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- Trump habrá logrado en su primer periodo presidencial la nominación de tres magistrados conservadores en el máximo tribunal, permitiéndole a los republicanos generar a largo plazo cambios dentro la sociedad estadounidense
El Senado de Estados Unidos ratificó a Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, para suceder a la magistrada Ruth Bader Ginsburg. En el Senado, de mayoría republicana con 53 de los 100 escaños de la Cámara, Barrett fue confirmada con 52 votos a favor, todos de senadores republicanos, y 48 en contra, todos los demócratas y una legisladora republicana.
En los últimos 50 años, el Senado siempre ha confirmado a los jueces después de acudir a la audiencia ante el Comité Judicial, con la excepción del juez del Distrito de Columbia, Robert Bork, nominado por el presidente Ronald Reagan en 1987 para suceder a Lewis Powell, quien había anunciado su retiro.
En esa ocasión, el Senado era controlado por el partido Demócrata, 55 escaños frente a 45, quienes rechazaron la nominación por votación nominal de 42 a 58 (2 demócratas y 40 republicanos aprobaron la confirmación, mientras que 52 demócratas y 6 republicanos la rechazaron). Hasta el día de hoy, se considera dicha votación como una de las más controvertidas sobre un candidato a la Corte Suprema en su historia.
Antes del fallecimiento de Ginsburg ya los republicanos controlaban cinco a cuatro la Corte Suprema, sin embargo, “el Partido republicano tiene una necesidad de lograr un trumpismo sin (Donald) Trump que pueda subsistir 40 años más. Para ellos, dicha balanza tiene que estar más que clara, tiene que haber casi unanimidad para lo que ellos se proponen, que no es ni más ni menos que rediseñar la sociedad estadounidense”, explica Luis De Lion, especialista en Derecho y Política Internacional para El Diario.
Existe una propuesta legislativa para lograr que los jueces de la Corte Suprema dejen de tener un cargo vitalicio y se limite su designación por un máximo de 18 años, sin embargo, es inviable por la falta de unanimidad del partido Demócrata, además de haber reformas más determinantes que no han sido tratadas con urgencia por la opinión pública estadounidense (colegios electorales, porte de armas), entre otras.
Ginsburg: un legado en la defensa de la mujer
La reciente muerte de la icónica juez Ruth Bader Ginsburg, quien formaba parte de un bloque progresista deja un legado como defensora de los derechos de la mujer. Fue nominada por el presidente Bill Clinton en 1993, siendo la segunda mujer en llegar hasta el máximo tribunal, cargo que ostentó por 27 años, hasta su muerte el 18 de septiembre de 2020, con 87 años de edad.
Ginsburg fue una ardua defensora de los derechos de la mujer, viviendo en primera persona desigualdades de género de la época: su primer trabajo lo desempeñó en una oficina de seguridad social, en donde la degradaron cuando quedó embarazada por primera vez (en la década de 1950 era legal la discriminación contra las mujeres embarazadas). Dentro del campo académico también sufrió discriminación. Fue una de las nueve mujeres que se inscribieron en 1956 en la Escuela de Derecho de la Universidad Harvard, donde el decano les pidió que justificaran su presencia, en lugar de un hombre en dicha escuela.
Fue cofundadora del Proyecto Derechos de la Mujer en la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, que dio inicio a una feraz era que le permitió argumentar casos de discriminación de género, seis de los cuales la llevaron ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Ganó cinco de ellos.
Ginsburg era considerada una juez centrista, quien comenzó a tomar posturas hacia la izquierda a medida que la Corte se hacía más conservadora. Uno de sus casos más relevantes de su carrera fue el llamado “Estados Unidos vs. Virginia”, en donde anuló la política de admisión de solo hombres en el Instituto Militar de Virginia. Sobre su decisión, alegó que ninguna ley o política debería negar a las mujeres “la plena ciudadanía, la misma oportunidad de aspirar, lograr, participar y contribuir a la sociedad en función de sus talentos y capacidades individuales”.
Barrett genera temores sobre su religiosidad
Amy Coney Barrett fue profesora de derecho en la Universidad católica de Notre Dame durante 15 años antes de que Trump la nominara para convertirse en jueza de la corte federal de apelaciones de Chicago en 2017.
