• Lo que motivó a los detenidos del retén marabino a salir de su prisión revela el mal estado del sistema penitenciario en Zulia, de acuerdo con activistas del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Una Ventana a la Libertad (UVL) consultados por El Diario. Foto: OVP

Desde el momento en que pisaron la calle, los presos aclararon que no se estaban fugando. Que no estaban escapando de su presidio, advertencia necesaria acaso para que no se les diera cacería inclemente. Que era un breve exilio de su encierro porque tenían hambre, porque carecían de medicinas y agua, eso es lo que se podía leer en las consignas de sus pancartas de acero. Ese 29 de septiembre ocurrió lo inaudito en Venezuela.

“Simplemente le dieron la orden a los guardias de no pasar el agua y la alimentación”, dice el camarógrafo encargado de registrar la protesta en video. Los cuerpos de los presos dejan entrever la última denuncia, pues se nota el relieve de las costillas en la piel de varios encarcelados.

“Esto solo pasa en Venezuela”, dice Carolina Girón, coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). No las protestas, las cuales son frecuentes en el sistema penitenciario venezolano, sino el hecho de que los presos salgan a las calles a manifestar en contra de sus condiciones de reclusión.

Una versión empezó a correr en la opinión pública, la de que había sido un pran el que había sacado a los detenidos a la calle para exigir mejor trato.

Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, desmintió el rumor y relató para El Diario qué fue lo que ocurrió: “La policía se fue y los dejó solos. Los encargados de su custodia, que son los policías del estado Zulia, abandonaron la garita, y ellos aprovecharon. La puerta es una rejita, no es mucho lo que tuvieron que esforzarse. Salieron a la calle, protestaron, enviaron videos a los medios y volvieron a entrar. Nadie cree ni comprende cómo fue eso”. 

Y confirmó que no hubo fugas ni disparos. 

La mayoría de los presos estaban enfermos de tuberculosis, VIH y otras enfermedades. Solamente querían que el mundo se enterara de lo que estaba pasando”, agregó.

Y la respuesta del gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, ante lo insólito, lo que “solo ocurre en Venezuela”, fue la siguiente: “Vamos encaminados a cerrar el retén de Cabimas y lo vamos a hacer en total paz”. Eso lo dijo el 30 de septiembre de este año, en una rueda de prensa de la Comisión Regional de Seguridad, Servicios Públicos, Prevención, Control y Contención del covid-19. Pero no es la primera vez que hace esa aseveración.

Detrás de lo inaudito

El Retén de Cabimas está ubicado en una zona urbana de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, frente a la avenida Andrés Bello. Se convirtió, de acuerdo con Girón, en “uno de los grandes penales del estado Zulia”, junto con el retén de San Carlos, luego de que las autoridades del Ministerio de Asuntos Penitenciarios cerrara la Cárcel Nacional de Maracaibo en el año 2013. Dicha medida se debió a la denominada masacre de Sabaneta, donde resultaron asesinados 16 reclusos durante un violento motín.

“Todos los presos del estado Zulia empezaron a ir a los retenes de Cabimas y San Carlos, que eran centros de detención preventiva para flagrancias y permanencias”, indica Girón.

Con una capacidad estimada de 350 personas, el retén de Cabimas —cuyo nombre real es Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago—, tiene una población que oscila entre los 1.700 y 2.000 hombres, según datos del OVP, lo que supone “un hacinamiento crítico”. 

“Son retenes más o menos grandes, donde hay violencia, tráfico de drogas, donde los detenidos tienen armas de guerra”, relata Girón.

El 26 de febrero de este año, el gobernador Omar Prieto anunció el “cierre absoluto” del retén de Cabimas, el cual se efectuaría en los meses siguientes. «En este centro de reclusión hay más de 400 penados que no deben estar ahí y es importante agilizar el proceso del cierre para que estos detenidos pasen a las diversas cárceles a nivel nacional porque tienen que pagar su sentencia donde debe ser. Elaboramos un plan especial para tratar de impedir las acciones de los reclusos que perturban la paz de nuestro pueblo”, dijo. Así lo reseñó el diario Panorama.

