• La medida, que extiende la inamovilidad laboral por dos años, es rechazada por dirigentes empresariales, quienes señalan que esas decisiones irrespetan los principios del tripartismo 

El régimen de Nicolás Maduro prorrogó el decreto de inamovilidad laboral por dos años, hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta medida impide que los patronos de los sectores públicos y privados puedan realizar despidos. Así como desmejoras de beneficios, condiciones y traslados sin una justificación validada por la Inspectoría del Trabajo.

Luego de que Maduro decretara el Estado de Alarma el 13 de marzo de 2020, con el fin de evitar la propagación de los contagios por covid-19, se publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.520 la vigencia de la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2020.

Esta medida se puso en marcha por primera vez en abril de 2002, durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez. Esta fue rechazada por el sector empresarial desde su inicio.

¿Qué dice el decreto?

El Decreto Nº 4.414, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.611 Extraordinario de fecha 31 de diciembre de 2020, indica que la medida se tomó “a fin de proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz”.

Inamovilidad

El decreto indica que si el trabajador es despedido, desmejorado sin justa causa o trasladado sin su consentimiento, podrá interponer una denuncia dentro de los 30 días continuos siguientes ante el inspector del Trabajo de la jurisdicción.

El trabajador protegido por el decreto podrá “solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos. Así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida”, detalla la Gaceta. 

Excepciones 

En la Gaceta se indica que quedan exceptuados del decreto los trabajadores que ejerzan cargos de dirección y los que laboren en empresas privadas o públicas de forma temporal u ocasional. 

“La estabilidad de las funcionarias y funcionarios públicos se regirá por las normas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Sin perjuicio de las demás disposiciones que le resulten aplicables”, indica el artículo 5 de la Gaceta.

En el artículo 6 se menciona que el patrono que obstaculice o desacate la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida de un trabajador protegido por la inamovilidad laboral, se le impondrán las medidas y sanciones previstas en la ley. 

La ministra o ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo será el encargado de la ejecución de este decreto.

Rechazo de la medida

La exministra del Trabajo María Bernardoni, precisó que con el decreto se modifica de forma ilegal la estabilidad establecida en la Ley Orgánica del Trabajo. “Se desnaturaliza la institución de la inamovilidad, como se hace desde 2002”.

Por otra parte, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), también se pronunció sobre la prorrogación de la inamovilidad laboral. Rechazó las decisiones que “irrespetan los principios del tripartismo, con las cuales el régimen ignora y perjudica al trabajador”, precisó.

Leoncio Landáez, secretario de Fedecámaras del estado Carabobo, comentó que la inamovilidad laboral tiene como principal característica su temporalidad. Se aplica como una estrategia del Estado para equilibrar el mercado laboral si se detecta un desbalance. 

18 años de inamovilidad laboral solo demuestra la ineptitud de un Estado en lograr el equilibrio del mercado laboral. Así que extenderla por dos años más, solo es un claro mensaje que seguirá siendo un Estado inepto e ineficaz logrando ese equilibrio”, indicó Landáez a través de su cuenta en Twitter.

En un tuit fijado en su perfil de Twitter, el ejecutivo aclara que las expresiones en su cuenta no reflejan necesariamente el criterio de las instituciones u organizaciones que representa.

Clamor de los trabajadores por un salario digno

La cuarentena impuesta por el régimen para evitar los contagios de covid-19 no impidió que los trabajadores de diferentes sectores salieran a las calles para protestar en exigencia de que se cumplan los derechos laborales.

El 4 de noviembre de 2020, los trabajadores del sector educativo y de salud tomaron las calles para condenar los “salarios de hambre” que devengan y para exigir condiciones laborales dignas y mejoras en los pagos.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.484 manifestaciones en octubre de 2020, equivalente a 49 diarias, o aproximadamente dos por hora. 1.381 protestas estuvieron relacionadas con los Desca (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) y 107 protestas por Derechos Civiles y Políticos (DCP).

El economista, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Luis Zambrano Sequín, señaló que la continuidad de esta medida no permite a las organizaciones ajustar sus nóminas. 

En entrevista para Unión Radio, señaló que la finalización de la relación laboral con el patrono, en la actualidad es una negociación. 

Pese al rechazo de esta medida por los dirigentes empresariales desde que comenzó a implementarse, el régimen de Nicolás Maduro mantiene la línea de mandatos que había impulsado el fallecido presidente Hugo Chávez. Aunque los mismos no hayan brindado resultados favorecedores para la economía del país.

Noticias relacionadas