En dicha casa de estudio fue miembro de la Facultad de la Universidad de por Vida. En 2006 firmó su nombre en un anuncio de periódico patrocinado por un grupo antiaborto en el que dijo que se oponía al “aborto a pedido” y defendía “el derecho a la vida desde la fertilización hasta el final de la vida natural”.
Durante su audiencia de confirmación frente al Comité Judicial fue esquiva y ambigua sobre sus opiniones políticas y religiosas, que podrían determinar su votación en la Corte Suprema.
A pesar de ello, grupos no partidistas que trabajan para promover el acceso a la atención de la salud sexual y defender los derechos reproductivos como Fondo de Acción de Planificación Parental (PPAF, por sus siglas en inglés) advierten que “Amy Coney Barrett representa una amenaza para nuestra salud reproductiva, los derechos reproductivos y para la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Su nominación a la Corte Suprema y sus posturas sobre el acceso a servicios esenciales de salud son particularmente peligrosos cuando el país está en el medio de múltiples crisis de salud, incluyendo la pandemia de covid-19”, advirtió la presidenta de la organización, Alexis McGill Johnson.
Riesgos para los derechos civiles
La confirmación de Barrett como jueza de la Corte Suprema supondría un desequilibrio político en la balanza de la justicia máxima de Estados Unidos, con seis magistrados conservadores frente a 3 con posturas “más liberales“.
“A pesar de que los demócratas recientemente han comenzado ha manifestar posturas más de extremo izquierda con senadores como Bernie Sander, Elizabeth Warren y Alexandria Ocasio-Cortez, entre otros; el proyecto del partido Republicano de movilizar sus políticas hacia la extrema derecha es más antiguo y ha sido precisamente el que le ha permitido a Trump avanzar a grandes pasos en ese sentido. Con una sociedad estadounidense más polarizada que nunca, existe un riesgo real que se impone de nuevo a la política de consenso recobre su papel de juez en el quehacer norteamericano. Se trata de una vieja y tácita práctica política, que ha permitido grandes avances y grandes cambios sin necesariamente producirse rupturas institucionales. Solo Trump, se ha burlado de dicha tradición sabiendo que legalmente nada podía serle recriminado en su contra”, relata De Lion.
Sin embargo, deshacer vía Corte Suprema importantes derechos civiles (el aborto, el matrimonio homosexual, la “discriminación positiva” práctica instaurada en la década de los 1960 para favorecer la inclusión y el avance de las minorías, o el sistema de salud llamado popularmente como Obamacare no es sencillo. La designaciones de jueces de este tribunal inciden en los derechos a largo plazo.
Republicanos beneficiados en las nominaciones a la Corte
En 2016, la administración de Barack Obama, ocho meses antes de la elección presidencial (Hillary Clinton vs Donald Trump), nominó al juez del Distrito de Columbia, Merrick Garland para la Corte Suprema, tras el fallecimiento de Antonin Scala. El Senado, controlado por los republicanos, se negó a llevar a cabo las audiencias ante el Comité Judicial alegando que no debían realizarse votaciones del máximo tribunal en año electoral.
Al año siguiente, bajo el Gobierno de Trump, el Senado con mayoría republicana, cambió la norma sobre la cantidad de escaños para confirmar a un juez de la Corte Suprema. Hasta 2017, requería 60 votos, pero ésta cambió a 51 -mayoría simple- una vez el partido Demócrata amenazó con obstruir la nominación del primer juez propuesto por Trump: Neil Gorsuch.
En los casi cuatro años de Gobierno de Trump, su administración ha nominado tres jueces a la Corte Suprema: Neil Gorsuch, en 2017, Brett Kavanaugh, en 2018, y ahora a Amy Barret, a pesar de que la magistrada Ruth Bader Ginsburg, murió a solo 46 días de las elecciones de este año.
Precisamente como los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema son de carácter vitalicio, cuando se consolida una mayoría ideológica, en este caso con tendencia conservadora, el máximo tribunal puede orientar sus decisiones hacia la derecha generando cambios durante más de una generación.
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