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- La crisis económica y el poco poder de compra del bolívar llevan a los trabajadores a exigir salarios en dólares y aunque no existe una norma legal que lo establezca, el TSJ ha dictado jurisprudencia en la materia. Sin embargo, sindicatos y empleados deben entender que la recuperación de la capacidad adquisitiva no depende del tipo de moneda en la que se exprese la remuneración
La reconversión monetaria en agosto de 2018 condujo a un aplanamiento de las escalas salariales en la administración pública y apuntaló la hiperinflación de ese año. Desde entonces, los trabajadores han centrado sus demandas en dolarizar sus salarios.
Los contratos colectivos quedaron cercenados y hoy en día, quienes se ubiquen en el grado 1 de la clasificación perciben 1.200.000 bolívares y el profesional de más alto rango Bs. 3.500.000, dice Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) para El Diario.
Chile, Ecuador y Guatemala, en ese orden, exhiben los mejores niveles de salario mínimo de América Latina con un promedio equivalente a 400 dólares. En contraste, Venezuela figura en el último lugar con 1,68 dólares, calculados a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela de Bs. 710.701 vigente al 23 de noviembre de 2020, o de 1,24 dólares al tipo de cambio en el mercado paralelo de Bs. 967.349.
Para esa fecha, la remuneración básica de Bs. 1.200.000 —vigente desde el 1° de noviembre y aún por oficializar– no compraba ni medio cartón de huevos, cuyo precio era de Bs. 1.750.000. Mientras en Chile el 30% del salario mínimo de 422 dólares cubre la canasta alimentaria, en Venezuela apenas alcanzó para 3,7% de la cesta mínima alimentaria (15 productos) de septiembre, según el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas).
Salario dolarizado
Ante la pérdida del valor de compra del bolívar por la constante depreciación del signo monetario y la persistente hiperinflación, los trabajadores, principalmente de la administración pública, han demandado dolarizar el salario o parte de él.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la finalidad del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas (…) Los salarios mínimos también pueden ser un elemento integrante de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir la desigualdad (…)”. Pero nada más lejos de la realidad venezolana, en la que la economía del país se ha contraído dos terceras partes y su población se ha empobrecido aceleradamente en los últimos 7 años, al punto que 96,2% de sus habitantes es pobre por ingresos, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi)
Desde 2019, distintos sindicatos han solicitado al Estado, el mayor empleador del país, dolarizar sus salarios en el contexto de una economía que, de facto y no de derecho, adopta la divisa estadounidense como referencia para la fijación de precios y medio de cambio.
A la luz de los hechos, Suárez se pliega –por ahora– a la propuesta hecha por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en julio de 2020 para enfrentar los efectos de la pandemia del covid-19: un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares de pobreza, que se otorgue por seis meses a la población que se ubique en la línea 1 de pobreza, y un complemento de un bono de hambre a toda la población en extrema pobreza.
El IBE sería de 143 dólares y la bonificación por hambre de 67 dólares, según la Cepal. Para Suárez esta es la vía más expedita para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública, que son los más perjudicados por el bajo monto del salario mínimo.
La mejor opción
Pensar en dolarizar el salario no es tan fácil.
Pero, además, Suárez destaca la necesidad de que el gobierno llegue a acuerdos con clínicas y aseguradoras para mejorar la asistencia médica, que otrora era una de las ventajas por la que trabajadores permanecían en la administración pública. “Hay que retomar el tema de la seguridad social”, dijo.
El problema no es la moneda
Organizaciones sindicales del sector público han solicitado ajustes en dólares, porque es una moneda dura que preserva valor. Pero la realidad de Venezuela es otra.
“Cuando se dice que hay que dolarizar los salarios se está pasando por alto que el problema no es la moneda en la que se expresa la remuneración a los trabajadores, sino su capacidad de compra, sea en la moneda que sea. Estamos en una economía con una hiperinflación que lleva 3 años y una contracción en la producción y las importaciones desde 2013, lo que ha generado una caída en la producción por debajo de la mitad del valor que tenía en 2012 y un empobrecimiento de la población de más de 90%, indicó Ronald Balza, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.
Añadió que “eso es algo que no tiene que ver con la moneda, porque el poder de compra del salario depende de las capacidades para producir y de comercializar lo producido en la moneda que sea”.
Dijo para El Diario que “muchos piensan que la dolarización implicaría preservar el valor de compra del salario porque viene en dólares, pero hay que preguntarse, primero, de dónde saldrían los dólares y segundo, si el incremento se va a hacer en bolívares a la tasa de cambio oficial, la interrogante es ¿tendría algún impacto en los precios de los bienes? Porque si los salarios se incrementan utilizando bolívares para mantener un valor al tipo de cambio real en una economía que se está encogiendo, que tiene menos productos importados y nacionales, que tiene tantos costos de producción, que no hay combustible, fallas eléctricas y problemas de internet, los costos de producción continuarían aumentando por encima del valor de los salarios y así tendríamos supuestamente unos salarios dolarizados y eso que muchos llamaron incorrectamente una inflación en dólares, y que no entienden es una consecuencia de esa destrucción de las capacidades productivas”.
Visión equivocada
Balza sostiene que existe una idea equivocada de que la dolarización puede revertir la pobreza.
“La pobreza es consecuencia de no poder adquirir los productos necesarios para la alimentación, la salud, porque o no hay ingresos o no hay ahorros. El problema no es si esa inexistencia de ingresos o ahorro se expresa en bolívares o en dólares”.
Advierte que se comete un error cuando se dice que los precios de los bienes están dolarizados y los salarios no.
Balza recomienda que, en lugar de promover un discurso en torno a la dolarización del salario, se preste más atención al presupuesto nacional, a los recursos que van a hospitales, escuelas, universidades, pensiones.
Sin impedimento legal para pagar en dólares
Las exigencias sindicales de pagar el salario o parte de él en una moneda distinta a la de curso legal establecida en la Constitución de Venezuela, no parecen ser un problema que contravenga normativas.
Si bien no hay una disposición que lo permita expresamente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha encargado de crear jurisprudencia con varias sentencias en las que flexibiliza el régimen cambiario, una de ellas la 884 del 5 de diciembre de 2018.
Maryolga Girán, abogada laboral, señaló para El Diario que “ya hay sentencias, muchas, del TSJ que considera que es perfectamente legal pactar parte del salario en dólares”.
El Estado no tendría impedimento para remunerar en divisas. “Podría hacerlo, pero no tiene cómo, no tiene dólares que pudieran ser utilizados para el pago de los salarios. A lo mejor tiene para otras cosas como comprar gasolina a los iraníes, y obtiene divisas por la venta de oro, pero no creo que tenga las suficientes para la monstruosidad de aparato de burocracia. Hay cualquier cantidad de empleados públicos. Además, el Estado no cumple con las normas laborales. La OIT lo sancionó en octubre de 2019 y le dio hasta octubre de este año para que se adaptara a los convenios internacionales y no lo hizo”, repasó la también presidenta de la Comisión Laboral de Conindustria.
A juicio de Girán, para el Estado es mejor pagar un ingreso de Bs. 2.400.000 (incluye Bs. 1.200.000 del bono de alimentación) que los tres dólares equivalentes con los que “se nota más la pobreza”.
