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- 35,7 % de los valencianos camina más de un kilómetro para abastecerse de agua, según último estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Foto: CNN
María Rivas es una habitante del barrio Central en la ciudad de Valencia, Carabobo. Ella denuncia que pasa el día buscando agua y que debe darle un dólar o un paquete de comida al señor del camión de HidroDrácula -organismo estatal que surte de agua a comunidades de la entidad carabobeña- para recargar sus pipotes. Agregó que los trabajadores solo reciben harina o arroz, mas no aceptan los “frijolitos chinos” que vienen en las bolsas o cajas del CLAP.
A 850 metros al sur de donde está Rivas, el docente Javier Pérez, residente de la urbanización Eutimio Rivas, camina entre cinco y siete cuadras hasta una pileta de agua en la comunidad Santa Teresa para abastecerse. En ocasiones incluso paga para que le lleven los bidones llenos a su casa porque tiene un problema en la columna y no puede levantar peso. En las cercanías de donde vive la recarga está en 180.000 bolívares, monto que no puede costear con regularidad con su salario de profesor. Pérez realiza todos los sacrificios que considera necesarios para tener agua en su casa porque allí habitan niños y adultos mayores.
Arriesgan la vida por un pipote de agua
Por su cercanía con la vía entre Valencia y Puerto Cabello, los habitantes del pueblo La Entrada, perteneciente al norte del municipio Naguanagua en la entidad carabobeña, aprovechan la toma de una empresa privada ubicada en plena vialidad.
Caminan a diario –carretilla en mano- kilómetros cuesta arriba por la orilla de la autopista para surtir sus hogares con los peligros que esto conlleva, ya que no disponen de los 30 dólares que cobra un camión cisterna.
Karina Alfonzo, residente del poblado, dijo para El Diario que hace un tiempo repararon la bomba que surte al sector, pero no fue suficiente. Se necesitan dos bombas activas para proveer de manera adecuada a toda la comunidad.
Como Alfonzo, son más de 300 casas afectadas que no cuentan con atención de ningún tipo.
María González, también vecina de La Entrada, indicó que los vecinos han realizado varias solicitudes a Hidrocentro e incluso recurrido a la protesta pacífica para visibilizar su problemática ante las autoridades debido al riesgo que representa para la salud la ausencia de agua, especialmente durante la pandemia. Califica de inhumano vivir sin el servicio.
“Sandieganos” a secas
Al otro lado de la montaña que los divide de Valencia y Naguanagua, se encuentra Yarima Alvarado. Tiene 31 años viviendo en la urbanización La Esmeralda del municipio San Diego, donde también padecen la escasez de agua potable desde hace años.
Vive con sus padres de 80 años cada uno, lo que complica su situación. La Alcaldía de San Diego habilitó el 23 de diciembre el camión de los bomberos para llenar los pipotes de agua de los vecinos. De no ser por esa iniciativa hubiesen cumplido seis meses consecutivos a secas.
Define su día a día como un “correcorre”. Ella y su hijo están atentos a la llegada de los camiones que llenan un botellón por 200.000 bolívares. Otra opción es caminar hasta alguno de los parques con pozos para abastecerse, con la pérdida de tiempo y los riesgos inherentes al covid-19 que ello implica. “O hacemos esto (estar detrás del agua) o comes. No puedes hacer ambas cosas a la vez”, aseveró para El Diario.
Solo en la cuadra donde Alvarado vive hay 56 casas que padecen la misma realidad.
Alfredo Miranda habita en el mismo urbanismo desde hace 35 años. Reitera que durante todo ese tiempo ha sufrido la falta de agua, situación que se agravó en los últimos dos o tres años.
“Hasta hace seis meses nos llegaba agua 24 horas, una vez por semana. Eso ha mermado al punto que en mi sector tenemos tres meses sin una gota”, reveló. Denunció que las autoridades plantean diferentes excusas como justificativo del inexistente servicio.
Miranda se levanta todos los días a las 5:00 am para surtirse del pozo de una escuela, ya que tanto él, como otros vecinos del sector, no tienen para pagar 35 dólares por 8.000 litros de agua.
Por disponer de una sola pimpina realiza hasta 12 viajes. Tiene dos hernias -una en la columna y otra inguinal-; sin embargo, no tiene otra alternativa ya que vive con su hijo –quien trabaja durante el día-, su yerna y tres nietos. Cuenta que coincide en la cola a diario con mujeres embarazadas y adultos mayores.
Estas historias son solo muestras del sinfín de dificultades que atraviesan los habitantes de Valencia, Naguanagua y San Diego, tres de las zonas más importantes del estado Carabobo, para contar con un poco de agua en sus hogares.
Las cifras y los especialistas lo corroboran
De acuerdo con el más reciente estudio publicado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) que data de junio de 2020, una de cada cuatro personas (24,8 %) valora como positiva la gestión del agua potable en la capital carabobeña; 31,7 % recorre entre 100 metros a un kilómetro para obtener agua, mientras que 35,7 % camina más de un kilómetro.
El coordinador de la Comisión de Aguas del Colegio de Ingenieros de Venezuela y de la Comisión de Aguas del Centro de Ingenieros del estado Carabobo, ingeniero Luis Fernando Arocha Malpica, explicó para El Diario que la Gran Valencia –compuesta por los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Los Guayos y Guacara- era abastecida con aguas de muy buena calidad provenientes del embalse Pao-Cachinche, fuente fundamental del Sistema Regional del Centro 1.
Este sistema bombeaba 8.000 litros por segundo de agua (lps) y cubría las necesidades de una población de 2.700.000 habitantes.
Todo cambió en 2007. Ese año, el gobierno de Hugo Chávez procedió a trasvasar 6.000 lps de aguas de dudosa calidad hacia el embalse Pao-Cachinche, lo que derivó en un rápido proceso de contaminación. En consecuencia, desde 2013 la planta potabilizadora Alejo Zuloaga produce solo 2.500 de los 8.000 lps de su capacidad instalada. Lo que no satisface las necesidades de los 2,5 millones de habitantes que se calcula tiene la Gran Valencia en la actualidad.
A esto se suma las frecuentes y prolongadas interrupciones del servicio producto de las fallas eléctricas que azotan a la entidad y que golpean fuertemente los sistemas de bombeo.
Lo más dramático de esta situación para Arocha es que la rehabilitación de las instalaciones que integran los Sistemas Regionales del Centro 1 y 2. Requieren de miles de millones de dólares y un largo tiempo.
Por su parte el ingeniero sanitarista Manuel Pérez Rodríguez, director general y miembro fundador del Movimiento por la Calidad de Agua, sostiene que más que escasez, lo que hay es la imposibilidad de tratar el agua de la fuente. En este caso de los embalses Pao-Cachinche y Pao-La Balsa, cuyas aguas se encuentran altamente contaminadas con productos orgánicos e inorgánicos.
Esto imposibilita que la tecnología instalada en las plantas potabilizadoras de ambos embalses (Lucio Baldó Soules y Alejo Zuloaga) esté en capacidad de depurar y potabilizar adecuadamente. Un factor que retrasa el tiempo de permanencia del agua en dichas plantas y genera la poca disponibilidad en el acueducto; que es la etapa final después que abandona la planta potabilizadora y entra en la red de distribución.
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