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- La Corte Penal Internacional señala que los presuntos responsables de estos crímenes son la PNB, el Sebin, la Dgcim, el FAES, el Cicpc, la GNB, el Conas y unidades de la FANB
Un nuevo golpe contra el régimen de Nicolás Maduro asestó este lunes 14 de diciembre la Corte Penal Internacional (CPI). A través de un informe, la Fiscal Fatou Bensouda concluyó que hay “fundamentos razonables” para considerar que los cuerpos de seguridad del Estado venezolano son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población “al menos desde abril de 2017”. Se trata del primer anuncio de este tipo de la CPI con respecto a Venezuela, después de la publicación del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que documentó las violaciones de DD HH en el país.
¿Qué delitos habría cometido el régimen?
De acuerdo con el documento, “luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible”, la Fiscalía de la CPI concluyó que hay “fundamentos razonables” para considerar que individuos del gobierno o a favor del mismo han cometido “los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”.
Y enumera la Fiscalía: tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.
¿A quiénes señala como posibles responsables?
La información de la Fiscalía, según se lee en el documento, señala directamente a las fuerzas de seguridad del régimen. Se trata, específicamente, de: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Se refiere también la CPI, aunque tácitamente, a los llamados “colectivos” (grupos armados paramilitares pro gobierno). Según el informe, “individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
En relación con el “presunto rol” de estos últimos, la Fiscalía “procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.
¿Cómo fue la investigación de la Fiscalía?
Durante el periodo de recolección y seguimiento de los hechos, la Fiscalía siguió en comunicaciones con autoridades venezolanas, organizaciones internacionales –incluyendo a la Misión Internacional Independiente– y “múltiples partes interesadas y facilitadores de información a fin de abordar varios aspectos relevantes para su examen material de la situación, así como para discutir cuestiones sobre admisibilidad”.nnPara el examen preliminar tomaron notas del informe del régimen venezolano titulado “La Verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y Testimonios de un País Bajo Asedio”. De igual manera, usaron el informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) titulado “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
¿Ahora qué sigue?
En su conclusión la Fiscalía espera terminar el examen preliminar “a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021”.
Este examen preliminar, aclara la fiscal en el documento, “es determinar si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones”. Y amplían que su labor “no es informar o tomar parte en un mapeo comprensivo de todos los presuntos crímenes que se hayan cometido en una situación”. Por consiguiente, el examen preliminar consiste en el análisis de un conjunto de “presunta criminalidad” de un patrón amplio de victimización que requiere ser investigado. Sin embargo, aclaran que esto “no debe interpretarse como un rechazo de otros presuntos crímenes que puedan ameritar ser investigados”.
Todo esto quiere decir que la Fiscalía de la CPI considera que podrán darle fin al examen el próximo año, y a partir de allí analizar si avanzan a la etapa ante la Corte. De ser así, esto abre la posibilidad de llevar al régimen de Maduro y a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ante la CPI.
Informe sobre las actividades de examen preliminar 2020 by El Diario on Scribd
