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- La ilegalidad del gobierno Maduro suma otro hito: una ley que le otorga poderes para gobernar la economía por encima de la estructura jurídica que el mismo chavismo creó
La Ley Antibloqueo aprobada por la ilegal asamblea nacional constituyente (ANC) tal vez sea el último instrumento que necesitaba el régimen de Nicolás Maduro para consolidar el poder absoluto sobre la economía, revestido por un andamiaje legal oscuro y paralelo a la Constitución.
La lluvia de críticas cae incluso desde las nubes del mismo chavismo, que teme una reversión del socialismo del siglo XXI, mientras desde la oposición se advierten los rasgos cada vez más totalitarios del régimen.
Maduro viene dirigiendo la economía venezolana por decreto desde enero de 2016, gracias al Decreto de Emergencia Económica que, aunque fue rechazado por la Asamblea Nacional (AN), ya de mayoría opositora en ese entonces, ha prorrogado o renovado de manera inconstitucional 28 veces (la última vez el 30 de agosto de 2020). En ese lapso se desató por primera vez en el país un proceso de hiperinflación, el dólar prácticamente es la moneda de facto, se desplomó la producción petrolera, las sanciones estadounidenses apuntaron a Pdvsa y al Banco Central de Venezuela (BCV). En síntesis, la economía colapsó.
Ninguno de los planes de Maduro cumplió con la meta de estabilizar la economía que ya atraviesa su séptimo año en recesión. Las cifras del BCV muestran la gravedad de la crisis: la inflación acumulada entre enero de 2016 y septiembre de 2020 es de 1.145.659.420, con 47% (la cifra es mil ciento cuarenta y cinco millones seiscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos veinte con cuarenta y siete por ciento). Hasta el primer trimestre de 2019 (último dato disponible), el PIB había caído 59%. El dólar oficial estrechó la brecha con el paralelo de 83% al cierre de enero de 2016 a 1,04% al 8 de septiembre.
El régimen chavista atribuye este descalabro a las sanciones estadounidenses que se aplican desde 2017, cuando el presidente Donald Trump prohibió la negociación de deuda venezolana (soberana y de Pdvsa). Luego vino el veto a los negocios con Pdvsa y las sanciones contra el BCV, en enero y abril de 2019, respectivamente.
Una ley por encima de todo
Para revertir el efecto de las sanciones Maduro plantea la Ley Antibloqueo, que contempla más poder para él mismo, más secretismo en el manejo de los asuntos públicos y abre las puertas privatizaciones por caminos paralelos a la Constitución.
Se refiere el experto a la finalidad que enuncia la Ley Antibloqueo: “garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo” y “favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional”. Son deberes constitucionales que el gobierno hasta ahora no ha podido cumplir, pero que son el maquillaje ideal para un instrumento que él califica como una “monstruosidad jurídica”.
La asamblea nacional constituyente asumió un rol de parlamento paralelo, lo que le ha permitido a Maduro tener a su disposición la aprobación de las llamadas “leyes constitucionales”, una figura que Brewer afirma no existe dentro del ordenamiento jurídico venezolano.
Diosdado Cabello, presidente de la ANC y acusado por Estados Unidos de narcotráfico, dijo a principios de septiembre en el programa “Aquí con Villegas” que “las leyes constitucionales son leyes que para cambiarlas tienes que convocar una anc.
Esta idea está reforzada por el texto de la Ley Antibloqueo que le atribuye al presidente la potestad de desaplicar leyes o partes de leyes “la implementación de las medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones”, una prerrogativa que la Constitución solo concede a los tribunales para cuando esas normas contradigan la carta magna.
“En ese marco se pretende precisamente implementar unas medidas para ‘atraer’ inversionistas, que lo primero que requieren en cualquier parte del mundo, es seguridad jurídica”, apunta Brewer.
Además, se habilita al Ejecutivo a generar las condiciones para conseguir fondos y administrarlos sin control de la Asamblea Nacional, que de hecho es algo que ya viene ocurriendo, pero ahora con la posibilidad de suspender todo aquello que se lo imposibilite dentro del marco legal que el mismo chavismo viene construyendo desde 1999.
Se crearán entonces fondos separados del Tesoro y manejados con independencia del Presupuesto Público y además bajo un régimen confidencial pues la misma ley contempla medidas para prohibir la difusión de información relacionada tanto con la desaplicación de las leyes como de la administración de los recursos paralelos.
“Esta Ley propone una reactivación económica que podría implicar cierta mejora en la situación macroeconómica de Venezuela, pero bajo el costo de legalizar y aumentar aún más la discrecionalidad y falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos e inclusive en las decisiones de política económica”, apunta Torino Economics, la unidad de análisis económico de Torino Capital, en respuesta a una consulta vía correo electrónico hecha por El Diario.
