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- Empresas como Agropatria y Lácteos Los Andes, luego de haber sido quebradas por las políticas económicas del chavismo, están siendo privatizadas de forma irregular. Esto genera incertidumbre entre los trabajadores
El régimen de Nicolás Maduro empezó un proceso de privatización de las empresas del Estado que se encuentran quebradas. Los casos más conocidos recientemente son Agropatria (anteriormente Agroisleña) y Lácteos Los Andes.
En el caso de Agropatria, los trabajadores recibieron un oficio donde se les notificó que a partir del 1° de noviembre, el Estado venezolano ya no sería el patrono, sino la empresa Grupo Agrollano 2910 C.A,. En Lácteos Los Andes, un trabajador explicó para Punto de Corte que todos los cargos gerenciales serán reemplazados por iraníes.
Andrea Rondón, investigadora del Observatorio de Propiedad de Cedice Libertad y miembro del Comité Académico de esa institución, aseguró en entrevista para El Diario que estas acciones de privatización obedecen a una nueva etapa de las políticas económicas del régimen.
¿Se puede hablar realmente de privatización?
La abogada explicó que se puede considerar privatización, ya que las empresas pasaron del dominio público a manos de privados, ya sean nacionales o extranjeros. Sin embargo, destacó que en los términos legales y tradicionales no es así.
“El problema aquí es la incertidumbre, ya que no existe una transparencia del proceso. Nosotros mismos, en Cedice Libertad tenemos dudas sobre esto porque no hay una información clara de en qué términos están ocurriendo las ventas de esas empresas. Lo único que tenemos claro es que están en números rojos”, sentenció.
Rondón agregó que la mayoría de los datos los obtienen mediante aquellos trabajadores que se atreven a denunciar lo que sucede en redes sociales o de forma extraoficial a medios de comunicación.
¿Cómo pasaría a ser una privatización legal?
La investigadora del Observatorio de Propiedad de Cedice Libertad especificó que la privatización supone controles previos y autorizaciones, puesto que son bienes de la nación e incluso, si son empresas estratégicas, deben pasar primero por un procedimiento de autorización de la Asamblea Nacional (AN).
Comentó que en condiciones normales, los controles y la transparencia son de hecho una exigencia para poder privatizar una empresa.
Las privatizaciones están amparadas por la Ley Antibloqueo
“Presumiblemente sí”, indicó Rondón. Argumentó que es una Ley escrita de forma muy ambigua y amplia, por lo que cualquier operación que pase del Estado venezolano a manos de entes privados, pudiera estar bajo el amparo de la Ley Antibloqueo.
Dijo que durante 2020 pudieron registrar, a través de redes sociales y medios de comunicación, que privatizaron otras empresa de la misma forma que Agropatria y Lácteos Los Andes.
La gran incertidumbre, indicó Rondón, es el futuro de los trabajadores de esas empresas. Muchos de ellos no tienen aún información de cómo quedará su situación ante los nuevos patronos.
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