expresaron su voluntad en el año 2017, así lo afirmó Benigno Alarcón para El Diario previamente.
“Esta nueva consulta deberá superar varias barreras, como la memoria negativa donde la gente puso sus esperanzas en tres respuestas que no podrían haber sido concretadas por la oposición, lo cual fue un error. De ahí se derivó lo que ocurrió en las elecciones regionales y municipales”, acota Alarcón.
Más de 7.000.000 de personas votaron en esa consulta, de acuerdo con registros de la AN. Pero ahora, de acuerdo con Alarcón, muchos van a tener resistencia debido a la pandemia por covid-19. “Y es esperable también que se produzcan intentos represivos por parte del gobierno. Si estimamos que la participación en las elecciones podría ser de 8.000.000 de electores, es posible que la consulta no supere esas cifras”, añadió.
Eglee González Lobato, doctora en Derecho y exconsultora jurídica del CNE, señala para El Diario que las dificultades de la consulta radican en cómo se van a establecer dichas prerrogativas en la sociedad.
“Esta consulta tiene un efecto nacional e internacional. Queda la interrogante de si se hace para apoyar la solicitud que se hizo de la Responsabilidad de Proteger. ¿Es un apoyo a esa solicitud? ¿Se trata de una declaratoria de desconocimiento a la elección del 6 de diciembre? Hace falta saber cómo se va a materializar. ¿Cómo se impone el cumplimiento del mandato de la consulta? ¿Se hará internacionalmente o lo harán los venezolanos?”, cuestionó.
González señaló que la consulta debe hacerse teniendo en cuenta aspectos logísticos, sociales y políticos.
“La consulta convoca a una parte de la sociedad, no a toda la sociedad. En esa medida, yo pienso que, al igual que la elección del 6 de diciembre, no va a resolver el conflicto político, sino que lo va a agudizar y va a agravar los conflictos sociales y políticos”.
Entre las complejidades técnicas, la ex rectora del CNE señaló los siguientes factores a tener en cuenta:
- En cuánto tiempo se llevará a cabo la consulta.
- Cuánto tiempo se necesita para su organización.
- Quiénes van a conformar el equipo logístico de la consulta.
- Si se va a hacer automatizado, qué procesos de verificación hay sobre los resultados.
Y finalmente, entre los aspectos sociales, el tema de la pandemia por covid-19 en Venezuela podría afectar la participación ciudadana en la consulta. Y agregó que: “Si se considera el informe de la misión de la ONU, hay que tener cuidado con la represión del gobierno de Nicolás Maduro ante un acto así. Cómo se va a evitar que haya un escenario así”.
La redacción de las preguntas, a juicio de González Lobato, pareciera también “inducir a las respuestas”. “Las preguntas deberían ser neutras. No permiten respuestas en negativo. Solicitaría que permitieran al elector decidir entre el sí y el no. Las preguntas de consultas de interés nacional deberían ser más planas, eso es un error que hizo el propio chavismo desde la Constituyente del año 1999, y en los distintos referendos convocados por el oficialismo, en donde las preguntas eran poco democráticas”.
Matiza que la consulta del año 2017 convocó a todos los ciudadanos que se opusieran a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC), independientemente de la afinidad política. “En este caso, la AN no tiene esos factores combinados que fueron tan exitosos, y hay una desunión de la oposición. Todos estos detalles hay que considerarlos. Todo demócrata que luche por la democracia debe hacerlo por el camino de la democracia”.
Asegura que parte de la oposición que lucha en contra de las elecciones del 6 de diciembre por no ser democráticas debe garantizar una alternativa que promueva la democracia.
“Destacaría la necesidad de la pulcritud democrática, de cuidar el proceso de manera democrática”.
González Lobato coincide con el criterio del abogado Nelson Chitty La Roche en que el artículo 70 le provee un carácter vinculante. “Pero cuáles serían los mecanismos para el cumplimiento de esa consulta es lo que no queda claro”, reitera.
Ante el desconocimiento de la elección del 6 de diciembre propuesto por la AN, González Lobato señala que la consulta pretende avalar la permanencia del Parlamento, de su junta directiva actual y del gobierno interino ante la comunidad internacional.
El reto de la oposición radica, entonces, en la posibilidad de ejecutar lo señalado en la consulta. No han sido pocos los que, a través de las redes sociales, han manifestado su rechazo a esta propuesta debido a lo parecido al proceso del año 2017. Por lo pronto, dos de los principales dirigentes opositores que planteaban participar en los comicios, Henrique Capriles y Stalin González, han decidido retirarse debido a la falta de condiciones.
