• “Anular una elección estatal lesionaría el bien superior de la seguridad jurídica de que el ciudadano sepa que la votación es definitiva y que no estará sujeta a que cuando el resultado no favorezca a quienes estén en el poder estos puedan repetir la elección advierte Tony Rosado, abogado y analista político

La administración de Donald Trump, en su intento por evitar la certificación de resultados electorales, que darían como ganador a Joseph Biden, presentó a través del Fiscal General de Texas, Ken Paxton, una moción de permiso para presentar un proyecto de ley de queja original (demanda) contra otras cuatro entidades en la Corte Suprema. Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin (todas en donde el candidato demócrata ganó la mayoría de votos populares y por ende, los votos del Colegio Electoral).

La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, hizo una declaración sobre dicha demanda: “La moción presentada por el fiscal general de Texas es un truco publicitario, no un alegato legal serio. La erosión de la confianza en nuestro sistema democrático no es atribuible a la buena gente de Michigan, Wisconsin, Georgia o Pensilvania, sino más bien a funcionarios partidistas como el Sr. Paxton, quien antepone la lealtad de una persona a la lealtad por su país. Los problemas planteados en esta queja ya han sido objeto de litigio y rechazo rotundo en tribunales estatales y federales por jueces designados por ambos partidos políticos. Las acciones del Sr. Paxton están por debajo de la dignidad de la oficina del Fiscal General y de la gente del gran estado de Texas, sentenció.

17 estados (Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Tennessee, Utah y Virginia Oeste), decidieron sumarse a la moción de Texas. Adicionalmente, el presidente Trump presentó una moción para intervenir en su capacidad personal como candidato a la reelección en dicha demanda.

La elección presidencial de Estados Unidos no es una elección nacional, es la suma de 50 elecciones estadales que a su vez son la suma de las elecciones locales en una entidad. Por eso, cada estado tiene sistemas diferentes para elegir a sus miembros dentro de los 538 votos del Colegio Electoral, de acuerdo con las constituciones estadales”, advierte para El Diario Tony Rosado, abogado y analista político.

Los republicanos de Texas se basan en tres teorías para demandar a estos cuatro estados:

  1. Violación de la Cláusula de Electores de la Constitución (la Constitución otorga a las legislaturas estatales el control exclusivo de la forma de seleccionar a los electores y la acción judicial no puede cambiarlo).
  2. “Los condados aplicaron reglas diferentes”.
  3. “(Los estados) no tenían requisitos de identificación de votante tan estrictos como nos gustaría, y eso es inconstitucional”.
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El líder de los senadores republicanos de Texas, John Cornyn, crítica la demanda de su estado desafiando los resultados de las elecciones en los estados en disputa diciendo “francamente me cuesta entender la teoría legal de la demanda”.

Trasfondo político sin evidencias judiciales

En la historia de Estados Unidos nunca se ha anulado una elección. “Otro estado no puede cuestionar ni las normas constitucionales, ni el actuar de las autoridades de otro estado. En todos los casos, que son parte de este circo trumpiano las autoridades judiciales y del poder ejecutivo de cada estado han actuado conforme a derecho. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene el deber de proteger la Constitución federal. Para intervenir, debe haber fundamento en derecho, demostrado con hechos (pruebas legalmente obtenidas y admisibles conforme a la ley) la violación de ley, que debe ser de tal magnitud que afecte el resultado de lo perpetrado; y debe ser de un valor mayor que no hacer nada cuando se ponen las dos opciones en la balanza de la justicia”, enfatiza el analista político.

En paralelo, la Corte Suprema rechazó el esfuerzo republicano por bloquear los resultados de las elecciones de Pensilvania. Allí varios candidatos y votantes republicanos presentaron una demanda contra la Asamblea General, el gobernador y el Secretario de estado, que pedía excluir las boletas por correo de los resultados certificados o, alternativamente, ordenase a la Asamblea General que eligiera a sus propios electores. La respuesta del máximo tribunal fue concisa: “la solicitud de medidas cautelares presentada ante el juez (Samuel) Alito y por él referido a la Corte se le niega”.

Con este fallo, los demócratas han alcanzado 50 triunfos en demandas postelectorales, frente a una derrota. Hasta ahora, los aliados de Trump y su equipo de campaña han presentado 67 demandas, algunas de ellas en la primera semana de diciembre; en breve se esperan los fallos de las mismas.

“Trump ya ha perdido (más de) 40 casos en los tribunales, y este no va a ser diferente. Se trata de una maniobra meramente política, motivada por la fecha límite para la certificación de delegados al Colegio Electoral que quedará instituido el próximo martes (14 de diciembre)”, destaca el experto jurídico.

Correo
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En la moción, el Partido Republicano se inclina a afirmar que “toda violación de la ley electoral estatal es una violación de la Constitución”. El núcleo de su queja es que cuando la Carta Magna otorga a las legislaturas estatales el derecho de dirigir la “manera” de nombrar a los electores, ese derecho es exclusivo y la «manera» establecida por la legislatura no puede ser modificada en absoluto  por los tribunales o gobernadores. Entonces, “buscan que la Corte Suprema extienda la fecha de votación del 14 de diciembre para los electores presidenciales, que el Congreso estableció por estatuto”, advierte el abogado Akiva Cohen.

