• El embajador Claudio Sandoval, representante diplomático del gobierno interino de Venezuela en Honduras, aclaró para El Diario que el próximo avance del caso Venezuela I ante la Corte Penal Internacional se dará por parte del próximo fiscal de la organización, que será electo en diciembre de este año

Prudencia y confianza es lo que pide el embajador Claudio Sandoval, representante diplomático del gobierno interino de Juan Guaidó en Honduras, a la hora de hablar sobre el caso Venezuela I en la Corte Penal Internacional (CPI).

La ruta de la justicia foránea, dice, puede ser un detonante para lograr una transición democrática en el país. El pasado 5 de noviembre se dio un paso significativo, cuando la Fiscalía de la CPI determinó que existen bases razonables para creer que se han cometido delitos de lesa humanidad, correspondientes a la jurisdicción de la Corte, en Venezuela.

El examen preliminar, denominado Venezuela I, se refiere a la investigación de los crímenes de lesa humanidad ocurridos desde abril de 2017, año de intensas protestas ciudadanas en contra del régimen de Nicolás Maduro. De este período, 165 personas resultaron asesinadas por la represión gubernamental.

“Esto sí le quita el sueño a los personeros del régimen”, asegura Sandoval en exclusiva para El Diario. Pero no puede ponerle un plazo a esta ruta. Así son los tiempos de los procesos internacionales: lentos, extremadamente lentos para aquellos que buscan y merecen justicia. ¿Es este camino un espejismo o hay resultados concretos de su efectividad?

—¿Qué opinión le merece el pronunciamiento de la Fiscalía ante la CPI?

—Es una manera elegante y jurídica de reconocer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela, entre los años 2014 y 2017, en el marco de un proceso donde están señalados el señor Nicolás Maduro Moros y otros funcionarios de su cadena de mando en la denominada situación Venezuela I.

—¿Qué significa que el fiscal designado por la asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Díaz, hayan sido recibidos por la CPI? ¿Implica eso un reconocimiento del organismo jurídico internacional al régimen venezolano?

—La CPI envió un comunicado al Estado venezolano en relación con su pronunciamiento sobre el informe, que determina que ha culminado la fase II del examen preliminar y que se va a entrar en la fase III.

Los procesos en la corte se dividen en tres fases; la primera fase es cuando recibe denuncias y evidencias, que se llama examen preliminar; luego hay una segunda fase que se llama investigación formal y luego viene la tercera parte que es el juicio. 

La situación Venezuela I está en la fase de examen preliminar. Esa etapa tiene a su vez cuatro fases. La situación de Venezuela I, hasta el día de ayer, estaba en la fase II del examen preliminar, que versa sobre la existencia o no de crímenes de lesa humanidad en el país que se revisa. Acaba de pasar a la fase III, que es sobre la complementariedad, es decir, si en Venezuela el sistema de justicia está capacitado para juzgar estos crímenes.

Pero lo cierto es que en Venezuela el sistema judicial no es independiente. Lo que estamos diciendo es que la CPI debe intervenir porque el sistema de justicia no va a juzgar a Nicolás Maduro al ser un apéndice de su régimen.

Lo que ha hecho la CPI es lo que hacen otros organismos internacionales. Una vez que hacen un informe, lo envían al Estado y se establece un diálogo. La Fiscalía informó al Estado venezolano que había culminado la fase II y esperaba sus reacciones. Fue así que el fiscal Tarek William Saab, írrito, que no tiene validez al ser nombrado por la ANC en lugar de haber sido designado por la Asamblea Nacional, estuvo allí de facto, y se retrató con la fiscal, la señora Fatou Bensouda. 

—-¿Está de acuerdo, entonces, con el comentario emitido por el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, quien rechazó la reunión entre Saab, Díaz y Bensouda?

—Estoy de acuerdo. Que unas personas que fueron supuestamente adalides y defensores de derechos humanos en el pasado hoy sean cómplices de una maquinaria que oprime a los venezolanos es una vergüenza. Es vergonzoso que estas personas estén en estas instancias de la justicia internacional con su cara bien lavada… Pero entendemos que ocurrió por procesos formales.

