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- Sospechas de tortura, falta de investigación independiente y contradicciones en las versiones oficiales son algunos de los aspectos en el caso del concejal venezolano que falleció bajo custodia de funcionarios del Sebin. Foto principal: Reuters
Las páginas del informe de la Misión de la ONU no son de papel, son de carne y hueso. Así lo expresó Julio Borges, canciller del gobierno interino de Juan Guaidó. Lo hizo justo antes de mencionar y detallar las condiciones de la muerte del concejal Fernando Albán.
El 8 de octubre de 2018 el político murió mientras se hallaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza Venezuela, Caracas. Pocos días antes viajó hasta Nueva York, Estados Unidos, para visitar a su esposa Meudy Osío y a sus hijos. El 1º de octubre celebraban su cumpleaños. Festejaron sus 56 años de edad, pero debía regresar a Caracas. Se fue el jueves 4, y cuatro días después ya estaba muerto. A su esposa la llamaron. Le dijeron lo que sucedía mientras su cuerpo yacía sobre el cemento.
A los abogados les fueron llegando fotografías del cadáver de Fernando, con señales de cortes, quemaduras y moretones. Lo primero que dijeron las autoridades fue que el concejal se suicidó al lazarse por la ventana del piso 10 del edificio del Sebin. El reciente informe de la Misión de la ONU tomó en cuenta las incongruencias de esta versión, que no hace mención de un posible suicidio; al contrario, en el documento ratificaron que, por ejemplo, los baños de la estructura no tienen ventanas y que las únicas que existen solo permiten una abertura de 30 grados por donde no cabe el cuerpo de un hombre.
Su apartado comienza en la página 153 del informe. Ese día, a las 3:35 pm, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, anunció por teléfono, durante una emisión de Venezolana de Televisión (VTV), que Fernando Albán se había suicidado. Dijo que Albán “estaba siendo investigado por el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. El concejal pidió ir al baño y, estando allí, se lanzó al vacío desde el décimo piso”. La primera comparecencia del concejal en el tribunal estaba prevista para ese día.
TSJ anuló responsabilidad del Sebin
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro anunció este jueves, a dos años del asesinato del concejal Fernando Albán, que los cargos imputados contra del Sebin fueron anulados.nnMiguel David Do Santos Rodríguez y Keiberth José Cibelli Moreno, miembros de este organismo policial, habían sido acusados por el delito de quebrantamiento de obligaciones de custodia.nnEl 2 de septiembre del 2019 el Ministerio Público publicó un comunicado en el que aseguraba que, según las investigaciones, se había determinado que “los funcionarios no consultaron a sus superiores al momento de despojar de las esposas al concejal, ni tampoco activaron otros mecanismos de seguridad necesarios durante la custodia”. n
Luego, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, hizo una declaración en la que aseguró que el concejal había estado en la sala de espera del Sebin de Plaza Venezuela para ser trasladado a la corte, cuando se lanzó por una ventana provocando su muerte. Ambas autoridades del régimen anunciaron que la causa de la muerte fue el suicidio, aunque no se había completado la investigación.
La Unidad de Medicina Forense emitió un certificado de defunción ese mismo día. El documento no tenía fecha, pero así se lo entregaron a la familia. La causa de la muerte se registró como “Traumatismo cráneo encefálico severo; shock hipovolémico secundario; traumatismo toraco abdominal pélvico por caída de altura”.
Cuando la familia solicitó un certificado, con fecha del 9 de octubre de 2018, las autoridades emitieron un nuevo certificado de defunción.
La causa de la muerte se había modificado a “traumatismo craneofacial grave” (en lugar de traumatismo craneoencefálico grave) y fue firmada por un médico diferente.
El primer médico estaba registrado como médico integral comunitario. El segundo médico, apunta el informe, se identificó en el certificado de defunción con un número de cédula de identidad que, según el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE), corresponde a otra persona.