Es llevar a otro nivel el ocultamiento de datos claves que ya viene haciendo el régimen y que incluso se consagró en la Ley del Banco Central de Venezuela, aprobada vía habilitante en diciembre de 2015.
A través de la ANC el régimen ha escondido el presupuesto de la nación desde 2017, también se ha dejado de publicar con regularidad datos económicos como PIB, comercio exterior, pobreza, entre otros. Lo único que se ha retomado es el informe con las cifras de inflación, aun cuando esporádicamente. Ahora tampoco se sabrá qué leyes están vigentes, o qué partes sí y qué partes no.
Es un tema que no ha sido bien recibido desde el mismo chavismo. Earle Herrera, uno de los varios chavistas que alzó su voz sobre el asunto, señaló en su columna de opinión semanal que “el secretismo solo ha servido en Venezuela para que sepamos de los pillos del tesoro, Pdvsa o Cadivi cuando aparecen alcahueteados o procesados en el exterior”, asegura sobre el constituyente
Otra integrante de la ANC, María Alejandra Díaz, fue más allá de la crítica y salvó su voto en la sesión de la aprobación de la ley, incluso afirmando que no tuvo acceso al texto que se estaba debatiendo por más que lo solicitó a la directiva y otros integrantes.
“Resulta inconcebible, que, alegando una real situación de necesidad, (…) surja un derecho de necesidad con potencialidad para producir el nacimiento, la alteración o la desaparición de cualquier norma del ordenamiento jurídico (incluso la Constitución)”, sentencia la abogada en un artículo titulado “Ley Antibloqueo sí, pero con Chávez”.
Las puertas abiertas a la privatización secreta
Una de las disposiciones más claras que muestra la Ley Antibloqueo tiene que ver con dos aspectos claves de la vida económica de Venezuela: las empresas básicas y las empresas expropiadas o nacionalizadas.
La Ley Antibloqueo establece que “el Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.
Advierte Luis Britto García en un artículo de opinión, que esto parece “más bien un eufemismo para referirse a (…) su venta, subasta, donación o entrega discrecional. Para dichas operaciones existen procedimientos legales obligatorios en nuestra legislación, que no es procedente violentar o desaplicar so pena de causar la nulidad de lo actuado”.
Esta ley le abre camino a más operaciones, tal vez masivas, como la que llevó a la privatización de la Red de Abastos Bicentenario en 2019, ahora en manos de la empresa Salva Food bajo el nombre Tiendas CLAP, o la que permite el ingreso de empresas iraníes como el supermercado Magasis. Todo esto ante la imposibilidad del régimen de Maduro de hacer transacciones comerciales que involucren el paso por Estados Unidos, con empresas de ese país o que hagan operaciones con clientes allí.
Transparencia Internacional Venezuela contabilizó 576 empresas en manos del Estado en 2018, que van desde compañías como Pdvsa hasta una fábrica de bicicletas, pasando por Movilnet, Cantv, Corpoelec, AgroPatria, entre muchas otras. “Al menos 441 fueron creadas o adquiridas durante las gestiones de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y re-estatizaciones”, indica el informe de la ONG.
Ahora Maduro tendrá la potestad de “autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional”. Un asunto que está ya contemplado en la Constitución, pero que se complementa en esta ocasión con el hecho de que en el caso de las empresas estatales que hayan sido objeto de acciones judiciales “se respetarán los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario conforme a la legislación vigente, procurando priorizar su participación en la respectiva alianza o a través de acuerdos con el Estado para la restitución de sus activos cuando ello implique la pronta puesta en producción de dichos activos mediante un plan debidamente sustentado”.
Torino Economics considera esta idea como “una estrategia para adherir simpatizantes (…) Sin embargo, debido a la débil institucionalidad, no se garantiza que, al finalizar la vigencia de esta ley, estas empresas no vuelvan a ser expropiadas o inclusive antes, si es que vuelven a ser rentables y productivas”.
Elías Jaua, exministro de Chávez y de Maduro, citaba al fallecido presidente para lanzar su crítica ideológica sobre las implicaciones de esta nueva ley: “Ellos plantean el control del petróleo por un ente distinto al gobierno, la privatización, privatizar de nuevo las empresas nacionalizadas, etc., ese es el proyecto capitalista, es la otra cara de nuestra propuesta”.
Esta inclusión de capital privado nacional o internacional en empresas públicas tiene una gran repercusión sobre Pdvsa, cuya totalidad accionaria está expresamente reservada para el Estado en la Constitución y en caso de asociaciones debe ser accionista mayoritaria. No obstante, la Ley Antibloqueo abre la puerta para que esto se desaplique.
Maduro se prepara así para los próximos meses con la cuestionada elección de la Asamblea Nacional. Un escenario en el que está planteada la continuidad del actual Parlamento, ante el desconocimiento internacional de los comicios de diciembre. No obstante, el andamiaje legal puede servirle al régimen de facto para ganar más tiempo.
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