Pero eso no nos debe quitar el sueño, la noticia no es que Tarek William Saab estuvo en La Haya, sino que la Fiscalía ante la CPI confirmó que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El gobierno interino ante la respuesta de la CPI

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, celebró el pronunciamiento de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien ratificó que se han cometido delitos de lesa humanidad en Venezuela.

«Maduro se encuentra más cerca de la Corte Penal Internacional por ser un violador de derechos humanos. Hoy, el parapeto de fiscal del dictador salió con las tablas en la cabeza de La Haya: le dijeron que están todos los elementos para proceder a una demanda con jurisdicción en la CPI», dijo a través de su cuenta de Twitter.

Agregó que «más allá del debate sobre cómo alguien asociado con delitos de lesa humanidad fue recibido en la CPI, solicitaremos a nuestros aliados que intensifiquen esfuerzos para avanzar a la siguiente fase en la Corte y se tomen las medidas del Informe de la Misión ONU».

—¿Cuál sería el paso siguiente a partir de este pronunciamiento?

—La CPI debe determinar que la justicia en Venezuela no es genuina, que está secuestrada. Que el sistema de administración de justicia, por incapacidad, no puede investigar y enjuiciar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

La Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, en su más reciente informe, ratificó lo mismo que ha dicho la corte. Pero fue más allá al señalar que Nicolás Maduro, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, están conscientes de estos delitos y son responsables de ellos. 

Esto es una gran derrota al régimen de Maduro en el plano internacional.

La expectativa es que, una vez que la corte determine que la justicia venezolana no va a enjuiciar o castigar al señor Nicolas Maduro, se aboque, a tenor del principio de complementariedad, a enjuiciarlo, en caso de que determine que este ciudadano es autor de crímenes de lesa humanidad.

—¿Cómo efectuará la CPI su verificación de la justicia venezolana? 

—La CPI se nutre de varias fuentes y evidencias. Pueden usar las fuentes abiertas, open sources, informes de organizaciones con credibilidad como el caso de la misión de verificación de hechos. En el pasado, estas misiones han tenido bastante influencia en la toma de decisión de la Fiscalía para avanzar en los procesos de investigación de delitos de lesa humanidad.

Hay otra manera que es nutrirse de las denuncias de las víctimas, o por medio de sus abogados, donde se proveen pruebas y se revisan sus casos para evaluar si hay impunidad por parte del Estado.

Finalmente, por vía directa, la Fiscalía usa herramientas para recabar evidencias o para descartar el caso. Trata de comunicarse con el Estado venezolano, con los distintos poderes públicos, con los operadores de justicia, de facto o legítimamente constituidos, para indagar.

En Venezuela el sistema de justicia está amañado, eso es claro. Se le va a hacer muy cuesta arriba al régimen demostrar que ha enjuiciado a responsables de crímenes de lesa humanidad. No es solamente enjuiciar al carcelero, que los funcionarios inferiores paguen los platos rotos. Hay toda una cadena de mando señalada.

—¿Cuánto tiempo podemos esperar para que concluya la fase III de la fase preliminar?

—No hay un tiempo estimado a nivel de la CPI. Lo que nos queda es tratar de conminar, invitar respetuosamente a la CPI a que acelere el proceso de justicia de lucha en contra de la impunidad. Existen pruebas contundentes, sólidas, no solo enviadas por las víctimas sino el informe de la verificación de hechos, para que la CPI, de manera perentoria, concluya que en Venezuela la administración de justicia está parcializada. Deben avanzar. 

Ahora, te digo otra cosa, esta fiscal, Fatou Bensouda, sale el año que viene. De manera que, a mi modo de ver, el próximo avance en relación con la situación Venezuela I lo va a dar el nuevo fiscal que se designe en diciembre y entre en funciones el año que viene.

—¿Cómo deberían tomar las víctimas de violaciones de derechos humanos este pronunciamiento de la CPI?