El 10 de octubre de 2018, Tarek William Saab hizo una segunda declaración sobre la muerte del político basada en la autopsia. Anunció que se iba a llevar a cabo una auditoría de las grabaciones de seguridad y un estudio planimétrico. Según el fiscal general del régimen, la autopsia confirmó que Albán había muerto al caer y que estaba vivo en el momento del impacto. Agregó que la autopsia no proporcionaba indicios de que hubiera sido torturado o maltratado físicamente.
El expediente del caso
El 2 de junio de 2020 la Misión de la ONU solicitó al régimen de Maduro acceso al informe de la investigación sobre la muerte de Albán. También pidió acceso al expediente de su detención, autopsia oficial y las fotografías para una evaluación independiente. Hasta el momento de la publicación del informe, el pasado 16 de septiembre, no se recibió respuesta por parte de las autoridades del oficialismo.
Dos oficiales del Sebin, quienes fueron entrevistados por el Ministerio Público, alegaron que el concejal tenía las manos esposadas cuando pidió ir al baño. Los mismos testigos declararon que Albán había estado usando zapatos. Cuando fue encontrado el cuerpo no estaba esposado ni tampoco tenía zapatos.
William Saab también dijo que las grabaciones de las cámaras de seguridad del décimo piso no existían. A pesar de esto, la Misión tuvo conocimiento de que la División de Análisis de Sistemas de Tecnología de la Información del Ministerio Público recogió y almacenó las imágenes.
Según un análisis del Ministerio Público, las huellas dactilares que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) encontró en la ventana, desde la cual presuntamente saltó el político, pertenecían a un funcionario del Sebin. La Misión resalta que, dado que la ventana solo se pueden abrir hasta 30 grados y que Albán tenía una estatura de 1,73 metros de altura, “es probable que la hubiera tocado si fuese a saltar por ella”.
El fiscal general del régimen indicó que el cuerpo presentaba fracturas en las extremidades, incluidos los brazos, pero esto no se registró en el primer certificado de defunción emitido por el médico forense. En ese sentido, y basados en los testimonios de los testigos y pruebas analizadas, la Misión concluyó que Fernando Albán murió mientras estaba bajo la custodia de las autoridades del Sebin, lo que también implica una presunción de responsabilidad del Estado.
La Misión también entrevistó a un experto forense especializado en los Protocolos de Estambul y Minnesota, el doctor Ozkalipci. El especialista indicó que las fotografías y la información revelaron que la calidad profesional de la autopsia estaba muy por debajo de las normas internacionales.
El médico forense aseguró a la Misión que tampoco consiguió indicios de que quienes realizaron la autopsia hayan buscado pruebas de tortura o malos tratos, violencia sexual, asfixia, drogas alucinógenas o sedantes.
“Fue un asesinato”
Meudy Oslo, viuda de Fernando Albán, afirmó que lo recogido en el informe sobre el caso del concejal Albán y de otros hombres detenidos por el Sebin, es para ella un avance, puesto que se han determinado y puntualizado los hechos de manera cronológica desde su detención arbitraria hasta su muerte.
Por otra parte, el exdecano emérito de American University Washington College of Law (Auwcl) y profesor de la Academy on Human Rights, Claudio Grossman, indicó que Saab nunca llamó a los familiares de Albán para hacerle una autopsia independiente. “El abogado del concejal Fernando Albán fue perseguido y tuvo que salir de su país. Hay una responsabilidad de las autoridades superiores en este asesinato”, expresó Grossman.
Las autoridades, por su parte, insisten en que Albán se quitó la vida. Para reforzar esta hipótesis, el pasado mes de agosto el intervenido Ministerio Público anunció la imputación contra los agentes del Sebin. Se trata de Miguel Dos Santos y Keyberth Cirelli, a los que el organismo señaló de “quebrantamiento de las obligaciones de custodia”.
Resguardar la integridad de los privados de libertad en Venezuela es obligación del Estado. En el caso de Albán, estaba detenido sin orden judicial en el Sebin por su supuesta participación en el supuesto atentado frustrado contra Maduro. Defensores de derechos humanos y sectores de la comunidad internacional han señalado las incoherencias en los argumentos de las autoridades oficialistas, así como los conocidos casos de tortura a otros presos políticos que han perdido la vida estando bajo custodia de los funcionarios del Estado.
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