Pero, el 14 de diciembre no es la fecha límite para nombrar o designar a los electores sino que es el 3 de noviembre (día de las elecciones). Todo lo que sucede después del día de las elecciones, incluidas las certificaciones posteriores, solo determina quién fue designado ese día, por la elección.

El 14 es el día en que el Congreso, por estatuto, establece que los electores designados voten realmente por el presidente. Pero la Constitución, en la misma sección que dice que las legislaturas estatales deciden la “manera” en que se nombra a los electores, también determina: “El Congreso puede determinar la fecha para elegir a los electores y el día en que ellos anuncian su voto, ese día debe ser el mismo en todo Estados Unidos”.

Cohen advierte que esta afirmación supone dos problemas para la moción de Texas:

Primero, el Congreso ya estableció el día para elegir electores como el 3 de noviembre. Ningún estado puede elegir electores en ninguna fecha posterior. En segundo lugar, el Congreso fijó la fecha de la votación (del Colegio Electoral) como 14 de diciembre.

Rosado explica, por su parte, que los documentos presentados por el Partido Republicano con la demanda de Texas no tiene precedente en la historia de la nación, “ni tampoco tiene posibilidad de éxito, dicha acción carece de fundamento jurídico y atenta contra la Constitución federal. Pero aún si tuviese mérito sería rechazado por la Corte Suprema. Lo que piden es que se ignore el voto de millones (de personas) en otros estados soberanos y sin haber presentado ninguna evidencia”, sentencia.

Cómo funciona la jurisdicción “original” de la Corte Suprema

Una de las razones por las que los (Padres) fundadores (de la Nación) crearon una Corte Suprema fue para resolver disputas interestatales (fronteras, derechos de agua, etc), debido a que los tribunales inferiores pueden estar sesgados; a la Corte Suprema se le otorgó jurisdicción “original”, y hoy, en juicios entre estados, la competencia del máximo tribunal es exclusiva: los tribunales estatales y federales inferiores carecen de poder para escuchar disputas entre dos o más estados, pero esta instancia judicial ha entendido que exclusivo no significa obligatorio.

Voto, Florida.
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En su lugar, las entidades buscan “permiso para presentar” un proyecto de ley de queja original, y tal moción no se concede como algo normal, explica Steve Vladeck, profesor de Tribunales Federales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y experto en derecho constitucional, seguridad nacional y justicia militar.

Antes de aceptar una demanda, los jueces buscan entre los factores en disputa ver si los problemas en el caso pueden resolverse en los tribunales inferiores, incluso si no entre las mismas partes. Por lo tanto, la Corte Suprema generalmente niega la licencia a menos que sea una disputa únicamente entre un estado y otro. En el último mes, estos reclamos ya se han estado presentando en juicios privados en cada uno de esos estados. Texas no ofrece ninguna explicación de por qué los problemas no se pueden (y no se tratan) allí.

“A los magistrados de la Corte Suprema no le gustan estos casos porque les preocupa abrir las compuertas. Si Texas puede demandar a estos estados por cómo llevan a cabo sus elecciones, ¿qué impedirá que Vermont demande a Texas por cómo regula la industria petrolera u otras permutaciones?. Cuando Nebraska y Wyoming recientemente intentaron demandar a Colorado por la legalización de la marihuana directamente en la Corte, esta se negó”, advierte Vladeck.

Vale la pena enfatizar que estos casos tardan muchísimo, incluso antes  de que la Corte vote sobre la moción. Pero tomará mayor tiempo decidir si escucharlo, lo que casi con certeza significa que todo será discutible antes de que eso suceda.

“Suponiendo que Texas tuviera un interés jurídico en el caso (que no lo tiene); que hubiese una violación a una norma jurídica (que no la hay) que existieran pruebas legalmente obtenidas y admisibles conforme a las Reglas de Evidencia (que no las hay), el daño que argumentan los republicanos, aún aceptando lo que propone Trump, no sería suficiente para cambiar el resultado del Colegio Electoral”, explica Rosado.

Por otra parte, el analista político argumenta que aún si todas las suposiciones anteriores fueran ciertas, “la Corte llegaría a la conclusión que anular una elección estatal lesionaría el bien superior de la seguridad jurídica de que el ciudadano sepa que la votación es definitiva y que no estará sujeta a que cuando el resultado no favorezca a quienes estén en el poder estos pueda repetir la elección. La balanza pesa más del lado de la seguridad jurídica del sistema electoral que del lado de los intereses personales de un individuo (Trump).“

“Es un show político sin sustento alguno en la realidad –insiste Rosado-. Solo países sin democracias: Rusia, China, Corea del Norte y Venezuela están tratando esta pantomima como algo legítimo. El resto del mundo ya pasó la página con Trump”.

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