Sin embargo, hasta la fecha, de acuerdo con periodistas de la entidad consultados por El Diario, el retén no ha dejado de funcionar.

Cronología de un retén violento

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó, en febrero de este año, medidas cautelares a favor de los privados de libertad del retén de Cabimas. Y no solo a ellos, sino a los trabajadores del centro de detención, así como a los visitantes y familiares que asisten a las instalaciones. Ello tras considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

El organismo internacional de defensa de los derechos humanos argumentó la medida teniendo en cuenta el deterioro de la situación carcelaria venezolana:

Al tomar tal determinación, la CIDH consideró que los hechos alegados se enmarcan en un contexto crítico para las personas privadas de su libertad en Venezuela, el cual se ha venido agravando desde 2016. 

La comisión observó que las personas del centro se ven expuestas a una multiplicidad de fuentes de riesgo que se han mantenido en el tiempo sin que hayan sido efectivamente mitigados por las autoridades competentes a la fecha, tales como las deficiencias en la estructura propias del centro, el alarmante índice de hacinamiento, y las dificultades para atender a las personas enfermas. La falta de atención médica, la insalubridad y falta de alimentación adecuada también contribuirían con agravar la situación. Del mismo modo, la comisión observó una multiplicidad e intensidad de los actos de violencia registrados, principalmente como consecuencia de la presencia de “pranes” o personas fuertemente armadas que ejercerían un control de facto al interior del recinto y la falta de respuesta por parte del Estado frente a este fenómeno”.

Desde 2018, el OVP ha registrado los sucesos violentos que han ocurrido en el retén de Cabimas. En febrero de ese año, un motín generado presuntamente por “el control del área” desencadenó un tiroteo interno que dejó dos muertos, identificados posteriormente como Annihaim José Buscan Bracho, de 24 años de edad, y Abisail Segundo Bracho González.

La tuberculosis, enfermedad presente en el sistema carcelario venezolano de manera regular, es otra de las causas de muerte en el retén. En octubre de 2019, Víctor José Fernández Bracho, de 24 años de edad, falleció por dicha enfermedad.

Desde el techo, los “vecinos” encarcelados protestaron en noviembre del año 2019 por la falta de medicamentos. Pintaron en pedazos de cemento y madera sus exigencias.

El organismo encargado de suprimir la protesta fue el Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas), el cual tomó las instalaciones.

Durante esa protesta, Carolina Girón aseguró que a los detenidos “se les había sentenciado a muerte al no suministrarles tratamiento”, y solicitó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público que iniciaran una investigación para evaluar las condiciones del retén.

Corrupción

Para el año 2012, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios inició la construcción del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (Crppjez). “Solo han puesto la primera piedra, y ahí quedó eso”, indica Carolina Girón.

Una investigación llevada a cabo por el OVP, la organización Transparencia Venezuela y Codhez expuso las irregularidades de dicho centro, que tenía como objetivo, en principio, mejorar las condiciones de reclusión de los privados de libertad en la entidad.

“La adjudicación del contrato para la construcción del Crppjez la hizo el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (Fonep) el 21 de diciembre de 2012. La empresa seleccionada es Constructora Cresmo, C.A., portadora del RIF J-070413379 y radicada en la ciudad de Maracaibo. Hasta la fecha de este informe, el referido contrato figura en su récord del Registro Nacional de Contratistas (RNC) como atendido en 80% de avance”, indica la investigación. Sin embargo, para 2017, el Crppjez no ha sido concluido.

Para tal construcción se destinaron 209.104.434,64 de bolívares, equivalentes a 48.628.938,29 de dólares, calculados a dólar oficial de diciembre 2012 (4,3 Bs), según la investigación.

—¿Aún no se ha construido nada en ese terreno entonces?

—Nada, un terreno baldío.

El último pronunciamiento por parte de las autoridades fue cubierto por el diario La Verdad, del estado Zulia. La gobernación de la entidad ratificó el cierre del retén.

Pero el problema del hacinamiento persiste. Y preguntas de perogrullo surgen: A dónde irán los detenidos de Cabimas.

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