—Yo diría que de manera positiva y con mucha prudencia, toda vez que el proceso aún continua. 

Pero esto es una gran derrota al régimen de Maduro en el plano internacional. Se suma otra organización de prestigio a la larga lista de instituciones que reconocen que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Estos desagravios son tan evidentes que no pueden ser refutados u ocultados y no es posible, para otros países, solidarizarse con un régimen violador de derechos humanos.

—¿Queda algo por hacer por parte de las víctimas ante la CPI para que avance el proceso de la fase preliminar?

—Las víctimas han hecho todo lo que ha debido hacerse. Así como lo ha hecho la sociedad civil venezolana, agrupada en organizaciones no gubernamentales prestigiosas. La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha aportado mediante un informe que recaba violaciones de derechos humanos, y seis países han hecho una remisión ante la Fiscalía de la CPI de dicho informe. El gobierno interino de Venezuela también ha hecho su parte, así como la misión de la ONU. 

Cronología del caso Venezuela I ante la CPI

Abre arrow_downward

Febrero de 2018: A partir de ese año la fiscal general Fatou Bensouda -quien observaba el caso venezolano desde 2016-, decidió abrir un examen preliminar para establecer si se habían cometido crímenes en contra de los manifestantes durante las protestas antigubernamentales.

“Se ha dicho que los cuerpos de seguridad del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar y desmantelar protestas, y que arrestaron y detuvieron a miles de personas que se identificaban como opositores. Muchos de ellos habrían sido presuntamente víctimas de maltrato y abuso. También se ha reportado que algunos manifestantes habrían recurrido a la violencia, lo que derivó en que hubo funcionarios policiales que resultaron heridos o muertos”, dijo Bensouda en febrero de 2018.

Septiembre 2018: Un grupo de países -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- solicitaron a la Fiscalía que iniciara una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad tomando en cuenta el informe de derechos humanos elaborado por la Organización de Estados Americanos.

Durante este mes, la presidencia de la CPI asignó la situación en Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares I.

Cierra arrow_upward

La pelota está del lado del campo de la CPI para avanzar en materia de complementariedad. Los distintos actores podemos seguir dando insumos a la CPI, evidencias, para que la corte no tenga más remedio que seguir avanzando en este proceso.

—¿Cree que la transición hacia la democracia está más cerca a partir de este pronunciamiento de la CPI?

—Te diré algo: el presidente de Kosovo renunció a su cargo el pasado 5 de noviembre para enfrentar imputaciones por crímenes de guerra ante la CPI. 

Somos fieles creyentes de que la ruta de la justicia internacional, toda vez que en Venezuela no puede obtenerse, puede dar un cambio en el tablero hacia una transición democrática en Venezuela. Esta ruta no puede ser descartada o subestimada. Más bien, hay que cultivarla y recorrerla.

Una acusación en contra de Nicolas Maduro Moros puede darle un giro a este proceso, a esta lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela.

—El abogado José Ignacio Hernandez advirtió recientemente que no hay soluciones a corto plazo para la situación venezolana ante la CPI. Recordó el caso del dictador Omar Hasán Ahmad al-Bashir, quien permaneció al frente de Sudán luego de 10 años de haber sido condenado por la Corte…

—La justicia hay que verla caso por caso. Te acabo de comentar un caso concreto, la renuncia del presidente de Kosovo, eso cambió el juego. 

El caso de Sudán tiene otras connotaciones, sobre las que no me puedo pronunciar como embajador, pero son connotaciones de orden interno. Sin embargo hubo claridad política de que el dictador sudanés estaba violando derechos humanos, de manera que puedo decir que, en ese caso, la medida tomada por la CPI sirvió para visibilizar y sensibilizar al mundo en relación con las atrocidades que estaban ocurriendo en Sudán. 

En el caso de Venezuela, te puedo asegurar que esto tiene bastante preocupado a los personeros del régimen. Esto sí les quita el sueño, y puede ser el detonante para su salida definitiva del poder.

Noticias relacionadas